Carlos Ramírez / Indicador Político
A Estela Livera, con cariño y amistad a toda prueba
Todavía no se anunciaba oficialmente el fallecimiento del secretario de Gobernación y algunas versiones incluso hablaban de heridas graves y ya se había instalado en la dimensión simbólica de la sociedad la teoría de la conspiración.
El 20 de julio de 2008, recuerda el periodista e investigador Fred Álvarez en su blog http://fredalvarez.blogspot.com, un helicóptero Puma --como el que transportaba a los funcionarios de Gobernación-- se desplomó en Bolivia con varios militares a bordo; el presidente Evo Morales, que utilizaría esa nave que había sido “prestada” por el presidente Hugo Chávez, se exaltó y dijo que había sido un atentado y que el propio Morales era el blanco; sin embargo, una investigación oficial determinó que la caída había sido por “factores operacionales y de medio ambiente”.
En el caso del viernes pasado, cierto sector de la opinión pública mexicana se dedicó a trabajar la línea de información parcial; fue el caso de la CNN, hasta ahora bastante escrupulosa en la interpretación de sucesos sin fuentes sólidas de apuntalamiento; en los segmentos dirigidos por Carmen Aristegui la CNN aplicó una política informativa de insinuaciones y sin ofrecerle espacio a algunas otras hipótesis que no fueran las alusiones de un posible atentado del crimen organizado.
El problema de la política de comunicación social del Gobierno radicó en el hecho de que existe un estricto protocolo de manejo informativo para la investigación “de accidentes o incidentes” de aviación; el Protocolo 13 --de una lista de 18-- del Convenio Sobre la Aviación Civil de la Organización de Aviación Civil Internacional prohíbe, por ejemplo, calificar los sucesos de accidentes o atentados hasta no terminar una indagatoria exhaustiva que involucra no sólo al país donde ocurrió sino a los estados de producción y de supervisión de las naves. El problema radica en el hecho de que pueden existir demandas multimillonarias contra la empresa, el país y el responsable de las naves.
Por cierto, a raíz de la caída del avión Laser 45 que terminó con la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del superpolicía investigador José Luis Santiago Vasconcelos, en noviembre de 2008, el asunto estuvo a punto de ir a tribunales por el uso de la palabra accidente y de la acreditación inicial de responsabilidad al piloto; más aún, familiares de las víctimas podrían demandar a la empresa productora del avión, al país donde ocurrió el accidente, a la organización operativa a las autoridades de aviación por la muerte en un incidente.
Las demandas civiles multimillonarias son a veces la base de acuerdos de limitación de información. Por ejemplo, hay una tesis en el caso del avión de Mouriño y Santiago Vasconcelos de que el efecto de la turbulencia del avión que iba adelante no pudo manejarse por un error de diseño de los flaps de frenado. De haberse seguido esa línea de investigación, la empresa constructora de esos aviones pudo haber sido demandada por decenas de miles de millones de dólares y podría haberse visto obligada a retirar todos los aviones de circulación para arreglar esa falla; estas decisiones acreditadas al diseño ocurren mucho en la industria automotriz.
El silencio obligatorio en los accidentes de aviación en el área del Gobierno federal, para cumplir con el Protocolo 13, ha abierto los espacios para las diferentes teorías de la conspiración. Las posibilidades informativas del gobierno para enfrentar las versiones interpretativas son demasiado estrechas, porque para empezar el gobierno mexicano no puede usar siquiera la palabra “accidente” sino que debe de utilizar la palabra “incidente”; pero en un clima político nacional jaloneado por el cruce de bastantes coordenadas calientes, las restricciones oficiales y hasta legales de las autoridades se convierten en parte misma de las teorías de las conspiraciones.
Hasta donde se tienen indicios razonables, no existen indicios de que hubiera podido ser una acción del crimen organizado; de haber sido así, el Estado tendría los fundamentos necesarios para lanzar una ofensiva destructiva contra la organización sospechosa de la agresión. Por lo demás, no existían amenazas creíbles contra altos funcionarios del gobierno mexicano porque entonces desde cuándo se hubieran aumentado las medidas de seguridad visibles en torno a los funcionarios. Y de acuerdo con fuentes experimentadas, ninguna organización criminal cuenta con recursos para una acción de esta naturaleza.
Eso sí, hay evidencias de un clima de inestabilidad nacional y vinculada a los Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico; pero los climas no toman decisiones ni matan. Para un atentado se requiere de infraestructura que hasta ahora no se percibe en las organizaciones del crimen organizado. Quedaría, en todo caso, la tesis de un accidente provocado que no detectara responsabilidad directa, un atentado ciego, como una forma de introducir el debilitamiento interno en el gobierno y en el consenso social, aunque siempre el efecto es contrario: La cohesión y el apoyo.
Los efectos interpretativos de este tipo de incidentes se salen de los espacios analíticos y siempre se ahogan en el terreno de las pasiones. En todo caso, las reacciones del gobierno no han sido las adecuadas para frenar el pánico social o la desestabilización de las fogosidades sociales. Y en muchos casos, las conclusiones no conflictivas en el pasado han dejado insatisfecha a una sociedad sobrecalentada por las mismas fuerzas sociales que, paradójicamente, salen dañadas con estos incidentes y sus interpretaciones.
El escenario del caso Blake tiene tres aristas: Atentado, inestabilidad política o incidente fortuito. Que cada quien haga sus apuestas.
