Apro
La Procuraduría General de la República (PGR) indaga presuntos abusos y actos de tortura de policías ministeriales y estatales contra alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, durante el desalojo del lunes 12 en que murieron dos estudiantes.
Dentro de las indagatorias que lleva a cabo la dependencia federal, que ayer atrajo el caso, se detectó que las autoridades de Guerrero no siguieron adecuadamente los protocolos de investigación.
Por ejemplo, no realizaron las pruebas de radizonato de sodio a los policías federales, ministeriales y estatales de forma inmediata para determinar quiénes abrieron fuego contra los normalistas.
Si esas pruebas no se realizan rápidamente, los rastros de pólvora pueden eliminarse con diversas sustancias y desaparecer a las 48 horas de haber accionado un arma.
Tampoco fueron puestas a disposición del Ministerio Público las armas que portaban los policías de las distintas corporaciones.
A estas irregularidades se suman las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, en el sentido de que policías ministeriales detuvieron a más jóvenes normalistas, quienes no fueron presentados ante el MP ni se encuentran entre los 24 que fueron liberados el miércoles 14.
En tanto, los diez policías estatales que fueron arraigados y sometidos a investigación para determinar su responsabilidad en el homicidio de dos normalistas, rindieron declaración ante el MP federal.
Por la mañana, los cinco agentes de la Policía Ministerial estatal (PME), y los cinco miembros de la Policía Preventiva Estatal (PPE), que se desempeñaban como escoltas del recién destituido subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, fueron trasladados, en medio de un dispositivo de seguridad encabezado por soldados, a la sede de la delegación de la PGR.
Posteriormente, los uniformados regresaron a la sede de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE), sin que trascendiera el contenido de sus declaraciones.
Por su parte, peritos de la PGR realizaron un recorrido en la zona donde el pasado lunes policías federales y estatales armados desalojaron una protesta realizada por estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde dos jóvenes fueron asesinados a tiros y cuatro más resultaron heridos de bala.
El exprocurador Alberto López Rosas acudió previamente al sitio del desalojo, ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero a la altura del punto conocido como El Parador del Marqués, vía que conecta con la Autopista del Sol al sur de esta ciudad, donde acompañado por algunos agentes ministeriales que participaron en los hechos violentos realizó una inspección visual de la zona.
Al respecto, López Rosas, quien fue separado del cargo al siguiente día del asesinato de los normalistas, señaló que su presencia en el lugar se debió a que pretende recabar información con el propósito de que la PGR, instancia que atrajo la investigación de los hechos violentos, establezca líneas de investigación que valoren la participación de las tres corporaciones policiacas que participaron en el desalojo de normalistas: policías federales, estatales y ministeriales.
Mientras, en el tercer día de protestas luego de que fueron abatidos a tiros los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, más de un centenar de normalistas se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir el esclarecimiento del doble homicidio y reiterar su exigencia para que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se separe del cargo, con el fin de garantizar la imparcialidad en las diligencias ministeriales.
Durante un mitin que comenzó a las 14:00 horas, los normalistas reiteraron que el diálogo con el Ejecutivo está suspendido y anunciaron que este viernes 16 realizarán una marcha en esta capital donde se espera el arribo de normalistas de otras entidades, así como miembros de distintas organizaciones sociales.
Después de dos horas, cerca de las 16:00, los normalistas se retiraron del lugar a bordo de seis autobuses de diferentes empresas de transporte público hacia la sede de la Normal Rural, que se ubica en la cabecera municipal de Tixtla, a 20 minutos de esta capital.
Por su parte, a través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó el asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la “brutal represión” de que fue objeto la comunidad estudiantil.
El sindicato del magisterio reprochó al gobierno de Aguirre Rivero que no haya tenido una actuación sensible ante las demandas de los estudiantes normalistas.
“Los condenables hechos del pasado 12 de diciembre vienen a enrarecer aún más el clima de agresión que ha sufrido un amplio sector del magisterio guerrerense en tiempos recientes.
“Precisamente por ello, habría cabido esperar del gobierno estatal una actuación sensible, atenta verdaderamente a las demandas de los estudiantes y escrupulosamente ceñida a la legalidad”, señala el comunicado.
El SNTE exigió que sean plenamente respetadas las garantías y libertades de toda la comunidad estudiantil y “que se detenga inmediatamente cualquier intento de persecución y se garantice la integridad física y los derechos humanos de todos los estudiantes”.
Aguirre Rivero “mata” a empleados de gasolinera
El gobernador Ángel Aguirre Rivero incurrió esta mañana en una pifia al dar por muerto a Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de una gasolinera que resultó con quemaduras de tercer grado luego del desalojo de la manifestación del lunes pasado en la Autopista del Sol.
La agencia Notimex publicó una entrevista con el gobernador guerrerense en la que éste afirma que ya había fallecido Rivas Cámara, empleado de la gasolinera siniestrada.
Incluso, el mandatario dijo que la muerte del trabajador se investigaría y se llegaría hasta las últimas consecuencias, al igual que en el caso de los dos estudiantes normalistas asesinados.
Más tarde, el director de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, Pedro Julio Vilchis, desmintió a su jefe y negó que hubiera muerto Rivas Cámara.
Afirmó que el trabajador de 49 años se mantiene grave pero estable en un hospital el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Lomas Verdes, en el Estado de México.
A través de la oficina de prensa del IMSS se confirmó que Rivas Cámara se encuentra en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en la cama número dos de cuidados intensivos y con quemaduras en 35% de su cuerpo.
De acuerdo con el reporte de la institución, el estado de salud del empleado es de “pronóstico incierto” y afirmó que las próximas 48 ó 78 horas serán fundamentales para evaluar la evolución del paciente.
