Lydia Cacho / Plan B
Isis tiene tres años y Jaimito cinco; los dos son hijos de madres mexicanas, pero ellos nacieron en Estados Unidos. Hace tres años, a pesar de tener plena nacionalidad y derechos constitucionales, están perdidos en el limbo de servicios sociales, mientras sus madres desesperadas desde México intentan recuperarles con pocos pronósticos de éxito. En los primeros seis meses del 2011, el Gobierno federal estadounidense deportó a más de 46 mil madres y padres de niñas y niños ciudadanos de EU.
Cada año los servicios de inmigración y aduanas estadounidenses (ICE, por sus siglas en Inglés) deportan a miles de personas; mientras tanto sus hijas e hijos pequeños que han nacido allá son arrebatados de las familias por el Estado. El Centro de Justicia Aplicada (Applied Research Center/ARC), organización civil estadounidense, publicó el estudio “Familias destrozadas”, que evidencia al sistema inquisitorial de las leyes antiinmigrante de Estados Unidos. ARC y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) revelan el impacto de las leyes y políticas de control y verificación migratoria de EU en las mujeres migrantes y sus familias en la región.
Los métodos de los agentes migratorios de ICE, acompañados de las policías locales de más de 20 estados del país del norte, resultan aterradores. Las mujeres que llaman a la policía para pedir ayuda por violencia doméstica, antes de ser tratadas como víctimas son revisadas como delincuentes, e incluso encarceladas. Delmy Palencia, una líder de derechos civiles en Nuevo Orleáns, fue arrestada injustamente luego de pedir ayuda por violencia doméstica. Fue detenida y separada de su bebé por 45 días. Aunque los cargos se retiraron, ICE utilizó la ley Comunidades Seguras para arrestar a Delmy con una orden de retención de inmigración. Fue liberada después de más de dos semanas, sometida a una redada de ICE en la medianoche en su hogar y ahora enfrenta la deportación y la separación de su bebé que nació en Estados Unidos.
Las leyes antiinmigrantes de Estados Unidos se fortalecen y potencian con una fuerza inusitada, dicen las y los especialistas del ARC. Este endurecimiento criminaliza de tal forma a las y los trabajadores migrantes, que con frecuencia sus niños y niñas pierden la oportunidad de volver a ver a su familia, ya que los jueces cancelan sin miramientos la patria potestad de miles de hombres y mujeres que no han cometido delito alguno. Las organizaciones expertas revelan que estas deportaciones destrozan familias y ponen en peligro a niñas y niños que se dejan atrás.
Entre las estrategias más utilizadas está la colaboración de las policías locales con agentes migratorios de ICE, quienes utilizan la excusa de denuncias anónimas sobre uso de drogas para hacer redadas y arrestos grupales cuya finalidad es expulsar a las personas adultas y llevar a infantes estadounidenses al limbo judicial, donde pueden permanecer el resto de su infancia hasta llegar a la vida adulta. La falta de recursos, la lejanía y el idioma pueden hacer casi imposible para miles de familias recuperar a sus pequeños de la burocracia de servicios sociales de todo Estados Unidos.
Si cree usted que las deportaciones viciadas y violatorias de derechos humanos se llevan a cabo sólo en Arizona, o en los estados de la frontera sur con México, vuelva la mirada; ARC.org ha identificado al menos 22 estados donde han surgido estos casos en los últimos dos años. Según sus datos, en 400 condados y 20 estados, uno de cada cuatro (28.8%) menores bajo cuidado de crianza temporal con madres y padres detenidos o deportados son de estados no fronterizos. ARC estima conservadoramente que hay al menos 5 mil 100 niños y niñas que actualmente viven en casas de crianza temporal cuyas familias han sido detenidas o deportadas por ICE.
Las políticas antiinmigrantes de EU no solamente violan los derechos humanos, además implican un costo monumental a la sociedad estadounidense; utilizan las prisiones como centro de detención de inmigrantes, ponen en riesgo a las extranjeras víctimas de violencia doméstica, destrozan familias y violan los derechos de la infancia. Washington debe rendir cuentas sobre esta afrenta racista e inaceptable.