A Estela Livera, con cariño y amistad a toda prueba
Todavía no se anunciaba oficialmente el fallecimiento del secretario de Gobernación y algunas versiones incluso hablaban de heridas graves y ya se había instalado en la dimensión simbólica de la sociedad la teoría de la conspiración.
El 20 de julio de 2008, recuerda el periodista e investigador Fred Álvarez en su blog http://fredalvarez.blogspot.com, un helicóptero Puma --como el que transportaba a los funcionarios de Gobernación-- se desplomó en Bolivia con varios militares a bordo; el presidente Evo Morales, que utilizaría esa nave que había sido “prestada” por el presidente Hugo Chávez, se exaltó y dijo que había sido un atentado y que el propio Morales era el blanco; sin embargo, una investigación oficial determinó que la caída había sido por “factores operacionales y de medio ambiente”.
En el caso del viernes pasado, cierto sector de la opinión pública mexicana se dedicó a trabajar la línea de información parcial; fue el caso de la CNN, hasta ahora bastante escrupulosa en la interpretación de sucesos sin fuentes sólidas de apuntalamiento; en los segmentos dirigidos por Carmen Aristegui la CNN aplicó una política informativa de insinuaciones y sin ofrecerle espacio a algunas otras hipótesis que no fueran las alusiones de un posible atentado del crimen organizado.
El problema de la política de comunicación social del Gobierno radicó en el hecho de que existe un estricto protocolo de manejo informativo para la investigación “de accidentes o incidentes” de aviación; el Protocolo 13 --de una lista de 18-- del Convenio Sobre la Aviación Civil de la Organización de Aviación Civil Internacional prohíbe, por ejemplo, calificar los sucesos de accidentes o atentados hasta no terminar una indagatoria exhaustiva que involucra no sólo al país donde ocurrió sino a los estados de producción y de supervisión de las naves. El problema radica en el hecho de que pueden existir demandas multimillonarias contra la empresa, el país y el responsable de las naves.
Por cierto, a raíz de la caída del avión Laser 45 que terminó con la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del superpolicía investigador José Luis Santiago Vasconcelos, en noviembre de 2008, el asunto estuvo a punto de ir a tribunales por el uso de la palabra accidente y de la acreditación inicial de responsabilidad al piloto; más aún, familiares de las víctimas podrían demandar a la empresa productora del avión, al país donde ocurrió el accidente, a la organización operativa a las autoridades de aviación por la muerte en un incidente.
Las demandas civiles multimillonarias son a veces la base de acuerdos de limitación de información. Por ejemplo, hay una tesis en el caso del avión de Mouriño y Santiago Vasconcelos de que el efecto de la turbulencia del avión que iba adelante no pudo manejarse por un error de diseño de los flaps de frenado. De haberse seguido esa línea de investigación, la empresa constructora de esos aviones pudo haber sido demandada por decenas de miles de millones de dólares y podría haberse visto obligada a retirar todos los aviones de circulación para arreglar esa falla; estas decisiones acreditadas al diseño ocurren mucho en la industria automotriz.
El silencio obligatorio en los accidentes de aviación en el área del Gobierno federal, para cumplir con el Protocolo 13, ha abierto los espacios para las diferentes teorías de la conspiración. Las posibilidades informativas del gobierno para enfrentar las versiones interpretativas son demasiado estrechas, porque para empezar el gobierno mexicano no puede usar siquiera la palabra “accidente” sino que debe de utilizar la palabra “incidente”; pero en un clima político nacional jaloneado por el cruce de bastantes coordenadas calientes, las restricciones oficiales y hasta legales de las autoridades se convierten en parte misma de las teorías de las conspiraciones.
Hasta donde se tienen indicios razonables, no existen indicios de que hubiera podido ser una acción del crimen organizado; de haber sido así, el Estado tendría los fundamentos necesarios para lanzar una ofensiva destructiva contra la organización sospechosa de la agresión. Por lo demás, no existían amenazas creíbles contra altos funcionarios del gobierno mexicano porque entonces desde cuándo se hubieran aumentado las medidas de seguridad visibles en torno a los funcionarios. Y de acuerdo con fuentes experimentadas, ninguna organización criminal cuenta con recursos para una acción de esta naturaleza.
Eso sí, hay evidencias de un clima de inestabilidad nacional y vinculada a los Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico; pero los climas no toman decisiones ni matan. Para un atentado se requiere de infraestructura que hasta ahora no se percibe en las organizaciones del crimen organizado. Quedaría, en todo caso, la tesis de un accidente provocado que no detectara responsabilidad directa, un atentado ciego, como una forma de introducir el debilitamiento interno en el gobierno y en el consenso social, aunque siempre el efecto es contrario: La cohesión y el apoyo.
Los efectos interpretativos de este tipo de incidentes se salen de los espacios analíticos y siempre se ahogan en el terreno de las pasiones. En todo caso, las reacciones del gobierno no han sido las adecuadas para frenar el pánico social o la desestabilización de las fogosidades sociales. Y en muchos casos, las conclusiones no conflictivas en el pasado han dejado insatisfecha a una sociedad sobrecalentada por las mismas fuerzas sociales que, paradójicamente, salen dañadas con estos incidentes y sus interpretaciones.
El escenario del caso Blake tiene tres aristas: Atentado, inestabilidad política o incidente fortuito. Que cada quien haga sus apuestas.
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