Gerardo Peláez Ramos
Desde el martes 11 de octubre, en la Ciudad de México, algunos abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos, expusieron las razones que el día 25 de noviembre fueron presentadas en La Haya ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Felipe Calderón Hinojosa, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los capos de los narcotraficantes que atacan a la sociedad mexicana, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los firmantes que demandan juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y otras autoridades civiles, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México, están muchas personalidades de la academia, artistas y defensores de los derechos humanos, como José Rosario Marroquín, del Centro Prodh; Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Julio Scherer Ibarra; Octavio Rodríguez Araujo, y Rafael Barajas El Fisgón.
En el documento se señala que Felipe Calderón declaró el comienzo de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha producido más de 40 mil muertos durante el segundo sexenio panista. Para desarrollar esta política criminal ha utilizado las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanos. Solamente en 2010 este conflicto ha causado más caídos que la guerra emprendida por Estados Unidos en Afganistán y Pakistán y ha dejado alrededor de 120,000 desplazados.
No sobresale nuestra nación por sus avances democráticos, sino, desafortunadamente, por la violencia irracional y la violación a los derechos humanos. Por ello, destaca, junto con Afganistán y Somalia, por el secuestro y asesinato de periodistas, a la vez que nuestro país es el más peligroso del continente americano para los trabajadores de los medios.
El Ejército encubre y deja impune la violación de mujeres cometida por sus elementos al proceder en la búsqueda de integrantes de los cárteles. La realización de ejecuciones extrajudiciales no es cosa rara. Las fuerzas armadas manipulan las escenas del crimen y los cadáveres de los presuntos mafiosos.
El gobierno ilegítimo agrede sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a la Unión Americana. Es evidente que se trata de una política del gobierno panista, concebida desde Washington. En fechas recientes, nacionales de Centroamérica denunciaron que fueron “vendidos” por agentes del Instituto Nacional de Migración a una banda delicuencial para intimidar a otras pandillas del crimen organizado. Los narcos decapitan a civiles y reclutan menores de 15 años de edad, que ingresan al sicariato.
Proliferan los ataques a centros de rehabilitación en donde se atiende a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por mencionar sólo ejemplos muy representativos.
La impunidad impera en la nación, por causa del conflicto impulsado por Calderón. Los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables, no son enjuiciados. El Presidente de la República es intocable, y el Procurador General de la República no es independiente del titular del poder ejecutivo. En otras palabras, no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta racha de crímenes. Existe, además, el fuero militar. México, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está violando estos derechos.
Los firmantes piden al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el Estatuto de Roma de la CPI.
Ante el documento citado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió el Comunicado 372, que argumenta: “1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
El señalamiento oficial es falso. Para llevar ante la justicia a cualquier transgresor de la ley se requiere seguir un procedimiento que incluye la averiguación previa, la orden de aprehensión, la detención y presentación ante un juez, el juicio al presunto delincuente y la condena o la puesta en libertad dependiendo de su culpabilidad o su inocencia. En el caso de la llamada guerra de Calderón no hay nada de esto. Para empezar, el Ejército y la Marina no pueden cumplir funciones policiales porque no están capacitados para ello, la Constitución General de la República lo prohíbe, y las tropas tienen como misión en los conflictos bélicos liquidar a las fuerzas enemigas y conservar las fuerzas propias, que es el principio número 1 de la guerra.
Es falso que las familias estén fuera de la inseguridad que generan las bandas delincuenciales. Al contrario, zonas enteras del país, entre 2006 y 2011, han pasado al control de los cárteles de la droga y el crimen organizado. La inseguridad de las familias, en resumen, ha aumentado en forma escandalosa. Calderón no trajo la seguridad, sino la inseguridad. De ello dan razón las decenas de miles de muertos, los miles de secuestrados y los 120 mil desplazados.
“2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes”.
Miente el gobierno panista. El Estado de derecho está hecho pedazos en nuestro país, lo cual se refleja en asesinatos impunes en ciudades, pueblos y rancherías; rondines y retenes militares; estado de sitio de facto en muchas regiones; torturas, acciones ilegales por los enfrentamientos, y destrucción de gran parte de la legalidad alcanzada por el país entre 1934 y 1980. El panismo en el poder ha significado y significa una pesadilla sin nombre.
“3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad”.
¿Derechos humanos en México? De hecho, con la militarización y la criminalización de la protesta social el gobierno espurio de Calderón niega los derechos humanos fundamentales como son la inviolabilidad del hogar, la seguridad en las calles y carreteras, el respeto a la vida, la presunción de inocencia de los individuos sometidos a juicio, la no detención sin orden de aprehensión expedida por un juez, el respeto a los cadáveres y su no utilización en tareas de intimidación, por señalar algunos. Empero, si no fuera suficiente, las cárceles del país están llenas de presos políticos y sociales.
