Discurso de Javier Sicilia en el 2do encuentro del MPJD con el Poder Ejecutivo en el Castillo de Chapultepec
Buenos días, Sr. Presidente, Primera Dama, Sra. Procuradora, Sres. Secretarios de Estado y demás servidores públicos que lo acompañan; buenos días compañeros de viaje en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; buenos días ciudadanos de esta nación.
Antes de iniciar este segundo diálogo, quiero leer unos versos del peruano César Vallejo:
“Jamás, hombres humanos,/ hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,/ en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!/ Jamás tanto cariño doloroso,/ jamás tan cerca arremetió lo lejos,/ jamás el fuego nunca/ jugó mejor su rol de frío muerto!/ Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal/ y la migraña extrajo tanta frente de la frente!/ Y el mueble tuvo en su cajón dolor,/ el corazón, en su cajón, dolor,/ la lagartija, en su cajón, dolor”.
Al final de mi intervención le entregaré, Sr. Presidente, la fotografía de Pedro Leyva, el primer asesinado del Movimiento, y esperemos que el último, como prenda de la justicia que usted, como representante del Estado, debe a la familia de Pedro, a la comunidad de Ostula y a las víctimas de esta guerra.
Hace más de tres meses, Sr. Presidente, nos reunimos en este mismo lugar donde –volvemos a recordarlo–residió el imperio de quienes se equivocaron creyendo que con las armas extranjeras se resolverían los problemas de México, pero también donde se firmaron los Tratados de Paz de El Salvador. En aquella ocasión le mostramos, con nuestra presencia, lo que su estrategia de guerra había enterrado durante cinco años bajo el desprecio de las abstracciones estadísticas –40 mil muertos, 60 mil desaparecidos, 120 mil desplazados, que en estos últimos tres meses han aumentado de manera terrible– y bajo el insulto de ese absurdo epíteto de guerra nombrado “bajas colaterales”, que esas cifras, esas “bajas colaterales”, esos innombrables, tienen nombre, historia, y sus familias un dolor y una destrucción indecibles; le mostramos también que los muertos culpables son también seres humanos que un Estado corrupto y omiso arroja día con día a la delincuencia, destruyéndoles su esqueleto moral y político, y advertimos con ello que su estrategia de guerra está multiplicando el dolor y no logra construir la paz que requiere la nación.
De aquel primer diálogo surgieron cosas importantes: primero, el reconocimiento del diálogo abierto, de cara a la nación, como un fundamento de la democracia que pocas veces se ejerce en nuestro país; segundo, un lenguaje distinto, frente a la visibilización del dolor, en la vida política de la nación; tercero, el reconocimiento, por parte suya, de la deuda que tiene con las víctimas de esta guerra; cuarto, el apoyo, por parte de algunos funcionarios que honran su condición de servidores públicos, a muchas de las víctimas que hemos visibilizado –se los agradecemos, y si no damos sus nombres, como debería ser con todo agradecimiento, es para protegerlos—y quinto, las 4 mesas de trabajo para dar cauce a las seis demandas que están contenidas en el documento leído el 8 de mayo en el zócalo de la ciudad de México, que competen al poder Ejecutivo, y que para nosotros son fundamentales para crear un piso común que permita hacer la paz en la nación y salvar nuestra incipiente democracia –es insólito el hecho de que más de 10 subsecretarios o equivalentes hayan interactuado durante 3 meses con representantes de la sociedad civil.
A pesar de esos logros, Sr. Presidente, a pesar de los avances que se han dado en esas mesas de trabajo y que acabamos de escuchar y de ver, y sin dejar de tomar en cuenta que el tiempo que duraron es poco para la cantidad de asuntos que surgieron en ellas, las restas, para desgracia del país y vergüenza del Estado, siguen siendo mayores que las sumas.
Aunque usted aceptó, para empezar a resarcir la deuda que el Estado tiene con las víctimas, hacer justicia a aquellas que presentamos en el documento del 8 de mayo y en el diálogo del 23 de junio, la única justicia que hasta el momento se ha hecho ha sido en el caso de mi hijo Juan Francisco y de su amigos asesinados el 27 de marzo –los otros 30 casos permanecen prácticamente en la misma situación–. Aunque usted respondió a una de nuestras demandas –una demanda que ya tenía muchos años de expresarse–con la creación de la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito –debería llevar el nombre de Víctimas de la Violencia y del Abuso del poder–, dicha procuraduría, de la que nos enteramos –nuevamente un desprecio del poder hacia los ciudadanos—por los periódicos, no sólo carece de presupuesto y de condiciones operativas reales, sino que tiene serias deficiencias que es necesario corregir. Si realmente existe una voluntad verdadera –y no como hasta ahora parece, demagógica y mediática–para con las víctimas, revisémosla, junto con quienes ha asumido la responsabilidad de coordinarla, para hacer una Procuraduría que realmente esté a la altura del dolor y de la emergencia que vive la nación y perdure en el tiempo. Aunque sabemos también –y eso sí nos produce satisfacción—que se trabaja en la redacción de una buena Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso de Poder que esperamos que esté, ésta sí, verdaderamente a la altura de la emergencia nacional y que esperamos, esta vez, revisar pronto con ustedes y pronto verla operando, esa Ley, por más ejemplar que sea, servirá de poco sin una sólida Procuraduría Social para Atención a las Víctimas y sin una Comisión de la Verdad –hoy más que nunca necesaria, frente a lodo en el que se está convirtiendo el país-y sin una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana que camine hacia la paz que necesita la nación, y no hacia la exacerbación de la violencia legítima como pretende la actual propuesta de Ley de Seguridad Nacional que se discute en las Cámaras.
