Van 28 víctimas, pese a que CIDH ordenó medidas cautelares; de 300 familias en Xayacalan quedan 30.
Blanche Petrich
La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del municipio de Aquila.
Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva, destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que bautizaron Xayacalan (Lugar de las máscaras), derivado de su danza ritual de los xayakates.
Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades comunitarias que han caído una tras otra.
El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta. Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la reunión referida. Él es el número 28.
Dicha minuta revela la incapacidad de las fuerzas de seguridad federales y locales para hacer frente a las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico que disputan el control de la región.
Díganos qué es lo que van a hacer
A la reunión que se celebró en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán asistieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, del Ministerio Público Militar de la 21 Zona Militar y del gobierno de Leonel Godoy.
Ahí, don Trini y don Santos explicaron que las incursiones de caravanas de tres o cuatro vehículos con hombres fuertemente armados no había cesado. Identificaron las comunidades de donde salían: La Placita (donde radican los presuntos propietarios que disputan las tierras a los indígenas en tribunales agrarios), El Faro, Aquila, Chayacalan, Rancho Los Mendoza y La Playa.
Expresaron que las medidas cautelares emitidas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a cuatro paisanos desaparecidos y proteger la vida de otros amenazados no habían tenido ningún efecto. Y pedían expresamente que cuerpos de seguridad combinados y rotativos –para evitar la corrupción, hicieron hincapié– realizaran rondines, ofreciendo además garantías a las guardias comunales. Para resolver estas peticiones se estableció otra mesa de negociación.
Esta instancia ya no fue a ningún lado. Es público cómo fue asesinado ocho días después don Trini.
Con nombres y apellidos
Algo similar sucedió en septiembre. Pedro Leyva asistió a una audiencia con la relatoría de la CIDH para evaluar los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares que había ordenado el organismo interamericano en septiembre de 2010. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación. La intervención de los representantes de Ostula fue dura. Afirmaron que el Estado mexicano había sido omiso; que a las 11 muertes y una desaparición forzosa, que se contaban ya al momento de la emisión de las órdenes de protección, se habían sumado en un año 16 asesinatos y tres desapariciones más. Identificaron ante las autoridades presentes a los principales perpetradores de estos crímenes, con nombres y apellidos.
Las autoridades alegaron que el Ministerio Público no podía actuar si la comunidad no presentaba denuncias. Los representantes de la comunidad demostraron que sí habían levantado demandas pero que la procuraduría estatal sólo tenía abiertas tres averiguaciones previas. Señalaron que por la inseguridad imperante tenían que trasladarse hasta el Ministerio Público de Coahuayana, donde, sospechaban, las autoridades estaban coludidas con los delincuentes. Y tenían un ejemplo irrebatible: uno de los cuatro desaparecidos de la comunidad es el adolescente Enrique Domínguez, de 17 años, que fue levantado cuando iba camino a Coahuayana con varios familiares a darle seguimiento a la denuncia por la desaparición de otros tres.
Díganos qué es lo que van a hacer, habría exigido Pedro Leyva. Los representantes de la CIDH constataron que las autoridades no habían presentado ningún avance positivo en sus obligaciones.
Después de la reunión en Gobernación, Pedro Leyva asistió a una de las asambleas de los lunes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el local de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz). De ahí volvió a Xayacalan, con la idea de estar de regreso el 14 de octubre, ya que él integraba el grupo que iba a dialogar con el presidente Felipe Calderón por segunda vez en el castillo de Chapultepec. Fue abatido el 6 de octubre.
Hoy en día la población de Xayacalan está diezmada. De las 300 familias que se habían asentado en la zona costera quedan 30; las demás se han exiliado en los pueblos vecinos. No queda vivo ningún dirigente, excepto Santos Leyva. Incluso sus representantes y abogados viven con medidas extremas de seguridad, lo que les impide estar presentes en las oficinas del Ministerio Público y en los juzgados, exigiendo la justicia que se les niega.
Don Trini fue enterrado el 10 de diciembre, pero no en sus tierras, sino en la vecina playa La Ticla. Ahí sí, fuertemente custodiado por elementos del Ejército. Los días 11 y 17 de diciembre, superando el miedo, la comunidad realizó dos asambleas y pidió que la Marina entrara de inmediato a hacer rondines. El domingo 18, después de años de ausencia, entró a Xalacayan el primer pelotón de marinos.
Eso sólo resuelve la situación más crítica, aplaca un poco el miedo. Pero falta la solución de largo plazo. Mientras, no hay la certidumbre necesaria para que comuneros y gobierno puedan continuar con el proceso agrario.
