Apro
El presidente Felipe Calderón volvió a tocar de nueva cuenta el tema de la infiltración del narco en los pasados comicios de Michoacán, en los que resultó vencedor el PRI, y ahora reveló que al menos 50 candidatos de todos los partidos fueron bajados de la contienda por el crimen organizado.
De visita en esta ciudad, el mandatario, que ayer desató una guerra verbal con el priismo al abordar ese tema, detalló, sin mencionar nombres, que las amenazas a los candidatos eran para que se alinearan con las organizaciones delictivas, a cambio de no “desaparecerlos”.
Ante unas mil personas reunidas en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), Calderón se siguió de largo y aclaró:
“La presencia de grupos criminales en procesos electorales no es asunto de un partido político, de que una candidata de Michoacán sea mi hermana o no. No, es del resultado de la elección, el hecho en sí mismo es grave, no para un partido político, para todos y todos debemos de repudiarlo, porque es malo para la democracia, los partidos y los ciudadanos”.
Luego de advertir del inminente riesgo de que el narcotráfico pretenda infiltrar los procesos electorales del próximo año, Calderón anticipó que persistirá en su estrategia de combatir a los criminales con fuerzas federales hasta el 30 de noviembre del 2012, cuando entregue la banda presidencial a su sucesor.
Aunque el evento fue organizado con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el jefe del Ejecutivo centró su disertación en el tema del narco y las elecciones.
Prosiguió:
“Entonces será su responsabilidad (del próximo mandatario) decir si sigue o no en la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad. Yo creo que debe seguir, pero si decide otra cosa, mi deber será respetarlo y apoyarlo, como expresidente, porque, ah, qué difícil es no tener apoyo.
“Es una decisión de los candidatos, del que resulte presidente o presidenta y de los ciudadanos para que vean qué propuestas tienen los ciudadanos”.
Durante su alocución, que duró casi 2 horas y 30 minutos, Calderón reconoció también que los militares han incurrido en abusos, aunque aclaró que la norma es el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.
“Hay que señalar que sí ha habido abusos y errores, desgraciadamente, pero los soldados tienen la intención expresa mía, a través de los generales, de que deben ser respetuosos de la ley y los derechos humanos. No siempre es fácil, porque están entrenados para la pelea, esta es una labor de la policía, muchas de ellas hicieron implosión por la penetración del crimen”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.
Tras afirmar que cada semana hay de uno a dos elementos muertos de cada una de las diferentes fuerzas federales en su lucha contra el crimen, Calderón dijo que el Ejército debe permanecer en las calles hasta que se consolide la depuración de las policías en todo el país.
“Mientras tenemos estas policías confiables hacemos este frente con los militares. Por eso se dan este tipo de roces y abusos, pero ellos saben que el que se pase será investigado y castigado. Hay casos muy dolorosos en Monterrey, en el Tec de Monterrey y los soldados que ahí participaron, por lo menos tenemos constancia que alteraron la escena del crimen. Ellos están encarcelados y castigados, mientras se sigue averiguando esos delitos”, dijo.
Señaló que la regla es que los militares y los policías hacen lo que la Constitución dice, pues capturan a los delincuentes y los presentan a la justicia.
Puso como ejemplo el caso del criminal Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, detenido en marzo del 2009 en Saltillo, Coahuila, que degolló a 10 soldados del Ejército, entre los que había cocineros y afanadores.
“Lo atrapa el Ejército y lo presenta a la autoridad, en un acto de respeto a la ley, imagínate el coraje. Eso refleja mucho el tamaño de lo que dices”, dijo en agradecimiento a un presente que en la sesión de preguntas y respuestas felicitó al Ejército.
Ante un auditorio conformado mayormente por trabajadores de los tres niveles de gobierno del área metropolitana que fueron invitados a su presentación, Calderón reiteró que mantendrá al Ejército en la calle y le recomendó a su sucesor que así lo haga también.
El mandatario se comprometió a “tupirle con todo” a todos los cárteles del crimen organizado que trabajan en México, aunque dijo que enfocará la energía de las fuerzas del orden a combatir a las organizaciones más cruentas.
“Particularmente tenemos que ir más a fondo con los más violentos y despiadados. Como por ejemplo, los del Casino Royale, tenemos que perseguirlos. Esos 52 inocentes menos que nadie pueden quedar impunes, porque fue un crimen bárbaro. Que no me vengan a decir que nomás querían incendiar, no matar, ¡por favor!”, enfatizó.
Al finalizar su exposición, Verónica Mireles, trabajadora municipal de San Nicolás, desconcertó al mandatario al preguntarle si se arrepentía de algo que hubiera hecho o dejado de hacer durante su gestión.
