Jorge Fernández Menéndez
Era inevitable. Más temprano o más tarde tenía que ocurrir, porque cada día resulta más evidente que los grupos del crimen organizado han penetrado o creado organismos que supuestamente están dedicados a la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que algunos sectores han decidido ideologizar la lucha contra la delincuencia.
En última instancia la denuncia que un grupo de personas, que jamás se han preocupado públicamente por la lucha contra los grupos criminales en el país, presentaron en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno federal y el presidente Calderón por supuestos crímenes de lesa humanidad, tiene el mismo espíritu y origen que la petición que realizó Javier Sicilia el fin de semana de una “tregua navideña” al Gobierno y a los grupos criminales.
Unos y otros quieren vender la idea de que la violencia la propicia el Gobierno por perseguir criminales, y que hay dos bandos enfrentados, que son iguales: algo así como la teoría de los dos demonios que se utilizó en los 80 para justificar la represión de las dictaduras militares de centro y Sudamérica, con la diferencia de que ahora esa teoría se quiere utilizar no para justificar la represión de las dictaduras sino para acusar a un gobierno democrático y justificar los crímenes de los narcotraficantes.
Era inevitable pero es injustificable e infame la denuncia ante la CPI. No hay crímenes de lesa humanidad qué perseguir; no estamos ni remotamente ante un gobierno autoritario sino plenamente democrático; no se está interviniendo en ninguna nación extranjera sino preservando la integridad del territorio nacional y su gobernabilidad; no se está persiguiendo a opositores políticos, ni existe persecución alguna a nadie por razones étnicas, religiosas o de género, lo que hay es un combate a grupos criminales que están abusando y dañando a la sociedad: lo que se intenta preservar es el estado de derecho, la legalidad y la seguridad de las personas, que son vulneradas cotidianamente por estos grupos.
Tampoco la acción del Estado es la que genera la violencia: la enorme mayoría de los muertos que se han generado en este proceso son consecuencia de atroces ajustes de cuentas entre los propios grupos criminales, los mismos que secuestran, extorsionan y roban a la gente. ¿Qué se pretende? ¿que el Estado permanezca inerte ante esa amenaza?
La acusación es, decíamos, infame. Pero no es mucho más meritoria la actitud mostrada por nuestras fuerzas políticas y los distintos grupos de poder político. No ha habido una actitud coherente, cohesionada, homogénea de los partidos políticos, de los gobernadores, de los legisladores, ante esa denuncia que ataca al presidente Calderón pero que en realidad se realiza contra el Estado mexicano que los incluye a todos ellos. ¿Dónde están los gobernadores, dónde los legisladores, dónde los precandidatos y sus partidos presentando un frente común ante esa calumnia y denuncia que los incluye? Salvo honrosas excepciones no están, no aparecen, no dan la cara. Han decidido que la inseguridad y la violencia del crimen organizado sirva como argumento electoral. Y nada puede alegrar más a los grupos criminales que comprobarlo y ratificarlo una vez más, en el preámbulo de los comicios federales. Qué pena con nuestra clase política.
Lavado y política en Chiapas
El detenido ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, mantiene viejos y sólidos lazos con el ex candidato a gobernador priista de ese estado, José Antonio Aguilar Bodegas, una relación aceitada con negocios que se procesaron a través de los empresarios Alvarez Puga (que comenzaron hace unos pocos años con un restaurante en la terminal de autobuses de Tuxtla y hoy tienen un emporio empresarial con presencia en varios estados del país, incluyendo el DF y otras 44 ciudades), y que incluye participación en bares, restaurantes y empresas de outsourcing que han sido acusadas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
El tema ya está en las manos del Sistema de Administración Tributaria que ha realizado varias investigaciones al respecto, también lo han hecho la PGR y el IMSS. A los involucrados se les han detectados propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones privados, cuentas bancarias y franquicias, con datos financieros y fiscales que no terminan de cuadrar.
Lo preocupante es que todo ello se relaciona con los tiempos electorales y la prisa que tienen muchos de los involucrados, comenzando por Aguilar Bodegas, de amarrar posiciones electorales para preservar su propia seguridad. Muchas de las expresiones y disidencias locales del PRI de cara al 2012, están detrás de esta historia.
