Trasnacionalización energética
Oligopolio y certeza jurídica
Carlos Fernández-Vega / México SA
Con el boato que ameritaba la ocasión, el inquilino de Los Pinos anunció la consolidación de un jugoso negocio privado a costillas de los bienes nacionales, que pomposamente denominó cambio estructural en el mercado de gas natural en el país, que implicaría una inversión de 10 mil 500 millones de dólares (para el año 2018) para la construcción de ductos y distribución de ese carburante. Sólo al final de su discurso –en ceremonia realizada ayer en Guaymas, Sonora– el susodicho tímidamente reconoció que se trata de una estrategia público-privada (ésta pone el dinero y se queda con las ganancias; aquel cede la riqueza de los mexicanos y pone los plausos), y que uno de los objetivos es cancelar el subsidio federal al gas licuado de petróleo (LP), el de mayor consumo en la República.
¿Cómo se repartirá el pastel en este negocio de inversión privada y ductos privados? ¿Cuánto invertiría el gobierno federal, cuánto los consorcios particulares? Ni una sola palabra dedicó Felipe Calderón para precisar la estrategia financiera en este macro negocio con bienes de la nación. Sólo se animó a decir que en los próximos años el tendido de ductos se incrementaría 40 por ciento, algo así como 4 mil 500 kilómetros (una distancia enorme), lo que consumiría 8 mil millones de dólares, más 2 mil 500 millones en redes de distribución de gas industrial y doméstica en todas las ciudades por donde va a pasar, más la inversión de industrias que va a llegar desde petroquímicas, de acero, industria pesada, automotriz, a todos estos lugares que carecían de ello, sin contar, yo creo que serán varias veces más, la inversión potencial en la industria para México.
El inquilino de Los Pinos hace pública su estrategia a escasos meses de que, felizmente, abandone la residencia oficial. Procede sin importarle que su decisión involucre a las dos siguientes administraciones gubernamentales. Pero eso es lo de menos: él anuncia el negocio, le da cuerpo, cede los bienes nacionales que haya que ceder, firma lo que haya que firmar para otorgar certeza jurídica a la inversión privada (su obsesión desde su efímero paso por la Secretaría foxista de Energía), le cumple a las trasnacionales, lo anota en el calendario y sin más le pasa la pelota a quienes lo sustituyan en el puesto. Y listo, a tintinear la caja registradora del capital privado.
El inicio de este jugosísimo negocio de particulares con recursos de la nación se debe a la gracia de Ernesto Zedillo, quien en 1995 abrió la puerta (la trasera, como siempre) para que el capital privado le metiera el diente al negocio del gas natural. Originalmente los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (una suerte de oficialía de partes de la privatización energética) se asignaron a empresas mexicanas de dudosa creación, para que éstas, prácticamente de inmediato, los cedieran a trasnacionales del sector, especialmente a una firma española denominada Gas Natural de México, en la que el famoso consorcio Repsol (cualquier duda preguntar en Pemex por Juan José Suárez Coppel) tiene una gruesa rebanada accionaria, junto con la Caixa de Barcelona.
Con Vicente Fox en Los Pinos el descaro fue mayor: se trasnacionalizó prácticamente la totalidad del negocio del gas natural mexicano, comenzando por la empresa que más permisos (así les llaman) ha obtenido del gobierno federal y/o traspasos de otros consorcios privados, y la que controla el mayor número de regiones de comercialización del carburante, que no es otra que (¡sorpresa¡) Repsol (a la que no le importa la pérdida de mexicanidad en los sectores eléctrico y petrolero de este país) que a sus obligados clientes mantiene al borde de un ataque de nervios por los elevados precios y cuotas que cobra (favor de consultar a los habitantes de Monterrey).
En materia de gas natural se ha registrado un proceso similar al del sector bancario otrora mexicano: de pertenecer al Estado, las instituciones pasaron al control y explotación de un grupo de especuladores bursátiles amigos del régimen; una vez que las reventaron, el gobierno zedillista promovió la asociación con el capital extranjero, y a estas alturas el 90 por ciento del sistema financiero que opera en el país está trasnacionalizado, al igual que el del citado carburante. Desde 1995, el gobierno federal le dio certeza jurídica al capital financiero foráneo. Y para lograr lo mismo en el sector energético llegó el obsesivo Felipe Calderón. Por ello, miente quien diga que el actual inquilino de Los Pinos no tiene mayor fijación que la guerra; es la más notoria, sin duda, pero el susodicho no olvida sus compromisos de campaña con el capital trasnacional, al que cabalmente le ha cumplido, obvio es que con bienes de la nación.