En cuanto a los resultados de la guerra contra el narcotráfico hay que señalar con claridad lo siguiente: a Estados Unidos siguen llegando, puntualmente, las drogas que requiere el mercado gabacho; la distribución de éstas se da a lo largo y lo ancho de la geografía usamericana; el número de drogadictos se mantiene estable; el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en los bancos gringos sigue en mayor escala que antes; los jefes de jefes y capos yanquis de la droga no son molestados en lo más mínimo por el gobierno de Barack H. Obama, y la venta de armas a los criminales de México y otros países vive uno de sus mejores momentos. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la multicitada guerra?
La respuesta salta a la vista: para “legalizar” y justificar la intervención norteamericana en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Bolivia, además de, obviamente, regular el mercado mundial de estupefacientes, bajo la dirección del imperialismo estadunidense. Más claro ni el agua.
En cuanto a México, ¿cuáles han sido las consecuencias de semejante guerra de politiqueros de la ultraderecha? La pregunta tampoco es de difícil solución: decenas de miles de muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados; control del narcotráfico de mayores espacios del territorio nacional; inseguridad creciente en todo el país; menor destrucción de cargamentos de drogas que en el período de Vicente Fox; aumento de la producción de mariguana, opio, heroína y anfetaminas; amenazas casi diarias de los políticos genocidas y criminales de guerra de EU; invasión silenciosa del país por parte de agencias de inteligencia, militares, policías, mercenarios (“contratistas”) y demás escoria belicista de allende el Bravo; descrédito internacional; daño grave del tejido social; desindustrialización; crisis económica, y algo que nadie debe olvidar, retroceso general frente a China, India, Brasil, Rusia y Argentina. México, hoy día, es ejemplo mundial de lo que no debe hacerse. A eso hemos llegado con un pésimo político que no debería dirigir ni siquiera un municipio de más de un millón de habitantes, y con un partido de proyanquis descarados.
Sin embargo, no hay que engañarse. La Corte Penal Internacional es un instrumento del gobierno de EU y los poderes trasnacionales para enjuiciar a sus enemigos y opositores. No tiene, en verdad, nada que ver con la justicia y el derecho de gentes, por lo que la demanda de juicio contra el hombre de Washington en México, el presidente espurio, de seguro, va a dormir el sueño de los justos, es decir, no va a proceder. Calderón, aparte del escándalo internacional, va a salir del problema sin ser sometido a juicio. Así, un auténtico guerrerista no militar tendrá que esperar algunos años para que la justicia mexicana le eche el guante. De que en el futuro así será, nadie lo dude. Sólo basta que Calderón se vea en el espejo de Perú, Argentina y otros países hermanos de la Patria Grande, que empiezan a castigar a sus políticos del pasado inmediato envueltos en graves crímenes contra sus pueblos y naciones. Al tiempo.
Desde el martes 11 de octubre, en la Ciudad de México, algunos abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos, expusieron las razones que el día 25 de noviembre fueron presentadas en La Haya ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Felipe Calderón Hinojosa, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los capos de los narcotraficantes que atacan a la sociedad mexicana, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los firmantes que demandan juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y otras autoridades civiles, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México, están muchas personalidades de la academia, artistas y defensores de los derechos humanos, como José Rosario Marroquín, del Centro Prodh; Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Julio Scherer Ibarra; Octavio Rodríguez Araujo, y Rafael Barajas El Fisgón.
En el documento se señala que Felipe Calderón declaró el comienzo de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha producido más de 40 mil muertos durante el segundo sexenio panista. Para desarrollar esta política criminal ha utilizado las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanos. Solamente en 2010 este conflicto ha causado más caídos que la guerra emprendida por Estados Unidos en Afganistán y Pakistán y ha dejado alrededor de 120,000 desplazados.
No sobresale nuestra nación por sus avances democráticos, sino, desafortunadamente, por la violencia irracional y la violación a los derechos humanos. Por ello, destaca, junto con Afganistán y Somalia, por el secuestro y asesinato de periodistas, a la vez que nuestro país es el más peligroso del continente americano para los trabajadores de los medios.
El Ejército encubre y deja impune la violación de mujeres cometida por sus elementos al proceder en la búsqueda de integrantes de los cárteles. La realización de ejecuciones extrajudiciales no es cosa rara. Las fuerzas armadas manipulan las escenas del crimen y los cadáveres de los presuntos mafiosos.
El gobierno ilegítimo agrede sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a la Unión Americana. Es evidente que se trata de una política del gobierno panista, concebida desde Washington. En fechas recientes, nacionales de Centroamérica denunciaron que fueron “vendidos” por agentes del Instituto Nacional de Migración a una banda delicuencial para intimidar a otras pandillas del crimen organizado. Los narcos decapitan a civiles y reclutan menores de 15 años de edad, que ingresan al sicariato.
Proliferan los ataques a centros de rehabilitación en donde se atiende a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por mencionar sólo ejemplos muy representativos.
La impunidad impera en la nación, por causa del conflicto impulsado por Calderón. Los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables, no son enjuiciados. El Presidente de la República es intocable, y el Procurador General de la República no es independiente del titular del poder ejecutivo. En otras palabras, no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta racha de crímenes. Existe, además, el fuero militar. México, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está violando estos derechos.
Los firmantes piden al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el Estatuto de Roma de la CPI.
