Jacobo Zabludovsky / Bucareli
Frase final del Bucareli pasado. Ni una fracción de segundo duró la buena intención del autor: “irse en paz” perdió su valor de consejo antes de llegar a su destino.
Eso le recomendé a don Felipe Calderón en el mismo periódico donde un anuncio suyo, de plana entera, mostraba un temprano síntoma de la grave enfermedad que deseábamos evitar: la angustia de la evanescencia. Se esfuma el poder y el síndrome del sexto año puede causar a quien lo pierde un desasosiego crónico hasta secar el seso, Dios no lo quiera. Por eso es necesario advertir las primeras anomalías y calmar a tiempo los demonios culpables de travesuras como el desplegado del lunes.
Irse en paz, qué difícil. Una petición de investigación a la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sonó en algunos cráneos con tanta distorsión acústica que se entendió como el acero aprestad y el bridón. El problema está en que el extraño enemigo no profanó con su planta tu suelo por la sencilla razón de que en él nació, pero produjo una respuesta innecesaria de final delirante: “El Gobierno de México explora todas (todas) las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes… realizan… calumnias, acusaciones temerarias…”. Pero, ¿qué necesidad? Irse en paz es, era, la idea. La hicieron pedazos y no hay marcha atrás. En ese declive la paz se quedó en la cuneta. Un sepulcro para ella de honor.
La grosera amenaza es una imprudencia jurídica, política y mediática. Jurídica porque “la nación” no sólo tiene derecho sino obligación (artículo 87 constitucional) de demandar al presidente si no ha mirado “por el bien y prosperidad de la Unión”. Toda interpretación puede ser subjetiva, pero ninguna puede ni debe generar una reacción del Poder Ejecutivo que tienda a lesionar el derecho de cualquier ciudadano o grupo de ellos. Los autores del disparate provocaron una respuesta inmediata de gente inteligente que los puso en su lugar: “…compartimos la preocupación de académicos, políticos y profesionales de que el Gobierno federal entable acciones legales en contra de 23 mil ciudadanos mexicanos que en pleno ejercicio de sus derechos… que se pretenda intimidar a los ciudadanos… Invitamos al presidente Felipe Calderón a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática del país”. Entre los firmantes de este desplegado aparecido el miércoles están Diego Valadés y Genaro Góngora Pimentel.
La consecuencia política ha sido la de unificar en contra las posturas de ciudadanos de todos niveles económicos y sociales. Convencidos como estamos los mexicanos de que ha fracasado el combate contra el crimen y de que en esa guerra soldados, marinos y policías han cometido graves delitos impunes, la intimidación tiene el tufo de un machismo barriobajero reñido con la defensa de la ley y los valores cívicos, uno de los cuales es la libertad de expresión.
Y el resultado mediático ha sido una catástrofe para el Gobierno. Si muchos compatriotas no sabían de la gestión en La Haya, la declaración presidencial contribuyó a divulgarla colocándola toda la semana en primeras planas y columnas editoriales, programas de radio y televisión, redes sociales y sobremesas de cantinas, convirtiéndose en noticia que sin la ayuda presidencial no habría alcanzado tan desorbitada magnitud.
En ésas estábamos cuando con una gran reunión en el Campo Marte el presidente Felipe Calderón celebró ayer haber terminado el quinto año de su administración y anunció el principio del fin.
Aficionado a los toros, don Felipe sabe que lo bien toreao es lo bien arrematao. Sobre cómo toreó estos cinco años no vamos a hablar ahora, basta desearle que arremate bien y despache a su sexto toro, si no con corte de orejas, por lo menos con la limpieza y rapidez que los taurinos agradecemos en malas tardes.
Vigilar que las elecciones próximas sean inobjetables y entregarle los trastos a su sucesor en una ceremonia tranquila son las asignaturas pendientes. A los problemas ancestrales de México se agrega esta vez el pavoroso, trágico y costoso de la lucha contra la delincuencia cuyo saldo en muertos, desaparecidos, desplazados y temerosos lo coloca en el primer lugar de agravios sobre los que el señor Calderón tendrá que responder conforme a una reforma constitucional aprobada, ¡el uno de diciembre!, para limitar el fuero de los funcionarios.
Las cosas ya son difíciles, no las hagamos peor con pasos en falso y medidas o declaraciones agresivas. Cualquier error a estas alturas puede derivar en daños incalculables. Un poco más de temple.
Es lo menos que se puede pedir.
