El “Gobierno Económico de la Unión Europea” aprobado en la reunión de Bruselas no es un gobierno económico
Vicenç Navarro / Sistema
A raíz de la última reunión de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea en Bruselas, la gran mayoría de medios de mayor difusión, incluyendo los españoles, han aplaudido las medidas aprobadas en tal reunión por 26 Estados miembros (todos excepto Gran Bretaña) por considerarlas claves para desarrollar el necesario “gobierno económico de la Unión Europea”. Escribo entre comillas este término, pues es una expresión muy utilizada en los medios, y cuyo significado parece crear gran confusión.
Veamos primero las decisiones tomadas en Bruselas encaminadas a establecer tal “gobierno económico de la Unión Europea”. Y hay que entender que el punto de partida para su creación es muy débil. Es decir, que de gobierno de la economía europea hay muy poco en la Unión Europea. Los dos instrumentos (cuyas intervenciones afectan al crecimiento económico) existentes ahora son el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y el Banco Central Europeo (BCE). En cuanto al primero, el PEC, se basa en una regla que exige que los Estados no tengan un déficit público mayor que el 3% de su PIB y una deuda pública mayor que el 60% del PIB. Hasta aquí la norma, enormemente simplista y negativa, pues no discrimina sobre el tipo de gasto público que tiene que limitarse, poniendo en la misma categoría gastos superfluos que no mejoren la economía con inversiones claves para mejorar el futuro del país. Pero además de este problema –que es grave-, la segunda cuestión es que en cualquier institución internacional una norma es sólo válida cuando se aplica o que cuando se aplica lo sea por igual a todos los países. Pues bien, el PEC no se ha respetado desde su establecimiento. Se ha infringido más de cien veces y hay 23 países con expedientes abiertos. Y, sin embargo, ningún Estado ha sido sancionado por ello. En realidad, Alemania y Francia han sido de los mayores infractores, sin que les pasara nada.
En cuanto al BCE, éste, como he escrito extensamente (ver sección Política Económica en www.vnavarro.org), es, en realidad un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. Su objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de las instituciones de la banca, y asegurarse la estabilidad de los precios, que significa controlar la inflación para que, como promedio, no sea mayor de un 2%. El impacto que ello ha tenido en el crecimiento económico ha sido muy negativo: lo ha ralentizado. Los países centrales en la economía de la Unión Europea, es decir, la Eurozona, han crecido (como promedio) menos durante el periodo en que ha existido el euro que en el periodo anterior. Y una consecuencia de ello ha sido el crecimiento del desempleo, mayor, de nuevo, en el periodo de existencia del euro, que en el periodo anterior (comparando ciclos económicos semejantes). Ver “The Ongoing Euro Crisis” de Philip Arestis y Malcom Sawyer, en “Challenge”, 2011. Con estos instrumentos lo único que se podía hacer era asegurarse que el sistema financiero (bancos, compañías de alto riesgo, compañías aseguradoras, entre otras), estuvieran en buena salud, asumiendo que todo lo demás se resolvería a través de las “leyes del mercado”. La fe de los fundadores de la UE y del euro en el mercado alcanzaba niveles dogmáticos, impermeables a la evidencia científica.
Pronto se vio que una unidad monetaria con desequilibrios tan grandes (es decir, con niveles económicos tan distintos) no podría funcionar y por ello se establecieron las Grandes Orientaciones de Políticas Económicas (GOPEs) que no tuvieron ningún impacto ni en coordinar las políticas económicas ni en arreglar el enorme problema que se estaba creando. Y la Comisión Europea, llena de creyentes en el dogma, incluyendo al Sr. Pedro Solbes, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, no hizo nada, asumiendo que el mercado lo resolvería por sí mismo.
Cuando la crisis que se fue labrando durante estos años apareció, la respuesta fue más de lo mismo. Se dijo y se aprobó en Bruselas que a partir de ahora el PEC se cumpliría a rajatabla, y que al que lo infringiera se le castigaría de verdad, incluso privándole de voto si fuera necesario. Estas medidas muestran que el marco conceptual en el que la UE se mueve continúa siendo el dogma neoliberal.
