Apro
Los agravios del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Proceso fueron incluidos en los informes sobre la libertad de expresión en México, elaborados por los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el documento, que incluye ambos reportes, Proceso fue incluido como un ejemplo de la parcialidad con que el gobierno de Calderón asigna la publicidad oficial, así como víctima del decomiso disfrazado de compra masiva de ejemplares, en medio de la guerra contra el narcotráfico.
En el informe del relator de la ONU, Frank La Rue, se resalta que el semanario fundado por Julio Scherer García “habría interpuesto una queja ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), dado que el gobierno federal habría dejado de contratar publicidad oficial, a pesar de que dicha revista tendría una amplia y reconocida circulación”.
Ante circunstancias como esta, el relator de la ONU “considera urgente la aprobación de reglas claras, objetivas transparentes y no discriminatorias para la contratación de dicho servicio (de publicidad oficial), tanto a nivel federal como estatal”.
En el apartado sobre violencia contra periodistas, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y entre cárteles, la relatora de la CIDH, Carolina Botero, destaca la compra inusitada de ejemplares de Proceso en Sinaloa.
Tras detallar los 13 asesinatos de periodistas en 2010, ocho secuestros de comunicadores –cinco de los cuales están desaparecidos–, siete casos de agresiones y hostigamientos perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad y del Ejército mexicano, así como casos de reporteros víctimas de amenazas, agresiones físicas y calumnias, Botero incluye el caso de este semanario como parte del ambiente de agresividad.
“Según información recibida, el 5 de abril de 2010 personas desconocidas habrían comprado al distribuidor del semanario Proceso en el estado de Sinaloa, prácticamente la totalidad de los ejemplares que la revista había destinado para su venta al público en la entidad (…) Sólo se distribuyeron 200 de los mil 779 ejemplares. El ejemplar de Proceso publicaba la entrevista con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y artículos periodísticos en los que se habría denunciado la presunta relación del capo del narcotráfico con un político local de Sinaloa”.
El reporte de la CIDH coincide con el de la ONU al señalar que el gobierno federal, “sin ninguna razón aparente, habrá dejado de contratar con ella (la revista Proceso) publicidad oficial, a pesar de que la revista tendría una amplia y reconocida circulación”.
Además, en el documento se da cuenta del oneroso gasto público en publicidad oficial, con paulatino crecimiento.
“Según información entregada por el Estado, en 2009 el gasto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalente a 410 millones 580 mil 429 dólares, que representa un aumento de más de 60% comparado con el gasto del año 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación”.
En el apartado “Libertad, diversidad y pluralismo democrático”, la relatora de la CIDH puntualiza sobre la publicidad oficial: “El gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de líneas informativas”.
De ahí que entre sus recomendaciones al respecto mencione la urgencia de “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.
Los agravios del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Proceso fueron incluidos en los informes sobre la libertad de expresión en México, elaborados por los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el documento, que incluye ambos reportes, Proceso fue incluido como un ejemplo de la parcialidad con que el gobierno de Calderón asigna la publicidad oficial, así como víctima del decomiso disfrazado de compra masiva de ejemplares, en medio de la guerra contra el narcotráfico.
En el informe del relator de la ONU, Frank La Rue, se resalta que el semanario fundado por Julio Scherer García “habría interpuesto una queja ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), dado que el gobierno federal habría dejado de contratar publicidad oficial, a pesar de que dicha revista tendría una amplia y reconocida circulación”.
Ante circunstancias como esta, el relator de la ONU “considera urgente la aprobación de reglas claras, objetivas transparentes y no discriminatorias para la contratación de dicho servicio (de publicidad oficial), tanto a nivel federal como estatal”.
En el apartado sobre violencia contra periodistas, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y entre cárteles, la relatora de la CIDH, Carolina Botero, destaca la compra inusitada de ejemplares de Proceso en Sinaloa.
Tras detallar los 13 asesinatos de periodistas en 2010, ocho secuestros de comunicadores –cinco de los cuales están desaparecidos–, siete casos de agresiones y hostigamientos perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad y del Ejército mexicano, así como casos de reporteros víctimas de amenazas, agresiones físicas y calumnias, Botero incluye el caso de este semanario como parte del ambiente de agresividad.
“Según información recibida, el 5 de abril de 2010 personas desconocidas habrían comprado al distribuidor del semanario Proceso en el estado de Sinaloa, prácticamente la totalidad de los ejemplares que la revista había destinado para su venta al público en la entidad (…) Sólo se distribuyeron 200 de los mil 779 ejemplares. El ejemplar de Proceso publicaba la entrevista con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y artículos periodísticos en los que se habría denunciado la presunta relación del capo del narcotráfico con un político local de Sinaloa”.
El reporte de la CIDH coincide con el de la ONU al señalar que el gobierno federal, “sin ninguna razón aparente, habrá dejado de contratar con ella (la revista Proceso) publicidad oficial, a pesar de que la revista tendría una amplia y reconocida circulación”.
Además, en el documento se da cuenta del oneroso gasto público en publicidad oficial, con paulatino crecimiento.
“Según información entregada por el Estado, en 2009 el gasto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalente a 410 millones 580 mil 429 dólares, que representa un aumento de más de 60% comparado con el gasto del año 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación”.
En el apartado “Libertad, diversidad y pluralismo democrático”, la relatora de la CIDH puntualiza sobre la publicidad oficial: “El gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de líneas informativas”.
De ahí que entre sus recomendaciones al respecto mencione la urgencia de “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.
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