Apro
De enero a noviembre de este año han sido asesinadas en Oaxaca 83 mujeres que, en promedio significan ocho ejecutadas mensualmente, mientras que en el Congreso del estado permanece “atorado” un paquete de reformas para tipificar el delito de feminicidio, elevar las penas para quienes lo cometan y otorgar mayores garantías a las víctimas de violencia de género, lamentó la activista Ana María Hernández Cárdenas.
Integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Hernández Cárdenas reprochó que casi un año después de que Gabino Cué tomó posesión como gobernador, no existe “una respuesta contundente” para atacar el problema de la violencia hacia las mujeres, pese a que el mandatario ha presumido que su mandato tiene un “enfoque de equidad de género”.
Asimismo, cuestionó a la LVI Legislatura local, porque a pesar de conocer esta realidad, los diputados locales “tienen atorado un paquete de reformas que fueron presentadas y consensuadas con organizaciones civiles para tipificar el delito del feminicidio, elevar las penas y dar mayor garantías a las mujeres que sufren violencia”.
La activista defensora de los derechos humanos de las mujeres calificó de grave lo que está pasando en el estado de Oaxaca; y aunque no es atribuible a este sexenio, lo que observa es que “hay una indiferencia muy clara por parte de los gobernantes” para atender el problema de los asesinatos de mujeres, el último de los cuales, el pasado 5 de noviembre, el de una mujer de 77 años, ejecutada a machetazos.
Agregó que “quién no quiere ver esta grave situación o es negligente o está reproduciendo la lógica machista que se está dando en el país. Resulta preocupante y lamentable que frente a la ola de violencia feminicida, los 83 asesinatos de mujeres, el gobierno estatal tampoco está generando las condiciones de seguridad, respeto y protección a la labor que realizamos las defensoras de derechos humanos desde las organizaciones y ámbitos en los que participamos”.
Destacó que “si este gobierno pretende un cambio real hacia la transición democrática, uno de los aspectos centrales es la garantía para realizar el trabajo que las organizaciones civiles y sus defensoras y defensores aportan al conjunto de la sociedad.
De enero a noviembre de este año han sido asesinadas en Oaxaca 83 mujeres que, en promedio significan ocho ejecutadas mensualmente, mientras que en el Congreso del estado permanece “atorado” un paquete de reformas para tipificar el delito de feminicidio, elevar las penas para quienes lo cometan y otorgar mayores garantías a las víctimas de violencia de género, lamentó la activista Ana María Hernández Cárdenas.
Integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Hernández Cárdenas reprochó que casi un año después de que Gabino Cué tomó posesión como gobernador, no existe “una respuesta contundente” para atacar el problema de la violencia hacia las mujeres, pese a que el mandatario ha presumido que su mandato tiene un “enfoque de equidad de género”.
Asimismo, cuestionó a la LVI Legislatura local, porque a pesar de conocer esta realidad, los diputados locales “tienen atorado un paquete de reformas que fueron presentadas y consensuadas con organizaciones civiles para tipificar el delito del feminicidio, elevar las penas y dar mayor garantías a las mujeres que sufren violencia”.
La activista defensora de los derechos humanos de las mujeres calificó de grave lo que está pasando en el estado de Oaxaca; y aunque no es atribuible a este sexenio, lo que observa es que “hay una indiferencia muy clara por parte de los gobernantes” para atender el problema de los asesinatos de mujeres, el último de los cuales, el pasado 5 de noviembre, el de una mujer de 77 años, ejecutada a machetazos.
Agregó que “quién no quiere ver esta grave situación o es negligente o está reproduciendo la lógica machista que se está dando en el país. Resulta preocupante y lamentable que frente a la ola de violencia feminicida, los 83 asesinatos de mujeres, el gobierno estatal tampoco está generando las condiciones de seguridad, respeto y protección a la labor que realizamos las defensoras de derechos humanos desde las organizaciones y ámbitos en los que participamos”.
Destacó que “si este gobierno pretende un cambio real hacia la transición democrática, uno de los aspectos centrales es la garantía para realizar el trabajo que las organizaciones civiles y sus defensoras y defensores aportan al conjunto de la sociedad.
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