Jorge Fernández Menéndez
Nadie puede negar que en la lucha contra el crimen organizado se requiere inteligencia, recuperar información indispensable sobre cómo operan los cárteles en realidad, y hacerlo fuera de estereotipos e información de superficie, sobre todo en tres temas: lavado de dinero y financiamiento de sus actividades, tráfico de armas y capacidad de operación, particularmente de comunicaciones.
En ese sentido, se podrá argumentar, como lo hicieron tanto las autoridades mexicanas como las estadunidenses en relación con el reportaje publicado por Ginger Thompson en The New York Times este domingo, que la cooperación entre los dos países en la lucha contra el lavado de dinero se establece por vías institucionales y de acuerdo con la legislación vigente. Y quizá sea verdad, pero lo mismo que ocurrió con Rápido y Furioso, y con el operativo de tráfico de armas anterior que lanzó la administración de Bush, esta trama mediante la cual se permitió el lavado de dinero en Estados Unidos de cárteles mexicanos, transportado incluso con aviones oficiales de ese país, depositado y "legalizado" en la banca estadunidense y luego regresado a los cárteles en México, parece no sólo parte de una novela de intrigas, sino también un despropósito, sobre todo porque no existe información oficial de ninguno de los dos países, que confirme que toda esa operación haya tenido éxitos contundentes, por lo menos mayores que los daños que sin duda ocasionó.
Según lo publicado por The New York Times, al dinero lavado, lo mismo que ocurrió con las armas de Rápido y Furioso, se le perdió el rastro, aunque en este caso las conclusiones, por lo publicado, no parecen tan obvias. Pero el hecho es que los resultados de esas actividades de infiltración, hasta ahora no se han percibido ni divulgado. En última instancia, ni tan secreto ni tan eficiente debe haber sido el operativo si terminó en las páginas de los periódicos. Y una vez más hay que preguntarse quién se hace responsable de que se introduzcan ilegalmente armas o dinero sucio a México.
Nadie sabe con certeza cuánto dinero sucio se maneja en nuestro país o en Estados Unidos producto del narcotráfico. El más reciente estudio bilateral, realizado en 2009, hablaba de que en México eran generados entre 19 mil y 29 mil millones de dólares de utilidades producto del narcotráfico y que de eso se quedarían en el país entre un tercio y dos tercios. El hecho es que ningún estudio que tenga un margen de error de unos diez mil millones de dólares puede representar certidumbre alguna. Las cifras más conservadoras coinciden en que la cantidad generada por el crimen organizado en México debe estar en los diez mil millones de dólares (por lo menos basándose en los dólares que quedan anualmente en manos de las instituciones bancarias).
En Estados Unidos tampoco nadie sabe cuánto dinero sucio se deposita en sus sistemas financieros. El más reciente estudio de un grupo que encabezó el ex zar antidrogas, Barry McCaffrey, habla de trillones de dólares, trascendiendo, por supuesto, el tema del narcotráfico. Lo cierto es que el lavado es un negocio muy vivo, muy rentable y que en economías tan grandes como la estadunidense puede pasar perfectamente inadvertido. Pero, además, porque la inversión de esos recursos se puede realizar en innumerables sectores y bienes.
Lo cierto es que no se ataca el lavado de dinero. En los hechos se realizan experimentos, como el relatado por The New York Times, que pueden tener resultados más o menos exitosos o que pueden ser absolutos fracasos, pero que no van ni remotamente al fondo del problema. Y no se va a él porque no interesa; algunos dirán que porque no se puede. Pero mientras en México se ha avanzado en algunas normas sobre lavado de dinero para poner un poco de orden en el tema, las leyes más importantes están paralizadas todavía en el Congreso y nada indica que, por lo menos antes de las elecciones, se vayan a aprobar: son demasiados los sectores que, de una u otra forma, se sentirían afectados si se aprobaran. En Estados Unidos, sea cual sea la cantidad de dinero que se lava en su economía (nadie estima que, producto del narcotráfico, sea menos de unos 60 mil millones de dólares), lo cierto es que los decomisos anuales no superan los mil millones de dólares, y las grandes instituciones financieras que en algunas ocasiones aparecen como comprometidas con esa práctica no suelen ser sancionadas, sólo los empleados a quienes se considera corruptos. Y, en medio de la crisis económica internacional y la astringencia financiera, no son muchos los que parecen estar demasiado interesados en ponerle límites estrictos al lavado de dinero ni de éste ni del otro lado de la frontera. El dinero sucio, dirán, se lava en casa.
