Eduardo Ibarra Aguirre
Instalado como estuvo toda la semana en el discurso del narcotráfico y los procesos electorales, Felipe Calderón no sólo suscitó reacciones de actores políticos que le exigieron trascender la retórica, sino que le fue imposible eludir la presentación de juicios al cumplirse cinco años del programa eje de su gobierno, el de la seguridad pública que arrancó un día como hoy con el Operativo Conjunto Michoacán.
El primer empleado de la nación produjo un inaceptable: “Lamento profundamente que ninguno de los tres órdenes de gobierno hayamos sido capaces de contener esta escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y también de candidatos y autoridades constitucionales”, justamente en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Éstos se ejercen frente a las autoridades públicas y son éstas las únicas con capacidad para violarlos y no tienen porque ser las premiadoras.
Inaceptable porque los gobernantes están para prevenir y, de ser posible, evitar los hechos que condenan. Forma parte de la antología de la frivolidad que gobernadores como el nuevoleonés Rodrigo Moya –quien presuntamente radica en McAllen, Texas–, llegara al extremo de convocar una marcha para “exigir seguridad pública”.
Inaceptable después de que 63 defensores de los derechos humanos asesinados –de acuerdo al recuento de Nancy Flores en el perseguido semanario Contralínea–, en lo que va del sexenio más sangriento en la historia posrevolucionaria; y más de 75 colegas asesinados en los últimos 11 años, lo que convierte a México en el país más inseguro de la aldea para ejercer el periodismo, después del aún invadido Irak.
Estigmatizado de por vida por la tragedia humanitaria que constituye más de 55 mil muertos –entre y 10 y 12 por ciento son “daños colaterales”, de acuerdo a cifras oficiales, o asesinados ajenos a las confrontaciones–, 10 mil desaparecidos y entre 140 mil y más de un millón de desplazados de sus hogares y poblaciones, el general de cinco estrellas jura que su gobierno “está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas”.
Con los excesos demagógicos que se acentúan conforme se acerca la fecha de la partida de Los Pinos, hecho que millones de ciudadanos apartidistas esperan con ansia, presentó un programa sobre derechos humanos que contempla “siete grandes frentes” entre los que destacan: “la protección efectiva de candidatos y activistas de los procesos electorales”, además de los activistas del derecho humanitario y los periodistas, capacitar más y mejor al Ejército y la Marina para que no violen garantías individuales, recurrente práctica en la que al fin reconoce lo obvio el comandante supremo: “No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están entrenados para la pelea". ¡Ah!
Pero no da su brazo a torcer al insistir que “son casos que más bien constituyen la excepción y no la regla". Y por ello, Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia, le hace segunda a su jefe y desdeña la denuncia, “absolutamente improcedente”, presentada por decenas de miles de ciudadanos ante la Corte Penal Internacional.
Lo significativo es lo que el abogado, economista y administrador público denominó “instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaria de la Defensa Nacional y de Marina”, para que en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las fuerzas armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles". Decisión pertinente que constituye el acatamiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte.
Instalado como estuvo toda la semana en el discurso del narcotráfico y los procesos electorales, Felipe Calderón no sólo suscitó reacciones de actores políticos que le exigieron trascender la retórica, sino que le fue imposible eludir la presentación de juicios al cumplirse cinco años del programa eje de su gobierno, el de la seguridad pública que arrancó un día como hoy con el Operativo Conjunto Michoacán.
El primer empleado de la nación produjo un inaceptable: “Lamento profundamente que ninguno de los tres órdenes de gobierno hayamos sido capaces de contener esta escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y también de candidatos y autoridades constitucionales”, justamente en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Éstos se ejercen frente a las autoridades públicas y son éstas las únicas con capacidad para violarlos y no tienen porque ser las premiadoras.
Inaceptable porque los gobernantes están para prevenir y, de ser posible, evitar los hechos que condenan. Forma parte de la antología de la frivolidad que gobernadores como el nuevoleonés Rodrigo Moya –quien presuntamente radica en McAllen, Texas–, llegara al extremo de convocar una marcha para “exigir seguridad pública”.
Inaceptable después de que 63 defensores de los derechos humanos asesinados –de acuerdo al recuento de Nancy Flores en el perseguido semanario Contralínea–, en lo que va del sexenio más sangriento en la historia posrevolucionaria; y más de 75 colegas asesinados en los últimos 11 años, lo que convierte a México en el país más inseguro de la aldea para ejercer el periodismo, después del aún invadido Irak.
Estigmatizado de por vida por la tragedia humanitaria que constituye más de 55 mil muertos –entre y 10 y 12 por ciento son “daños colaterales”, de acuerdo a cifras oficiales, o asesinados ajenos a las confrontaciones–, 10 mil desaparecidos y entre 140 mil y más de un millón de desplazados de sus hogares y poblaciones, el general de cinco estrellas jura que su gobierno “está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas”.
Con los excesos demagógicos que se acentúan conforme se acerca la fecha de la partida de Los Pinos, hecho que millones de ciudadanos apartidistas esperan con ansia, presentó un programa sobre derechos humanos que contempla “siete grandes frentes” entre los que destacan: “la protección efectiva de candidatos y activistas de los procesos electorales”, además de los activistas del derecho humanitario y los periodistas, capacitar más y mejor al Ejército y la Marina para que no violen garantías individuales, recurrente práctica en la que al fin reconoce lo obvio el comandante supremo: “No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están entrenados para la pelea". ¡Ah!
Pero no da su brazo a torcer al insistir que “son casos que más bien constituyen la excepción y no la regla". Y por ello, Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia, le hace segunda a su jefe y desdeña la denuncia, “absolutamente improcedente”, presentada por decenas de miles de ciudadanos ante la Corte Penal Internacional.
Lo significativo es lo que el abogado, economista y administrador público denominó “instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaria de la Defensa Nacional y de Marina”, para que en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las fuerzas armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles". Decisión pertinente que constituye el acatamiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte.
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