Susana González
Ancianos y discapacitados han llegado a ser privados de la pensión con la que sobreviven debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó sus cuentas bancarias por no haber reportado algún movimiento fiscal o incumplir algún pago, denunció Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
El embargo de cuentas bancarias en general, dijo, se cuadriplicó en los recientes tres años, pero no precisó cifras porque anunció que Prodecom realiza una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tenemos casos documentados muy difíciles, como el de una persona inválida y una señora de la tercera edad cuyo único ingreso es su pensión y a quienes les embargan sus cuentas bancarias. Estamos hablando de depósitos pequeños de entre 3 y 8 mil pesos al mes, aunque también hemos conocido créditos de millones de pesos, refirió en conferencia de prensa.
Incluso señaló que los embargos comienzan a ser un problema administrativo para la CNBV porque debe destinar una parte de su personal a atender las solicitudes de las autoridades.
Criticó que en lugar de buscar otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, el SAT u otras autoridades que pueden solicitar el embargo imponen a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, mientras a los empresarios los dejan en la quiebra económica por confiscarles sus cuentas.
Si bien mencionó que los embargos se levantan cuando los contribuyentes se acercan a las autoridades para aclarar su caso, se trata de un proceso que ya implicó papeleo, requerimientos y situaciones administrativas que se computan. Es correcto que el gobierno fiscalice pero no vulnerando las garantías de los contribuyentes porque, enfatizó, el pago de impuestos tiene que ver con los derechos humanos.
La ombudsman fiscal aprovechó para demandar a los senadores que eleven de 340 a 500 millones de pesos el presupuesto de la Prodecom para 2012, a fin de que cumpla con su obligación de defender a los contribuyentes. Es una manera, enfatizó, de devolverles un poco del 65 por ciento que aportan al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y destacó que la Prodecom atendió a 934 contribuyentes en los dos meses que lleva de operaciones, de los cuales 35 por ciento presentaron queja contra las autoridades, la mayoría contra el SAT, pero también involucran al IMSS, Infonavit y Conagua.
El principal motivo de las quejas (60 por ciento) fue por devoluciones del impuesto sobre la renta (ISR) y en segundo lugar se ubicó la queja por embargo de cuentas bancarias, al concentrar 9 por ciento del total.
Explicó que el embargo de cuentas bancarias puede ser solicitado a la CNBV por el SAT, el IMSS, el Infonavit o gobiernos estatales cuando hay peligro de que el contribuyente sea un defraudador y se evada, pero denunció que los afectados ni siquiera son notificados y entonces empieza un camino de truculencias para averiguar por qué fue.
El embargo, puntualizó, debe aplicarse cuando efectivamente se trata de contribuyentes o empresas evasoras o fantasmas que cambia constantemente de domicilio para no tributar, pero acotó que a la fecha los casos que hemos conocido en la Prodecon han sido de contribuyentes perfectamente detectados por las autoridades, a quienes se trata como peligrosos defraudadores.
Ancianos y discapacitados han llegado a ser privados de la pensión con la que sobreviven debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó sus cuentas bancarias por no haber reportado algún movimiento fiscal o incumplir algún pago, denunció Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
El embargo de cuentas bancarias en general, dijo, se cuadriplicó en los recientes tres años, pero no precisó cifras porque anunció que Prodecom realiza una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tenemos casos documentados muy difíciles, como el de una persona inválida y una señora de la tercera edad cuyo único ingreso es su pensión y a quienes les embargan sus cuentas bancarias. Estamos hablando de depósitos pequeños de entre 3 y 8 mil pesos al mes, aunque también hemos conocido créditos de millones de pesos, refirió en conferencia de prensa.
Incluso señaló que los embargos comienzan a ser un problema administrativo para la CNBV porque debe destinar una parte de su personal a atender las solicitudes de las autoridades.
Criticó que en lugar de buscar otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, el SAT u otras autoridades que pueden solicitar el embargo imponen a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, mientras a los empresarios los dejan en la quiebra económica por confiscarles sus cuentas.
Si bien mencionó que los embargos se levantan cuando los contribuyentes se acercan a las autoridades para aclarar su caso, se trata de un proceso que ya implicó papeleo, requerimientos y situaciones administrativas que se computan. Es correcto que el gobierno fiscalice pero no vulnerando las garantías de los contribuyentes porque, enfatizó, el pago de impuestos tiene que ver con los derechos humanos.
La ombudsman fiscal aprovechó para demandar a los senadores que eleven de 340 a 500 millones de pesos el presupuesto de la Prodecom para 2012, a fin de que cumpla con su obligación de defender a los contribuyentes. Es una manera, enfatizó, de devolverles un poco del 65 por ciento que aportan al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y destacó que la Prodecom atendió a 934 contribuyentes en los dos meses que lleva de operaciones, de los cuales 35 por ciento presentaron queja contra las autoridades, la mayoría contra el SAT, pero también involucran al IMSS, Infonavit y Conagua.
El principal motivo de las quejas (60 por ciento) fue por devoluciones del impuesto sobre la renta (ISR) y en segundo lugar se ubicó la queja por embargo de cuentas bancarias, al concentrar 9 por ciento del total.
Explicó que el embargo de cuentas bancarias puede ser solicitado a la CNBV por el SAT, el IMSS, el Infonavit o gobiernos estatales cuando hay peligro de que el contribuyente sea un defraudador y se evada, pero denunció que los afectados ni siquiera son notificados y entonces empieza un camino de truculencias para averiguar por qué fue.
El embargo, puntualizó, debe aplicarse cuando efectivamente se trata de contribuyentes o empresas evasoras o fantasmas que cambia constantemente de domicilio para no tributar, pero acotó que a la fecha los casos que hemos conocido en la Prodecon han sido de contribuyentes perfectamente detectados por las autoridades, a quienes se trata como peligrosos defraudadores.
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