Calderón le respondió que lamentaba no haber iniciado antes la depuración policiaca, pues de haberla emprendido en 2007, quizás ya estaría terminando, y también no haber efectuado en años anteriores ejercicios como ése, de comparecencia ante la ciudadanía, para explicar con detalle el estado del país.
En el grueso de la presentación, que él mismo condujo, apoyado con pantallas saturadas de datos estadísticos y gráficas, explicó una vez más que el narcotráfico creció en el país a mediados de la década de los 90, debido a que los colombianos que traficaban droga hacia Estados Unidos decidieron pagarle con enervantes a los intermediarios, quienes –dijo– comenzaron a distribuirla.
El fenómeno del narcomenudeo estalló, impulsado por un incremento del poder adquisitivo de los mexicanos que ganan hasta 10 mil dólares al año per cápita, en un escenario donde Monterrey es una plaza apetitosa para los vendedores de estupefacientes porque en esta ciudad es donde más ingresos obtienen los habitantes.
También habló de avances del bienestar social con la cobertura universal alcanzada en servicios de salud y educación básica.
Antes del evento un grupo de deudos de familiares muertos en el ataque al Casino Royale se plantaron en el exterior de Cintermex para externarle su inconformidad por los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el incendio en el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas.
“Cuántas víctimas inocentes tienen qué morir para que se haga justicia”, se leía en una de las mantas.
Liderados por Samara Pérez, quien perdió a su hijo en el incidente del 25 de agosto, los deudos dijeron que pretendían entregarle al presidente una carta que finalmente quedó en manos de elementos del Estado Mayor Presidencial que nunca les permitieron entrar.
También buscaban recordarle que su esposa, Margarita Zavala, se comprometió a ayudar al hijo de Patricia Sáenz, quien sufre una discapacidad permanente.
Tres semanas después de los hechos, Zavala visitó la casa de los dos, ubicada en la calle Henry Ibsen de la colonia Colinas de San Jerónimo, al enterarse que el esposo de Patricia, Enrique Martínez Cavazos, había fallecido en el ataque incendiario.
Edilberto Martínez, hermano de Enrique y presente en la manifestación, dijo que la esposa del presidente ha incumplido su promesa de crear un fideicomiso para ayudar a Eduardo.
A la una de la tarde, Calderón se trasladó a Ciudad Mier, Tamaulipas, donde inauguró un cuartel militar.
El presidente Felipe Calderón volvió a tocar de nueva cuenta el tema de la infiltración del narco en los pasados comicios de Michoacán, en los que resultó vencedor el PRI, y ahora reveló que al menos 50 candidatos de todos los partidos fueron bajados de la contienda por el crimen organizado.
De visita en esta ciudad, el mandatario, que ayer desató una guerra verbal con el priismo al abordar ese tema, detalló, sin mencionar nombres, que las amenazas a los candidatos eran para que se alinearan con las organizaciones delictivas, a cambio de no “desaparecerlos”.
Ante unas mil personas reunidas en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), Calderón se siguió de largo y aclaró:
“La presencia de grupos criminales en procesos electorales no es asunto de un partido político, de que una candidata de Michoacán sea mi hermana o no. No, es del resultado de la elección, el hecho en sí mismo es grave, no para un partido político, para todos y todos debemos de repudiarlo, porque es malo para la democracia, los partidos y los ciudadanos”.
Luego de advertir del inminente riesgo de que el narcotráfico pretenda infiltrar los procesos electorales del próximo año, Calderón anticipó que persistirá en su estrategia de combatir a los criminales con fuerzas federales hasta el 30 de noviembre del 2012, cuando entregue la banda presidencial a su sucesor.
Aunque el evento fue organizado con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el jefe del Ejecutivo centró su disertación en el tema del narco y las elecciones.
Prosiguió:
“Entonces será su responsabilidad (del próximo mandatario) decir si sigue o no en la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad. Yo creo que debe seguir, pero si decide otra cosa, mi deber será respetarlo y apoyarlo, como expresidente, porque, ah, qué difícil es no tener apoyo.
“Es una decisión de los candidatos, del que resulte presidente o presidenta y de los ciudadanos para que vean qué propuestas tienen los ciudadanos”.
Durante su alocución, que duró casi 2 horas y 30 minutos, Calderón reconoció también que los militares han incurrido en abusos, aunque aclaró que la norma es el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.
“Hay que señalar que sí ha habido abusos y errores, desgraciadamente, pero los soldados tienen la intención expresa mía, a través de los generales, de que deben ser respetuosos de la ley y los derechos humanos. No siempre es fácil, porque están entrenados para la pelea, esta es una labor de la policía, muchas de ellas hicieron implosión por la penetración del crimen”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.
