Inquietan los indicios de que Los Zetas utilizan alta tecnología de telecomunicaciones para coordinarse. Indignan los recientes plagios de empleados especializados en telecomunicaciones. Lo que de plano asusta es la indolencia, la conducta errática y la probable complicidad de autoridades estatales y federales, así como la falta de compromiso de las empresas hacia su personal y las familias.
Arturo Rodríguez García
El pasado 8 de septiembre, el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina (Semar), informó del desmantelamiento de 12 antenas instaladas en 10 municipios de Veracruz que permitían la operación de avanzados equipos para hacer indetectables las comunicaciones de telefonía móvil y fija del cártel de Los Zetas.
A decir de Vergara, el desmantelamiento de la red implicó “la pérdida de la línea de mando y conducción táctica” de esa organización criminal en Veracruz. De norte a sur, el sistema cubría los municipios de Pánuco, Naranjos, Tepetzintla, Tantoyuca, Poza Rica, Cofre de Perote, Orizaba, Córdova, Xalapa y el Puerto de Veracruz.
Con el hallazgo se confirmaron las versiones que desde hace años se reproducen en los territorios controlados por Los Zetas sobre su capacidad de comunicarse de manera indetectable y aun para realizar intervenciones telefónicas. Además de las antenas, los marinos aseguraron escáneres electrónicos, decodificadores y hasta páneles de celdas solares.
La noticia despertó la esperanza de la señora Marina Armenta de la Rosa y otros familiares de nueve técnicos de Nextel que desaparecieron en Nuevo Laredo hace dos años. De inmediato se pusieron en contacto con los responsables de conocer su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), pero no había más información… sólo el tendido de redes y los equipos fueron desmantelados.
Durante 2009 y 2010, expertos en tecnologías de comunicación que trabajaban para diferentes compañías desaparecieron en la zona fronteriza de Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, salvo que los restos de unos técnicos al servicio de una petrolera trasnacional fueron localizados en la entidad.
Ante la errática conducta de las autoridades y de los cuerpos de seguridad estatal y federales, las personas que buscan a familiares desaparecidos sospechan que existe encubrimiento o de plano complicidad entre mandos gubernamentales y quienes se los llevaron, pues afirman que con intimidaciones, revisiones fuera de protocolo y amenazas han intentado inhibir su búsqueda y las demandas de justicia.
Presas selectas
El 20 de junio de 2009 arribaron a Nuevo Laredo nueve técnicos de Nextel provenientes de Guasave, Sinaloa, que se dedicaban a instalar antenas y tendido de redes de la empresa.
Semanas antes compañeros suyos les habían recomendado que no fueran a la ciudad tamaulipeca, debido al clima de violencia y a su origen sinaloense. Pero estaban contratados por seis meses y los enviaron allá.
Los trabajadores Ricardo Peña Mejía, Carlos Peña Mejía, Hugo Camacho Priego, Víctor Romero, Constantino García, Roberto Gutiérrez, Marcelino Moreno, Julio César Ochoa y el ingeniero a cargo, Eduardo Toyota Espinoza, se instalaron en la calle Chihuahua número 1701 de la colonia Guerrero, a unos 500 metros del río Bravo.
De acuerdo con testimonios que sus familiares recogieron entre vecinos y otros testigos –versiones ya integradas en la averiguación previa 0483/2009 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET)–, alrededor de las 22:30 horas de ese 20 de junio, un grupo de encapuchados vestidos de negro irrumpió en el domicilio, derribó puertas y ventanas y se llevó a los nueve trabajadores.
El comando regresó al día siguiente para llevarse los vehículos de sus víctimas, así como sus computadoras, teléfonos celulares y demás pertenencias. La denuncia se interpuso hasta el 23 de junio, cuando los familiares de los empleados acudieron a averiguar qué había ocurrido, hasta ahora sin resultados.
Meses después, en diciembre de 2009, los ingenieros Filiberto Guzmán Morales y Arturo Navarro Hernández, empleados de la empresa de origen británico Networkers, desaparecieron en forma parecida.
Guzmán y Navarro se dedicaban a supervisar cómo funcionaban equipos de microondas y antenas ya instalados. Originarios del Distrito Federal, llevaban sólo unos días hospedados en una posada céntrica de Nuevo Laredo, igual que otros trabajadores foráneos.
Versiones recogidas por las familias entre el resto de los huéspedes indican que, alrededor de las dos de la madrugada del 15 de diciembre, llegó a la posada un grupo de encapuchados que portaban armas largas, quienes recibieron por radio la indicación de entrar al cuarto de los ingenieros y se los llevaron con violencia.
