Apro
La guerra contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón el diciembre de 2006 ha fracasado y no ha logrado reducir la violencia en el país, indica un informe de Human Rights Watch (HRW).
El informe de la organización humanitaria, titulado Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México, señala que en el país además han aumentado drásticamente las violaciones a los derechos humanos.
El documento de HRW agrega que en el actual sexenio los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales han ido al alza, sobre todo en los estados de Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, y que militares y policías están involucrados en ellos, de lo cual aseguró que posee “pruebas creíbles”.
La organización detalla que documentó más de 170 casos de tortura, práctica que es utilizada por las fuerzas de seguridad para obtener confesiones forzadas de integrantes del crimen organizado.
“No constituyen hechos aislados”, advierte el documento. “Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”, señala el informe.
HRW estudió además 39 casos de desapariciones forzadas. De acuerdo con el informe, prevalece también la impunidad porque los funcionarios judiciales la fomentan.
HRW también analizó 24 ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir los delitos contra civiles fallecidos por torturas y en retenes militares o enfrentamientos.
Una parte central del problema es que no se investigan los abusos, ni tampoco se investigan los homicidios durante la guerra contra el narcotráfico.
El informe de HRW dice que casi ningún homicidio cometido en la guerra contra carteles se ha investigado, un asunto que se agrava ante las denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
Para la PGR sí hay avances
Con el propósito de dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República en materia de protección y defensa de los derechos humanos, la titular de la PGR, Marisela Morales, se reunió hoy con integrantes de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), encabezados por Kenneth Roth.
En un comunicado, la PGR precisó que en esta reunión se mostraron los esfuerzos de la dependencia por abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a garantías fundamentales, tales como la tortura, así como destacar los avances en la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
La funcionaria federal dijo que en la PGR se constituyó, como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos.
Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en la materia, cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en las acciones de la PGR se prioriza el respeto a los derechos humanos.
Morales Ibáñez ratificó que, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedente, facilitando la observación internacional de sus prácticas.
También expuso que la PGR mantiene una estrecha colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado.
Luego resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración entre ellas, para el seguimiento de un objetivo común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus garantías fundamentales.
Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental.
Finalmente, Marisela Morales aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental y que, ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y las provea de los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia. (Con información de Miguel Cabildo).
La guerra contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón el diciembre de 2006 ha fracasado y no ha logrado reducir la violencia en el país, indica un informe de Human Rights Watch (HRW).
El informe de la organización humanitaria, titulado Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México, señala que en el país además han aumentado drásticamente las violaciones a los derechos humanos.
El documento de HRW agrega que en el actual sexenio los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales han ido al alza, sobre todo en los estados de Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, y que militares y policías están involucrados en ellos, de lo cual aseguró que posee “pruebas creíbles”.
La organización detalla que documentó más de 170 casos de tortura, práctica que es utilizada por las fuerzas de seguridad para obtener confesiones forzadas de integrantes del crimen organizado.
“No constituyen hechos aislados”, advierte el documento. “Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”, señala el informe.
HRW estudió además 39 casos de desapariciones forzadas. De acuerdo con el informe, prevalece también la impunidad porque los funcionarios judiciales la fomentan.
HRW también analizó 24 ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir los delitos contra civiles fallecidos por torturas y en retenes militares o enfrentamientos.
Una parte central del problema es que no se investigan los abusos, ni tampoco se investigan los homicidios durante la guerra contra el narcotráfico.
El informe de HRW dice que casi ningún homicidio cometido en la guerra contra carteles se ha investigado, un asunto que se agrava ante las denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
Para la PGR sí hay avances
Con el propósito de dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República en materia de protección y defensa de los derechos humanos, la titular de la PGR, Marisela Morales, se reunió hoy con integrantes de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), encabezados por Kenneth Roth.
En un comunicado, la PGR precisó que en esta reunión se mostraron los esfuerzos de la dependencia por abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a garantías fundamentales, tales como la tortura, así como destacar los avances en la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
La funcionaria federal dijo que en la PGR se constituyó, como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos.
Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en la materia, cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en las acciones de la PGR se prioriza el respeto a los derechos humanos.
Morales Ibáñez ratificó que, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedente, facilitando la observación internacional de sus prácticas.
También expuso que la PGR mantiene una estrecha colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado.
Luego resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración entre ellas, para el seguimiento de un objetivo común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus garantías fundamentales.
Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental.
Finalmente, Marisela Morales aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental y que, ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y las provea de los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia. (Con información de Miguel Cabildo).
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