Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Después de más de dos años de alertas públicas, finalmente se abrió el debate en México sobre grupos paramilitares vinculados a la guerra contra el narcotráfico. La discusión mexicana no se ubica en el contexto de los grupos paramilitares que nacieron y florecieron en Colombia creados originalmente por los terratenientes para defenderse y combatir a la guerrilla, y que después, con vida autónoma, entraron al narcotráfico. Lo que se plantea hoy en día en México, es la existencia del Agente 007, James Bond, en versión tropicalizada.
Bond, el personaje de Ian Fleming, el autor inglés que reflejó en el inmortal Agente 007 de novelas y filmes su experiencia en la Inteligencia Naval británica, es la versión más cruda –envuelta en su carácter mujeriego y bon vivant- de los recursos que tiene un Estado para enfrentar a sus enemigos cuando las herramientas de la justicia no les alcanzan.
El caso de Bond –con licencia para matar-, tuvo su secuela en Hollywood con la laureada serie “24”, donde se violaban todas las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. La serie mostraba los abusos con un fin único: defender al Estado de sus enemigos –terroristas y narcotraficantes-, que al tiempo de despertar críticas por sus violaciones a la ley, oficiales y soldados comisionados en Irak, a quienes se les transmitía de manera regular, se caían en aplausos y gritos en cada programa.
Bond y Jack Bauer, sus protagonistas ficticios, son interpretaciones de lo real. Lo último evidente fue el equipo de SEALs de la Marina estadounidense que entró sin aviso a territorio paquistaní –técnicamente una invasión- y realizó una operación secreta –clara violación de la soberanía nacional- para eliminar a su enemigo Osama bin Laden –que fue una ejecución-. El presidente Barack Obama declaró que “se había hecho justicia”, con lo cual justificó la atrocidad política y diplomática con la que actuó su gobierno.
Prácticamente no hubo nación que lo cuestionara. Lo entienden claramente. En la guerra contra el terrorismo, la ley resulta insuficiente. Guantánamo y el programa de rendición –torturas en países con leyes laxas-, fueron históricamente redimidos. El jefe de la CIA para combatir el terrorismo pasó de estar en el umbral de la cárcel por los abusos en los cuales incurrieron sus hombres en el mundo, a ser héroe de la guerra que declaró George W. Bush.
Estas prácticas, sin embargo, se salen siempre de control. Incluso en Estados Unidos y Gran Bretaña, estados con elevados sistemas de procuración de justicia, arrastrarán consigo a Guantánamo y Abu Ghraib. En Centroamérica, los paramilitares no sólo combatieron a la guerrilla en los 80s, sino aniquilaron –como el notorio caso de Guatemala-, a una amplia capa de clases medias educadas, ante el temor que tomaran las armas. En Colombia se volvieron narcotraficantes, y en el Cono Sur, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por Washington, salían escuadrones de la muerte en la oscuridad de las noches a sembrar el terror, integrados muchas veces por los cuerpos de élite de la Marina.
Los grupos paramilitares no tienen salidas. Nacen y mueren en la contradicción de que no importa qué tan puro sea su objetivo, siempre tienen que pagar por lo que hicieron. No importa cuán importante sea su misión, la justicia tocará en algún momento la puerta.
En México hay un caso preciso que no se ha explorado en esa dimensión, el de Miguel Nassar Haro, legendario director de la Dirección Federal de Seguridad, que cerró el gobierno de Miguel de la Madrid por la corrupción, la penetración del narcotráfico y su permanente actuación más allá de la ley. Nassar Haro fue acusado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la guerra sucia.
El policía de policías nunca ha admitido haber violado ley alguna. Su papel lo ubica en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Aunque afirma que jamás torturó o asesinó, que es la acusación central en su contra, su lógica es aquella donde la ley, muchas veces, es insuficiente. Nassar Haro resolvió decenas de secuestros de empresarios –muchos de ellos no publicitados-, por lo que tiene más de 90 agradecimientos de ellos. ¿Cómo lo hizo? Para ellos es irrelevante.
