Luis Javier Garrido
El gobierno de Felipe Calderón y los panistas se han desbocado al iniciar su último año de gobierno al acusar a sus opositores de formar parte del crimen organizado, pero evidencias de todo tipo parecen mostrar que en realidad éste ha gobernado durante cinco años al país.
1. La injerencia de lo que los panistas llaman el crimen organizado en las elecciones se hizo patente desde 1988 cuando se señaló al cártel de Medellín de haber intervenido en apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces lo mismo a candidatos del PAN que del PRI se les ha asignado vínculos con los cárteles. Así fue como de manera muy reiterada se señaló tanto en la campaña de Vicente Fox en el 2000 como en la de Felipe Calderón en el 2006 que habían recibido abundantes recursos del narcotráfico, sin que jamás se investigase nada.
2. El argumento esgrimido por Ernesto Zedillo en 1996 en el sentido de que el macrofinanciamiento de los partidos tenía como propósito impedir que el dinero sucio llegase a éstos, habría resultado de esta manera una falacia. El dinero del narcotráfico se halla en las instancias financieras, burocráticas y de seguridad del Estado, como también en las del Pentágono, las de la DEA y las de otras agencias del gobierno estadunidense, supuestamente dedicadas a combatirlo, y según múltiples analistas llegó hasta la Casa Blanca en los años de George Bush padre, por lo que no habría por qué suponer que no interviene en el caso de algunos candidatos a cargos de elección.
3. La tesis a la vez pueril y perversa que Felipe Calderón ha estado manejando desde que fracasara en su intento de imponer con procederes ilegales a su hermana Cocoa como gobernadora de Michoacán, en el sentido de que fue derrotada por la intervención del narco, aunque sin presentar pruebas de su dicho, como la campaña que ha empezado a orquestar en vistas al 2012 pretendiendo que él y los panistas luchan contra el crimen organizado y el PRI está aliado a éste, configura no sólo una serie de acciones delictivas que podrían llevarlo al desafuero, pues envilece de manera muy grave el proceso electoral, sino un acto de bajeza política. Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial del PRI, tiene razón al menos en ese punto al señalar el miércoles 7 que es preocupante su actitud de descalificación. Con su activismo en estas semanas, no como jefe de Estado (papel que Calderón nunca entendió) sino como jefe de partido o de facción, lo único que el gobernante espurio ha logrado es derruir a las instituciones y hacerle un gran daño al país.
4. La historia reciente no ayuda empero a Calderón, pues su “guerra contra el narco” ha tenido como objetivo hundir a México en la violencia a fin de propiciar que Washington se apodere de espacios estratégicos del país y reordene el negocio en su beneficio (y en el de los grupos que protege en México), como lo está haciendo en Afganistán. Las evidencias múltiples de que ambos gobiernos estuvieron de acuerdo desde 2008 en la introducción clandestina de armas a México destinadas a los paramilitares y a los cárteles aliados a ellos (aunque después simularan amnesia) se han visto confirmadas con la información sobre el lavado de dinero que el domingo 4 publicó The New York Times, pues la nota de Ginger Thompson da cuenta de que la DEA ha lavado impunemente dinero en México en contubernio con el gobierno mexicano.
5. En el escándalo suscitado tras el incendio del casino Royale en agosto apareció también el vínculo del círculo íntimo de Calderón con las mafias que controlan los casinos en el país, pues el zar de éstos, Juan José Rojas Cardona, fue señalado por haber entregado dinero ilícito a la campaña de Calderón en 2006 (Proceso, 1818), y por estar armando una trama con los casineros a fin de que financien la campaña de Ernesto Cordero. Las notas publicadas en los meses recientes dan cuenta de cómo los panistas se fueron de bruces con el negocio de los casinos, legalizando a cientos de ellos desde que Santiago Creel estaba en Bucareli, con el fin de utilizar el dinero que el negocio les dejaba en sus campañas electorales, y cómo a pesar del incendio del Royale siguen adelante en su negocio.
6. El escandaloso caso de Monterrey, que con razón ha ido suscitando un amplio repudio a Calderón, no ha dejado de crecer. Calderón personalmente le exigió al CEN panista hace años que lograra que los diputados del PAN votaran la legalización de los casinos y ahora él es señalado por estar atrás de la exoneración del panista Fernando Larrazabal o Larry, presidente municipal de Monterrey y operador en el norte de la campaña de Cordero, evidenciado por Reforma de tener una trama criminal con su hermano Jonás, también puesto en libertad y declarado inocente, no obstante los videos que muestran a este último recibiendo dinero en los casinos a cambio de la protección que les ofrecería el ayuntamiento.
