Apro
El Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa (TSJS) consignó a un juez y cesó a dos más por estar involucrados en el fraude por mil 320 millones de pesos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esa entidad.
Enrique Inzunza Cázares, presidente del Tribunal, informó que el juez consignado es José Raymundo Soto Conde, del municipio de Mocorito, y los cesados son Ángel Romero Valenzuela, de Choix, y Servando Murillo Cárdenas, de Elota.
De acuerdo con las investigaciones de la CFE, que iniciaron en 2007, se detectó que algunos jueces conocían de las demandas por derechos de servidumbre de paso cuando no correspondían a su distrito judicial.
Aun así permitieron que se llevaran a cabo los trámites jurídicos y fallaron en contra de la paraestatal con la complacencia del jurídico de CFE. En total son 60 los funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en el fraude por mil 320 millones de pesos.
El TSJS les fincó responsabilidades a los tres jueces mencionados por faltas a la legalidad y al profesionalismo.
De 2008 a la fecha, se ha consignado a tres sujetos quienes presuntamente son los principales operadores de la red de corrupción.
Además de Soto Conde, también fueron consignados Francisco Ladislao Rodríguez Retes, representante legal de la CFE en la divisional noroeste, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.
La víspera la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que en los próximos días iniciará un proceso de responsabilidad administrativa contra ocho abogados de la División Noreste de la CFE y varios funcionarios de las áreas jurídicas y de operaciones de la empresa.
Hasta hoy han comparecido al menos 20 funcionarios de la paraestatal como parte de las indagatorias, así como jueces del fuero común de Sinaloa y otros servidores públicos de esa entidad. Incluso la Procuraduría General de la República (PGR) informó que citará a comparecer al presidente del TSJS.
Las demandas contra CFE en Sinaloa por derechos de servidumbre de paso se han convertido en un millonario negocio para litigantes y particulares que son propietarios de los terrenos donde son instaladas las líneas de transmisión eléctricas.
El jugoso negocio empezó en 2004, entonces sólo se presentaron cuatro demandas para exigir indemnizaciones mayores a la empresa.
Para 2005 ya se habían interpuesto 197 demandas, 308 en 2006 y para 2007 los procedimientos ascendieron a dos mil 978. A partir de entonces, cada año se han presentado unas dos mil demandas.
En 2008, la División Noroeste de la CFE detectó que se presentaron dos mil 162 litigios por servidumbre de paso; en 2009 fueron dos mil 159; al año siguiente, dos mil 510, y en lo que va de 2011 son dos mil 343 los registrados.
La mayoría han sido resueltas en un par de meses por jueces locales en contra de CFE y no fueron impugnadas por el jurídico de la paraestatal.
La propia CFE ha fijado en mil 320 millones 724 mil 377 de pesos el monto de las indemnizaciones presuntamente fraudulentas otorgadas a la fecha.
El Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa (TSJS) consignó a un juez y cesó a dos más por estar involucrados en el fraude por mil 320 millones de pesos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esa entidad.
Enrique Inzunza Cázares, presidente del Tribunal, informó que el juez consignado es José Raymundo Soto Conde, del municipio de Mocorito, y los cesados son Ángel Romero Valenzuela, de Choix, y Servando Murillo Cárdenas, de Elota.
De acuerdo con las investigaciones de la CFE, que iniciaron en 2007, se detectó que algunos jueces conocían de las demandas por derechos de servidumbre de paso cuando no correspondían a su distrito judicial.
Aun así permitieron que se llevaran a cabo los trámites jurídicos y fallaron en contra de la paraestatal con la complacencia del jurídico de CFE. En total son 60 los funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en el fraude por mil 320 millones de pesos.
El TSJS les fincó responsabilidades a los tres jueces mencionados por faltas a la legalidad y al profesionalismo.
De 2008 a la fecha, se ha consignado a tres sujetos quienes presuntamente son los principales operadores de la red de corrupción.
Además de Soto Conde, también fueron consignados Francisco Ladislao Rodríguez Retes, representante legal de la CFE en la divisional noroeste, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.
La víspera la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que en los próximos días iniciará un proceso de responsabilidad administrativa contra ocho abogados de la División Noreste de la CFE y varios funcionarios de las áreas jurídicas y de operaciones de la empresa.
Hasta hoy han comparecido al menos 20 funcionarios de la paraestatal como parte de las indagatorias, así como jueces del fuero común de Sinaloa y otros servidores públicos de esa entidad. Incluso la Procuraduría General de la República (PGR) informó que citará a comparecer al presidente del TSJS.
Las demandas contra CFE en Sinaloa por derechos de servidumbre de paso se han convertido en un millonario negocio para litigantes y particulares que son propietarios de los terrenos donde son instaladas las líneas de transmisión eléctricas.
El jugoso negocio empezó en 2004, entonces sólo se presentaron cuatro demandas para exigir indemnizaciones mayores a la empresa.
Para 2005 ya se habían interpuesto 197 demandas, 308 en 2006 y para 2007 los procedimientos ascendieron a dos mil 978. A partir de entonces, cada año se han presentado unas dos mil demandas.
En 2008, la División Noroeste de la CFE detectó que se presentaron dos mil 162 litigios por servidumbre de paso; en 2009 fueron dos mil 159; al año siguiente, dos mil 510, y en lo que va de 2011 son dos mil 343 los registrados.
La mayoría han sido resueltas en un par de meses por jueces locales en contra de CFE y no fueron impugnadas por el jurídico de la paraestatal.
La propia CFE ha fijado en mil 320 millones 724 mil 377 de pesos el monto de las indemnizaciones presuntamente fraudulentas otorgadas a la fecha.
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