Frase final del Bucareli pasado. Ni una fracción de segundo duró la buena intención del autor: “irse en paz” perdió su valor de consejo antes de llegar a su destino.
Eso le recomendé a don Felipe Calderón en el mismo periódico donde un anuncio suyo, de plana entera, mostraba un temprano síntoma de la grave enfermedad que deseábamos evitar: la angustia de la evanescencia. Se esfuma el poder y el síndrome del sexto año puede causar a quien lo pierde un desasosiego crónico hasta secar el seso, Dios no lo quiera. Por eso es necesario advertir las primeras anomalías y calmar a tiempo los demonios culpables de travesuras como el desplegado del lunes.
Irse en paz, qué difícil. Una petición de investigación a la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sonó en algunos cráneos con tanta distorsión acústica que se entendió como el acero aprestad y el bridón. El problema está en que el extraño enemigo no profanó con su planta tu suelo por la sencilla razón de que en él nació, pero produjo una respuesta innecesaria de final delirante: “El Gobierno de México explora todas (todas) las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes… realizan… calumnias, acusaciones temerarias…”. Pero, ¿qué necesidad? Irse en paz es, era, la idea. La hicieron pedazos y no hay marcha atrás. En ese declive la paz se quedó en la cuneta. Un sepulcro para ella de honor.
La grosera amenaza es una imprudencia jurídica, política y mediática. Jurídica porque “la nación” no sólo tiene derecho sino obligación (artículo 87 constitucional) de demandar al presidente si no ha mirado “por el bien y prosperidad de la Unión”. Toda interpretación puede ser subjetiva, pero ninguna puede ni debe generar una reacción del Poder Ejecutivo que tienda a lesionar el derecho de cualquier ciudadano o grupo de ellos. Los autores del disparate provocaron una respuesta inmediata de gente inteligente que los puso en su lugar: “…compartimos la preocupación de académicos, políticos y profesionales de que el Gobierno federal entable acciones legales en contra de 23 mil ciudadanos mexicanos que en pleno ejercicio de sus derechos… que se pretenda intimidar a los ciudadanos… Invitamos al presidente Felipe Calderón a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática del país”. Entre los firmantes de este desplegado aparecido el miércoles están Diego Valadés y Genaro Góngora Pimentel.
La consecuencia política ha sido la de unificar en contra las posturas de ciudadanos de todos niveles económicos y sociales. Convencidos como estamos los mexicanos de que ha fracasado el combate contra el crimen y de que en esa guerra soldados, marinos y policías han cometido graves delitos impunes, la intimidación tiene el tufo de un machismo barriobajero reñido con la defensa de la ley y los valores cívicos, uno de los cuales es la libertad de expresión.
Y el resultado mediático ha sido una catástrofe para el Gobierno. Si muchos compatriotas no sabían de la gestión en La Haya, la declaración presidencial contribuyó a divulgarla colocándola toda la semana en primeras planas y columnas editoriales, programas de radio y televisión, redes sociales y sobremesas de cantinas, convirtiéndose en noticia que sin la ayuda presidencial no habría alcanzado tan desorbitada magnitud.
En ésas estábamos cuando con una gran reunión en el Campo Marte el presidente Felipe Calderón celebró ayer haber terminado el quinto año de su administración y anunció el principio del fin.
Aficionado a los toros, don Felipe sabe que lo bien toreao es lo bien arrematao. Sobre cómo toreó estos cinco años no vamos a hablar ahora, basta desearle que arremate bien y despache a su sexto toro, si no con corte de orejas, por lo menos con la limpieza y rapidez que los taurinos agradecemos en malas tardes.
Vigilar que las elecciones próximas sean inobjetables y entregarle los trastos a su sucesor en una ceremonia tranquila son las asignaturas pendientes. A los problemas ancestrales de México se agrega esta vez el pavoroso, trágico y costoso de la lucha contra la delincuencia cuyo saldo en muertos, desaparecidos, desplazados y temerosos lo coloca en el primer lugar de agravios sobre los que el señor Calderón tendrá que responder conforme a una reforma constitucional aprobada, ¡el uno de diciembre!, para limitar el fuero de los funcionarios.
Las cosas ya son difíciles, no las hagamos peor con pasos en falso y medidas o declaraciones agresivas. Cualquier error a estas alturas puede derivar en daños incalculables. Un poco más de temple.
Es lo menos que se puede pedir.
Comentarios