7. Los inmensos negocios ilícitos en detrimento de la nación a los que se han entregado los panistas, y en particular Calderón y su grupo, han sido develados por múltiples reportajes, pero en uno de los más recientes que ha sido publicado, El cartel negro, de Ana Lilia Pérez (Grijalbo, 2011), aparece documentado cómo en la empresa de apoderarse de Pemex han estado asociados los panistas a una serie de grupos mafiosos, en particular desde que en 2004 Calderón fungiera como secretario de Energía y en 2007 Mouriño creara un entramado ilegal para enriquecerse con la privatización de la paraestatal, y cómo la corrupción oficial se justifica ideológicamente: abrir la vía a un mayor control de los recursos estratégicos por el capital trasnacional.
8. La naturaleza de las ejecuciones que se han producido en México en los últimos meses confirma por otro lado la vinculación del gobierno con otra vertiente del crimen organizado: la de los grupos armados ilegales, creados y protegidos por las autoridades. La multiplicación de los homicidios no aclarados de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares oficiales es un lugar común en América Latina, pues todos los involucrados en estos esquemas del crimen buscan impedir a toda costa que se conozcan los vínculos entre el poder político y los sicarios del gobierno, y México no es la excepción. Un buen número de las ejecuciones y matanzas que han acaecido en los años del calderonismo han sido atribuidas a las autoridades y no a los cárteles, por la sencilla razón de que son aquéllas las interesadas en silenciar a quienes están presentando denuncias por múltiples atropellos, como acontece ahora con Trinidad de la Cruz, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
9. La denuncia presentada por miles de mexicanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre contra Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, y a la que éste aludió en desasosiego durante su entrevista con Joaquín López Dóriga en Televisa los pasados días 6 y 7, abre por lo mismo la posibilidad de que el país conozca mejor la verdad de lo que está aconteciendo.
10. El gobierno de facto está decidido a imponer a un panista en la silla presidencial, pero no se ha dado cuenta de que la exigencia de ¡Ya basta! va en serio, pues amplios sectores están decididos en México a hacer valer sus derechos.
El gobierno de Felipe Calderón y los panistas se han desbocado al iniciar su último año de gobierno al acusar a sus opositores de formar parte del crimen organizado, pero evidencias de todo tipo parecen mostrar que en realidad éste ha gobernado durante cinco años al país.
1. La injerencia de lo que los panistas llaman el crimen organizado en las elecciones se hizo patente desde 1988 cuando se señaló al cártel de Medellín de haber intervenido en apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces lo mismo a candidatos del PAN que del PRI se les ha asignado vínculos con los cárteles. Así fue como de manera muy reiterada se señaló tanto en la campaña de Vicente Fox en el 2000 como en la de Felipe Calderón en el 2006 que habían recibido abundantes recursos del narcotráfico, sin que jamás se investigase nada.
2. El argumento esgrimido por Ernesto Zedillo en 1996 en el sentido de que el macrofinanciamiento de los partidos tenía como propósito impedir que el dinero sucio llegase a éstos, habría resultado de esta manera una falacia. El dinero del narcotráfico se halla en las instancias financieras, burocráticas y de seguridad del Estado, como también en las del Pentágono, las de la DEA y las de otras agencias del gobierno estadunidense, supuestamente dedicadas a combatirlo, y según múltiples analistas llegó hasta la Casa Blanca en los años de George Bush padre, por lo que no habría por qué suponer que no interviene en el caso de algunos candidatos a cargos de elección.
3. La tesis a la vez pueril y perversa que Felipe Calderón ha estado manejando desde que fracasara en su intento de imponer con procederes ilegales a su hermana Cocoa como gobernadora de Michoacán, en el sentido de que fue derrotada por la intervención del narco, aunque sin presentar pruebas de su dicho, como la campaña que ha empezado a orquestar en vistas al 2012 pretendiendo que él y los panistas luchan contra el crimen organizado y el PRI está aliado a éste, configura no sólo una serie de acciones delictivas que podrían llevarlo al desafuero, pues envilece de manera muy grave el proceso electoral, sino un acto de bajeza política. Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial del PRI, tiene razón al menos en ese punto al señalar el miércoles 7 que es preocupante su actitud de descalificación. Con su activismo en estas semanas, no como jefe de Estado (papel que Calderón nunca entendió) sino como jefe de partido o de facción, lo único que el gobernante espurio ha logrado es derruir a las instituciones y hacerle un gran daño al país.
