Francisco Rodríguez / Índice Político
Ya desde el 19 de mayo inmediato anterior usted leyó aquí algunas de las interrogantes que muchos nos hacemos con respeto a un futuro que se nos antoja cada vez menos lejano: ¿Qué le espera a Felipe Calderón cuando formalmente cese en la función que ocupa desde el primer día de diciembre de 2006? ¿Chambitas en organismos internacionales y empresas transnacionales como a Ernesto Zedillo? ¿Persecución y autoexilio, como en su momento sufrió Carlos Salinas de Gortari? ¿Convertirse en promotor anticipadísimo de la campaña presidencial de su esposa, para el 2018?
La respuesta a la primera cuestión seguía ahí mismo: “Su futuro al término de su ocupación de Los Pinos es adivinable para muchos de quienes ahora mismo firman una petición on line para que el michoacano sea llevado a juicio ante la International Criminal Court (Corte Penal Internacional), donde han desfilado déspotas y genocidas de todo el orbe.”
A cinco meses, dicha iniciativa revive y lo hace, además, impulsada por personajes de prestigio y renombre, cual el productor de TV Epigmenio Ibarra; Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU; John Ackerman, analista de la UNAM; José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; William Weaver, de la Universidad de Texas, y Loretta Ortiz, del departamento de Derecho la Universidad Iberoamericana (UIA).
También están los periodistas Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso; los caricaturistas Rafael Barajas y Antonio Helguera, así como el columnista Julio Hernández, los tres de La Jornada; y, entre otros más, Miguel Badillo y David Manrique de la revista Contralínea.
En la presentación de esta revalorización de la petitoria de juicio a Felipe Calderón –en la que también son incluidos “Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México”, se subrayó que los peticionarios quieren que el ocupante de Los Pïnos sea condenado a cadena perpetua o que mínimo pase 30 años en prisión.
A través de este sitio de Internet, se han recabado más de 12 mil firmas. Y a ellas se suman otras casi 10 mil que se han recabado de forma autógrafa.
Netzaí Sandoval es el abogado que encabeza la demanda, quien declaró: “Los mandos civiles son también responsables de las acciones de sus subordinados”.
La demanda exige que se investigue la desaparición de al menos 10 mil personas en el país durante la “narcoguerra” que ha encabezado la administración de Calderón, así como por la mutilación de ciudadanos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de pueblos, la violación sexual de mujeres y niñas, y actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército.
También se incluyen los ataques a centros de rehabilitación y por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
“Queremos atarles las manos a quienes están ensangrentando al país”, dijo Epigmenio Ibarra, pero…
Será difícil que tal suceda. Nadie podrá “atarles las manos” a todos estos presuntos criminales si, en automático, saltan a la palestra afirmando que siempre, siempre, siempre actúan conforme a Derecho. Y es que, bajo el título “el gobierno (sic) federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió, inmediatamente después de la conferencia de prensa en torno del revival de la denuncia en contra del michoacano, un comunicado en el que insiste, insiste e insiste en que “las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan”, y que –como ya hemos escuchado hasta el cansancio—“de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”… como están en los hechos, ¿no cree usted?
El 25 de noviembre venidero, la petición se hará formalmente al fiscal de la Corte Penal Internacional.
Índice Flamígero: Otro estado gobernador por un priísta, Coahuila, en donde presuntos delincuentes y fuerzas federales se enfrentan y provocan el terror social. Ayer, la capital saltillense fue el escenario. La “estrategia” electorera prosigue… “apegada a Derecho”, claro está.
Ya desde el 19 de mayo inmediato anterior usted leyó aquí algunas de las interrogantes que muchos nos hacemos con respeto a un futuro que se nos antoja cada vez menos lejano: ¿Qué le espera a Felipe Calderón cuando formalmente cese en la función que ocupa desde el primer día de diciembre de 2006? ¿Chambitas en organismos internacionales y empresas transnacionales como a Ernesto Zedillo? ¿Persecución y autoexilio, como en su momento sufrió Carlos Salinas de Gortari? ¿Convertirse en promotor anticipadísimo de la campaña presidencial de su esposa, para el 2018?
La respuesta a la primera cuestión seguía ahí mismo: “Su futuro al término de su ocupación de Los Pinos es adivinable para muchos de quienes ahora mismo firman una petición on line para que el michoacano sea llevado a juicio ante la International Criminal Court (Corte Penal Internacional), donde han desfilado déspotas y genocidas de todo el orbe.”
A cinco meses, dicha iniciativa revive y lo hace, además, impulsada por personajes de prestigio y renombre, cual el productor de TV Epigmenio Ibarra; Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU; John Ackerman, analista de la UNAM; José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; William Weaver, de la Universidad de Texas, y Loretta Ortiz, del departamento de Derecho la Universidad Iberoamericana (UIA).
También están los periodistas Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso; los caricaturistas Rafael Barajas y Antonio Helguera, así como el columnista Julio Hernández, los tres de La Jornada; y, entre otros más, Miguel Badillo y David Manrique de la revista Contralínea.
En la presentación de esta revalorización de la petitoria de juicio a Felipe Calderón –en la que también son incluidos “Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México”, se subrayó que los peticionarios quieren que el ocupante de Los Pïnos sea condenado a cadena perpetua o que mínimo pase 30 años en prisión.
A través de este sitio de Internet, se han recabado más de 12 mil firmas. Y a ellas se suman otras casi 10 mil que se han recabado de forma autógrafa.
Netzaí Sandoval es el abogado que encabeza la demanda, quien declaró: “Los mandos civiles son también responsables de las acciones de sus subordinados”.
La demanda exige que se investigue la desaparición de al menos 10 mil personas en el país durante la “narcoguerra” que ha encabezado la administración de Calderón, así como por la mutilación de ciudadanos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de pueblos, la violación sexual de mujeres y niñas, y actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército.
También se incluyen los ataques a centros de rehabilitación y por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
“Queremos atarles las manos a quienes están ensangrentando al país”, dijo Epigmenio Ibarra, pero…
Será difícil que tal suceda. Nadie podrá “atarles las manos” a todos estos presuntos criminales si, en automático, saltan a la palestra afirmando que siempre, siempre, siempre actúan conforme a Derecho. Y es que, bajo el título “el gobierno (sic) federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió, inmediatamente después de la conferencia de prensa en torno del revival de la denuncia en contra del michoacano, un comunicado en el que insiste, insiste e insiste en que “las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan”, y que –como ya hemos escuchado hasta el cansancio—“de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”… como están en los hechos, ¿no cree usted?
El 25 de noviembre venidero, la petición se hará formalmente al fiscal de la Corte Penal Internacional.
Índice Flamígero: Otro estado gobernador por un priísta, Coahuila, en donde presuntos delincuentes y fuerzas federales se enfrentan y provocan el terror social. Ayer, la capital saltillense fue el escenario. La “estrategia” electorera prosigue… “apegada a Derecho”, claro está.
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