Apro - CIMAC
Después de tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada al caso de las 11 mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, que fueron vejadas por policías durante el conflicto político social registrado los días 3 y 4 de mayo de 2006.
La decisión de la CIDH abre la posibilidad de que el caso pase eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al concluir el 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al viernes 4 del mes en curso, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”.
Las denunciantes son: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el Estado de México, luego de ser detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, quien pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
La intervención policiaca dejó un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos –Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, un estudiante–, y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado, aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, quien acompaña a las víctimas, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó que la admisión es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la Comisión y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010, cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, criticaron la actuación de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
Después de tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada al caso de las 11 mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, que fueron vejadas por policías durante el conflicto político social registrado los días 3 y 4 de mayo de 2006.
La decisión de la CIDH abre la posibilidad de que el caso pase eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al concluir el 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al viernes 4 del mes en curso, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”.
Las denunciantes son: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el Estado de México, luego de ser detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, quien pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
La intervención policiaca dejó un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos –Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, un estudiante–, y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado, aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, quien acompaña a las víctimas, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó que la admisión es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la Comisión y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010, cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, criticaron la actuación de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
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