4. La historia reciente no ayuda empero a Calderón, pues su “guerra contra el narco” ha tenido como objetivo hundir a México en la violencia a fin de propiciar que Washington se apodere de espacios estratégicos del país y reordene el negocio en su beneficio (y en el de los grupos que protege en México), como lo está haciendo en Afganistán. Las evidencias múltiples de que ambos gobiernos estuvieron de acuerdo desde 2008 en la introducción clandestina de armas a México destinadas a los paramilitares y a los cárteles aliados a ellos (aunque después simularan amnesia) se han visto confirmadas con la información sobre el lavado de dinero que el domingo 4 publicó The New York Times, pues la nota de Ginger Thompson da cuenta de que la DEA ha lavado impunemente dinero en México en contubernio con el gobierno mexicano.
5. En el escándalo suscitado tras el incendio del casino Royale en agosto apareció también el vínculo del círculo íntimo de Calderón con las mafias que controlan los casinos en el país, pues el zar de éstos, Juan José Rojas Cardona, fue señalado por haber entregado dinero ilícito a la campaña de Calderón en 2006 (Proceso, 1818), y por estar armando una trama con los casineros a fin de que financien la campaña de Ernesto Cordero. Las notas publicadas en los meses recientes dan cuenta de cómo los panistas se fueron de bruces con el negocio de los casinos, legalizando a cientos de ellos desde que Santiago Creel estaba en Bucareli, con el fin de utilizar el dinero que el negocio les dejaba en sus campañas electorales, y cómo a pesar del incendio del Royale siguen adelante en su negocio.
6. El escandaloso caso de Monterrey, que con razón ha ido suscitando un amplio repudio a Calderón, no ha dejado de crecer. Calderón personalmente le exigió al CEN panista hace años que lograra que los diputados del PAN votaran la legalización de los casinos y ahora él es señalado por estar atrás de la exoneración del panista Fernando Larrazabal o Larry, presidente municipal de Monterrey y operador en el norte de la campaña de Cordero, evidenciado por Reforma de tener una trama criminal con su hermano Jonás, también puesto en libertad y declarado inocente, no obstante los videos que muestran a este último recibiendo dinero en los casinos a cambio de la protección que les ofrecería el ayuntamiento.
7. Los inmensos negocios ilícitos en detrimento de la nación a los que se han entregado los panistas, y en particular Calderón y su grupo, han sido develados por múltiples reportajes, pero en uno de los más recientes que ha sido publicado, El cartel negro, de Ana Lilia Pérez (Grijalbo, 2011), aparece documentado cómo en la empresa de apoderarse de Pemex han estado asociados los panistas a una serie de grupos mafiosos, en particular desde que en 2004 Calderón fungiera como secretario de Energía y en 2007 Mouriño creara un entramado ilegal para enriquecerse con la privatización de la paraestatal, y cómo la corrupción oficial se justifica ideológicamente: abrir la vía a un mayor control de los recursos estratégicos por el capital trasnacional.
8. La naturaleza de las ejecuciones que se han producido en México en los últimos meses confirma por otro lado la vinculación del gobierno con otra vertiente del crimen organizado: la de los grupos armados ilegales, creados y protegidos por las autoridades. La multiplicación de los homicidios no aclarados de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares oficiales es un lugar común en América Latina, pues todos los involucrados en estos esquemas del crimen buscan impedir a toda costa que se conozcan los vínculos entre el poder político y los sicarios del gobierno, y México no es la excepción. Un buen número de las ejecuciones y matanzas que han acaecido en los años del calderonismo han sido atribuidas a las autoridades y no a los cárteles, por la sencilla razón de que son aquéllas las interesadas en silenciar a quienes están presentando denuncias por múltiples atropellos, como acontece ahora con Trinidad de la Cruz, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
9. La denuncia presentada por miles de mexicanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre contra Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, y a la que éste aludió en desasosiego durante su entrevista con Joaquín López Dóriga en Televisa los pasados días 6 y 7, abre por lo mismo la posibilidad de que el país conozca mejor la verdad de lo que está aconteciendo.
10. El gobierno de facto está decidido a imponer a un panista en la silla presidencial, pero no se ha dado cuenta de que la exigencia de ¡Ya basta! va en serio, pues amplios sectores están decididos en México a hacer valer sus derechos.
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