El resultado de salir con vida fue lo importante para las víctimas. Por eso, cuando estuvo preso a mediados de esta década en la cárcel de Topo Chico en Monterrey, diariamente llegaban viandas en tal abundancia que se repartían por todo el penal entre los presidiarios, enviadas por los empresarios en muestra de agradecimiento por lo que había hecho por ellos. Una vez se le preguntó sobre los enfrentamientos con las guerrillas, y Nassar dijo que para el gobierno, aquellos jóvenes llenos de sueños, eran meramente delincuentes.
Nassar Haro se dice un hombre institucional que actuó bajo las órdenes de un gobierno. Su trabajo era salvaguardar la seguridad del Estado Mexicano, y él fue un soldado que cumplió con el mandato. La justicia hoy en día no lo reconoce como tal. En los parámetros de la ley, antes y ahora, las detenciones extrajudiciales, torturas y ejecuciones de delincuentes, son violaciones a los derechos humanos.
Las coyunturas, aún en los estados de Derecho más sólidos, suelen esconder tras el ruido de la violencia, los abusos de los gobiernos. No importa cuánta ilegalidad cometió una persona, si se vulneran sus derechos, tarde o temprano es un tema que se dirimirá en público. La discusión en México en estos días no es sobre la inocencia o culpabilidad de quienes han muerto en las calles, sino si hubo o no alguna autoridad que, en ejercicio de su licencia para matar, comenzó a limpiar delincuentes y presuntos delincuentes, por encima de la ley.
Los resultados de cómo terminan estas historias de horror no son iguales. En algunos casos particulares, como ahora en Estados Unidos, quien organizó y ordenó todas las prácticas extralegales para enfrentar a Al Qaeda, ha sido reivindicado. En otras naciones, como México, están pagando su involucramiento. Un ex presidente, Luis Echeverría, y Nassar Haro, que siguen en proceso, son ejemplos de lo que puede suceder una vez más si no se aclara quiénes son y de dónde vienen los grupos que han venido matando criminales hace ya buen tiempo.
Después de más de dos años de alertas públicas, finalmente se abrió el debate en México sobre grupos paramilitares vinculados a la guerra contra el narcotráfico. La discusión mexicana no se ubica en el contexto de los grupos paramilitares que nacieron y florecieron en Colombia creados originalmente por los terratenientes para defenderse y combatir a la guerrilla, y que después, con vida autónoma, entraron al narcotráfico. Lo que se plantea hoy en día en México, es la existencia del Agente 007, James Bond, en versión tropicalizada.
Bond, el personaje de Ian Fleming, el autor inglés que reflejó en el inmortal Agente 007 de novelas y filmes su experiencia en la Inteligencia Naval británica, es la versión más cruda –envuelta en su carácter mujeriego y bon vivant- de los recursos que tiene un Estado para enfrentar a sus enemigos cuando las herramientas de la justicia no les alcanzan.
El caso de Bond –con licencia para matar-, tuvo su secuela en Hollywood con la laureada serie “24”, donde se violaban todas las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. La serie mostraba los abusos con un fin único: defender al Estado de sus enemigos –terroristas y narcotraficantes-, que al tiempo de despertar críticas por sus violaciones a la ley, oficiales y soldados comisionados en Irak, a quienes se les transmitía de manera regular, se caían en aplausos y gritos en cada programa.
Bond y Jack Bauer, sus protagonistas ficticios, son interpretaciones de lo real. Lo último evidente fue el equipo de SEALs de la Marina estadounidense que entró sin aviso a territorio paquistaní –técnicamente una invasión- y realizó una operación secreta –clara violación de la soberanía nacional- para eliminar a su enemigo Osama bin Laden –que fue una ejecución-. El presidente Barack Obama declaró que “se había hecho justicia”, con lo cual justificó la atrocidad política y diplomática con la que actuó su gobierno.
