Jorge Zepeda Patterson
Norma y Nepomuceno constituían un dolor de cabeza para las autoridades por exigir el esclarecimiento de la muerte de sus hijos: ambos han sido suprimidos.
Puede representar apenas una gota en el mar de sangre que ha dejado la guerra, pero la cada vez más frecuente desaparición de luchadores sociales y periodistas incómodos a los poderes (legales e ilegales) tiene un muy infortunado efecto para el resto de la sociedad.
Más de 70 periodistas asesinados o desaparecidos y varias docenas de activistas abatidos en 10 años representa una tímida estadística frente a los 50 mil muertos. Pero son justamente los periodistas y los activistas los pocos que siguen denunciando las masacres y pidiendo justicia para las víctimas.
Da la impresión de que los poderes salvajes no cejarán en mantener esa guerra civil en la que están enfrascados, pero ahora parecerían resueltos a eliminar a los que la denuncian.
El viernes pasado balearon a Norma Andrade en Ciudad Juárez y hace una semana asesinaron a Nepomuceno Moreno en Ciudad Obregón. Una madre y un padre que, al igual que Isabel Wallace o Alejandro Martí, se negaron a aceptar la versión oficial de la desaparición de un hijo. Por desgracia sin la visibilidad y relaciones del empresario y la ahora conferencista. Nepomuceno se había integrado al movimiento de Javier Sicilia y recorría el país exigiendo castigo para los asesinos de su hijo. Norma había fundado la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y vivía entre amenazas para obligarle a abandonar su lucha.
Imposible conocer en este momento quién está detrás de los sicarios de cada uno de estos dos ataques, pero es preocupante la manera irresponsable, si no es que criminal, en que las autoridades reaccionaron en los dos casos. Pese a que Norma alcanzó a declarar que entregó bolso y llave del auto al ser encañonada, el sicario disparó en cinco ocasiones sin siquiera molestarse en tomar alguna pertenencia de la activista. Eso no impidió que antes aun de cualquier investigación la autoridad local ya hubiese declarado que se había tratado de un simple intento de robo de auto (una carcacha modelo 90). Norma se debate entre la vida y la muerte al cierre de este artículo.
El caso de Nepomuceno es aun más preocupante. La procuraduría de Sonora intentó convencer a la opinión pública de que el asesinato obedecía a presuntas relaciones que padre e hijo fallecidos sostenían con el crimen organizado. Un burdo intento para de alguna forma “justificar” la ejecución del luchador social.
En el mejor de los casos se trata de actitudes cobardes de la autoridad en su intento de despolitizar el asesinato de activistas y presentarlos como meros incidentes atribuibles a la delincuencia común. Y, en el peor de los casos, este apresuramiento en descalificar los atentados y satanizar a las víctimas puede ser interpretado como una acción cómplice para encubrir a los verdaderos responsables. En cualquier caso, no se vale. Asesinar a un padre que pide esclarecer la desaparición de su hijo representa una doble muerte. Acusarlo de pertenecer al crimen organizado para justificar su asesinato equivale a una triple muerte.
Por desgracia no se trata de hechos aislados. Sólo en Chihuahua, en los dos últimos años, cinco dirigentes de organizaciones en favor de víctimas de feminicidio han sido abatidos. Hay un claro propósito de descabezar y desmantelar las redes de participación civil que incomodan a los poderes. No muy distinto de lo que sucede en contra de radios comunitarias en zonas indígenas, asesinatos incluidos. En materia de periodistas, otro gremio que incomoda a los poderosos, los últimos dos años han sido los peores. Las amenazas a medios de comunicación y a reporteros se han generalizado en gran parte del territorio.
Muchas de estas agresiones ya no proceden del crimen organizado sino de la clase política y los aparatos de seguridad. En su último informe, la organización internacional Artículo 19 revela que la mayor parte tienen un origen político.
Todo indica que, amparados por la impunidad y el éxito que tienen los cárteles de la droga para amedrentar a los medios de comunicación, los políticos y jefes policíacos no ha resistido la tentación. Ellos saben que toda agresión vinculada al crimen organizado simple y sencillamente no será investigada. Basta correr la versión de que el activista social o el periodista tenían alguna relación con el narco para que el delito quede impune. Eso asegura que entrará en el inmenso e irresponsable hoyo negro de los 50 mil muertos que el gobierno de Calderón ha decidido que no tienen que ser investigados porque se trata de ejecuciones entre delincuentes.
Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro. Como Norma y Nepomuceno.