Su decisión, Sr. Presidente, de que los militares asuman la seguridad pública del país, lo menos que requiere es un mapa de ruta que defina tiempos y límites de su presencia en las calles, ya que se pone en serios riesgos la endeble democracia mexicana al subordinar el poder civil a la lógica de la seguridad militar. Esa decisión, en la que usted se empeña, argumentando que la corrupción y la debilidad de los cuerpos policiacos son también causa de la presencia de las organizaciones criminales nos parece equivocada, porque el problema del crimen organizado no se reduce a la condición corrupta de los aparatos de seguridad del Estado. Se encuentra también en el hecho de que las organizaciones criminales se han infiltrado en las estructuras económicas, políticas, de seguridad y judiciales de México. Allí no advertimos de parte del Ejecutivo una política ni definida ni contundente –como lo ha denunciado recientemente ante autoridades de los Estados Unidos un empresario mexicano. Todo ello convierte a su estrategia de guerra en una guerra sin fin donde los flujos de dinero y las complicidades políticas continúan intactas y los ciudadanos en México quedamos atrapados entre la lógica del mercado y la del orden militar, llenos cada vez más de muerte y de miedo. Además, y usted lo sabe bien, porque lo ha señalado reiteradas veces, su estrategia de guerra no ha disminuido un ápice el mercado del consumo de drogas en nuestro vecino del norte y los agentes criminales continúan ganando miles de millones de dólares anuales por ese consumo.
En este sentido, como lo ha afirmado usted, Sr. Presidente, México no es un Estado fallido, sino un Estado fracturado. Existe una fractura entre la política de seguridad que se ejerce y las libertades que la Constitución garantiza a los habitantes de este país; una fractura que se profundiza en el entramado político al militarizarse el territorio nacional; una fractura en el ánimo nacional por la sordera de la clase política ante la exigencia de reformas –en particular de la reforma política–que den respuesta a la emergencia que vivimos –los procesos electorales se perciben cada vez más como el gran negocio de los partidos políticos y de los medios de comunicación que pretenden convertir a los ciudadanos en mercancía–; una fractura que muestra a una ciudadanía alejarse cada vez más de un sistema político que ha sido infiltrado por diversas fuerzas del crimen; una fractura que se advierte en la libertad de tránsito cancelada en grandes porciones del territorio de nuestro país a causa del temor cierto a ser secuestrado y desaparecido; una fractura que irrumpe en los hogares de miles de mexicanos, dejando muerte y desamparo, terror e incertidumbre, porque quien violenta, asalta y asesina se presenta con el uniforme de la autoridad y el rostro de la delincuencia –desde nuestro primer encuentro aquí, en este mismo sitio, Sr. Presidente, se han sumado a las ya casi 50 mil muertes 4 mil más; entre ellas la de nuestro compañero Pedro Leyva Domínguez–; una fractura entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad del Estado, entre las fuerzas armadas y los habitantes del país que cimbra, sino es que cancela, la esperanza de una sociedad democrática en ciernes; una fractura entre los mexicanos y nuestros hermanos del sur y centroamérica, a quienes en este país, y gracias a la incopetencia, apatía y complicidad de las autoridades, se les viola y martiriza, extorsiona y asesina –desde esa tragedia su gobierno no ha escuchado la verdad del padre Solalinde, ha preferido defender una institución corrompida, como es el Instituto Nacional de Migración, a garantizar la vida de quienes cruzan nuestro territorio para encontrar, junto con nuestros hermanos mexicanos, una posibilidad de vida mejor en los Estados Unidos, y contribuir con su trabajo al desarrollo de aquella nación.