La reforma energética por él promovida en 2008 no sólo implicó un nuevo impuesto para los mexicanos (el aplicado a la gasolina), sino la privatización de ductos y otras gracias petroleras. Logró avanzar en aquello de la certeza jurídica, pero va por más, y el anuncio de ayer es muestra fehaciente. Aun así, el inquilino de Los Pinos va por más: para explotar a fondo este combustible se requerirán reformas legales que permitan esclarecer las reglas de competencia y lograr una ampliación sin precedentes en los ductos de gas natural.
Cuando Zedillo hizo público que el capital privado entraría al negocio del gas natural, lo primero que garantizó (según dijo) fue precio justo para los consumidores, más reducido que el del gas LP. Fox repitió el eslogan, pero en los hechos la clientela de las trasnacionales dedicadas a la comercialización del carburante está verdaderamente hasta la madre (no otro término científico aplicable a esta situación) de los elevadísimo precios que les cobran por el combustible y todo lo demás (instalación, medidores, reconexión, etcétera, etcétera). Pero como en este país la creatividad es signo de gobierno, ayer Felipe Calderón y su flamante secretario de Energía, Jordy Herrera, qué creen que prometieron: la introducción de nuevas tecnologías para la extracción de gas natural permitirá abatir sustancialmente en el costo de este combustible, favorecerá ahorros en los hogares y potencializará el crecimiento de la industria.
Las rebanadas del pastel
He allí el verdadero cambio estructural. De las catorce gruesas cuan oligopólicas rebanadas (regiones, le llama la CRE) en que está seccionada la República para comercializar el citado carburante, Gas Natural de México controla cinco; el resto del botín se lo reparten la franco-belga Tractebel-Suez, la también gala Gaz de France y las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy. ¿Quién, pues, invertirá los 10 mil 500 millones de dólares anunciados por el obsesivo?
Oligopolio y certeza jurídica
Carlos Fernández-Vega / México SA
Con el boato que ameritaba la ocasión, el inquilino de Los Pinos anunció la consolidación de un jugoso negocio privado a costillas de los bienes nacionales, que pomposamente denominó cambio estructural en el mercado de gas natural en el país, que implicaría una inversión de 10 mil 500 millones de dólares (para el año 2018) para la construcción de ductos y distribución de ese carburante. Sólo al final de su discurso –en ceremonia realizada ayer en Guaymas, Sonora– el susodicho tímidamente reconoció que se trata de una estrategia público-privada (ésta pone el dinero y se queda con las ganancias; aquel cede la riqueza de los mexicanos y pone los plausos), y que uno de los objetivos es cancelar el subsidio federal al gas licuado de petróleo (LP), el de mayor consumo en la República.
¿Cómo se repartirá el pastel en este negocio de inversión privada y ductos privados? ¿Cuánto invertiría el gobierno federal, cuánto los consorcios particulares? Ni una sola palabra dedicó Felipe Calderón para precisar la estrategia financiera en este macro negocio con bienes de la nación. Sólo se animó a decir que en los próximos años el tendido de ductos se incrementaría 40 por ciento, algo así como 4 mil 500 kilómetros (una distancia enorme), lo que consumiría 8 mil millones de dólares, más 2 mil 500 millones en redes de distribución de gas industrial y doméstica en todas las ciudades por donde va a pasar, más la inversión de industrias que va a llegar desde petroquímicas, de acero, industria pesada, automotriz, a todos estos lugares que carecían de ello, sin contar, yo creo que serán varias veces más, la inversión potencial en la industria para México.
El inquilino de Los Pinos hace pública su estrategia a escasos meses de que, felizmente, abandone la residencia oficial. Procede sin importarle que su decisión involucre a las dos siguientes administraciones gubernamentales. Pero eso es lo de menos: él anuncia el negocio, le da cuerpo, cede los bienes nacionales que haya que ceder, firma lo que haya que firmar para otorgar certeza jurídica a la inversión privada (su obsesión desde su efímero paso por la Secretaría foxista de Energía), le cumple a las trasnacionales, lo anota en el calendario y sin más le pasa la pelota a quienes lo sustituyan en el puesto. Y listo, a tintinear la caja registradora del capital privado.