Isis tiene tres años y Jaimito cinco; los dos son hijos de madres mexicanas, pero ellos nacieron en Estados Unidos. Hace tres años, a pesar de tener plena nacionalidad y derechos constitucionales, están perdidos en el limbo de servicios sociales, mientras sus madres desesperadas desde México intentan recuperarles con pocos pronósticos de éxito. En los primeros seis meses del 2011, el Gobierno federal estadounidense deportó a más de 46 mil madres y padres de niñas y niños ciudadanos de EU.
Cada año los servicios de inmigración y aduanas estadounidenses (ICE, por sus siglas en Inglés) deportan a miles de personas; mientras tanto sus hijas e hijos pequeños que han nacido allá son arrebatados de las familias por el Estado. El Centro de Justicia Aplicada (Applied Research Center/ARC), organización civil estadounidense, publicó el estudio “Familias destrozadas”, que evidencia al sistema inquisitorial de las leyes antiinmigrante de Estados Unidos. ARC y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) revelan el impacto de las leyes y políticas de control y verificación migratoria de EU en las mujeres migrantes y sus familias en la región.
Los métodos de los agentes migratorios de ICE, acompañados de las policías locales de más de 20 estados del país del norte, resultan aterradores. Las mujeres que llaman a la policía para pedir ayuda por violencia doméstica, antes de ser tratadas como víctimas son revisadas como delincuentes, e incluso encarceladas. Delmy Palencia, una líder de derechos civiles en Nuevo Orleáns, fue arrestada injustamente luego de pedir ayuda por violencia doméstica. Fue detenida y separada de su bebé por 45 días. Aunque los cargos se retiraron, ICE utilizó la ley Comunidades Seguras para arrestar a Delmy con una orden de retención de inmigración. Fue liberada después de más de dos semanas, sometida a una redada de ICE en la medianoche en su hogar y ahora enfrenta la deportación y la separación de su bebé que nació en Estados Unidos.
Las leyes antiinmigrantes de Estados Unidos se fortalecen y potencian con una fuerza inusitada, dicen las y los especialistas del ARC. Este endurecimiento criminaliza de tal forma a las y los trabajadores migrantes, que con frecuencia sus niños y niñas pierden la oportunidad de volver a ver a su familia, ya que los jueces cancelan sin miramientos la patria potestad de miles de hombres y mujeres que no han cometido delito alguno. Las organizaciones expertas revelan que estas deportaciones destrozan familias y ponen en peligro a niñas y niños que se dejan atrás.
Entre las estrategias más utilizadas está la colaboración de las policías locales con agentes migratorios de ICE, quienes utilizan la excusa de denuncias anónimas sobre uso de drogas para hacer redadas y arrestos grupales cuya finalidad es expulsar a las personas adultas y llevar a infantes estadounidenses al limbo judicial, donde pueden permanecer el resto de su infancia hasta llegar a la vida adulta. La falta de recursos, la lejanía y el idioma pueden hacer casi imposible para miles de familias recuperar a sus pequeños de la burocracia de servicios sociales de todo Estados Unidos.
Si cree usted que las deportaciones viciadas y violatorias de derechos humanos se llevan a cabo sólo en Arizona, o en los estados de la frontera sur con México, vuelva la mirada; ARC.org ha identificado al menos 22 estados donde han surgido estos casos en los últimos dos años. Según sus datos, en 400 condados y 20 estados, uno de cada cuatro (28.8%) menores bajo cuidado de crianza temporal con madres y padres detenidos o deportados son de estados no fronterizos. ARC estima conservadoramente que hay al menos 5 mil 100 niños y niñas que actualmente viven en casas de crianza temporal cuyas familias han sido detenidas o deportadas por ICE.
Las políticas antiinmigrantes de EU no solamente violan los derechos humanos, además implican un costo monumental a la sociedad estadounidense; utilizan las prisiones como centro de detención de inmigrantes, ponen en riesgo a las extranjeras víctimas de violencia doméstica, destrozan familias y violan los derechos de la infancia. Washington debe rendir cuentas sobre esta afrenta racista e inaceptable.
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