Para complementar estas políticas y para establecer lo que se llama “el gobierno económico”, se estableció el Semestre Europeo, según el cual, en los primeros seis meses del año, los Estados deberán desarrollar sus presupuestos conforme las directrices de las autoridades de la UE, en teoría para coordinar las actividades económicas. Es una medida que intenta ser enormemente intervencionista. El homólogo sería que el gobierno federal de EEUU le exigiera a los 50 Estados que le enviaran sus presupuestos para ser aprobados por las autoridades federales, o que el Estado central español hiciera lo mismo con los gobiernos autonómicos.
Pero este intento intervencionista es muy selectivo y tiene como objetivo presionar a los Estados directamente a fin de que éstos lleven a cabo las políticas que las autoridades de la UE desean. Pero tal intervencionismo no transforma tal gobierno en un gobierno económico de tipo federal. En realidad el presupuesto de tal gobierno es un ridículo 1,1% del PIB europeo. En EEUU es un 19%. El segundo problema, derivado del anterior, es que en esta propuesta aprobada, el objetivo de tal gobierno europeo es controlar el déficit y la deuda pública y no, por ejemplo, incentivar medidas de estímulo económico o redistributivo.
En definitiva, tal gobierno representa el intervencionismo de los banqueros para controlar los Estados, y así asegurarse que las políticas neoliberales se llevarán a cabo dentro de cada Estado. No es, pues, el establecimiento de un Estado federal con un gobierno federal, con un presupuesto federal y unas políticas económicas federales. Simplemente es un intento masivo de controlar los Estados a fin de llevar a cabo, a nivel de cada Estado, las políticas que el gobierno alemán ha hecho ya explícitas y que incluyen la eliminación de las cláusulas de la indexización de los salarios, una política fiscal favorable al mundo de las grandes empresas, debilitar el Estado del Bienestar, privatizando las pensiones y los servicios públicos del Estado del Bienestar, y forzar un descenso muy marcado de la protección social. A esto le llaman “gobierno económico europeo”.
A raíz de la última reunión de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea en Bruselas, la gran mayoría de medios de mayor difusión, incluyendo los españoles, han aplaudido las medidas aprobadas en tal reunión por 26 Estados miembros (todos excepto Gran Bretaña) por considerarlas claves para desarrollar el necesario “gobierno económico de la Unión Europea”. Escribo entre comillas este término, pues es una expresión muy utilizada en los medios, y cuyo significado parece crear gran confusión.
Veamos primero las decisiones tomadas en Bruselas encaminadas a establecer tal “gobierno económico de la Unión Europea”. Y hay que entender que el punto de partida para su creación es muy débil. Es decir, que de gobierno de la economía europea hay muy poco en la Unión Europea. Los dos instrumentos (cuyas intervenciones afectan al crecimiento económico) existentes ahora son el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y el Banco Central Europeo (BCE). En cuanto al primero, el PEC, se basa en una regla que exige que los Estados no tengan un déficit público mayor que el 3% de su PIB y una deuda pública mayor que el 60% del PIB. Hasta aquí la norma, enormemente simplista y negativa, pues no discrimina sobre el tipo de gasto público que tiene que limitarse, poniendo en la misma categoría gastos superfluos que no mejoren la economía con inversiones claves para mejorar el futuro del país. Pero además de este problema –que es grave-, la segunda cuestión es que en cualquier institución internacional una norma es sólo válida cuando se aplica o que cuando se aplica lo sea por igual a todos los países. Pues bien, el PEC no se ha respetado desde su establecimiento. Se ha infringido más de cien veces y hay 23 países con expedientes abiertos. Y, sin embargo, ningún Estado ha sido sancionado por ello. En realidad, Alemania y Francia han sido de los mayores infractores, sin que les pasara nada.
