Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia
En junio de 1995 fueron 16 los muertos. Ahora son dos, aunque podrían ser más. Pero no es un asunto de estadísticas. Tan grave es una sola muerte injusta como decenas de muertes injustas.
Son muchas las semejanzas. Ésta también fue una manifestación popular en demanda de justicia. Igual había una exigencia de diálogo con la autoridad, en este caso con el gobernador Ángel Heladio Aguirre, tan cercano a Rubén Figueroa. El que presumía el sello de la casa: sólo a balazos se gobierna Guerrero.
En este caso hay una versión oficial que –como entonces– criminaliza a las víctimas y exculpa a los agentes armados. Aquella vez se les colocaron armas a los muertos y se dijo que ellos habían iniciado la agresión. Hoy se sabe que el estudiante Gerardo Torres Pérez fue capturado, golpeado y torturado; llevado luego a Zumpango, un baldío al norte de Chilpancingo, donde le dieron un fusil AK-47 y lo obligaron a dispararlo para supuestamente probar que fueron los manifestantes lo que iniciaron el fuego.
También ahora se intentó deformar la verdad de los hechos. En sus primeras declaraciones el procurador estatal Alberto López Rojas aseguró que ninguno de los elementos que participó en el operativo venía armado. Que el desalojo de unos 300 estudiantes que se plantaron en la Autopista del Sol comenzó pacíficamente y que fueron ellos los violentos que incendiaron una gasolinera.
El problema es que, como en aquella ocasión en que un video mostró el horror de la verdad, ahora otro video y numerosas fotografías son evidencias explícitas: decenas de comandos de la PFP que rodean a los normalistas con armas largas y los golpean a patadas en la cara luego de someterlos en el piso; luego llegan refuerzos estatales municipales y ministeriales que disparan parapetados a la cabeza de los manifestantes; Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera murieron instantáneamente; uno de un balazo en la parte frontal del cráneo; el otro de un disparo en el cuello. En suma, la barbarie lo mismo de los agentes federales que de los estatales.
La gran diferencia con Aguas Blancas es que aquí Ángel Heladio Aguirre Rivero se apresuró al control de daños con el descabezadero en su gobierno al destituir al procurador López Rosas, así como Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública, y a Ramón Arreola, subsecretario de esa misma dependencia.
Por desgracia para él, no parece suficiente. Hay en Guerrero un montón de preguntas todavía sin respuesta: ¿por qué el gobernador no recibió oportunamente a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Por qué llegaron primero al lugar de los hechos los agentes federales? ¿Por qué llevaban armas largas? ¿Por qué la brutalidad con que los normalistas fueron reprimidos? ¿Por qué y de parte de quién mintió el procurador? ¿Quién ordenó la golpiza, la tortura y luego la farsa del AK-47 que obligaron a disparar a Gerardo Torres? ¿De qué sirve el operativo Guerrero Seguro? ¿Es para combatir a los cárteles de la droga o para reprimir movimientos sociales?
Es verdad que Guerrero es uno de los estados más bravos del país. Baste recordar que ahí se nutrieron las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Y que ahí se forjaron grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario y sus derivados. Pero también es cierto que Guerrero es el estado más castigado por la miseria, los cacicazgos, la represión y la guerra sucia. Ahora también por la violencia sanguinaria del crimen organizado.
Por ello, no se vale jugar con fuego en Guerrero. Ni el Gobierno federal ni el Gobierno estatal pueden arriesgarse a un incendio de proporciones impredecibles.
Este caso de represión irracional debe ser aclarado hasta sus últimas consecuencias. Y ambas instancias de gobierno deben dar respuesta a las preguntas indignadas que hoy todos planteamos.
En junio de 1995 fueron 16 los muertos. Ahora son dos, aunque podrían ser más. Pero no es un asunto de estadísticas. Tan grave es una sola muerte injusta como decenas de muertes injustas.
Son muchas las semejanzas. Ésta también fue una manifestación popular en demanda de justicia. Igual había una exigencia de diálogo con la autoridad, en este caso con el gobernador Ángel Heladio Aguirre, tan cercano a Rubén Figueroa. El que presumía el sello de la casa: sólo a balazos se gobierna Guerrero.
En este caso hay una versión oficial que –como entonces– criminaliza a las víctimas y exculpa a los agentes armados. Aquella vez se les colocaron armas a los muertos y se dijo que ellos habían iniciado la agresión. Hoy se sabe que el estudiante Gerardo Torres Pérez fue capturado, golpeado y torturado; llevado luego a Zumpango, un baldío al norte de Chilpancingo, donde le dieron un fusil AK-47 y lo obligaron a dispararlo para supuestamente probar que fueron los manifestantes lo que iniciaron el fuego.
También ahora se intentó deformar la verdad de los hechos. En sus primeras declaraciones el procurador estatal Alberto López Rojas aseguró que ninguno de los elementos que participó en el operativo venía armado. Que el desalojo de unos 300 estudiantes que se plantaron en la Autopista del Sol comenzó pacíficamente y que fueron ellos los violentos que incendiaron una gasolinera.
El problema es que, como en aquella ocasión en que un video mostró el horror de la verdad, ahora otro video y numerosas fotografías son evidencias explícitas: decenas de comandos de la PFP que rodean a los normalistas con armas largas y los golpean a patadas en la cara luego de someterlos en el piso; luego llegan refuerzos estatales municipales y ministeriales que disparan parapetados a la cabeza de los manifestantes; Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera murieron instantáneamente; uno de un balazo en la parte frontal del cráneo; el otro de un disparo en el cuello. En suma, la barbarie lo mismo de los agentes federales que de los estatales.
La gran diferencia con Aguas Blancas es que aquí Ángel Heladio Aguirre Rivero se apresuró al control de daños con el descabezadero en su gobierno al destituir al procurador López Rosas, así como Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública, y a Ramón Arreola, subsecretario de esa misma dependencia.
Por desgracia para él, no parece suficiente. Hay en Guerrero un montón de preguntas todavía sin respuesta: ¿por qué el gobernador no recibió oportunamente a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Por qué llegaron primero al lugar de los hechos los agentes federales? ¿Por qué llevaban armas largas? ¿Por qué la brutalidad con que los normalistas fueron reprimidos? ¿Por qué y de parte de quién mintió el procurador? ¿Quién ordenó la golpiza, la tortura y luego la farsa del AK-47 que obligaron a disparar a Gerardo Torres? ¿De qué sirve el operativo Guerrero Seguro? ¿Es para combatir a los cárteles de la droga o para reprimir movimientos sociales?
Es verdad que Guerrero es uno de los estados más bravos del país. Baste recordar que ahí se nutrieron las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Y que ahí se forjaron grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario y sus derivados. Pero también es cierto que Guerrero es el estado más castigado por la miseria, los cacicazgos, la represión y la guerra sucia. Ahora también por la violencia sanguinaria del crimen organizado.
Por ello, no se vale jugar con fuego en Guerrero. Ni el Gobierno federal ni el Gobierno estatal pueden arriesgarse a un incendio de proporciones impredecibles.
Este caso de represión irracional debe ser aclarado hasta sus últimas consecuencias. Y ambas instancias de gobierno deben dar respuesta a las preguntas indignadas que hoy todos planteamos.
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