Norma y Nepomuceno constituían un dolor de cabeza para las autoridades por exigir el esclarecimiento de la muerte de sus hijos: ambos han sido suprimidos.
Puede representar apenas una gota en el mar de sangre que ha dejado la guerra, pero la cada vez más frecuente desaparición de luchadores sociales y periodistas incómodos a los poderes (legales e ilegales) tiene un muy infortunado efecto para el resto de la sociedad.
Más de 70 periodistas asesinados o desaparecidos y varias docenas de activistas abatidos en 10 años representa una tímida estadística frente a los 50 mil muertos. Pero son justamente los periodistas y los activistas los pocos que siguen denunciando las masacres y pidiendo justicia para las víctimas.
Da la impresión de que los poderes salvajes no cejarán en mantener esa guerra civil en la que están enfrascados, pero ahora parecerían resueltos a eliminar a los que la denuncian.
El viernes pasado balearon a Norma Andrade en Ciudad Juárez y hace una semana asesinaron a Nepomuceno Moreno en Ciudad Obregón. Una madre y un padre que, al igual que Isabel Wallace o Alejandro Martí, se negaron a aceptar la versión oficial de la desaparición de un hijo. Por desgracia sin la visibilidad y relaciones del empresario y la ahora conferencista. Nepomuceno se había integrado al movimiento de Javier Sicilia y recorría el país exigiendo castigo para los asesinos de su hijo. Norma había fundado la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y vivía entre amenazas para obligarle a abandonar su lucha.
Imposible conocer en este momento quién está detrás de los sicarios de cada uno de estos dos ataques, pero es preocupante la manera irresponsable, si no es que criminal, en que las autoridades reaccionaron en los dos casos. Pese a que Norma alcanzó a declarar que entregó bolso y llave del auto al ser encañonada, el sicario disparó en cinco ocasiones sin siquiera molestarse en tomar alguna pertenencia de la activista. Eso no impidió que antes aun de cualquier investigación la autoridad local ya hubiese declarado que se había tratado de un simple intento de robo de auto (una carcacha modelo 90). Norma se debate entre la vida y la muerte al cierre de este artículo.
El caso de Nepomuceno es aun más preocupante. La procuraduría de Sonora intentó convencer a la opinión pública de que el asesinato obedecía a presuntas relaciones que padre e hijo fallecidos sostenían con el crimen organizado. Un burdo intento para de alguna forma “justificar” la ejecución del luchador social.
En el mejor de los casos se trata de actitudes cobardes de la autoridad en su intento de despolitizar el asesinato de activistas y presentarlos como meros incidentes atribuibles a la delincuencia común. Y, en el peor de los casos, este apresuramiento en descalificar los atentados y satanizar a las víctimas puede ser interpretado como una acción cómplice para encubrir a los verdaderos responsables. En cualquier caso, no se vale. Asesinar a un padre que pide esclarecer la desaparición de su hijo representa una doble muerte. Acusarlo de pertenecer al crimen organizado para justificar su asesinato equivale a una triple muerte.
Por desgracia no se trata de hechos aislados. Sólo en Chihuahua, en los dos últimos años, cinco dirigentes de organizaciones en favor de víctimas de feminicidio han sido abatidos. Hay un claro propósito de descabezar y desmantelar las redes de participación civil que incomodan a los poderes. No muy distinto de lo que sucede en contra de radios comunitarias en zonas indígenas, asesinatos incluidos. En materia de periodistas, otro gremio que incomoda a los poderosos, los últimos dos años han sido los peores. Las amenazas a medios de comunicación y a reporteros se han generalizado en gran parte del territorio.
Muchas de estas agresiones ya no proceden del crimen organizado sino de la clase política y los aparatos de seguridad. En su último informe, la organización internacional Artículo 19 revela que la mayor parte tienen un origen político.
Todo indica que, amparados por la impunidad y el éxito que tienen los cárteles de la droga para amedrentar a los medios de comunicación, los políticos y jefes policíacos no ha resistido la tentación. Ellos saben que toda agresión vinculada al crimen organizado simple y sencillamente no será investigada. Basta correr la versión de que el activista social o el periodista tenían alguna relación con el narco para que el delito quede impune. Eso asegura que entrará en el inmenso e irresponsable hoyo negro de los 50 mil muertos que el gobierno de Calderón ha decidido que no tienen que ser investigados porque se trata de ejecuciones entre delincuentes.
Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro. Como Norma y Nepomuceno.
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