Blanche Petrich
La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del municipio de Aquila.
Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva, destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que bautizaron Xayacalan (Lugar de las máscaras), derivado de su danza ritual de los xayakates.
Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades comunitarias que han caído una tras otra.
El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta. Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la reunión referida. Él es el número 28.
Dicha minuta revela la incapacidad de las fuerzas de seguridad federales y locales para hacer frente a las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico que disputan el control de la región.
Díganos qué es lo que van a hacer
A la reunión que se celebró en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán asistieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, del Ministerio Público Militar de la 21 Zona Militar y del gobierno de Leonel Godoy.
Ahí, don Trini y don Santos explicaron que las incursiones de caravanas de tres o cuatro vehículos con hombres fuertemente armados no había cesado. Identificaron las comunidades de donde salían: La Placita (donde radican los presuntos propietarios que disputan las tierras a los indígenas en tribunales agrarios), El Faro, Aquila, Chayacalan, Rancho Los Mendoza y La Playa.
Expresaron que las medidas cautelares emitidas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a cuatro paisanos desaparecidos y proteger la vida de otros amenazados no habían tenido ningún efecto. Y pedían expresamente que cuerpos de seguridad combinados y rotativos –para evitar la corrupción, hicieron hincapié– realizaran rondines, ofreciendo además garantías a las guardias comunales. Para resolver estas peticiones se estableció otra mesa de negociación.
Esta instancia ya no fue a ningún lado. Es público cómo fue asesinado ocho días después don Trini.
Con nombres y apellidos
Algo similar sucedió en septiembre. Pedro Leyva asistió a una audiencia con la relatoría de la CIDH para evaluar los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares que había ordenado el organismo interamericano en septiembre de 2010. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación. La intervención de los representantes de Ostula fue dura. Afirmaron que el Estado mexicano había sido omiso; que a las 11 muertes y una desaparición forzosa, que se contaban ya al momento de la emisión de las órdenes de protección, se habían sumado en un año 16 asesinatos y tres desapariciones más. Identificaron ante las autoridades presentes a los principales perpetradores de estos crímenes, con nombres y apellidos.
Las autoridades alegaron que el Ministerio Público no podía actuar si la comunidad no presentaba denuncias. Los representantes de la comunidad demostraron que sí habían levantado demandas pero que la procuraduría estatal sólo tenía abiertas tres averiguaciones previas. Señalaron que por la inseguridad imperante tenían que trasladarse hasta el Ministerio Público de Coahuayana, donde, sospechaban, las autoridades estaban coludidas con los delincuentes. Y tenían un ejemplo irrebatible: uno de los cuatro desaparecidos de la comunidad es el adolescente Enrique Domínguez, de 17 años, que fue levantado cuando iba camino a Coahuayana con varios familiares a darle seguimiento a la denuncia por la desaparición de otros tres.
Díganos qué es lo que van a hacer, habría exigido Pedro Leyva. Los representantes de la CIDH constataron que las autoridades no habían presentado ningún avance positivo en sus obligaciones.
Después de la reunión en Gobernación, Pedro Leyva asistió a una de las asambleas de los lunes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el local de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz). De ahí volvió a Xayacalan, con la idea de estar de regreso el 14 de octubre, ya que él integraba el grupo que iba a dialogar con el presidente Felipe Calderón por segunda vez en el castillo de Chapultepec. Fue abatido el 6 de octubre.
Hoy en día la población de Xayacalan está diezmada. De las 300 familias que se habían asentado en la zona costera quedan 30; las demás se han exiliado en los pueblos vecinos. No queda vivo ningún dirigente, excepto Santos Leyva. Incluso sus representantes y abogados viven con medidas extremas de seguridad, lo que les impide estar presentes en las oficinas del Ministerio Público y en los juzgados, exigiendo la justicia que se les niega.
Don Trini fue enterrado el 10 de diciembre, pero no en sus tierras, sino en la vecina playa La Ticla. Ahí sí, fuertemente custodiado por elementos del Ejército. Los días 11 y 17 de diciembre, superando el miedo, la comunidad realizó dos asambleas y pidió que la Marina entrara de inmediato a hacer rondines. El domingo 18, después de años de ausencia, entró a Xalacayan el primer pelotón de marinos.
Eso sólo resuelve la situación más crítica, aplaca un poco el miedo. Pero falta la solución de largo plazo. Mientras, no hay la certidumbre necesaria para que comuneros y gobierno puedan continuar con el proceso agrario.
Comentarios