Era inevitable. Más temprano o más tarde tenía que ocurrir, porque cada día resulta más evidente que los grupos del crimen organizado han penetrado o creado organismos que supuestamente están dedicados a la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que algunos sectores han decidido ideologizar la lucha contra la delincuencia.
En última instancia la denuncia que un grupo de personas, que jamás se han preocupado públicamente por la lucha contra los grupos criminales en el país, presentaron en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno federal y el presidente Calderón por supuestos crímenes de lesa humanidad, tiene el mismo espíritu y origen que la petición que realizó Javier Sicilia el fin de semana de una “tregua navideña” al Gobierno y a los grupos criminales.
Unos y otros quieren vender la idea de que la violencia la propicia el Gobierno por perseguir criminales, y que hay dos bandos enfrentados, que son iguales: algo así como la teoría de los dos demonios que se utilizó en los 80 para justificar la represión de las dictaduras militares de centro y Sudamérica, con la diferencia de que ahora esa teoría se quiere utilizar no para justificar la represión de las dictaduras sino para acusar a un gobierno democrático y justificar los crímenes de los narcotraficantes.
Era inevitable pero es injustificable e infame la denuncia ante la CPI. No hay crímenes de lesa humanidad qué perseguir; no estamos ni remotamente ante un gobierno autoritario sino plenamente democrático; no se está interviniendo en ninguna nación extranjera sino preservando la integridad del territorio nacional y su gobernabilidad; no se está persiguiendo a opositores políticos, ni existe persecución alguna a nadie por razones étnicas, religiosas o de género, lo que hay es un combate a grupos criminales que están abusando y dañando a la sociedad: lo que se intenta preservar es el estado de derecho, la legalidad y la seguridad de las personas, que son vulneradas cotidianamente por estos grupos.
Tampoco la acción del Estado es la que genera la violencia: la enorme mayoría de los muertos que se han generado en este proceso son consecuencia de atroces ajustes de cuentas entre los propios grupos criminales, los mismos que secuestran, extorsionan y roban a la gente. ¿Qué se pretende? ¿que el Estado permanezca inerte ante esa amenaza?
La acusación es, decíamos, infame. Pero no es mucho más meritoria la actitud mostrada por nuestras fuerzas políticas y los distintos grupos de poder político. No ha habido una actitud coherente, cohesionada, homogénea de los partidos políticos, de los gobernadores, de los legisladores, ante esa denuncia que ataca al presidente Calderón pero que en realidad se realiza contra el Estado mexicano que los incluye a todos ellos. ¿Dónde están los gobernadores, dónde los legisladores, dónde los precandidatos y sus partidos presentando un frente común ante esa calumnia y denuncia que los incluye? Salvo honrosas excepciones no están, no aparecen, no dan la cara. Han decidido que la inseguridad y la violencia del crimen organizado sirva como argumento electoral. Y nada puede alegrar más a los grupos criminales que comprobarlo y ratificarlo una vez más, en el preámbulo de los comicios federales. Qué pena con nuestra clase política.
Lavado y política en Chiapas
El detenido ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, mantiene viejos y sólidos lazos con el ex candidato a gobernador priista de ese estado, José Antonio Aguilar Bodegas, una relación aceitada con negocios que se procesaron a través de los empresarios Alvarez Puga (que comenzaron hace unos pocos años con un restaurante en la terminal de autobuses de Tuxtla y hoy tienen un emporio empresarial con presencia en varios estados del país, incluyendo el DF y otras 44 ciudades), y que incluye participación en bares, restaurantes y empresas de outsourcing que han sido acusadas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
El tema ya está en las manos del Sistema de Administración Tributaria que ha realizado varias investigaciones al respecto, también lo han hecho la PGR y el IMSS. A los involucrados se les han detectados propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones privados, cuentas bancarias y franquicias, con datos financieros y fiscales que no terminan de cuadrar.
Lo preocupante es que todo ello se relaciona con los tiempos electorales y la prisa que tienen muchos de los involucrados, comenzando por Aguilar Bodegas, de amarrar posiciones electorales para preservar su propia seguridad. Muchas de las expresiones y disidencias locales del PRI de cara al 2012, están detrás de esta historia.
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