Prácticamente no hubo nación que lo cuestionara. Lo entienden claramente. En la guerra contra el terrorismo, la ley resulta insuficiente. Guantánamo y el programa de rendición –torturas en países con leyes laxas-, fueron históricamente redimidos. El jefe de la CIA para combatir el terrorismo pasó de estar en el umbral de la cárcel por los abusos en los cuales incurrieron sus hombres en el mundo, a ser héroe de la guerra que declaró George W. Bush.
Estas prácticas, sin embargo, se salen siempre de control. Incluso en Estados Unidos y Gran Bretaña, estados con elevados sistemas de procuración de justicia, arrastrarán consigo a Guantánamo y Abu Ghraib. En Centroamérica, los paramilitares no sólo combatieron a la guerrilla en los 80s, sino aniquilaron –como el notorio caso de Guatemala-, a una amplia capa de clases medias educadas, ante el temor que tomaran las armas. En Colombia se volvieron narcotraficantes, y en el Cono Sur, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por Washington, salían escuadrones de la muerte en la oscuridad de las noches a sembrar el terror, integrados muchas veces por los cuerpos de élite de la Marina.
Los grupos paramilitares no tienen salidas. Nacen y mueren en la contradicción de que no importa qué tan puro sea su objetivo, siempre tienen que pagar por lo que hicieron. No importa cuán importante sea su misión, la justicia tocará en algún momento la puerta.
En México hay un caso preciso que no se ha explorado en esa dimensión, el de Miguel Nassar Haro, legendario director de la Dirección Federal de Seguridad, que cerró el gobierno de Miguel de la Madrid por la corrupción, la penetración del narcotráfico y su permanente actuación más allá de la ley. Nassar Haro fue acusado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la guerra sucia.
El policía de policías nunca ha admitido haber violado ley alguna. Su papel lo ubica en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Aunque afirma que jamás torturó o asesinó, que es la acusación central en su contra, su lógica es aquella donde la ley, muchas veces, es insuficiente. Nassar Haro resolvió decenas de secuestros de empresarios –muchos de ellos no publicitados-, por lo que tiene más de 90 agradecimientos de ellos. ¿Cómo lo hizo? Para ellos es irrelevante.
El resultado de salir con vida fue lo importante para las víctimas. Por eso, cuando estuvo preso a mediados de esta década en la cárcel de Topo Chico en Monterrey, diariamente llegaban viandas en tal abundancia que se repartían por todo el penal entre los presidiarios, enviadas por los empresarios en muestra de agradecimiento por lo que había hecho por ellos. Una vez se le preguntó sobre los enfrentamientos con las guerrillas, y Nassar dijo que para el gobierno, aquellos jóvenes llenos de sueños, eran meramente delincuentes.
Nassar Haro se dice un hombre institucional que actuó bajo las órdenes de un gobierno. Su trabajo era salvaguardar la seguridad del Estado Mexicano, y él fue un soldado que cumplió con el mandato. La justicia hoy en día no lo reconoce como tal. En los parámetros de la ley, antes y ahora, las detenciones extrajudiciales, torturas y ejecuciones de delincuentes, son violaciones a los derechos humanos.
Las coyunturas, aún en los estados de Derecho más sólidos, suelen esconder tras el ruido de la violencia, los abusos de los gobiernos. No importa cuánta ilegalidad cometió una persona, si se vulneran sus derechos, tarde o temprano es un tema que se dirimirá en público. La discusión en México en estos días no es sobre la inocencia o culpabilidad de quienes han muerto en las calles, sino si hubo o no alguna autoridad que, en ejercicio de su licencia para matar, comenzó a limpiar delincuentes y presuntos delincuentes, por encima de la ley.
Los resultados de cómo terminan estas historias de horror no son iguales. En algunos casos particulares, como ahora en Estados Unidos, quien organizó y ordenó todas las prácticas extralegales para enfrentar a Al Qaeda, ha sido reivindicado. En otras naciones, como México, están pagando su involucramiento. Un ex presidente, Luis Echeverría, y Nassar Haro, que siguen en proceso, son ejemplos de lo que puede suceder una vez más si no se aclara quiénes son y de dónde vienen los grupos que han venido matando criminales hace ya buen tiempo.
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