Apro
El gobierno de Estados Unidos negó que haya dado “carta blanca” al cártel de Sinaloa para traficar drogas a cambio de información sobre cárteles rivales, como asegura la defensa de Vicente Zambada Niebla El Vicentillo, miembro del supuesto cártel beneficiado.
El fiscal federal que lleva el caso, Patrick J. Fitzgerald refirió al juez de la causa Rubén Castillo que “no existe documento” alguno que pruebe el supuesto beneficio que habría logrado el abogado mexicano Humberto Loya Castro, en beneficio del cártel de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
De acuerdo con un documento judicial al que tuvo acceso la Agencia EFE, el fiscal afirma al juez Castillo que no hay documentos que prueben un acuerdo de inmunidad que beneficie al abogado, “más allá de un acuerdo de cooperación”.
Loya Castro es considerado figura clave en el caso porque trabajó durante 10 años como informante de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y supuestamente fue quien influyó para que se diera el acuerdo entre los agentes federales y el cartel de Sinaloa a cambio de inmunidad.
Según los abogados, que piden la anulación del juicio por inmunidad de El Vicentillo –extraditado a Estados Unidos en 2010—la inmunidad abarcaba las actividades del hijo de Ismael El Mayo Zambada García, en ese país.
Pero Fitzgerald asegura que el acuerdo de cooperación no contemplaba inmunidad alguna.
El juez Castillo pidió a la fiscalía adjuntar a su respuesta el acuerdo de cooperación y testimonios de agentes federales, además de documentos reservados o secretos para que pudiera valorarlos sin la presencia de los abogados defensores porque la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, dijo Fitzgerald “puede amenazar la seguridad nacional”.
Según el fiscal en “miles de correos electrónicos” y otras comunicaciones de Loya Castro con agentes y fiscales federales “no existe ningún documento que mencione la existencia de un acuerdo de inmunidad con él o cualquier otro miembro del Cártel de Sinaloa.
“Ningún documento apoya la impresionante afirmación de la defensa de que el Gobierno de los Estados Unidos otorgó al acusado (y a otros miembros del Cártel de Sinaloa) inmunidad para actuar”, señala el fiscal en su respuesta al juez, misma que contiene declaraciones juradas de dos agentes de la DEA y dos fiscales federales que han lidiado con Loya Castro desde 200 5 y con El Vicentillo desde 2009.
El acuerdo de cooperación que firmó el abogado con la DEA, lo comprometía a informar sobre actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de los cárteles rivales del de Sinaloa y no contemplaba promesas de pago de dinero o beneficios relacionados con acusaciones pendientes contra sus integrantes en Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de la fiscalía, la cooperación de Loya Castro derivó en el aseguramiento de varios cargamentos importantes de narcóticos y precursores químicos e “información de inteligencia muy útil para el Gobierno de los Estados Unidos”.
La defensa ha argumentado que Loya fue el mediador de una reunión entre agentes federales y Zambada Niebla en hotel de la Ciudad de México, en marzo de 2009, donde supuestamente se gestó la colaboración de El Vicentillo con la DEA.
Pero en las declaraciones firmadas y entregadas al juez Castillo, los agentes afirmaron, bajo juramento, que nunca estuvo a discusión un acuerdo de inmunidad o de anulación de la acusación, porque no tenían “autoridad para ello”, y porque eso solamente podría ser autorizado por el secretario de Justicia de los Estados Unidos.
A poco más de dos meses que inicie el juicio formal contra Zambada Niebla, el próximo 13 de febrero, la fiscalía entregó a los abogados defensores el expediente completo del caso que consta de unas cuatro mil páginas.
El Vicentillo enfrenta acusaciones de confabulación para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa que, de comprobarse en el juicio del próximo año, podría hacerle acreedor a una sentencia máxima de cadena perpetua.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Chicago, donde sus abogados ganaron una petición para que se le permitiera recrearse al aire libre como al resto de la población.