Esos testimonios no fueron recogidos por agentes ministeriales ni integrados en la averiguación previa 0761/2009 de la PGJET, que hasta el momento no ha hecho más diligencias para incrementar la información contenida en la denuncia.
El 11 de abril de 2010, otros expertos en comunicaciones, los ingenieros Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leónides Rodríguez González desaparecieron en algún punto entre Reynosa y Nuevo Laredo.
Ambos eran empleados de la trasnacional Tecpetrol, integrante del italoargentino Grupo Techint, que opera como contratista en la Cuenca de Burgos. Tenían la instrucción de acudir a las oficinas de Tecpetrol, cerca de Díaz Ordaz, Tamaulipas, para irse a una comunidad rural a reparar una antena. Nunca llegaron.
Proceso confirmó que, a diferencia de los trabajadores de Nextel y Networkers, los de Tecpetrol fueron localizados a finales de 2010 sin que en las investigaciones exista el menor indicio de qué ocurrió.
Mentiras oficiales
Familiares de los desaparecidos dicen que las autoridades han sido omisas en las investigaciones, sin el menor cuidado en los aspectos periciales, y que los agentes del Ministerio Público locales, igual que los soldados y policías federales, los han intimidado, les robaron pertenencias y les dieron informes falsos.
Este comportamiento de las autoridades inició el día de la denuncia. Cuando las familias de los trabajadores de Nextel fueron a recoger sus pertenencias, el 23 de junio de 2009, tres días después de la desaparición de la cuadrilla, un convoy federal rodeó el hotel donde se hospedaban, los agentes entraron a las habitaciones, revisaron sus cosas y sustrajeron fotografías de los desaparecidos.
Los familiares iban escoltados por agentes ministeriales de Tamaulipas. Después de lo ocurrido en el modesto hotel, la entonces subdelegada de la PGJET, Elizabeth Hernández Arredondo, les ofreció alojarlos “por seguridad” en un lujoso hotel de la zona y se comprometió a avisarles de los avances, pero nunca hubo tales.
De cientos de casos que documenta el frente Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México (Fundem), el de los empleados de Nextel es el único que registra extraños contactos de las autoridades federales, que avisan en falso haber rescatado a los desaparecidos con vida.
A finales de 2010, el entonces director general adjunto de Asuntos Especiales de la PGR, Ignacio Peralta Ortega –que por entonces tomaba conocimiento de casos de desaparición–, les explicó que ya los tenían ubicados pero que esperaban la captura de un “pez gordo” para rescatarlos.
Meses después llamó a las familias de los sinaloenses para decirles que los habían encontrado y que estaban bien de salud. Los invitó a ir por ellos a la Ciudad de México, así que consiguieron que el gobierno estatal pusiera a su disposición vehículos para viajar a la capital del país.
“Llegamos emocionadas. Creímos que nuestro calvario había terminado, pero cuando llegamos a la PGR no sabían de qué estábamos hablando. Nos dijeron que Ignacio Peralta ya no trabajaba en esa área y que no entendían el motivo de su llamada”, dice Marina Armenta.
En febrero de 2011, Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García, recibió otra llamada, esta vez de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para avisar que tenían a sus familiares en las instalaciones de la corporación. Viajaron de nuevo a la Ciudad de México, pero nuevamente, al llegar, les dijeron que fue un error.
Un contacto más. El celular de Roberto Gutiérrez siguió sonando hasta febrero de 2011, por lo que su esposa se acercó a mandos militares que, afirmaron, lo podían rastrear. Finalmente no obtuvieron resultados y después de la promesa de localización, la línea fue desactivada. “Ahora en la PGR ya ni nos quieren atender y en Nuevo Laredo nos dicen que los siguen buscando”, dice Marina Armenta.
La activista Blanca Martínez, de Fundem, afirma que es el primer caso de información oficial contradictoria, lo cual arroja dudas sobre la actuación de las autoridades y abre una inevitable línea de investigación por la posible omisión o incluso el encubrimiento en el que podrían estar implicados funcionarios de diferentes niveles.
Solos ante el delito
Además de la forma en que fueron sustraídos de sus alojamientos, los casos de los trabajadores de Nextel y de Networkers tienen otras similitudes.
