Apro
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE) ejercitó acción penal contra el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, Jorge Daniel Martínez Casco, y siete funcionarios más, por su presunta responsabilidad en la fuga de 11 reos el pasado domingo 27.
En un comunicado, la dependencia señaló que además de permitir la fuga, los directivos del penal fueron laxos en su vigilancia y permitían a los internos tener aparatos prohibidos en el reclusorio.
Agregó que antes de la fuga, a uno de los custodios le ofrecieron un millón de pesos para permitir la evasión de los 11 presos.
La PGR puntualizó que tras recoger testimonios, pruebas periciales, inspecciones ministeriales y pruebas documentales, incluidas en la averiguación previa 1881/2011/SACHO, el Ministerio Público concluyó que “se dieron diversas facilidades a los reos, fueron quebrantados los lineamientos de seguridad y no se ejercieron los controles necesarios”.
Añadió:
“La deformación de los candados de las celdas fue algo preparado, puesto que no existe la posibilidad de que hayan sido forzados, deformados o abiertos desde el interior de la celda, lo que indica que los candados fueron abiertos con su respectiva llave”.
Además, los fugados tenían una serie de concesiones, como permiso para introducir en sus celdas “grabadoras que podían escuchar a altos volúmenes, recibir todo tipo de visitas en horarios no permitidos, y a partir de las 19:00 horas ya no se hacían rondines o supervisiones en las celdas, lo que facilitó la planeación y organización de la huida”, puntualizó.
En este sentido, la PGJE abundó que “los reos contaban también con un teléfono celular con el que hicieron contacto hacia el exterior del Cereso, y tenían además un arma de fuego con la que amagaron a otros internos para facilitar su cometido. El boquete lo realizaron con un cincel y un barrote de una de las celdas”.
La dependencia subrayó que uno de los prófugos, José Diego Franquiz Contreras, “había ofrecido un millón de pesos a un custodio para que le permitieran darse a la fuga”.
Todo lo anterior, subrayó, permitió encontrar elementos suficientes para consignar por el delito de evasión de presos al director del penal, Jorge Martínez, al subdirector Arturo Parra Osorio, al coordinador operativo, Maximino Nieto, y al jefe de grupo de custodios, Esteban Sánchez Sánchez.
También al supervisor de custodios, Jaime Castillo Agustín, y a los custodios Víctor Nazario Castillo, Miguel Ángel Hernández Rocha y Marcos Hernández Pérez.
Las ocho personas quedarán a disposición de la juez segundo de lo penal, en tanto que la PGJ, a través de la Policía Ministerial y el Ministerio Público, continúa realizando las investigaciones sobre el caso.
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE) ejercitó acción penal contra el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, Jorge Daniel Martínez Casco, y siete funcionarios más, por su presunta responsabilidad en la fuga de 11 reos el pasado domingo 27.
En un comunicado, la dependencia señaló que además de permitir la fuga, los directivos del penal fueron laxos en su vigilancia y permitían a los internos tener aparatos prohibidos en el reclusorio.
Agregó que antes de la fuga, a uno de los custodios le ofrecieron un millón de pesos para permitir la evasión de los 11 presos.
La PGR puntualizó que tras recoger testimonios, pruebas periciales, inspecciones ministeriales y pruebas documentales, incluidas en la averiguación previa 1881/2011/SACHO, el Ministerio Público concluyó que “se dieron diversas facilidades a los reos, fueron quebrantados los lineamientos de seguridad y no se ejercieron los controles necesarios”.
Añadió:
“La deformación de los candados de las celdas fue algo preparado, puesto que no existe la posibilidad de que hayan sido forzados, deformados o abiertos desde el interior de la celda, lo que indica que los candados fueron abiertos con su respectiva llave”.
Además, los fugados tenían una serie de concesiones, como permiso para introducir en sus celdas “grabadoras que podían escuchar a altos volúmenes, recibir todo tipo de visitas en horarios no permitidos, y a partir de las 19:00 horas ya no se hacían rondines o supervisiones en las celdas, lo que facilitó la planeación y organización de la huida”, puntualizó.
En este sentido, la PGJE abundó que “los reos contaban también con un teléfono celular con el que hicieron contacto hacia el exterior del Cereso, y tenían además un arma de fuego con la que amagaron a otros internos para facilitar su cometido. El boquete lo realizaron con un cincel y un barrote de una de las celdas”.
La dependencia subrayó que uno de los prófugos, José Diego Franquiz Contreras, “había ofrecido un millón de pesos a un custodio para que le permitieran darse a la fuga”.
Todo lo anterior, subrayó, permitió encontrar elementos suficientes para consignar por el delito de evasión de presos al director del penal, Jorge Martínez, al subdirector Arturo Parra Osorio, al coordinador operativo, Maximino Nieto, y al jefe de grupo de custodios, Esteban Sánchez Sánchez.
También al supervisor de custodios, Jaime Castillo Agustín, y a los custodios Víctor Nazario Castillo, Miguel Ángel Hernández Rocha y Marcos Hernández Pérez.
Las ocho personas quedarán a disposición de la juez segundo de lo penal, en tanto que la PGJ, a través de la Policía Ministerial y el Ministerio Público, continúa realizando las investigaciones sobre el caso.
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