Carlos Ramírez / Indicador Político
Ahora que Andrés Manuel López Obrador anda estrenando nuevo look social y de imagen, el país tiene derecho a preguntar si ofrecerá disculpas a los mexicanos por cinco años de agitación e inestabilidad o si dirá que lo pasado fue una broma estudiantil para incautos.
Porque la fase de desestabilización política del tabasqueño desde que mandó al diablo las instituciones le ha costado al país un periodo de autoexclusión de un tercio de la república. Lo paradójico es que López Obrador desconoció la institucionalidad constitucional al obligar al PRD y luego a sus seguidores a no reconocer la legitimidad constitucional de la presidencia de Felipe Calderón, pero ahora se apunta para competir en el mismo sistema electoral institucional que en el 2006 reconoció la victoria del candidato panista.
El acto de contrición se le exige a López Obrador para saber si va a jugar con las reglas institucionales, si estará en su agenda la aceptación de su derrota en el 2006 y si su presidencia legítima --con toma de posesión, banda presidencial y silla gestatoria con águila real-- fue una pesadilla, una broma de mal gusto o una manifestación de enojo. Lo de menos es que esa payasada de la presidencia legítima la haya creído a pie juntillas; lo importante es que con esa presidencia inexistente rompió la legalidad constitucional que hoy dice que sí aceptará.
El problema de López Obrador fue la ruptura del orden legal y constitucional que todo presidente de la república --legítimo o legítimo-- juró cumplir y hacer cumplir. El tabasqueño convocó a la insurrección civil durante cinco años y hoy dice que va a aceptar las reglas institucionales que violó cinco años. La lista de rupturas legales no es desdeñable:
1.- La presidencia legítima, con todo y toma de posesión.
2.- El desconocimiento de las instituciones electorales y de sus dictámenes legales sobre las elecciones presidenciales del 2006.
3.- La orden al PRD para impedir la toma de posesión de Felipe Calderón y meter al país en una ruptura del orden constitucional; siguiendo las órdenes del caudillo, los perredistas hicieron hasta lo imposible para impedir la toma de posesión de Calderón, inclusive introduciendo bombas molotov al Congreso.
4.- El uso ilegal de recursos públicos del Gobierno del DF durante cinco años para promover su candidatura presidencial.
5.- La decisión de no respetar un amparo y manipular un intento de desafuero para movilizar a las masas a su favor.
6.- El uso de insultos personales en su campaña presidencial.
7.- El desconocimiento de las instituciones políticas y electorales cuando las mandó al diablo porque no le reconocían como candidato triunfador.
8.- La manipulación de supuestas encuestas para proclamarse triunfador con una ventaja de “500 mil votos” pero sin presentar pruebas y su declaratoria de victoria electoral violando las reglas del IFE.
9.- El plantón de tiendas de campaña --porque en realidad hubo pocos seguidores-- a lo largo del corredor Zócalo Periférico para imponer su supuesta victoria que el conteo de votos nunca le dio.
10.- La orden a Marcelo Ebrard, entonces candidato triunfador en la elección de jefe de gobierno, para apoyar el plantón y no reconocer la legalidad de Calderón; Ebrard cumplió la orden del caudillo hasta que le convino a sus propios intereses; pero durante cinco años Ebrard eludió, a veces en situaciones cómicas de película muda, el saludo de mano a Calderón.
11.- La orden de López Obrador al PRD y a sus seguidores para acosar con violencia a Calderón y gritarle insultos en ceremonias públicas.
12.- El desconocimiento al resultado oficial de las elecciones y su autoproclamación como presidente legítimo, además de la instrucción a colaboradores para que le dieran el trato de “Señor Presidente”.
13.- La publicación de un libro para insultar a las instituciones y a sus titulares tildándolos de “mafia” que le “robó” la presidencia de la república, pero sin aportar datos concretos de su supuesta victoria en las urnas.
14.- Su larga gira de cinco años por la república sustentada en la tesis del fraude electoral pero con la intención de desprestigiar a las instituciones legítimas electorales y políticas.
15.- Sus informes anuales cada 20 de noviembre para presentarle a sus seguidores el reporte de sus tareas como presidente legítimo.
16.- Sus insultos a empresarios que dijo que fueron cómplices del fraude del 2006.
Con esta larga lista de evidencias de una ruptura del orden institucional, legal y constitucional, ahora López Obrador regresa al camino institucional que hasta la fecha no ha cambiado del que existió en el 2006 pero presentando una cara amable y conciliadora; pero hay que recordar que lo mismo hizo en su campaña electoral del 2006 reconociendo públicamente hasta en cinco ocasiones que aceptaría el dictamen final de las autoridades electorales y que reconocería la derrota así fuera por un voto, y al final se rebeló contra las instituciones.
Nada, pero nada, hay en el escenario político de López Obrador que pruebe que ahora sí respetará las instituciones y sus dictámenes oficiales; y si en el 2006 comenzó la campaña con 27 puntos de ventaja, hoy arrancaría con más de 30 puntos abajo del puntero priísta. De ahí que el electorado necesite una explicación pública de López Obrador, que diga si su rebelión contra las instituciones fue real o fingida y si respetará --ahora sí, pero de a deveras-- los resultados electorales oficiales.
Lo primero que debe hacer López Obrador es aclarar públicamente su rebelión contra las instituciones. Si no, estaríamos frente al mismo López Obrador y después de las elecciones del 2012 repetiría su teatrito.
