Carlos Ramírez / Indicador Político
Cuando llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso Radilla como ejemplo de la represión política del Estado mexicano, el juez internacional Sergio García Ramírez se excusó de participar en los debates aduciendo que era mexicano en el juicio de un asunto mexicano. Sin embargo, el asunto era peor: el juez de la CIDH había sido subsecretario de Gobernación del gobierno de Luis Echeverría cuyo aparato de represión desapareció a Radilla.
Hoy que se debate en la Cámara de Diputados el nombre de García Ramírez como uno de los tres consejeros del Instituto Federal Electoral que faltan para completar la lista de nueve en funciones, los legisladores debieran de ser mucho más cuidadosos en el análisis de las funciones que cumplieron en el pasado. Y García Ramírez viene de la represión y el fraude electoral del echeverriato.
En realidad, por razones de participación directa en un alto cargo del gobierno echeverrista enjuiciado en la CIDH, García Ramírez debió de haber sido incluido en la lista de funcionarios responsables de la guerra sucia del Estado mexicano contra la disidencia; las tareas entonces de las dos subsecretarías de Gobernación eran también las de seguridad nacional, toda vez que la Dirección Federal de Seguridad, el brazo represor del entonces Estado priísta, operaba directamente bajo las órdenes de Segob.
Las funciones de García Ramírez como encargado de uno de los brazos políticos del Estado y por tanto de la represión --el otro subsecretario de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios, durante años jefe de la DFS-- no le eran ajenas.
En el currículum que registró Roderic A. Camp para su libro Biografías de políticos mexicanos 1935-1985, García Ramírez aparece con un cargo que ha logrado ocultar aunque no desaparecer: jefe del Departamento de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación y subdirector de Gobierno hasta 1970, la primera encargada del espionaje político de la clase política priísta y la segunda de la negociación con la disidencia; el año de 1970 no era gratuito: fue el de las definiciones de la lista de aspirantes a cargos de elección popular, en ese entonces decisiones tomadas en el espionaje político de esas oficinas.
Al servir en la Segob de Echeverría, García Ramírez pasó a formar parte de la élite de poder de ese grupo. Por ello Echeverría lo designó nada menos que procurador de justicia del DF y Territorios Federales de 1970 a 1972 y en ese cargo le tocó desviar y ocultar las pruebas de la responsabilidad oficial del halconazo del 10 de junio de 1971 que por funciones le tocaba la obligación de indagar. El gobierno de Echeverría, del cual formaba parte García Ramírez, ha sido enjuiciado en tribunales mexicanos justamente por la responsabilidad de la agresión contra estudiantes por parte del grupo paramilitar de los Halcones. Hay datos que revelan que García Ramírez sí estuvo enterado de la agresión; por tanto, en su responsabilidad carga también la deuda del halconazo.
El líder social Rosendo Radilla fue detenido arbitrariamente en agosto de 1974 y pasó a condición de “desaparición forzada”, según determinó la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla del 23 de noviembre de 2009 y que obligó el Estado mexicano --hoy bajo la conducción del gobierno panista de Felipe Calderón-- a pagar los platos rotos de la represión priísta; inclusive, la CIDH utilizó la sentencia del caso Radilla para obligar a México a modificar el fuero militar.
El problema de la sentencia del caso Radilla de la CIDH radicó en el hecho de analizar el asunto y concluirlo sin atender al contexto político: la presencia de guerrilla armada en Guerrero, plaza donde presuntamente desapareció Rosendo Radilla y la represión operada desde Gobernación. Pero la investigación de la CIDH eludió en su indagatoria la corresponsabilidad de las oficinas involucradas en la guerra sucia; en cambio, en la investigación del halconazo, jueces mexicanos y la fiscalía contra represiones sí encontraron derivaciones en dependencias por las cuales pasaba el control de los grupos secretos represivos del Estado, entre ellos la Federal de Seguridad, pero sin abrir el obturador hacia los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que supervisaban a los grupos represores de la guerra sucia contra la disidencia política.
En la investigación del caso Radilla en la CIDH, García Ramírez se excusó con el argumento de la nacionalidad igual a la del caso enjuiciado. La sentencia estableció las razones: “el 4 de mayo de 2008 el juez Sergio García Ramírez presentó su excusa para participar en el presente caso en su “calidad de nacional del Estado demandado”. Al respecto expresó que “el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez -que son indispensables por supuesto-, sino también en la valoración que se haga sobre aquéllas. Ser, pero también parecer”. Mediante nota de 9 de mayo de 2008, la presidenta del Tribunal manifestó que “compart[ía] en términos generales” la posición del juez García Ramírez y aceptó su excusa”. La razón era otra: García Ramírez fue funcionario del área política y de represión del gobierno de Echeverría que desapareció a Radilla.
Dedicado a lo penal en materia de reclusorios, García Ramírez ha tenido una extensa participación política en el PRI: fue candidato a presidente nacional, también participó en la lista de aspirantes priístas a la Presidencia de la República en 1987 y ha tenido cargos priístas durante toda su vida profesional. Pero también fue procurador general de la República de 1982 a 1988 y ahí le tocó verse involucrado en el caso Camarena, el agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado por narcos mexicanos; varios agentes de la Policía Judicial de la PGR de García Ramírez fueron señalados como protectores de bandas de narcos, entre ellos la de Rafael Caro Quintero.
Ante la posibilidad de contar con personalidades de currículum impecable para incorporarse como consejeros del IFE, el PRI decidió imponer a un jurista que participó como abogado en los tiempos del control electoral desde la Secretaría de Gobernación y con hechos que lo involucran con la represión del viejo régimen priísta.
