Apro
El comunero Pedro Leiva Domínguez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue ejecutado ayer en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, Michoacán.
En un comunicado, la comunidad de Santa María Ostula (en la costa de Michoacán), de donde era originario el indígena náhuatl, manifestó su preocupación e indignación por el asesinato de Pedro Leiva, quien estaba considerado para participar en el próximo encuentro que el Movimiento por la Paz sostendrá el próximo viernes 14 con el presidente Felipe Calderón, en el Castillo de Chapultepec.
De acuerdo con el texto, Leiva dedicó parte de su vida a defender la titularidad comunal de las tierras frente a los intentos de los gobiernos estatal y federal por arrebatárselas.
Como comisionado de la comunidad en el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, asistió a varias reuniones para negociar una solución definitiva al conflicto territorial que Santa María Ostula mantiene desde hace más de 40 años.
Según el comunicado, las autoridades comunales buscan “certeza jurídica”, para lo cual promovieron la conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Reforma Agraria, la más reciente el pasado jueves 29 de septiembre.
Apenas el pasado 27 de octubre, añade, se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de México entre la comunidad, organizaciones y redes de derechos humanos, como la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y los representante del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren.
Además, en estos días concluirá una consulta interna para analizar y tomar decisiones en torno de la negociación entre las partes en conflicto y la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que también participa el gobierno del estado de Michoacán.
Los pobladores de Santa María Ostula han denunciado que la comunidad se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009, tras la recuperación de aproximadamente mil 300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán.
Ante los ataques, la comunidad reorganizó a su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal para reivindicar su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
En el comunicado difundido este viernes, los comuneros exigen a los gobiernos federal y estatal que den cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la presentación con vida de los desaparecidos, el cese del hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias, la urgente solución al conflicto agrario, y que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal.
Asimismo, precisa que con el deceso de Pedro Leiva Domínguez suman 27 los muertos y cuatro los desaparecidos desde junio de 2009 en Santa María Ostula.
El comunero Pedro Leiva Domínguez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue ejecutado ayer en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, Michoacán.
En un comunicado, la comunidad de Santa María Ostula (en la costa de Michoacán), de donde era originario el indígena náhuatl, manifestó su preocupación e indignación por el asesinato de Pedro Leiva, quien estaba considerado para participar en el próximo encuentro que el Movimiento por la Paz sostendrá el próximo viernes 14 con el presidente Felipe Calderón, en el Castillo de Chapultepec.
De acuerdo con el texto, Leiva dedicó parte de su vida a defender la titularidad comunal de las tierras frente a los intentos de los gobiernos estatal y federal por arrebatárselas.
Como comisionado de la comunidad en el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, asistió a varias reuniones para negociar una solución definitiva al conflicto territorial que Santa María Ostula mantiene desde hace más de 40 años.
Según el comunicado, las autoridades comunales buscan “certeza jurídica”, para lo cual promovieron la conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Reforma Agraria, la más reciente el pasado jueves 29 de septiembre.
Apenas el pasado 27 de octubre, añade, se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de México entre la comunidad, organizaciones y redes de derechos humanos, como la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y los representante del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren.
Además, en estos días concluirá una consulta interna para analizar y tomar decisiones en torno de la negociación entre las partes en conflicto y la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que también participa el gobierno del estado de Michoacán.
Los pobladores de Santa María Ostula han denunciado que la comunidad se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009, tras la recuperación de aproximadamente mil 300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán.
Ante los ataques, la comunidad reorganizó a su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal para reivindicar su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
En el comunicado difundido este viernes, los comuneros exigen a los gobiernos federal y estatal que den cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la presentación con vida de los desaparecidos, el cese del hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias, la urgente solución al conflicto agrario, y que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal.
Asimismo, precisa que con el deceso de Pedro Leiva Domínguez suman 27 los muertos y cuatro los desaparecidos desde junio de 2009 en Santa María Ostula.
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