Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Los términos de un eventual conflicto postelectoral en Michoacán están sobre la mesa. Todos los partidos denunciaron esta semana a la candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María Calderón, de realizar una “competencia desleal” por el “abuso de recursos públicos” en su campaña. Y como en Michoacán no gobierna el PAN, sino el PRD, se puede deducir que esos dineros provienen del gobierno federal, autorizados por el presidente Felipe Calderón, hermano de la candidata, michoacano de cepa, que además no puede permitirse perder esta elección, aún si fuera sólo por imagen, porque del resultado del domingo depende en buena parte lo que sucederá en 2012.
¿Hay realmente recursos del gobierno federal en la campaña de la señora Calderón? Si la intensa campaña de spots de los programas sociales del gobierno federal a lo largo de los tres últimos meses, si la participación de delegados federales en la organización y movilización de militantes, si la presencia continua de secretarios de Estado en actos proselitistas, si la aplicación de la norma –laxa por años- en materia presupuestal con lo que deshidrataron las arcas del gobernador Leonel Godoy, es mera coincidencia, entonces no hubo intervención federal en la elección michoacana.
Pero por supuesto no es coincidencia, sino un diseño político-electoral para que Luisa María Calderón y el PAN ganen la gubernatura que se le negó a su hermano hace casi 20 años. Tampoco es un acto de creatividad política, sino línea continua de los usos y costumbres mexicanos en épocas de elecciones. El PRI hizo lo mismo cuando estaba en Los Pinos, y cuando no, como en las últimas elecciones, son sus gobernadores los que inyectan recursos a las campañas.
El arquetipo es Enrique Peña Nieto, al que se le adjudica la victoria de más de un centenar de diputados en 2009, y la fama que todo candidato hacía fila en Toluca en busca de ayuda. El PRD no se escapa de la práctica. ¿No fue Marcelo Ebrard quien envió dinero y brigadas del gobierno del Distrito Federal a la campaña exitosa de Ángel Heladio Aguirre en Guerrero? ¿No hizo lo mismo en Oaxaca en la de Gabino Cué? En Michoacán no lo hizo por diferencias con Godoy y el candidato de izquierda, Silvano Aureoles, pero no por cuidar la forma legal.
El dinero en una campaña sí genera competencia desleal, pero sólo cuando uno de los candidatos lo recibe. En el caso de Michoacán, la queja no es lo unidimensional del apoyo, sino que, presumen, la tesorería federal para este caso fue más amplia que la de los priístas y perredistas.
Visto desde esta perspectiva, es un absurdo el reclamo porque no es el hecho en sí mismo lo que genera competencia desleal, sino que el dinero fue superior al que pudieron invertir para el mismo fin. En cualquier caso, la elección en Michoacán, sin importar quién gane, será ilegítima en los términos estrictos de una democracia. El fondo es realmente, ¿a quién le importa la democracia en la política mexicana? Con las cartas abiertas este domingo, se puede decir que a nadie.
Michoacán es el botón de la simulación de la política-electoral mexicana. Todos los gobiernos invierten en sus candidatos y disfrazan el gasto. El Ejecutivo federal tapizó los medios electrónicos con spots de política social e inyectó recursos para que la señora Calderón tuviera un promedio de tres a cuatro espectaculares por cada uno del priísta Fausto Vallejo. Los gobernadores priístas enviaron operadores y dinero en efectivo y en especie para respaldar su causa. Los funcionarios públicos hacen proselitismo en sus días de descanso, dándole la vuelta a la ley electoral por medio de la ley laboral.
Es una broma a la democracia y un insulto a los ciudadanos. Pero sobretodo, es una aberración de las leyes electorales mexicanas, construidas por los propios políticos, los primeros en violarlas y aplastarlas.
Los términos de un eventual conflicto postelectoral en Michoacán están sobre la mesa. Todos los partidos denunciaron esta semana a la candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María Calderón, de realizar una “competencia desleal” por el “abuso de recursos públicos” en su campaña. Y como en Michoacán no gobierna el PAN, sino el PRD, se puede deducir que esos dineros provienen del gobierno federal, autorizados por el presidente Felipe Calderón, hermano de la candidata, michoacano de cepa, que además no puede permitirse perder esta elección, aún si fuera sólo por imagen, porque del resultado del domingo depende en buena parte lo que sucederá en 2012.
¿Hay realmente recursos del gobierno federal en la campaña de la señora Calderón? Si la intensa campaña de spots de los programas sociales del gobierno federal a lo largo de los tres últimos meses, si la participación de delegados federales en la organización y movilización de militantes, si la presencia continua de secretarios de Estado en actos proselitistas, si la aplicación de la norma –laxa por años- en materia presupuestal con lo que deshidrataron las arcas del gobernador Leonel Godoy, es mera coincidencia, entonces no hubo intervención federal en la elección michoacana.
Pero por supuesto no es coincidencia, sino un diseño político-electoral para que Luisa María Calderón y el PAN ganen la gubernatura que se le negó a su hermano hace casi 20 años. Tampoco es un acto de creatividad política, sino línea continua de los usos y costumbres mexicanos en épocas de elecciones. El PRI hizo lo mismo cuando estaba en Los Pinos, y cuando no, como en las últimas elecciones, son sus gobernadores los que inyectan recursos a las campañas.
El arquetipo es Enrique Peña Nieto, al que se le adjudica la victoria de más de un centenar de diputados en 2009, y la fama que todo candidato hacía fila en Toluca en busca de ayuda. El PRD no se escapa de la práctica. ¿No fue Marcelo Ebrard quien envió dinero y brigadas del gobierno del Distrito Federal a la campaña exitosa de Ángel Heladio Aguirre en Guerrero? ¿No hizo lo mismo en Oaxaca en la de Gabino Cué? En Michoacán no lo hizo por diferencias con Godoy y el candidato de izquierda, Silvano Aureoles, pero no por cuidar la forma legal.
El dinero en una campaña sí genera competencia desleal, pero sólo cuando uno de los candidatos lo recibe. En el caso de Michoacán, la queja no es lo unidimensional del apoyo, sino que, presumen, la tesorería federal para este caso fue más amplia que la de los priístas y perredistas.
Visto desde esta perspectiva, es un absurdo el reclamo porque no es el hecho en sí mismo lo que genera competencia desleal, sino que el dinero fue superior al que pudieron invertir para el mismo fin. En cualquier caso, la elección en Michoacán, sin importar quién gane, será ilegítima en los términos estrictos de una democracia. El fondo es realmente, ¿a quién le importa la democracia en la política mexicana? Con las cartas abiertas este domingo, se puede decir que a nadie.
Michoacán es el botón de la simulación de la política-electoral mexicana. Todos los gobiernos invierten en sus candidatos y disfrazan el gasto. El Ejecutivo federal tapizó los medios electrónicos con spots de política social e inyectó recursos para que la señora Calderón tuviera un promedio de tres a cuatro espectaculares por cada uno del priísta Fausto Vallejo. Los gobernadores priístas enviaron operadores y dinero en efectivo y en especie para respaldar su causa. Los funcionarios públicos hacen proselitismo en sus días de descanso, dándole la vuelta a la ley electoral por medio de la ley laboral.
Es una broma a la democracia y un insulto a los ciudadanos. Pero sobretodo, es una aberración de las leyes electorales mexicanas, construidas por los propios políticos, los primeros en violarlas y aplastarlas.
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