Apro
El gobierno del presidente Felipe Calderón advirtió hoy que “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra las personas que acusan temerariamente a su administración en distintos foros e instancias nacionales e internacionales de abusos y violaciones a los derechos humanos, en el marco de la guerra antinarco.
El viernes pasado, en nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En la denuncia también se incluyen a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.
El abogado mexicano entregó un expediente que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En un comunicado, el gobierno de la República “rechaza categóricamente las imputaciones falsas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.
En el documento, el gobierno de Calderón justifica una vez más su guerra contra el crimen organizado:
“Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.
El comunicado indica que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas federales no son sistemáticas, y que en cambio “estos casos han sido verdaderamente excepcionales”.
Agrega que en cambio el gobierno no sólo condena energicamente este tipo de atropellos sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
El comunicado indica que es absurdo tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios.
Y continúa: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El gobierno del presidente Felipe Calderón advirtió hoy que “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra las personas que acusan temerariamente a su administración en distintos foros e instancias nacionales e internacionales de abusos y violaciones a los derechos humanos, en el marco de la guerra antinarco.
El viernes pasado, en nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En la denuncia también se incluyen a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.
El abogado mexicano entregó un expediente que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En un comunicado, el gobierno de la República “rechaza categóricamente las imputaciones falsas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.
En el documento, el gobierno de Calderón justifica una vez más su guerra contra el crimen organizado:
“Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.
El comunicado indica que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas federales no son sistemáticas, y que en cambio “estos casos han sido verdaderamente excepcionales”.
Agrega que en cambio el gobierno no sólo condena energicamente este tipo de atropellos sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
El comunicado indica que es absurdo tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios.
Y continúa: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
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