Francisco Rodríguez / Índice Político
Más de 10 mil muertos en lo que corre de este 2011 contabiliza ya la guerra de Felipe Calderón dizque en contra de (casi toda) la delincuencia organizada. Un auténtico fracaso que reconocen hasta sus panegiristas, como sin duda lo es el Nobel Vargas Llosa.
No atina Calderón a vencer a su enemigo y sí, en cambio, mantiene aterrada a la sociedad pues con sus equívocas acciones sólo incrementa el conflicto.
Militarizar lo que ahora él sólo llama lucha contra la delincuencia es el peor de todos sus errores. Los medios violentos no sólo presionan sobre el adversario sino que también lo hacen sobre la sociedad, misma que se ve coaccionada. De hecho, me dice un experto, en las situaciones de resistencia armada, la minoría que controla los dispositivos armados ejerce a su vez formas de control sobre la sociedad, a la que trata de convertir en un objeto al servicio de sus fines.
Es así como la fallida Administración encabezada por el michoacano ha criminalizado prácticamente todas las conductas ciudadanas y, peor aún, ha intentado que el Congreso se las legitime a través de iniciativas como la nueva Ley de Seguridad o las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales –que, por algo, sólo reclaman los generales y los almirantes–, ejerciendo la violencia política, que no el weberiano “uso legítimo de la fuerza”.
Porque, para empezar, ¿puede un “gobernante” que se sabe ilegítimo ejercer legítimamente la fuerza del Estado? No. Claro que no.
No sólo eso. Desde siempre, los dizques gobernantes mexicanos han empleado la violencia política –con la fuerza que les brinda el cargo que ocupan o usurpan– para, principalmente, mantenerse ellos o sus paniaguados en el poder.
Coartar los derechos políticos de los ciudadanos es el primer paso. Desde finales de la década de los 70’s, por ejemplo, con la primera gran reforma política –a cargo de don José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles– están constitucionalmente planteados los derechos a referéndum e iniciativa popular, sin que la llamada clase política concrete tales posibilidades.
No sólo eso. Los políticos, ya del PRI, ya del PAN y hasta del PRD, coartan los derechos políticos y, con tal, ejercen la violencia política en contra de los ciudadanos, al usar las estructuras del Estado para realizar campañas políticas que favorecen a los candidatos del gobierno. Usan para ello los programas asistencialistas, cuyos “beneficios” condicionan a cambio del voto.
Lo peor es que la violencia política –la ley del más fuerte… aunque tal fortaleza provenga de los recursos aportados por la sociedad– también provoca, como ahora es el caso, la apropiación de competencias de autoridades electas democráticamente, a través de nuevas figuras de “gobierno”. El llamado “mando único” militar-naval-policiaco impuesto en Veracruz y en Guerrero hasta ahora, es el ejemplo a citar.
Violencia política, también, cuando se fomentan los grupos de choque. Y el caso de los paramilitares, “mata-zetas”, whatever… sale a relucir.
En el ejercicio de la violencia política, se abandonan al argumento y al diálogo, para privilegiar la descalificación, la ofensa y la violencia verbal en el discurso político… tal y como lo han hecho Calderón y sus secuaces en los últimos meses. Incumplir o cumplir parcialmente con el compromiso de reunión con el poeta Javier Sicilia es sólo uno de los muchos botones de muestra.
Todavía más grave es que, producto de esta violencia política ejercida por el calderonato se han realizado detenciones y se han abierto expedientes judiciales selectivamente. Como selectivamente, también, se lucha en contra de determinados cárteles y se protege a otro.
Violenta, la fracasada Administración del ocupante de Los Pinos ha empleado –y seguirá empleando– las persecuciones y hasta inhabilitaciones políticas de sus opositores electorales a través de vías administrativas y hasta judiciales que no sólo son poco claras, sino hasta contradictorias. El “michoacanazo” es un clásico… que se va a repetir.
Calderón, en su incapacidad y frustración se ha vuelto violento y, parafaraseándolo, “es un peligro para México”.
Porque, quienes hacen uso de la violencia son moldeados por esa violencia. Su endurecimiento es consecuente, cuando no hasta el embrutecimiento (“la militarización de la lucha militariza a quienes luchan”), y por tal es que justifica hasta más de lo debido lo que hace, pues su moral se adaptó ya al uso de la violencia.
Índice Flamígero: Dos realidades. O puede que hasta más. La de los políticos en la búsqueda del poder, con sus ceremonias, sus boatos, sus millonarios recursos económicos disponibles, sus símbolos ininteligibles para el pueblo… Y la que es real-real de los muertos, sus deudos, de los millones que conviven a cada hora con el miedo, de quienes huyen del país, de los que sacan sus capitales al extranjero. ¿País esquizofrénico?