De acuerdo con familiares de los ingenieros Arturo Navarro y Filiberto Guzmán, el 17 de diciembre de 2009, cuando interpusieron la denuncia, se dividieron en dos grupos para buscar a los desaparecidos y encontraron sus vehículos en la posada, pero durante cerca de dos horas el agente del Ministerio Público local se negó a acudir.
Los familiares y algunos empleados de Networkers que los acompañaban empezaron a tener miedo. Lujosas camionetas daban vueltas por la calle mientras jóvenes con radios de comunicación se apostaban en las esquinas aledañas, observando los movimientos del grupo de visitantes. De la policía, nada.
Cuando finalmente se hizo la diligencia, el domicilio fue rodeado por militares, que después ingresaron. En el parte se asentó que la habitación se encontró hecha un desastre, pero los familiares aseguran que los soldados destruyeron todo; también se reportó que no se encontraron los teléfonos celulares, las computadoras ni los instrumentos técnicos de los ingenieros.
Finalmente, el agente de la Sexta Agencia del Ministerio Público de la PGJET, de Nuevo Laredo, les dijo a los parientes y amigos de los desaparecidos que debían irse porque corrían peligro. Lo hicieron el 18 de diciembre.
En enero de 2010, cuando regresaron a recoger las pertenencias y los vehículos, comprobaron que no había avances en la investigación. Aunque las tarjetas de nómina de los ingenieros habían sido utilizadas, el Ministerio Público no pidió videos de seguridad a los bancos; tampoco hizo el rastreo de líneas de celular. En cambio, les volvió a “recomendar” que salieran inmediatamente de Nuevo Laredo, porque estaban en riesgo.
Tanto en el caso de los trabajadores de Nextel como los de Networkers, las víctimas se alojaron en posadas para estancias de corto plazo. La cuadrilla de Nextel se registró en una que era propiedad de un auxiliar del entonces gobernador Eugenio Hernández, en tanto que los ingenieros de Networkers fueron a caer en el establecimiento de un sujeto que también posee bares en la zona de tolerancia. El funcionario nunca fue llamado a declarar, en tanto que el “empresario” incurrió en contradicciones que fueron obviadas por el Ministerio Público.
En ambos casos los familiares conservan la esperanza de que los mantengan con vida, que sólo les interesen sus conocimientos técnicos y que en algún momento regresen a sus hogares.
Por si fuera poco, en la larga cadena de victimización a la que han sido sometidas las familias mencionadas, ninguna de las tres empresas trasnacionales se hizo responsable de sus empleados ni les reconoció prestación alguna.
Arturo Rodríguez García
El pasado 8 de septiembre, el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina (Semar), informó del desmantelamiento de 12 antenas instaladas en 10 municipios de Veracruz que permitían la operación de avanzados equipos para hacer indetectables las comunicaciones de telefonía móvil y fija del cártel de Los Zetas.
A decir de Vergara, el desmantelamiento de la red implicó “la pérdida de la línea de mando y conducción táctica” de esa organización criminal en Veracruz. De norte a sur, el sistema cubría los municipios de Pánuco, Naranjos, Tepetzintla, Tantoyuca, Poza Rica, Cofre de Perote, Orizaba, Córdova, Xalapa y el Puerto de Veracruz.
Con el hallazgo se confirmaron las versiones que desde hace años se reproducen en los territorios controlados por Los Zetas sobre su capacidad de comunicarse de manera indetectable y aun para realizar intervenciones telefónicas. Además de las antenas, los marinos aseguraron escáneres electrónicos, decodificadores y hasta páneles de celdas solares.
La noticia despertó la esperanza de la señora Marina Armenta de la Rosa y otros familiares de nueve técnicos de Nextel que desaparecieron en Nuevo Laredo hace dos años. De inmediato se pusieron en contacto con los responsables de conocer su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), pero no había más información… sólo el tendido de redes y los equipos fueron desmantelados.
Durante 2009 y 2010, expertos en tecnologías de comunicación que trabajaban para diferentes compañías desaparecieron en la zona fronteriza de Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, salvo que los restos de unos técnicos al servicio de una petrolera trasnacional fueron localizados en la entidad.
Ante la errática conducta de las autoridades y de los cuerpos de seguridad estatal y federales, las personas que buscan a familiares desaparecidos sospechan que existe encubrimiento o de plano complicidad entre mandos gubernamentales y quienes se los llevaron, pues afirman que con intimidaciones, revisiones fuera de protocolo y amenazas han intentado inhibir su búsqueda y las demandas de justicia.