En cuanto al BCE, éste, como he escrito extensamente (ver sección Política Económica en www.vnavarro.org), es, en realidad un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. Su objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de las instituciones de la banca, y asegurarse la estabilidad de los precios, que significa controlar la inflación para que, como promedio, no sea mayor de un 2%. El impacto que ello ha tenido en el crecimiento económico ha sido muy negativo: lo ha ralentizado. Los países centrales en la economía de la Unión Europea, es decir, la Eurozona, han crecido (como promedio) menos durante el periodo en que ha existido el euro que en el periodo anterior. Y una consecuencia de ello ha sido el crecimiento del desempleo, mayor, de nuevo, en el periodo de existencia del euro, que en el periodo anterior (comparando ciclos económicos semejantes). Ver “The Ongoing Euro Crisis” de Philip Arestis y Malcom Sawyer, en “Challenge”, 2011. Con estos instrumentos lo único que se podía hacer era asegurarse que el sistema financiero (bancos, compañías de alto riesgo, compañías aseguradoras, entre otras), estuvieran en buena salud, asumiendo que todo lo demás se resolvería a través de las “leyes del mercado”. La fe de los fundadores de la UE y del euro en el mercado alcanzaba niveles dogmáticos, impermeables a la evidencia científica.
Pronto se vio que una unidad monetaria con desequilibrios tan grandes (es decir, con niveles económicos tan distintos) no podría funcionar y por ello se establecieron las Grandes Orientaciones de Políticas Económicas (GOPEs) que no tuvieron ningún impacto ni en coordinar las políticas económicas ni en arreglar el enorme problema que se estaba creando. Y la Comisión Europea, llena de creyentes en el dogma, incluyendo al Sr. Pedro Solbes, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, no hizo nada, asumiendo que el mercado lo resolvería por sí mismo.
Cuando la crisis que se fue labrando durante estos años apareció, la respuesta fue más de lo mismo. Se dijo y se aprobó en Bruselas que a partir de ahora el PEC se cumpliría a rajatabla, y que al que lo infringiera se le castigaría de verdad, incluso privándole de voto si fuera necesario. Estas medidas muestran que el marco conceptual en el que la UE se mueve continúa siendo el dogma neoliberal.
Para complementar estas políticas y para establecer lo que se llama “el gobierno económico”, se estableció el Semestre Europeo, según el cual, en los primeros seis meses del año, los Estados deberán desarrollar sus presupuestos conforme las directrices de las autoridades de la UE, en teoría para coordinar las actividades económicas. Es una medida que intenta ser enormemente intervencionista. El homólogo sería que el gobierno federal de EEUU le exigiera a los 50 Estados que le enviaran sus presupuestos para ser aprobados por las autoridades federales, o que el Estado central español hiciera lo mismo con los gobiernos autonómicos.
Pero este intento intervencionista es muy selectivo y tiene como objetivo presionar a los Estados directamente a fin de que éstos lleven a cabo las políticas que las autoridades de la UE desean. Pero tal intervencionismo no transforma tal gobierno en un gobierno económico de tipo federal. En realidad el presupuesto de tal gobierno es un ridículo 1,1% del PIB europeo. En EEUU es un 19%. El segundo problema, derivado del anterior, es que en esta propuesta aprobada, el objetivo de tal gobierno europeo es controlar el déficit y la deuda pública y no, por ejemplo, incentivar medidas de estímulo económico o redistributivo.
En definitiva, tal gobierno representa el intervencionismo de los banqueros para controlar los Estados, y así asegurarse que las políticas neoliberales se llevarán a cabo dentro de cada Estado. No es, pues, el establecimiento de un Estado federal con un gobierno federal, con un presupuesto federal y unas políticas económicas federales. Simplemente es un intento masivo de controlar los Estados a fin de llevar a cabo, a nivel de cada Estado, las políticas que el gobierno alemán ha hecho ya explícitas y que incluyen la eliminación de las cláusulas de la indexización de los salarios, una política fiscal favorable al mundo de las grandes empresas, debilitar el Estado del Bienestar, privatizando las pensiones y los servicios públicos del Estado del Bienestar, y forzar un descenso muy marcado de la protección social. A esto le llaman “gobierno económico europeo”.
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