El inicio de este jugosísimo negocio de particulares con recursos de la nación se debe a la gracia de Ernesto Zedillo, quien en 1995 abrió la puerta (la trasera, como siempre) para que el capital privado le metiera el diente al negocio del gas natural. Originalmente los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (una suerte de oficialía de partes de la privatización energética) se asignaron a empresas mexicanas de dudosa creación, para que éstas, prácticamente de inmediato, los cedieran a trasnacionales del sector, especialmente a una firma española denominada Gas Natural de México, en la que el famoso consorcio Repsol (cualquier duda preguntar en Pemex por Juan José Suárez Coppel) tiene una gruesa rebanada accionaria, junto con la Caixa de Barcelona.
Con Vicente Fox en Los Pinos el descaro fue mayor: se trasnacionalizó prácticamente la totalidad del negocio del gas natural mexicano, comenzando por la empresa que más permisos (así les llaman) ha obtenido del gobierno federal y/o traspasos de otros consorcios privados, y la que controla el mayor número de regiones de comercialización del carburante, que no es otra que (¡sorpresa¡) Repsol (a la que no le importa la pérdida de mexicanidad en los sectores eléctrico y petrolero de este país) que a sus obligados clientes mantiene al borde de un ataque de nervios por los elevados precios y cuotas que cobra (favor de consultar a los habitantes de Monterrey).
En materia de gas natural se ha registrado un proceso similar al del sector bancario otrora mexicano: de pertenecer al Estado, las instituciones pasaron al control y explotación de un grupo de especuladores bursátiles amigos del régimen; una vez que las reventaron, el gobierno zedillista promovió la asociación con el capital extranjero, y a estas alturas el 90 por ciento del sistema financiero que opera en el país está trasnacionalizado, al igual que el del citado carburante. Desde 1995, el gobierno federal le dio certeza jurídica al capital financiero foráneo. Y para lograr lo mismo en el sector energético llegó el obsesivo Felipe Calderón. Por ello, miente quien diga que el actual inquilino de Los Pinos no tiene mayor fijación que la guerra; es la más notoria, sin duda, pero el susodicho no olvida sus compromisos de campaña con el capital trasnacional, al que cabalmente le ha cumplido, obvio es que con bienes de la nación.
La reforma energética por él promovida en 2008 no sólo implicó un nuevo impuesto para los mexicanos (el aplicado a la gasolina), sino la privatización de ductos y otras gracias petroleras. Logró avanzar en aquello de la certeza jurídica, pero va por más, y el anuncio de ayer es muestra fehaciente. Aun así, el inquilino de Los Pinos va por más: para explotar a fondo este combustible se requerirán reformas legales que permitan esclarecer las reglas de competencia y lograr una ampliación sin precedentes en los ductos de gas natural.
Cuando Zedillo hizo público que el capital privado entraría al negocio del gas natural, lo primero que garantizó (según dijo) fue precio justo para los consumidores, más reducido que el del gas LP. Fox repitió el eslogan, pero en los hechos la clientela de las trasnacionales dedicadas a la comercialización del carburante está verdaderamente hasta la madre (no otro término científico aplicable a esta situación) de los elevadísimo precios que les cobran por el combustible y todo lo demás (instalación, medidores, reconexión, etcétera, etcétera). Pero como en este país la creatividad es signo de gobierno, ayer Felipe Calderón y su flamante secretario de Energía, Jordy Herrera, qué creen que prometieron: la introducción de nuevas tecnologías para la extracción de gas natural permitirá abatir sustancialmente en el costo de este combustible, favorecerá ahorros en los hogares y potencializará el crecimiento de la industria.
Las rebanadas del pastel
He allí el verdadero cambio estructural. De las catorce gruesas cuan oligopólicas rebanadas (regiones, le llama la CRE) en que está seccionada la República para comercializar el citado carburante, Gas Natural de México controla cinco; el resto del botín se lo reparten la franco-belga Tractebel-Suez, la también gala Gaz de France y las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy. ¿Quién, pues, invertirá los 10 mil 500 millones de dólares anunciados por el obsesivo?
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