Presas selectas
El 20 de junio de 2009 arribaron a Nuevo Laredo nueve técnicos de Nextel provenientes de Guasave, Sinaloa, que se dedicaban a instalar antenas y tendido de redes de la empresa.
Semanas antes compañeros suyos les habían recomendado que no fueran a la ciudad tamaulipeca, debido al clima de violencia y a su origen sinaloense. Pero estaban contratados por seis meses y los enviaron allá.
Los trabajadores Ricardo Peña Mejía, Carlos Peña Mejía, Hugo Camacho Priego, Víctor Romero, Constantino García, Roberto Gutiérrez, Marcelino Moreno, Julio César Ochoa y el ingeniero a cargo, Eduardo Toyota Espinoza, se instalaron en la calle Chihuahua número 1701 de la colonia Guerrero, a unos 500 metros del río Bravo.
De acuerdo con testimonios que sus familiares recogieron entre vecinos y otros testigos –versiones ya integradas en la averiguación previa 0483/2009 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET)–, alrededor de las 22:30 horas de ese 20 de junio, un grupo de encapuchados vestidos de negro irrumpió en el domicilio, derribó puertas y ventanas y se llevó a los nueve trabajadores.
El comando regresó al día siguiente para llevarse los vehículos de sus víctimas, así como sus computadoras, teléfonos celulares y demás pertenencias. La denuncia se interpuso hasta el 23 de junio, cuando los familiares de los empleados acudieron a averiguar qué había ocurrido, hasta ahora sin resultados.
Meses después, en diciembre de 2009, los ingenieros Filiberto Guzmán Morales y Arturo Navarro Hernández, empleados de la empresa de origen británico Networkers, desaparecieron en forma parecida.
Guzmán y Navarro se dedicaban a supervisar cómo funcionaban equipos de microondas y antenas ya instalados. Originarios del Distrito Federal, llevaban sólo unos días hospedados en una posada céntrica de Nuevo Laredo, igual que otros trabajadores foráneos.
Versiones recogidas por las familias entre el resto de los huéspedes indican que, alrededor de las dos de la madrugada del 15 de diciembre, llegó a la posada un grupo de encapuchados que portaban armas largas, quienes recibieron por radio la indicación de entrar al cuarto de los ingenieros y se los llevaron con violencia.
Esos testimonios no fueron recogidos por agentes ministeriales ni integrados en la averiguación previa 0761/2009 de la PGJET, que hasta el momento no ha hecho más diligencias para incrementar la información contenida en la denuncia.
El 11 de abril de 2010, otros expertos en comunicaciones, los ingenieros Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leónides Rodríguez González desaparecieron en algún punto entre Reynosa y Nuevo Laredo.
Ambos eran empleados de la trasnacional Tecpetrol, integrante del italoargentino Grupo Techint, que opera como contratista en la Cuenca de Burgos. Tenían la instrucción de acudir a las oficinas de Tecpetrol, cerca de Díaz Ordaz, Tamaulipas, para irse a una comunidad rural a reparar una antena. Nunca llegaron.
Proceso confirmó que, a diferencia de los trabajadores de Nextel y Networkers, los de Tecpetrol fueron localizados a finales de 2010 sin que en las investigaciones exista el menor indicio de qué ocurrió.
Mentiras oficiales
Familiares de los desaparecidos dicen que las autoridades han sido omisas en las investigaciones, sin el menor cuidado en los aspectos periciales, y que los agentes del Ministerio Público locales, igual que los soldados y policías federales, los han intimidado, les robaron pertenencias y les dieron informes falsos.
Este comportamiento de las autoridades inició el día de la denuncia. Cuando las familias de los trabajadores de Nextel fueron a recoger sus pertenencias, el 23 de junio de 2009, tres días después de la desaparición de la cuadrilla, un convoy federal rodeó el hotel donde se hospedaban, los agentes entraron a las habitaciones, revisaron sus cosas y sustrajeron fotografías de los desaparecidos.
Los familiares iban escoltados por agentes ministeriales de Tamaulipas. Después de lo ocurrido en el modesto hotel, la entonces subdelegada de la PGJET, Elizabeth Hernández Arredondo, les ofreció alojarlos “por seguridad” en un lujoso hotel de la zona y se comprometió a avisarles de los avances, pero nunca hubo tales.
De cientos de casos que documenta el frente Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México (Fundem), el de los empleados de Nextel es el único que registra extraños contactos de las autoridades federales, que avisan en falso haber rescatado a los desaparecidos con vida.