La Procuraduría General de la República (PGR) indaga presuntos abusos y actos de tortura de policías ministeriales y estatales contra alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, durante el desalojo del lunes 12 en que murieron dos estudiantes.
Dentro de las indagatorias que lleva a cabo la dependencia federal, que ayer atrajo el caso, se detectó que las autoridades de Guerrero no siguieron adecuadamente los protocolos de investigación.
Por ejemplo, no realizaron las pruebas de radizonato de sodio a los policías federales, ministeriales y estatales de forma inmediata para determinar quiénes abrieron fuego contra los normalistas.
Si esas pruebas no se realizan rápidamente, los rastros de pólvora pueden eliminarse con diversas sustancias y desaparecer a las 48 horas de haber accionado un arma.
Tampoco fueron puestas a disposición del Ministerio Público las armas que portaban los policías de las distintas corporaciones.
A estas irregularidades se suman las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, en el sentido de que policías ministeriales detuvieron a más jóvenes normalistas, quienes no fueron presentados ante el MP ni se encuentran entre los 24 que fueron liberados el miércoles 14.
En tanto, los diez policías estatales que fueron arraigados y sometidos a investigación para determinar su responsabilidad en el homicidio de dos normalistas, rindieron declaración ante el MP federal.
Por la mañana, los cinco agentes de la Policía Ministerial estatal (PME), y los cinco miembros de la Policía Preventiva Estatal (PPE), que se desempeñaban como escoltas del recién destituido subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, fueron trasladados, en medio de un dispositivo de seguridad encabezado por soldados, a la sede de la delegación de la PGR.
Posteriormente, los uniformados regresaron a la sede de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE), sin que trascendiera el contenido de sus declaraciones.
Por su parte, peritos de la PGR realizaron un recorrido en la zona donde el pasado lunes policías federales y estatales armados desalojaron una protesta realizada por estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde dos jóvenes fueron asesinados a tiros y cuatro más resultaron heridos de bala.
El exprocurador Alberto López Rosas acudió previamente al sitio del desalojo, ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero a la altura del punto conocido como El Parador del Marqués, vía que conecta con la Autopista del Sol al sur de esta ciudad, donde acompañado por algunos agentes ministeriales que participaron en los hechos violentos realizó una inspección visual de la zona.
Al respecto, López Rosas, quien fue separado del cargo al siguiente día del asesinato de los normalistas, señaló que su presencia en el lugar se debió a que pretende recabar información con el propósito de que la PGR, instancia que atrajo la investigación de los hechos violentos, establezca líneas de investigación que valoren la participación de las tres corporaciones policiacas que participaron en el desalojo de normalistas: policías federales, estatales y ministeriales.
Mientras, en el tercer día de protestas luego de que fueron abatidos a tiros los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, más de un centenar de normalistas se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir el esclarecimiento del doble homicidio y reiterar su exigencia para que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se separe del cargo, con el fin de garantizar la imparcialidad en las diligencias ministeriales.
Durante un mitin que comenzó a las 14:00 horas, los normalistas reiteraron que el diálogo con el Ejecutivo está suspendido y anunciaron que este viernes 16 realizarán una marcha en esta capital donde se espera el arribo de normalistas de otras entidades, así como miembros de distintas organizaciones sociales.
Después de dos horas, cerca de las 16:00, los normalistas se retiraron del lugar a bordo de seis autobuses de diferentes empresas de transporte público hacia la sede de la Normal Rural, que se ubica en la cabecera municipal de Tixtla, a 20 minutos de esta capital.
Por su parte, a través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó el asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la “brutal represión” de que fue objeto la comunidad estudiantil.
El sindicato del magisterio reprochó al gobierno de Aguirre Rivero que no haya tenido una actuación sensible ante las demandas de los estudiantes normalistas.
“Los condenables hechos del pasado 12 de diciembre vienen a enrarecer aún más el clima de agresión que ha sufrido un amplio sector del magisterio guerrerense en tiempos recientes.
“Precisamente por ello, habría cabido esperar del gobierno estatal una actuación sensible, atenta verdaderamente a las demandas de los estudiantes y escrupulosamente ceñida a la legalidad”, señala el comunicado.
El SNTE exigió que sean plenamente respetadas las garantías y libertades de toda la comunidad estudiantil y “que se detenga inmediatamente cualquier intento de persecución y se garantice la integridad física y los derechos humanos de todos los estudiantes”.
Aguirre Rivero “mata” a empleados de gasolinera
El gobernador Ángel Aguirre Rivero incurrió esta mañana en una pifia al dar por muerto a Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de una gasolinera que resultó con quemaduras de tercer grado luego del desalojo de la manifestación del lunes pasado en la Autopista del Sol.
La agencia Notimex publicó una entrevista con el gobernador guerrerense en la que éste afirma que ya había fallecido Rivas Cámara, empleado de la gasolinera siniestrada.
Incluso, el mandatario dijo que la muerte del trabajador se investigaría y se llegaría hasta las últimas consecuencias, al igual que en el caso de los dos estudiantes normalistas asesinados.
Más tarde, el director de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, Pedro Julio Vilchis, desmintió a su jefe y negó que hubiera muerto Rivas Cámara.
Afirmó que el trabajador de 49 años se mantiene grave pero estable en un hospital el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Lomas Verdes, en el Estado de México.
A través de la oficina de prensa del IMSS se confirmó que Rivas Cámara se encuentra en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en la cama número dos de cuidados intensivos y con quemaduras en 35% de su cuerpo.
De acuerdo con el reporte de la institución, el estado de salud del empleado es de “pronóstico incierto” y afirmó que las próximas 48 ó 78 horas serán fundamentales para evaluar la evolución del paciente.
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