Lydia Cacho / Plan B
A miles de personas les parece una locura absoluta que haya quien crea que este es el momento adecuado para presentar una acusación contra el gobierno de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero casi 20 mil personas, en general activistas, mujeres y hombres defensores de derechos humanos, han decidido que no se debe ocultar una tragedia que está a la vista de toda la sociedad.
Según la denuncia ciudadana que esta semana se entregará en Holanda en la sede de la CPI, en México durante los últimos años se han cometido y se siguen cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. La acusación señala a todos los actores fundamentales: los cárteles de las drogas y sus cómplices en el ámbito político y empresarial, y el gabinete de Felipe Calderón, quien de la mano del Ejército Mexicano está, según los casos documentados, participando en el aniquilamiento y las desapariciones forzadas de cientos de personas, todo ello bajo el auspicio de la confusión que ha generado una guerra cuyo cuartel son las calles de México.
Más allá de lo que pueda suceder en la Corte Penal Internacional, resulta interesante que se haya decidido utilizar un mecanismo legal para pedir ayuda ante una situación que, además de parecernos insostenible ya, mantiene en vilo a millones de personas que diariamente se preguntan cuándo van a parar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y todos los delitos correlacionados con la batalla abierta entre estos grupos, que a pesar de ser antagonistas sistemáticamente nos demuestran que incurren en prácticas similares para alcanzar fines distintos. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad coincide en que parece que los gobernantes simplemente administran una crisis criminal y el baño de sangre, pero no muestran una ruta de salida que no implique más muertes y más violencia.
Por un lado, el equipo de guerra del calderonismo, cuyo nuevo gran estratega en el norte es Jorge Tello Peón (uno de los grandes expertos mexicanos en inteligencia de seguridad nacional) ha asumido estrategias antiterroristas de que en momentos determinados exigen la eliminación sistemática de grupos criminales, a la que se han sumado gustosos algunos secretarios de Seguridad Pública como el general Bibiano Villa, gobernadores y alcaldes de diversas entidades, y, claro está, grupos de élite del Ejército.
En esta acusación ante la CPI, se presentarán expedientes documentados que acreditan 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderles a los cárteles).
Podemos o no estar de acuerdo en que se plantee esta denuncia ante una corte internacional, lo cierto es que resultará interesante conocer el diagnóstico que emitan estos jueces desde afuera. Ellos que han documentado crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, particularmente enfocados en África en los últimos años, ahora tornan su mirada a un país para ellos inesperado: México. Por lo pronto, lo que se rumora ya entre asesores y especialistas de la CPI es que hay evidencia de patrones de desapariciones forzadas que llevan consigo ecos de limpieza social.
Habrá quien piense que solicitar este juicio es una locura, pero es en realidad un acto de libertad. Felipe Calderón ha dicho durante cinco años que la gente debe creer en las instituciones, que la sociedad debe denunciar los delitos, ser valiente, impulsar la paz en México. Este juicio es, paradójicamente, una prueba de que millones de personas nacidas en México coinciden, al menos en eso, con el Presidente.
A miles de personas les parece una locura absoluta que haya quien crea que este es el momento adecuado para presentar una acusación contra el gobierno de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero casi 20 mil personas, en general activistas, mujeres y hombres defensores de derechos humanos, han decidido que no se debe ocultar una tragedia que está a la vista de toda la sociedad.
Según la denuncia ciudadana que esta semana se entregará en Holanda en la sede de la CPI, en México durante los últimos años se han cometido y se siguen cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. La acusación señala a todos los actores fundamentales: los cárteles de las drogas y sus cómplices en el ámbito político y empresarial, y el gabinete de Felipe Calderón, quien de la mano del Ejército Mexicano está, según los casos documentados, participando en el aniquilamiento y las desapariciones forzadas de cientos de personas, todo ello bajo el auspicio de la confusión que ha generado una guerra cuyo cuartel son las calles de México.
Más allá de lo que pueda suceder en la Corte Penal Internacional, resulta interesante que se haya decidido utilizar un mecanismo legal para pedir ayuda ante una situación que, además de parecernos insostenible ya, mantiene en vilo a millones de personas que diariamente se preguntan cuándo van a parar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y todos los delitos correlacionados con la batalla abierta entre estos grupos, que a pesar de ser antagonistas sistemáticamente nos demuestran que incurren en prácticas similares para alcanzar fines distintos. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad coincide en que parece que los gobernantes simplemente administran una crisis criminal y el baño de sangre, pero no muestran una ruta de salida que no implique más muertes y más violencia.
Por un lado, el equipo de guerra del calderonismo, cuyo nuevo gran estratega en el norte es Jorge Tello Peón (uno de los grandes expertos mexicanos en inteligencia de seguridad nacional) ha asumido estrategias antiterroristas de que en momentos determinados exigen la eliminación sistemática de grupos criminales, a la que se han sumado gustosos algunos secretarios de Seguridad Pública como el general Bibiano Villa, gobernadores y alcaldes de diversas entidades, y, claro está, grupos de élite del Ejército.
En esta acusación ante la CPI, se presentarán expedientes documentados que acreditan 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderles a los cárteles).
Podemos o no estar de acuerdo en que se plantee esta denuncia ante una corte internacional, lo cierto es que resultará interesante conocer el diagnóstico que emitan estos jueces desde afuera. Ellos que han documentado crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, particularmente enfocados en África en los últimos años, ahora tornan su mirada a un país para ellos inesperado: México. Por lo pronto, lo que se rumora ya entre asesores y especialistas de la CPI es que hay evidencia de patrones de desapariciones forzadas que llevan consigo ecos de limpieza social.
Habrá quien piense que solicitar este juicio es una locura, pero es en realidad un acto de libertad. Felipe Calderón ha dicho durante cinco años que la gente debe creer en las instituciones, que la sociedad debe denunciar los delitos, ser valiente, impulsar la paz en México. Este juicio es, paradójicamente, una prueba de que millones de personas nacidas en México coinciden, al menos en eso, con el Presidente.
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