Los desafíos de esta fractura del Estado mexicano obligan, Sr. Presidente, a reconfigurar el entramado social –las comunidades de los pueblo indios son un ejemplo de lo que significa el tejido social–para encontrar otra vez el amalgama que cohesione a una patria resquebrajada por una emergencia nacional que todos los partidos políticos, incluyendo el suyo, continúan ignorando en aras de sus elecciones –sí, de sus elecciones, porque no son las de la mayoría de los mexicanos que vivimos en un país sin suelo y sin sentido y que miran cómo ustedes ahondan esa horrenda fractura con sus guerras verbales que no son más la expresión de una política siniestra y de unas elecciones ignominiosas que ignoran el dolor, el desencanto, la desesperación de millones de mexicanos y la emergencia nacional.
Esa fractura, que no hemos dejado de constatar y de evidenciar a lo largo de nuestro caminar por el país, y que es consecuencia de décadas de dejar hacer, de complicidades criminales entre sectores importantes de las élites políticas y económicas del país, de la destrucción sistemática del tejido social y sus ámbitos morales en nombre del capital y del dinero, y de la pasividad ciudadana de la que fuimos parte antes de que la violencia y la crueldad nos despertaran para decir, exigir y buscar con todos los mexicanos de buena voluntad la paz para México, se ha hecho más honda con su política de militarización del país, Sr. Presidente. Sus decisiones, además de generar más violencia y terror, están provocando el surgimiento de grupos paramilitares que, en esta atmósfera enrarecida y atroz, se sienten autorizados para ejercer, asesinando impunemente a más mexicanos, lo que estúpidamente llaman justicia.
En este sentido, Sr. Presidente, nos preocupa sobremanera que, después de lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las mismas propuestas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a las que nos hemos sumado, para crear una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que construya la paz, después de nuestro andar uniendo el dolor del país en una respuesta pacífica, usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios, que –cito textualmente sus palabras—“esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten”. Ese tono lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río: “Es muy claro –dijo con la suficiencia de lo inhumano—, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”. “Estamos combatiendo como nunca antes el crimen, Estamos aquí enfrentando ese problema nacional con valor y entereza. Lo estamos la política del haciendo de manera coordinada, vinculante, estrecha y cercana con presidente Felipe Calderón”.
La atmósfera de violencia y de horror, que día con día crece, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor, que detectamos con reprobación los ciudadanos: la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo: “Es hora –escribió, en este sentido el periodista René Delgado, y nosotros lo suscribimos delante de usted para que responda a las víctimas y a la nación—de exigir definiciones y aclaraciones sobre el rumbo que el país toma antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad [tentación que reverbera en sus palabras, en las del gobernador Duarte y en la irrupción de los paramilitares—arrase con la civilidad”, esa civilidad que los ciudadanos de este país no hemos dejado de demostrar a pesar del horror.
No sabemos si todavía es tiempo de que la clase política se comprometa en verdad con la ciudadanía para enfrentar la emergencia nacional. Pero en este momento, en las condiciones que vive el país, lo único que advertimos es que las próximas elecciones serán, como ya se anuncian y no hemos dejado de señalar, las de la ignominia, una ignominia que sólo redundará en el ahondamiento de esa fractura a la que nos hemos referido.
No sabemos si todavía es tiempo –queremos creer que sí—de que se nos escuche –durante estos tres meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, Sr. Presidente, y a la Ley de Seguridad Nacional que la avala y que quieren imponernos–y se redacte una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana que garantice los derechos y las libertades de los mexicanos, y que precise y acote las responsabilidades de las fuerzas públicas y sus servicios de inteligencia. Es urgente que la seguridad se focalice en la reestructuración real, es decir, con y para la gente, del tejido social, con prioridad en los jóvenes. El presupuesto y las leyes para estos rubros tienen que evidenciar que el Estado mexicano elige la prevención y no la represión como opción fundamental para detener la violencia que vive el país, que siembra vida y no muerte, que da opciones a los jóvenes y no los hacina en el olvido y las cárceles.
No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz –hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismo de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia ahonda día con día, parece que no–. Nosotros, sin embargo, Sr. Presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y denostarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a todos la emergencia nacional: el país arde, los muertos se contabilizan por decenas de miles de asesinados, de desaparecidos, de huérfanos, de viudas y de padres y madres que hemos perdido a nuestros hijos, de tejidos sociales desgarrados por la codicia y de un terror ciudadano. Nosotros, es verdad, no representamos a todos ni nunca lo hemos pretendido, pero representamos el dolor de los más desprotegidos, el de las víctimas negadas y criminalizadas por el propio gobierno y el de muchos ciudadanos de a pie que saben que el rostro de esas víctimas es también el rostro del dolor de todo el país; somos los sobrevivientes de nuestros muertos que hemos mostrado al mundo que cada uno de esos cuerpos sin vida que aparecen en los medios maniatados, destrozados, cubiertos de sangre, tienen un nombre y una historia que tenemos obligación de rescatar; tienen también a alguien que los llora y que muchas, muchísimas de esas vidas sacrificadas con brutalidad extrema son inocentes, ciudadanos como nosotros que fueron levantados, secuestrados, asesinados por criminales, policías, militares o autoridades sin escrúpulos amparadas en la impunidad. Detrás de las fosas comunes de las estadísticas se esconden historias diferentes: víctimas de carne y hueso, pero también victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad y de historia su impunidad está garantizada. Por eso es tan importante que junto con el rescate de sus nombres y de sus historias, junto con un memorial de nuestros muertos, junto con la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas, junto con la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder, junto con una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana, se cree también una Comisión de la Verdad. Sólo así garantizaremos que la paz tanga la justicia y la dignidad que merecemos.