El gobierno de Estados Unidos negó que haya dado “carta blanca” al cártel de Sinaloa para traficar drogas a cambio de información sobre cárteles rivales, como asegura la defensa de Vicente Zambada Niebla El Vicentillo, miembro del supuesto cártel beneficiado.
El fiscal federal que lleva el caso, Patrick J. Fitzgerald refirió al juez de la causa Rubén Castillo que “no existe documento” alguno que pruebe el supuesto beneficio que habría logrado el abogado mexicano Humberto Loya Castro, en beneficio del cártel de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
De acuerdo con un documento judicial al que tuvo acceso la Agencia EFE, el fiscal afirma al juez Castillo que no hay documentos que prueben un acuerdo de inmunidad que beneficie al abogado, “más allá de un acuerdo de cooperación”.
Loya Castro es considerado figura clave en el caso porque trabajó durante 10 años como informante de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y supuestamente fue quien influyó para que se diera el acuerdo entre los agentes federales y el cartel de Sinaloa a cambio de inmunidad.
Según los abogados, que piden la anulación del juicio por inmunidad de El Vicentillo –extraditado a Estados Unidos en 2010—la inmunidad abarcaba las actividades del hijo de Ismael El Mayo Zambada García, en ese país.
Pero Fitzgerald asegura que el acuerdo de cooperación no contemplaba inmunidad alguna.
El juez Castillo pidió a la fiscalía adjuntar a su respuesta el acuerdo de cooperación y testimonios de agentes federales, además de documentos reservados o secretos para que pudiera valorarlos sin la presencia de los abogados defensores porque la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, dijo Fitzgerald “puede amenazar la seguridad nacional”.
Según el fiscal en “miles de correos electrónicos” y otras comunicaciones de Loya Castro con agentes y fiscales federales “no existe ningún documento que mencione la existencia de un acuerdo de inmunidad con él o cualquier otro miembro del Cártel de Sinaloa.
“Ningún documento apoya la impresionante afirmación de la defensa de que el Gobierno de los Estados Unidos otorgó al acusado (y a otros miembros del Cártel de Sinaloa) inmunidad para actuar”, señala el fiscal en su respuesta al juez, misma que contiene declaraciones juradas de dos agentes de la DEA y dos fiscales federales que han lidiado con Loya Castro desde 200 5 y con El Vicentillo desde 2009.
El acuerdo de cooperación que firmó el abogado con la DEA, lo comprometía a informar sobre actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de los cárteles rivales del de Sinaloa y no contemplaba promesas de pago de dinero o beneficios relacionados con acusaciones pendientes contra sus integrantes en Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de la fiscalía, la cooperación de Loya Castro derivó en el aseguramiento de varios cargamentos importantes de narcóticos y precursores químicos e “información de inteligencia muy útil para el Gobierno de los Estados Unidos”.
La defensa ha argumentado que Loya fue el mediador de una reunión entre agentes federales y Zambada Niebla en hotel de la Ciudad de México, en marzo de 2009, donde supuestamente se gestó la colaboración de El Vicentillo con la DEA.
Pero en las declaraciones firmadas y entregadas al juez Castillo, los agentes afirmaron, bajo juramento, que nunca estuvo a discusión un acuerdo de inmunidad o de anulación de la acusación, porque no tenían “autoridad para ello”, y porque eso solamente podría ser autorizado por el secretario de Justicia de los Estados Unidos.
A poco más de dos meses que inicie el juicio formal contra Zambada Niebla, el próximo 13 de febrero, la fiscalía entregó a los abogados defensores el expediente completo del caso que consta de unas cuatro mil páginas.
El Vicentillo enfrenta acusaciones de confabulación para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa que, de comprobarse en el juicio del próximo año, podría hacerle acreedor a una sentencia máxima de cadena perpetua.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Chicago, donde sus abogados ganaron una petición para que se le permitiera recrearse al aire libre como al resto de la población.
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