José Carreño Figueras
El gobierno del presidente Felipe Calderón se encuentra bajo crecientes presiones para que asuma una postura “enérgica” ante los Estados Unidos, luego de revelaciones sobre la penetración en cárteles del narcotráfico por agencias de inteligencia de ese país y la continua saga del fallido operativo “Rápido y Furioso”.
Pero la situación no es tan simple. Por un lado, la cooperación entre los dos países es mayor que nunca y de hecho las acciones de los organismos de policía e inteligencia estadounidenses ha posibilitado algunos de los éxitos que el gobierno mexicano ha presumido en su lucha contra las drogas.
Por otro, una campaña vigorosa pondría al gobierno mexicano frente al del presidente Barack Obama en plena temporada electoral en los dos países, y de hecho pondrían al régimen del presidente Calderón en el papel de comparsa en las acusaciones de los republicanos contra el mandatario.
Las investigaciones en torno al caso “Rápido y Furioso” no han terminado, pero está convertido en un intento de escándalo político contra el gobierno Obama, que buscará que el Departamento de Justicia concluya lo más pronto posible con una investigación sobre el problema.
Por su parte, los congresistas republicanos involucrados buscarán en cambio prolongar el escándalo lo mas posible, idealmente hasta el otoño de 2012, para aprovecharlo en la campaña política.
Pero la gran pregunta es si el gobierno mexicano debe colocarse enmedio del debate político estadounidense. Idealmente sí, no debería haber repercusiones. La realidad si embargo es otra: cualesquiera sean sus pecados, el gobierno Obama ha tenido actitudes positivas hacia el gobierno mexicano, a comenzar por su participación en la Iniciativa Mérida, su inclinación a ir adelante con una segunda fase de la misma, y la aparente solución del conflicto camionero, mas simbólico que real, pero muy importante en el marco de los pendientes entre los dos países.
A cambio, los republicanos son en cierta forma “el coco”, sobre todo por las actitudes antimigrantes de un sector importante de su membresía.
Cierto: al gobierno mexicano no debería importarle la situación interna de los Estados Unidos y mucho menos los vaivenes de su política, pero el hecho es que a querer o no el país vecino es todavía y por mucho no sólo la mayor potencia mundial sino un país con un extraordinario impacto social, económico y político en México.
Una parte del problema para el gobierno mexicano es que la investigación legislativa tiene interés específico en limitar el papel de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), que a pesar de sus problemas, es un dique -aunque algunos dirían coladera- al tráfico ilegal de armas. Y eso no ayudaría a las autoridades mexicanas
En otras palabras no hay opciones claras ni buenas.
El gobierno del presidente Felipe Calderón se encuentra bajo crecientes presiones para que asuma una postura “enérgica” ante los Estados Unidos, luego de revelaciones sobre la penetración en cárteles del narcotráfico por agencias de inteligencia de ese país y la continua saga del fallido operativo “Rápido y Furioso”.
Pero la situación no es tan simple. Por un lado, la cooperación entre los dos países es mayor que nunca y de hecho las acciones de los organismos de policía e inteligencia estadounidenses ha posibilitado algunos de los éxitos que el gobierno mexicano ha presumido en su lucha contra las drogas.
Por otro, una campaña vigorosa pondría al gobierno mexicano frente al del presidente Barack Obama en plena temporada electoral en los dos países, y de hecho pondrían al régimen del presidente Calderón en el papel de comparsa en las acusaciones de los republicanos contra el mandatario.
Las investigaciones en torno al caso “Rápido y Furioso” no han terminado, pero está convertido en un intento de escándalo político contra el gobierno Obama, que buscará que el Departamento de Justicia concluya lo más pronto posible con una investigación sobre el problema.
Por su parte, los congresistas republicanos involucrados buscarán en cambio prolongar el escándalo lo mas posible, idealmente hasta el otoño de 2012, para aprovecharlo en la campaña política.
Pero la gran pregunta es si el gobierno mexicano debe colocarse enmedio del debate político estadounidense. Idealmente sí, no debería haber repercusiones. La realidad si embargo es otra: cualesquiera sean sus pecados, el gobierno Obama ha tenido actitudes positivas hacia el gobierno mexicano, a comenzar por su participación en la Iniciativa Mérida, su inclinación a ir adelante con una segunda fase de la misma, y la aparente solución del conflicto camionero, mas simbólico que real, pero muy importante en el marco de los pendientes entre los dos países.
A cambio, los republicanos son en cierta forma “el coco”, sobre todo por las actitudes antimigrantes de un sector importante de su membresía.
Cierto: al gobierno mexicano no debería importarle la situación interna de los Estados Unidos y mucho menos los vaivenes de su política, pero el hecho es que a querer o no el país vecino es todavía y por mucho no sólo la mayor potencia mundial sino un país con un extraordinario impacto social, económico y político en México.
Una parte del problema para el gobierno mexicano es que la investigación legislativa tiene interés específico en limitar el papel de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), que a pesar de sus problemas, es un dique -aunque algunos dirían coladera- al tráfico ilegal de armas. Y eso no ayudaría a las autoridades mexicanas
En otras palabras no hay opciones claras ni buenas.
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