A finales de 2010, el entonces director general adjunto de Asuntos Especiales de la PGR, Ignacio Peralta Ortega –que por entonces tomaba conocimiento de casos de desaparición–, les explicó que ya los tenían ubicados pero que esperaban la captura de un “pez gordo” para rescatarlos.
Meses después llamó a las familias de los sinaloenses para decirles que los habían encontrado y que estaban bien de salud. Los invitó a ir por ellos a la Ciudad de México, así que consiguieron que el gobierno estatal pusiera a su disposición vehículos para viajar a la capital del país.
“Llegamos emocionadas. Creímos que nuestro calvario había terminado, pero cuando llegamos a la PGR no sabían de qué estábamos hablando. Nos dijeron que Ignacio Peralta ya no trabajaba en esa área y que no entendían el motivo de su llamada”, dice Marina Armenta.
En febrero de 2011, Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García, recibió otra llamada, esta vez de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para avisar que tenían a sus familiares en las instalaciones de la corporación. Viajaron de nuevo a la Ciudad de México, pero nuevamente, al llegar, les dijeron que fue un error.
Un contacto más. El celular de Roberto Gutiérrez siguió sonando hasta febrero de 2011, por lo que su esposa se acercó a mandos militares que, afirmaron, lo podían rastrear. Finalmente no obtuvieron resultados y después de la promesa de localización, la línea fue desactivada. “Ahora en la PGR ya ni nos quieren atender y en Nuevo Laredo nos dicen que los siguen buscando”, dice Marina Armenta.
La activista Blanca Martínez, de Fundem, afirma que es el primer caso de información oficial contradictoria, lo cual arroja dudas sobre la actuación de las autoridades y abre una inevitable línea de investigación por la posible omisión o incluso el encubrimiento en el que podrían estar implicados funcionarios de diferentes niveles.
Solos ante el delito
Además de la forma en que fueron sustraídos de sus alojamientos, los casos de los trabajadores de Nextel y de Networkers tienen otras similitudes.
De acuerdo con familiares de los ingenieros Arturo Navarro y Filiberto Guzmán, el 17 de diciembre de 2009, cuando interpusieron la denuncia, se dividieron en dos grupos para buscar a los desaparecidos y encontraron sus vehículos en la posada, pero durante cerca de dos horas el agente del Ministerio Público local se negó a acudir.
Los familiares y algunos empleados de Networkers que los acompañaban empezaron a tener miedo. Lujosas camionetas daban vueltas por la calle mientras jóvenes con radios de comunicación se apostaban en las esquinas aledañas, observando los movimientos del grupo de visitantes. De la policía, nada.
Cuando finalmente se hizo la diligencia, el domicilio fue rodeado por militares, que después ingresaron. En el parte se asentó que la habitación se encontró hecha un desastre, pero los familiares aseguran que los soldados destruyeron todo; también se reportó que no se encontraron los teléfonos celulares, las computadoras ni los instrumentos técnicos de los ingenieros.
Finalmente, el agente de la Sexta Agencia del Ministerio Público de la PGJET, de Nuevo Laredo, les dijo a los parientes y amigos de los desaparecidos que debían irse porque corrían peligro. Lo hicieron el 18 de diciembre.
En enero de 2010, cuando regresaron a recoger las pertenencias y los vehículos, comprobaron que no había avances en la investigación. Aunque las tarjetas de nómina de los ingenieros habían sido utilizadas, el Ministerio Público no pidió videos de seguridad a los bancos; tampoco hizo el rastreo de líneas de celular. En cambio, les volvió a “recomendar” que salieran inmediatamente de Nuevo Laredo, porque estaban en riesgo.
Tanto en el caso de los trabajadores de Nextel como los de Networkers, las víctimas se alojaron en posadas para estancias de corto plazo. La cuadrilla de Nextel se registró en una que era propiedad de un auxiliar del entonces gobernador Eugenio Hernández, en tanto que los ingenieros de Networkers fueron a caer en el establecimiento de un sujeto que también posee bares en la zona de tolerancia. El funcionario nunca fue llamado a declarar, en tanto que el “empresario” incurrió en contradicciones que fueron obviadas por el Ministerio Público.
En ambos casos los familiares conservan la esperanza de que los mantengan con vida, que sólo les interesen sus conocimientos técnicos y que en algún momento regresen a sus hogares.
Por si fuera poco, en la larga cadena de victimización a la que han sido sometidas las familias mencionadas, ninguna de las tres empresas trasnacionales se hizo responsable de sus empleados ni les reconoció prestación alguna.
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