Más de 10 mil muertos en lo que corre de este 2011 contabiliza ya la guerra de Felipe Calderón dizque en contra de (casi toda) la delincuencia organizada. Un auténtico fracaso que reconocen hasta sus panegiristas, como sin duda lo es el Nobel Vargas Llosa.
No atina Calderón a vencer a su enemigo y sí, en cambio, mantiene aterrada a la sociedad pues con sus equívocas acciones sólo incrementa el conflicto.
Militarizar lo que ahora él sólo llama lucha contra la delincuencia es el peor de todos sus errores. Los medios violentos no sólo presionan sobre el adversario sino que también lo hacen sobre la sociedad, misma que se ve coaccionada. De hecho, me dice un experto, en las situaciones de resistencia armada, la minoría que controla los dispositivos armados ejerce a su vez formas de control sobre la sociedad, a la que trata de convertir en un objeto al servicio de sus fines.
Es así como la fallida Administración encabezada por el michoacano ha criminalizado prácticamente todas las conductas ciudadanas y, peor aún, ha intentado que el Congreso se las legitime a través de iniciativas como la nueva Ley de Seguridad o las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales –que, por algo, sólo reclaman los generales y los almirantes–, ejerciendo la violencia política, que no el weberiano “uso legítimo de la fuerza”.
Porque, para empezar, ¿puede un “gobernante” que se sabe ilegítimo ejercer legítimamente la fuerza del Estado? No. Claro que no.
No sólo eso. Desde siempre, los dizques gobernantes mexicanos han empleado la violencia política –con la fuerza que les brinda el cargo que ocupan o usurpan– para, principalmente, mantenerse ellos o sus paniaguados en el poder.
Coartar los derechos políticos de los ciudadanos es el primer paso. Desde finales de la década de los 70’s, por ejemplo, con la primera gran reforma política –a cargo de don José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles– están constitucionalmente planteados los derechos a referéndum e iniciativa popular, sin que la llamada clase política concrete tales posibilidades.
No sólo eso. Los políticos, ya del PRI, ya del PAN y hasta del PRD, coartan los derechos políticos y, con tal, ejercen la violencia política en contra de los ciudadanos, al usar las estructuras del Estado para realizar campañas políticas que favorecen a los candidatos del gobierno. Usan para ello los programas asistencialistas, cuyos “beneficios” condicionan a cambio del voto.
Lo peor es que la violencia política –la ley del más fuerte… aunque tal fortaleza provenga de los recursos aportados por la sociedad– también provoca, como ahora es el caso, la apropiación de competencias de autoridades electas democráticamente, a través de nuevas figuras de “gobierno”. El llamado “mando único” militar-naval-policiaco impuesto en Veracruz y en Guerrero hasta ahora, es el ejemplo a citar.
Violencia política, también, cuando se fomentan los grupos de choque. Y el caso de los paramilitares, “mata-zetas”, whatever… sale a relucir.
En el ejercicio de la violencia política, se abandonan al argumento y al diálogo, para privilegiar la descalificación, la ofensa y la violencia verbal en el discurso político… tal y como lo han hecho Calderón y sus secuaces en los últimos meses. Incumplir o cumplir parcialmente con el compromiso de reunión con el poeta Javier Sicilia es sólo uno de los muchos botones de muestra.
Todavía más grave es que, producto de esta violencia política ejercida por el calderonato se han realizado detenciones y se han abierto expedientes judiciales selectivamente. Como selectivamente, también, se lucha en contra de determinados cárteles y se protege a otro.
Violenta, la fracasada Administración del ocupante de Los Pinos ha empleado –y seguirá empleando– las persecuciones y hasta inhabilitaciones políticas de sus opositores electorales a través de vías administrativas y hasta judiciales que no sólo son poco claras, sino hasta contradictorias. El “michoacanazo” es un clásico… que se va a repetir.
Calderón, en su incapacidad y frustración se ha vuelto violento y, parafaraseándolo, “es un peligro para México”.
Porque, quienes hacen uso de la violencia son moldeados por esa violencia. Su endurecimiento es consecuente, cuando no hasta el embrutecimiento (“la militarización de la lucha militariza a quienes luchan”), y por tal es que justifica hasta más de lo debido lo que hace, pues su moral se adaptó ya al uso de la violencia.
Índice Flamígero: Dos realidades. O puede que hasta más. La de los políticos en la búsqueda del poder, con sus ceremonias, sus boatos, sus millonarios recursos económicos disponibles, sus símbolos ininteligibles para el pueblo… Y la que es real-real de los muertos, sus deudos, de los millones que conviven a cada hora con el miedo, de quienes huyen del país, de los que sacan sus capitales al extranjero. ¿País esquizofrénico?
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