Cuando llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso Radilla como ejemplo de la represión política del Estado mexicano, el juez internacional Sergio García Ramírez se excusó de participar en los debates aduciendo que era mexicano en el juicio de un asunto mexicano. Sin embargo, el asunto era peor: el juez de la CIDH había sido subsecretario de Gobernación del gobierno de Luis Echeverría cuyo aparato de represión desapareció a Radilla.
Hoy que se debate en la Cámara de Diputados el nombre de García Ramírez como uno de los tres consejeros del Instituto Federal Electoral que faltan para completar la lista de nueve en funciones, los legisladores debieran de ser mucho más cuidadosos en el análisis de las funciones que cumplieron en el pasado. Y García Ramírez viene de la represión y el fraude electoral del echeverriato.
En realidad, por razones de participación directa en un alto cargo del gobierno echeverrista enjuiciado en la CIDH, García Ramírez debió de haber sido incluido en la lista de funcionarios responsables de la guerra sucia del Estado mexicano contra la disidencia; las tareas entonces de las dos subsecretarías de Gobernación eran también las de seguridad nacional, toda vez que la Dirección Federal de Seguridad, el brazo represor del entonces Estado priísta, operaba directamente bajo las órdenes de Segob.
Las funciones de García Ramírez como encargado de uno de los brazos políticos del Estado y por tanto de la represión --el otro subsecretario de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios, durante años jefe de la DFS-- no le eran ajenas.
En el currículum que registró Roderic A. Camp para su libro Biografías de políticos mexicanos 1935-1985, García Ramírez aparece con un cargo que ha logrado ocultar aunque no desaparecer: jefe del Departamento de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación y subdirector de Gobierno hasta 1970, la primera encargada del espionaje político de la clase política priísta y la segunda de la negociación con la disidencia; el año de 1970 no era gratuito: fue el de las definiciones de la lista de aspirantes a cargos de elección popular, en ese entonces decisiones tomadas en el espionaje político de esas oficinas.
Al servir en la Segob de Echeverría, García Ramírez pasó a formar parte de la élite de poder de ese grupo. Por ello Echeverría lo designó nada menos que procurador de justicia del DF y Territorios Federales de 1970 a 1972 y en ese cargo le tocó desviar y ocultar las pruebas de la responsabilidad oficial del halconazo del 10 de junio de 1971 que por funciones le tocaba la obligación de indagar. El gobierno de Echeverría, del cual formaba parte García Ramírez, ha sido enjuiciado en tribunales mexicanos justamente por la responsabilidad de la agresión contra estudiantes por parte del grupo paramilitar de los Halcones. Hay datos que revelan que García Ramírez sí estuvo enterado de la agresión; por tanto, en su responsabilidad carga también la deuda del halconazo.
El líder social Rosendo Radilla fue detenido arbitrariamente en agosto de 1974 y pasó a condición de “desaparición forzada”, según determinó la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla del 23 de noviembre de 2009 y que obligó el Estado mexicano --hoy bajo la conducción del gobierno panista de Felipe Calderón-- a pagar los platos rotos de la represión priísta; inclusive, la CIDH utilizó la sentencia del caso Radilla para obligar a México a modificar el fuero militar.
El problema de la sentencia del caso Radilla de la CIDH radicó en el hecho de analizar el asunto y concluirlo sin atender al contexto político: la presencia de guerrilla armada en Guerrero, plaza donde presuntamente desapareció Rosendo Radilla y la represión operada desde Gobernación. Pero la investigación de la CIDH eludió en su indagatoria la corresponsabilidad de las oficinas involucradas en la guerra sucia; en cambio, en la investigación del halconazo, jueces mexicanos y la fiscalía contra represiones sí encontraron derivaciones en dependencias por las cuales pasaba el control de los grupos secretos represivos del Estado, entre ellos la Federal de Seguridad, pero sin abrir el obturador hacia los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que supervisaban a los grupos represores de la guerra sucia contra la disidencia política.
En la investigación del caso Radilla en la CIDH, García Ramírez se excusó con el argumento de la nacionalidad igual a la del caso enjuiciado. La sentencia estableció las razones: “el 4 de mayo de 2008 el juez Sergio García Ramírez presentó su excusa para participar en el presente caso en su “calidad de nacional del Estado demandado”. Al respecto expresó que “el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez -que son indispensables por supuesto-, sino también en la valoración que se haga sobre aquéllas. Ser, pero también parecer”. Mediante nota de 9 de mayo de 2008, la presidenta del Tribunal manifestó que “compart[ía] en términos generales” la posición del juez García Ramírez y aceptó su excusa”. La razón era otra: García Ramírez fue funcionario del área política y de represión del gobierno de Echeverría que desapareció a Radilla.
Dedicado a lo penal en materia de reclusorios, García Ramírez ha tenido una extensa participación política en el PRI: fue candidato a presidente nacional, también participó en la lista de aspirantes priístas a la Presidencia de la República en 1987 y ha tenido cargos priístas durante toda su vida profesional. Pero también fue procurador general de la República de 1982 a 1988 y ahí le tocó verse involucrado en el caso Camarena, el agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado por narcos mexicanos; varios agentes de la Policía Judicial de la PGR de García Ramírez fueron señalados como protectores de bandas de narcos, entre ellos la de Rafael Caro Quintero.
Ante la posibilidad de contar con personalidades de currículum impecable para incorporarse como consejeros del IFE, el PRI decidió imponer a un jurista que participó como abogado en los tiempos del control electoral desde la Secretaría de Gobernación y con hechos que lo involucran con la represión del viejo régimen priísta.
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