Tras afirmar que cada semana hay de uno a dos elementos muertos de cada una de las diferentes fuerzas federales en su lucha contra el crimen, Calderón dijo que el Ejército debe permanecer en las calles hasta que se consolide la depuración de las policías en todo el país.
“Mientras tenemos estas policías confiables hacemos este frente con los militares. Por eso se dan este tipo de roces y abusos, pero ellos saben que el que se pase será investigado y castigado. Hay casos muy dolorosos en Monterrey, en el Tec de Monterrey y los soldados que ahí participaron, por lo menos tenemos constancia que alteraron la escena del crimen. Ellos están encarcelados y castigados, mientras se sigue averiguando esos delitos”, dijo.
Señaló que la regla es que los militares y los policías hacen lo que la Constitución dice, pues capturan a los delincuentes y los presentan a la justicia.
Puso como ejemplo el caso del criminal Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, detenido en marzo del 2009 en Saltillo, Coahuila, que degolló a 10 soldados del Ejército, entre los que había cocineros y afanadores.
“Lo atrapa el Ejército y lo presenta a la autoridad, en un acto de respeto a la ley, imagínate el coraje. Eso refleja mucho el tamaño de lo que dices”, dijo en agradecimiento a un presente que en la sesión de preguntas y respuestas felicitó al Ejército.
Ante un auditorio conformado mayormente por trabajadores de los tres niveles de gobierno del área metropolitana que fueron invitados a su presentación, Calderón reiteró que mantendrá al Ejército en la calle y le recomendó a su sucesor que así lo haga también.
El mandatario se comprometió a “tupirle con todo” a todos los cárteles del crimen organizado que trabajan en México, aunque dijo que enfocará la energía de las fuerzas del orden a combatir a las organizaciones más cruentas.
“Particularmente tenemos que ir más a fondo con los más violentos y despiadados. Como por ejemplo, los del Casino Royale, tenemos que perseguirlos. Esos 52 inocentes menos que nadie pueden quedar impunes, porque fue un crimen bárbaro. Que no me vengan a decir que nomás querían incendiar, no matar, ¡por favor!”, enfatizó.
Al finalizar su exposición, Verónica Mireles, trabajadora municipal de San Nicolás, desconcertó al mandatario al preguntarle si se arrepentía de algo que hubiera hecho o dejado de hacer durante su gestión.
Calderón le respondió que lamentaba no haber iniciado antes la depuración policiaca, pues de haberla emprendido en 2007, quizás ya estaría terminando, y también no haber efectuado en años anteriores ejercicios como ése, de comparecencia ante la ciudadanía, para explicar con detalle el estado del país.
En el grueso de la presentación, que él mismo condujo, apoyado con pantallas saturadas de datos estadísticos y gráficas, explicó una vez más que el narcotráfico creció en el país a mediados de la década de los 90, debido a que los colombianos que traficaban droga hacia Estados Unidos decidieron pagarle con enervantes a los intermediarios, quienes –dijo– comenzaron a distribuirla.
El fenómeno del narcomenudeo estalló, impulsado por un incremento del poder adquisitivo de los mexicanos que ganan hasta 10 mil dólares al año per cápita, en un escenario donde Monterrey es una plaza apetitosa para los vendedores de estupefacientes porque en esta ciudad es donde más ingresos obtienen los habitantes.
También habló de avances del bienestar social con la cobertura universal alcanzada en servicios de salud y educación básica.
Antes del evento un grupo de deudos de familiares muertos en el ataque al Casino Royale se plantaron en el exterior de Cintermex para externarle su inconformidad por los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el incendio en el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas.
“Cuántas víctimas inocentes tienen qué morir para que se haga justicia”, se leía en una de las mantas.
Liderados por Samara Pérez, quien perdió a su hijo en el incidente del 25 de agosto, los deudos dijeron que pretendían entregarle al presidente una carta que finalmente quedó en manos de elementos del Estado Mayor Presidencial que nunca les permitieron entrar.
También buscaban recordarle que su esposa, Margarita Zavala, se comprometió a ayudar al hijo de Patricia Sáenz, quien sufre una discapacidad permanente.
Tres semanas después de los hechos, Zavala visitó la casa de los dos, ubicada en la calle Henry Ibsen de la colonia Colinas de San Jerónimo, al enterarse que el esposo de Patricia, Enrique Martínez Cavazos, había fallecido en el ataque incendiario.
Edilberto Martínez, hermano de Enrique y presente en la manifestación, dijo que la esposa del presidente ha incumplido su promesa de crear un fideicomiso para ayudar a Eduardo.
A la una de la tarde, Calderón se trasladó a Ciudad Mier, Tamaulipas, donde inauguró un cuartel militar.
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