Ahora que Andrés Manuel López Obrador anda estrenando nuevo look social y de imagen, el país tiene derecho a preguntar si ofrecerá disculpas a los mexicanos por cinco años de agitación e inestabilidad o si dirá que lo pasado fue una broma estudiantil para incautos.
Porque la fase de desestabilización política del tabasqueño desde que mandó al diablo las instituciones le ha costado al país un periodo de autoexclusión de un tercio de la república. Lo paradójico es que López Obrador desconoció la institucionalidad constitucional al obligar al PRD y luego a sus seguidores a no reconocer la legitimidad constitucional de la presidencia de Felipe Calderón, pero ahora se apunta para competir en el mismo sistema electoral institucional que en el 2006 reconoció la victoria del candidato panista.
El acto de contrición se le exige a López Obrador para saber si va a jugar con las reglas institucionales, si estará en su agenda la aceptación de su derrota en el 2006 y si su presidencia legítima --con toma de posesión, banda presidencial y silla gestatoria con águila real-- fue una pesadilla, una broma de mal gusto o una manifestación de enojo. Lo de menos es que esa payasada de la presidencia legítima la haya creído a pie juntillas; lo importante es que con esa presidencia inexistente rompió la legalidad constitucional que hoy dice que sí aceptará.
El problema de López Obrador fue la ruptura del orden legal y constitucional que todo presidente de la república --legítimo o legítimo-- juró cumplir y hacer cumplir. El tabasqueño convocó a la insurrección civil durante cinco años y hoy dice que va a aceptar las reglas institucionales que violó cinco años. La lista de rupturas legales no es desdeñable:
1.- La presidencia legítima, con todo y toma de posesión.
2.- El desconocimiento de las instituciones electorales y de sus dictámenes legales sobre las elecciones presidenciales del 2006.
3.- La orden al PRD para impedir la toma de posesión de Felipe Calderón y meter al país en una ruptura del orden constitucional; siguiendo las órdenes del caudillo, los perredistas hicieron hasta lo imposible para impedir la toma de posesión de Calderón, inclusive introduciendo bombas molotov al Congreso.
4.- El uso ilegal de recursos públicos del Gobierno del DF durante cinco años para promover su candidatura presidencial.
5.- La decisión de no respetar un amparo y manipular un intento de desafuero para movilizar a las masas a su favor.
6.- El uso de insultos personales en su campaña presidencial.
7.- El desconocimiento de las instituciones políticas y electorales cuando las mandó al diablo porque no le reconocían como candidato triunfador.
8.- La manipulación de supuestas encuestas para proclamarse triunfador con una ventaja de “500 mil votos” pero sin presentar pruebas y su declaratoria de victoria electoral violando las reglas del IFE.
9.- El plantón de tiendas de campaña --porque en realidad hubo pocos seguidores-- a lo largo del corredor Zócalo Periférico para imponer su supuesta victoria que el conteo de votos nunca le dio.
10.- La orden a Marcelo Ebrard, entonces candidato triunfador en la elección de jefe de gobierno, para apoyar el plantón y no reconocer la legalidad de Calderón; Ebrard cumplió la orden del caudillo hasta que le convino a sus propios intereses; pero durante cinco años Ebrard eludió, a veces en situaciones cómicas de película muda, el saludo de mano a Calderón.
11.- La orden de López Obrador al PRD y a sus seguidores para acosar con violencia a Calderón y gritarle insultos en ceremonias públicas.
12.- El desconocimiento al resultado oficial de las elecciones y su autoproclamación como presidente legítimo, además de la instrucción a colaboradores para que le dieran el trato de “Señor Presidente”.
13.- La publicación de un libro para insultar a las instituciones y a sus titulares tildándolos de “mafia” que le “robó” la presidencia de la república, pero sin aportar datos concretos de su supuesta victoria en las urnas.
14.- Su larga gira de cinco años por la república sustentada en la tesis del fraude electoral pero con la intención de desprestigiar a las instituciones legítimas electorales y políticas.
15.- Sus informes anuales cada 20 de noviembre para presentarle a sus seguidores el reporte de sus tareas como presidente legítimo.
16.- Sus insultos a empresarios que dijo que fueron cómplices del fraude del 2006.
Con esta larga lista de evidencias de una ruptura del orden institucional, legal y constitucional, ahora López Obrador regresa al camino institucional que hasta la fecha no ha cambiado del que existió en el 2006 pero presentando una cara amable y conciliadora; pero hay que recordar que lo mismo hizo en su campaña electoral del 2006 reconociendo públicamente hasta en cinco ocasiones que aceptaría el dictamen final de las autoridades electorales y que reconocería la derrota así fuera por un voto, y al final se rebeló contra las instituciones.
Nada, pero nada, hay en el escenario político de López Obrador que pruebe que ahora sí respetará las instituciones y sus dictámenes oficiales; y si en el 2006 comenzó la campaña con 27 puntos de ventaja, hoy arrancaría con más de 30 puntos abajo del puntero priísta. De ahí que el electorado necesite una explicación pública de López Obrador, que diga si su rebelión contra las instituciones fue real o fingida y si respetará --ahora sí, pero de a deveras-- los resultados electorales oficiales.
Lo primero que debe hacer López Obrador es aclarar públicamente su rebelión contra las instituciones. Si no, estaríamos frente al mismo López Obrador y después de las elecciones del 2012 repetiría su teatrito.
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