Nadie puede negar que en la lucha contra el crimen organizado se requiere inteligencia, recuperar información indispensable sobre cómo operan los cárteles en realidad, y hacerlo fuera de estereotipos e información de superficie, sobre todo en tres temas: lavado de dinero y financiamiento de sus actividades, tráfico de armas y capacidad de operación, particularmente de comunicaciones.
En ese sentido, se podrá argumentar, como lo hicieron tanto las autoridades mexicanas como las estadunidenses en relación con el reportaje publicado por Ginger Thompson en The New York Times este domingo, que la cooperación entre los dos países en la lucha contra el lavado de dinero se establece por vías institucionales y de acuerdo con la legislación vigente. Y quizá sea verdad, pero lo mismo que ocurrió con Rápido y Furioso, y con el operativo de tráfico de armas anterior que lanzó la administración de Bush, esta trama mediante la cual se permitió el lavado de dinero en Estados Unidos de cárteles mexicanos, transportado incluso con aviones oficiales de ese país, depositado y "legalizado" en la banca estadunidense y luego regresado a los cárteles en México, parece no sólo parte de una novela de intrigas, sino también un despropósito, sobre todo porque no existe información oficial de ninguno de los dos países, que confirme que toda esa operación haya tenido éxitos contundentes, por lo menos mayores que los daños que sin duda ocasionó.
Según lo publicado por The New York Times, al dinero lavado, lo mismo que ocurrió con las armas de Rápido y Furioso, se le perdió el rastro, aunque en este caso las conclusiones, por lo publicado, no parecen tan obvias. Pero el hecho es que los resultados de esas actividades de infiltración, hasta ahora no se han percibido ni divulgado. En última instancia, ni tan secreto ni tan eficiente debe haber sido el operativo si terminó en las páginas de los periódicos. Y una vez más hay que preguntarse quién se hace responsable de que se introduzcan ilegalmente armas o dinero sucio a México.
Nadie sabe con certeza cuánto dinero sucio se maneja en nuestro país o en Estados Unidos producto del narcotráfico. El más reciente estudio bilateral, realizado en 2009, hablaba de que en México eran generados entre 19 mil y 29 mil millones de dólares de utilidades producto del narcotráfico y que de eso se quedarían en el país entre un tercio y dos tercios. El hecho es que ningún estudio que tenga un margen de error de unos diez mil millones de dólares puede representar certidumbre alguna. Las cifras más conservadoras coinciden en que la cantidad generada por el crimen organizado en México debe estar en los diez mil millones de dólares (por lo menos basándose en los dólares que quedan anualmente en manos de las instituciones bancarias).
En Estados Unidos tampoco nadie sabe cuánto dinero sucio se deposita en sus sistemas financieros. El más reciente estudio de un grupo que encabezó el ex zar antidrogas, Barry McCaffrey, habla de trillones de dólares, trascendiendo, por supuesto, el tema del narcotráfico. Lo cierto es que el lavado es un negocio muy vivo, muy rentable y que en economías tan grandes como la estadunidense puede pasar perfectamente inadvertido. Pero, además, porque la inversión de esos recursos se puede realizar en innumerables sectores y bienes.
Lo cierto es que no se ataca el lavado de dinero. En los hechos se realizan experimentos, como el relatado por The New York Times, que pueden tener resultados más o menos exitosos o que pueden ser absolutos fracasos, pero que no van ni remotamente al fondo del problema. Y no se va a él porque no interesa; algunos dirán que porque no se puede. Pero mientras en México se ha avanzado en algunas normas sobre lavado de dinero para poner un poco de orden en el tema, las leyes más importantes están paralizadas todavía en el Congreso y nada indica que, por lo menos antes de las elecciones, se vayan a aprobar: son demasiados los sectores que, de una u otra forma, se sentirían afectados si se aprobaran. En Estados Unidos, sea cual sea la cantidad de dinero que se lava en su economía (nadie estima que, producto del narcotráfico, sea menos de unos 60 mil millones de dólares), lo cierto es que los decomisos anuales no superan los mil millones de dólares, y las grandes instituciones financieras que en algunas ocasiones aparecen como comprometidas con esa práctica no suelen ser sancionadas, sólo los empleados a quienes se considera corruptos. Y, en medio de la crisis económica internacional y la astringencia financiera, no son muchos los que parecen estar demasiado interesados en ponerle límites estrictos al lavado de dinero ni de éste ni del otro lado de la frontera. El dinero sucio, dirán, se lava en casa.
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