Ante el documento citado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió el Comunicado 372, que argumenta: “1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
El señalamiento oficial es falso. Para llevar ante la justicia a cualquier transgresor de la ley se requiere seguir un procedimiento que incluye la averiguación previa, la orden de aprehensión, la detención y presentación ante un juez, el juicio al presunto delincuente y la condena o la puesta en libertad dependiendo de su culpabilidad o su inocencia. En el caso de la llamada guerra de Calderón no hay nada de esto. Para empezar, el Ejército y la Marina no pueden cumplir funciones policiales porque no están capacitados para ello, la Constitución General de la República lo prohíbe, y las tropas tienen como misión en los conflictos bélicos liquidar a las fuerzas enemigas y conservar las fuerzas propias, que es el principio número 1 de la guerra.
Es falso que las familias estén fuera de la inseguridad que generan las bandas delincuenciales. Al contrario, zonas enteras del país, entre 2006 y 2011, han pasado al control de los cárteles de la droga y el crimen organizado. La inseguridad de las familias, en resumen, ha aumentado en forma escandalosa. Calderón no trajo la seguridad, sino la inseguridad. De ello dan razón las decenas de miles de muertos, los miles de secuestrados y los 120 mil desplazados.
“2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes”.
Miente el gobierno panista. El Estado de derecho está hecho pedazos en nuestro país, lo cual se refleja en asesinatos impunes en ciudades, pueblos y rancherías; rondines y retenes militares; estado de sitio de facto en muchas regiones; torturas, acciones ilegales por los enfrentamientos, y destrucción de gran parte de la legalidad alcanzada por el país entre 1934 y 1980. El panismo en el poder ha significado y significa una pesadilla sin nombre.
“3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad”.
¿Derechos humanos en México? De hecho, con la militarización y la criminalización de la protesta social el gobierno espurio de Calderón niega los derechos humanos fundamentales como son la inviolabilidad del hogar, la seguridad en las calles y carreteras, el respeto a la vida, la presunción de inocencia de los individuos sometidos a juicio, la no detención sin orden de aprehensión expedida por un juez, el respeto a los cadáveres y su no utilización en tareas de intimidación, por señalar algunos. Empero, si no fuera suficiente, las cárceles del país están llenas de presos políticos y sociales.
En cuanto a los resultados de la guerra contra el narcotráfico hay que señalar con claridad lo siguiente: a Estados Unidos siguen llegando, puntualmente, las drogas que requiere el mercado gabacho; la distribución de éstas se da a lo largo y lo ancho de la geografía usamericana; el número de drogadictos se mantiene estable; el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en los bancos gringos sigue en mayor escala que antes; los jefes de jefes y capos yanquis de la droga no son molestados en lo más mínimo por el gobierno de Barack H. Obama, y la venta de armas a los criminales de México y otros países vive uno de sus mejores momentos. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la multicitada guerra?
La respuesta salta a la vista: para “legalizar” y justificar la intervención norteamericana en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Bolivia, además de, obviamente, regular el mercado mundial de estupefacientes, bajo la dirección del imperialismo estadunidense. Más claro ni el agua.
En cuanto a México, ¿cuáles han sido las consecuencias de semejante guerra de politiqueros de la ultraderecha? La pregunta tampoco es de difícil solución: decenas de miles de muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados; control del narcotráfico de mayores espacios del territorio nacional; inseguridad creciente en todo el país; menor destrucción de cargamentos de drogas que en el período de Vicente Fox; aumento de la producción de mariguana, opio, heroína y anfetaminas; amenazas casi diarias de los políticos genocidas y criminales de guerra de EU; invasión silenciosa del país por parte de agencias de inteligencia, militares, policías, mercenarios (“contratistas”) y demás escoria belicista de allende el Bravo; descrédito internacional; daño grave del tejido social; desindustrialización; crisis económica, y algo que nadie debe olvidar, retroceso general frente a China, India, Brasil, Rusia y Argentina. México, hoy día, es ejemplo mundial de lo que no debe hacerse. A eso hemos llegado con un pésimo político que no debería dirigir ni siquiera un municipio de más de un millón de habitantes, y con un partido de proyanquis descarados.
Sin embargo, no hay que engañarse. La Corte Penal Internacional es un instrumento del gobierno de EU y los poderes trasnacionales para enjuiciar a sus enemigos y opositores. No tiene, en verdad, nada que ver con la justicia y el derecho de gentes, por lo que la demanda de juicio contra el hombre de Washington en México, el presidente espurio, de seguro, va a dormir el sueño de los justos, es decir, no va a proceder. Calderón, aparte del escándalo internacional, va a salir del problema sin ser sometido a juicio. Así, un auténtico guerrerista no militar tendrá que esperar algunos años para que la justicia mexicana le eche el guante. De que en el futuro así será, nadie lo dude. Sólo basta que Calderón se vea en el espejo de Perú, Argentina y otros países hermanos de la Patria Grande, que empiezan a castigar a sus políticos del pasado inmediato envueltos en graves crímenes contra sus pueblos y naciones. Al tiempo.
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