Jorge Alejandro Medellín
Entre los mandos del Ejército Mexicano hay desconcierto. Especialmente en la oficina del General Secretario Guillermo Galván.
No habrá comentarios o pronunciamiento alguno sobre la decisión de los legisladores mexicanos para hacer del 2 de octubre Día de Luto Nacional, día de bandera a media asta, Día de los Caídos en la Lucha por la Democracia (sic), día de recuerdo en torno a un hecho sangriento que marcó al país y definió poco a poco a una nación camino al hartazgo.
En las oficinas de la Secretaría de Marina ocurre lo mismo. Se escucha se evalúa. También se guarda silencio ante un hecho que resultará ominoso para las fuerzas armadas del país, porque se traducirá en actos oficiales dentro y fuera de los cuarteles para conmemorar por primera vez, el 2 de octubre de 2012, la masacre perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas.
Silencio y desconcierto, enojo. En algunos casos, rabia. Cuarenta y tres años después de la matanza en Tlatelolco, los legisladores se ponen de acuerdo y mayoritariamente aprueban cambios a la legislación federal en materia de símbolos patrios.
Acuerdan darle vida a una minuta promovida desde 2007 por el perredista Pablo Gómez y secundada por personajes como Raúl Álvarez Garín, ex dirigente estudiantil del 68, presente en la Plaza de las Tres Culturas aquel día de emboscadas.
Raúl me dice que esto es positivo, que se trata no solo de recuperar una parte de la memoria histórica sobre lo sucedido. En el fondo, lo que se buscaba era exhibir la política represiva del Estado mexicano, los límites rebasados y el genocidio como instrumento para acallar. Pero Raúl reconoce también que detrás de todo esto hay enormes incongruencias, brutales contradicciones.
Son 43 años de marchas, gritos y consignas, de y pintas y nuevas generaciones de indignados (o casi) y de responsables que han ido muriendo en sus casas, en hospitales, en la oscuridad y el silencio ajenos a la justicia.
Cuarenta y tres años de consecuencias, de impunidades. Nadie tras las rejas.
Javier Oliva, académico y otrora asesor del General Clemente Vega García, me dice también que en el olvido quedaron los militares muertos en aquellos años, sus familias, los otros daños colaterales de la política de Estado en la era de la dictadura perfecta. De ellos nadie se acuerda.
La decisión de los legisladores es a todas luces controvertida y tardía, porque si bien abona en favor de la recuperación de hechos históricos y dolorosos para ubicarlos en la dimensión de un país que ha vivido cambios profundos a partir de ese parteaguas, también puede leerse como una suerte de concesión de corte político que no alcanza a cerrar las heridas que deja la impunidad uniformada y de civil.
Paradójicamente, lo aprobado por los diputados coloca a las fuerzas armadas en la zona de agravios históricos cuando menos lo esperaban; en medio de una violencia creciente, de una estrategia anticrimen totalmente fallida, ante un Estado desgastado, lento, omiso y saturado de agendas pendientes.
En poco menos de un año, cuando en los cuarteles y plazas públicas la bandera nacional ondee a media asta y se explique a los presentes que fue lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, el olvido será memoria y afrenta para quienes estuvieron del otro lado del espejo durante 43 años.
Por eso el enojo, el desconcierto, y en algunos casos, la rabia.
Entre los mandos del Ejército Mexicano hay desconcierto. Especialmente en la oficina del General Secretario Guillermo Galván.
No habrá comentarios o pronunciamiento alguno sobre la decisión de los legisladores mexicanos para hacer del 2 de octubre Día de Luto Nacional, día de bandera a media asta, Día de los Caídos en la Lucha por la Democracia (sic), día de recuerdo en torno a un hecho sangriento que marcó al país y definió poco a poco a una nación camino al hartazgo.
En las oficinas de la Secretaría de Marina ocurre lo mismo. Se escucha se evalúa. También se guarda silencio ante un hecho que resultará ominoso para las fuerzas armadas del país, porque se traducirá en actos oficiales dentro y fuera de los cuarteles para conmemorar por primera vez, el 2 de octubre de 2012, la masacre perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas.
Silencio y desconcierto, enojo. En algunos casos, rabia. Cuarenta y tres años después de la matanza en Tlatelolco, los legisladores se ponen de acuerdo y mayoritariamente aprueban cambios a la legislación federal en materia de símbolos patrios.
Acuerdan darle vida a una minuta promovida desde 2007 por el perredista Pablo Gómez y secundada por personajes como Raúl Álvarez Garín, ex dirigente estudiantil del 68, presente en la Plaza de las Tres Culturas aquel día de emboscadas.
Raúl me dice que esto es positivo, que se trata no solo de recuperar una parte de la memoria histórica sobre lo sucedido. En el fondo, lo que se buscaba era exhibir la política represiva del Estado mexicano, los límites rebasados y el genocidio como instrumento para acallar. Pero Raúl reconoce también que detrás de todo esto hay enormes incongruencias, brutales contradicciones.
Son 43 años de marchas, gritos y consignas, de y pintas y nuevas generaciones de indignados (o casi) y de responsables que han ido muriendo en sus casas, en hospitales, en la oscuridad y el silencio ajenos a la justicia.
Cuarenta y tres años de consecuencias, de impunidades. Nadie tras las rejas.
Javier Oliva, académico y otrora asesor del General Clemente Vega García, me dice también que en el olvido quedaron los militares muertos en aquellos años, sus familias, los otros daños colaterales de la política de Estado en la era de la dictadura perfecta. De ellos nadie se acuerda.
La decisión de los legisladores es a todas luces controvertida y tardía, porque si bien abona en favor de la recuperación de hechos históricos y dolorosos para ubicarlos en la dimensión de un país que ha vivido cambios profundos a partir de ese parteaguas, también puede leerse como una suerte de concesión de corte político que no alcanza a cerrar las heridas que deja la impunidad uniformada y de civil.
Paradójicamente, lo aprobado por los diputados coloca a las fuerzas armadas en la zona de agravios históricos cuando menos lo esperaban; en medio de una violencia creciente, de una estrategia anticrimen totalmente fallida, ante un Estado desgastado, lento, omiso y saturado de agendas pendientes.
En poco menos de un año, cuando en los cuarteles y plazas públicas la bandera nacional ondee a media asta y se explique a los presentes que fue lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, el olvido será memoria y afrenta para quienes estuvieron del otro lado del espejo durante 43 años.
Por eso el enojo, el desconcierto, y en algunos casos, la rabia.
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