Carlos Ramírez / Indicador Político
Mientras el PRI nacional no pudo premiar al ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández con el consejo político pero sí logró colocarlo como jefe político en el sureste en zonas donde el narco sigue creciendo, el gobernador Egidio Torre Cantú ha tenido que levantar el tiradero de inseguridad y violencia en Tamaulipas.
En su primer informe de gobierno, Torre Cantú ofreció datos concretos sobre los resultados positivos de la estrategia de seguridad para recuperar el control de Tamaulipas que durante la gestión de Eugenio Hernández había pasado a control del crimen organizado. Por lo pronto, con el apoyo de la IV región militar al mando del general Noé Sandoval Alcázar, Tamaulipas rescató el San Fernando y Ciudad Mier y limpió parte de las carreteras.
La acción del Ejército ha sido fundamental para la liberación de zonas importantes del estado. La Operación Escorpión, instrumentada por la IV región militar, entrelazó acciones de inteligencia, penetración y sobre todo concepción del crimen organizado como una estructura de poder y el resultado no se midió sólo en decomisos, sino en la desarticulación de redes de poder del crimen organizado y aliados en diferentes niveles de la sociedad.
La seguridad es la parte vital del desarrollo social. El gobernador Torre Cantú no tenía la tarea fácil porque su nominación priísta ocurrió después del artero asesinato del candidato original al Gobierno estatal, su hermano Rodolfo Torre Cantú, en un mensaje bastante violento del crimen organizado para mantener su hegemonía en la entidad. Por ello su principal tarea fue la de dejar muy en claro que no habría negociación con las bandas criminales y que, por el contrario, aumentaría la acción estatal en contra de la inseguridad.
Tamaulipas se convirtió en un escenario tipo de la estrategia de seguridad: el Ejército fue el motor del combate al crimen organizado para recuperar el control de zonas territoriales en manos del narco. Siguen existiendo indicios de actividades delictivas –sobre todo secuestros y extorsiones–, pero ya no hay un dominio territorial de cárteles como lo hubo en el gobierno de Eugenio Hernández.
Si bien el brazo operador fue militar, el eje de la decisión fue política. Como había dejado de ocurrir en la administración local anterior, el nuevo gobierno de Torre Cantú reactivó una tarea olvidada por los temores: las giras políticas a municipios. El objetivo fue también estratégico: reposicionar a la autoridad estatal no sólo en temas de seguridad, sino en actividades políticas, sociales y sobre todo de inversión productiva. La recuperación de San Fernando y Ciudad Mier ocurrió cuando se reanudaron las actividades comerciales y productivas, luego de haber quedado como ciudades abandonadas a su propia suerte.
Asimismo, Tamaulipas demostró que la acción militar no derivó en la militarización de la vida cotidiana. El Ejército aumentó presencia con tropas y cuarteles y con soldados incorporados a actividades policiacas bajo estrictos mandos civiles, pero sin que se percibiera dato alguna sobre estado de excepción o zona de sitio. Las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos han tenido seguimiento estricto y varios mandos y tropa han sido sancionados con cárcel.
Aún con cosas por hacer –faltaría la reactivación del desarrollo y de la educación–, Tamaulipas ofrece en el corte del primer informe de gobierno de Torre Cantú las posibilidades de la estrategia de seguridad con la recuperación de zonas territoriales y una actividad militar intensa pero ajustada a su tarea de combate a la inseguridad. El mismo modelo ha querido ser aplicado en Veracruz, Nuevo León, Michoacán y Guerrero, pero los resultados han sido insatisfactorios porque no se cumplen ahí con los dos requisitos primordiales: la voluntad del Gobernador estatal para integrar la acción federal y sobre todo la decisión de la autoridad local para realmente combatir al narco sin complicidades.
Una vez encaminado el asunto de seguridad, viene ahora la segunda parte de la tarea de gobierno: la acción política integradora de la sociedad para dinamizar la reanudación de la inversión privada para retomar el ritmo de crecimiento. Durante seis años Tamaulipas quedó al garete por el abandono de la plaza de la autoridad estatal y la presencia creciente de las bandas criminales. La clave de los resultados del gobierno de Torre Cantú se localizó en la decisión de combatir al crimen organizado, no de buscar un acuerdo o una negociación.
La lección política del caso Tamaulipas ha quedado bien clara: mientras exista alguna relación de poder entre los cárteles y el poder político, la inseguridad seguirá controlando zonas territoriales. Por tanto, la solución al problema de seguridad la dio Torre Cantú: combatir a los criminales, no darles consuelo ni aliarse a ellos.
Mientras el PRI nacional no pudo premiar al ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández con el consejo político pero sí logró colocarlo como jefe político en el sureste en zonas donde el narco sigue creciendo, el gobernador Egidio Torre Cantú ha tenido que levantar el tiradero de inseguridad y violencia en Tamaulipas.
En su primer informe de gobierno, Torre Cantú ofreció datos concretos sobre los resultados positivos de la estrategia de seguridad para recuperar el control de Tamaulipas que durante la gestión de Eugenio Hernández había pasado a control del crimen organizado. Por lo pronto, con el apoyo de la IV región militar al mando del general Noé Sandoval Alcázar, Tamaulipas rescató el San Fernando y Ciudad Mier y limpió parte de las carreteras.
La acción del Ejército ha sido fundamental para la liberación de zonas importantes del estado. La Operación Escorpión, instrumentada por la IV región militar, entrelazó acciones de inteligencia, penetración y sobre todo concepción del crimen organizado como una estructura de poder y el resultado no se midió sólo en decomisos, sino en la desarticulación de redes de poder del crimen organizado y aliados en diferentes niveles de la sociedad.
La seguridad es la parte vital del desarrollo social. El gobernador Torre Cantú no tenía la tarea fácil porque su nominación priísta ocurrió después del artero asesinato del candidato original al Gobierno estatal, su hermano Rodolfo Torre Cantú, en un mensaje bastante violento del crimen organizado para mantener su hegemonía en la entidad. Por ello su principal tarea fue la de dejar muy en claro que no habría negociación con las bandas criminales y que, por el contrario, aumentaría la acción estatal en contra de la inseguridad.
Tamaulipas se convirtió en un escenario tipo de la estrategia de seguridad: el Ejército fue el motor del combate al crimen organizado para recuperar el control de zonas territoriales en manos del narco. Siguen existiendo indicios de actividades delictivas –sobre todo secuestros y extorsiones–, pero ya no hay un dominio territorial de cárteles como lo hubo en el gobierno de Eugenio Hernández.
Si bien el brazo operador fue militar, el eje de la decisión fue política. Como había dejado de ocurrir en la administración local anterior, el nuevo gobierno de Torre Cantú reactivó una tarea olvidada por los temores: las giras políticas a municipios. El objetivo fue también estratégico: reposicionar a la autoridad estatal no sólo en temas de seguridad, sino en actividades políticas, sociales y sobre todo de inversión productiva. La recuperación de San Fernando y Ciudad Mier ocurrió cuando se reanudaron las actividades comerciales y productivas, luego de haber quedado como ciudades abandonadas a su propia suerte.
Asimismo, Tamaulipas demostró que la acción militar no derivó en la militarización de la vida cotidiana. El Ejército aumentó presencia con tropas y cuarteles y con soldados incorporados a actividades policiacas bajo estrictos mandos civiles, pero sin que se percibiera dato alguna sobre estado de excepción o zona de sitio. Las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos han tenido seguimiento estricto y varios mandos y tropa han sido sancionados con cárcel.
Aún con cosas por hacer –faltaría la reactivación del desarrollo y de la educación–, Tamaulipas ofrece en el corte del primer informe de gobierno de Torre Cantú las posibilidades de la estrategia de seguridad con la recuperación de zonas territoriales y una actividad militar intensa pero ajustada a su tarea de combate a la inseguridad. El mismo modelo ha querido ser aplicado en Veracruz, Nuevo León, Michoacán y Guerrero, pero los resultados han sido insatisfactorios porque no se cumplen ahí con los dos requisitos primordiales: la voluntad del Gobernador estatal para integrar la acción federal y sobre todo la decisión de la autoridad local para realmente combatir al narco sin complicidades.
Una vez encaminado el asunto de seguridad, viene ahora la segunda parte de la tarea de gobierno: la acción política integradora de la sociedad para dinamizar la reanudación de la inversión privada para retomar el ritmo de crecimiento. Durante seis años Tamaulipas quedó al garete por el abandono de la plaza de la autoridad estatal y la presencia creciente de las bandas criminales. La clave de los resultados del gobierno de Torre Cantú se localizó en la decisión de combatir al crimen organizado, no de buscar un acuerdo o una negociación.
La lección política del caso Tamaulipas ha quedado bien clara: mientras exista alguna relación de poder entre los cárteles y el poder político, la inseguridad seguirá controlando zonas territoriales. Por tanto, la solución al problema de seguridad la dio Torre Cantú: combatir a los criminales, no darles consuelo ni aliarse a ellos.
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