Nosotros no tenemos poder ni lo queremos –a pesar de que algunos se empeñen en buscar intereses en el Movimiento para denostarlo–. No somos –para parafrasear a aquellos que hace 17 años mostraron el dolor de los negados del mundo indígena y nos dijeron que si no cambiaba el rumbo del país iríamos a la perdición—robles ni elefantes; somos simplemente caña, hormiga, los más pobres de los pobres, las víctimas, las bajas colaterales, las viudas, los huérfanos, los que no tenemos nombre porque perdimos a nuestros hijos, los despreciados, los negados que desde hace seis meses nos pusimos a caminar para volvernos un puente que busca unir en el dolor, el amor, el acogimiento y el diálogo, el norte con el sur, el este con el oeste, el centro con los cuatro puntos cardinales, la izquierda con la derecha, el gobierno con los ciudadanos.
Desde allí, desde esa dignidad que nos ha llevado a lo largo y ancho de todo el país a abrazar, a besar, a consolar, a dialogar y a hablar con firmeza y verdad con todos; desde allí, y frente a la sordera de los criminales y de la clase política que se empeña en ahondar más la fractura del Estado y el dolor de la patria, llamamos a todos los mexicanos de buena voluntad a buscar formas alternativas de organización pacífica y no-violenta. Por ello, desde este recinto lleno de símbolos, de cara al diálogo que tenemos con usted Sr. Presidente como representante del Estado y manteniendo, pese a las decepciones, el diálogo franco y abierto que tenemos y tendremos con los demás Poderes, convocamos a todos los líderes del dolor, a todos los ciudadanos de buena voluntad y a todas las organizaciones civiles que busquen construir la paz en nuestro amado México, más allá de diferencias ideológicas, políticas y sociales, a reunirnos la noche del 31 de octubre, en todas las plazas, zócalos, cementerios, escuelas, panteones, centros ceremoniales, en todo espacio público que nos haya quitado la delincuencia y la incapacidad gubernamental, allí donde los señores de la muerte hayan dejado dolor y hayan pretendido destruir la esperanza, para juntar nuestros dolores, recordar a nuestros muertos y manifestar nuestra voluntad de paz, de amor y de justicia. Salgamos esa noche a nombrar a nuestros muertos. Llevemos junto a sus nombres y fechas de nacimiento y muerte fotografías, prendas, todo aquello que los haga de nuevo presentes entre nosotros, para que todo México sepa que alguna vez habitaron en esta casa que tiene una deuda inmensa con su memoria y la justicia y la paz que les debemos y nos debemos, para que todo México sepa también que ningún ciudadano permitirá más que se construya ningún proyecto político sobre el odio, la corrupción, la impunidad, la guerra y la muerte.
Por eso exigimos a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos políticos que han convertido el proceso electoral en un mercado donde, ignorando el dolor del país, el latido del corazón de la Patria y la emergencia nacional, se compran votos, voluntades y dignidades a:
1) Un drástico y transparente deslinde de todos los partidos políticos del crimen organizado. Lo que significa que no deberán aceptar un solo peso del narcotráfico, de la delincuencia o por fuera de la ley; que no deberán aceptar un solo candidato o candidata que tengan vínculos con la delincuencia organizada; que denunciarán cualquier amenaza o extorsión que amenace el proceso electoral.
2) El mapa de ruta de la desmilitarización del país, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la garantía de seguridad y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. No queremos más muertos ni más desaparecidos.
3) La justicia que se les debe a nuestros muertos y la aparición de todos los desaparecidos de esta guerra. Con independencia de este dialogo, es obligación de Estado garantizar el acceso a la justicia, por lo que la atención a los caso individuales y colectivos de debe prevalecer para mantener los espacios de atención hasta ahora construidos.
4) Un acuerdo nacional de inversión de largo plazo en la educación y empleo que garantice a los jóvenes de México varias opciones de educación así como el rescate de dicha población en las regiones de mayor riesgo donde el crimen organizado ha encontrado en ellos su ejército de reserva.
5) La restauración del tejido social mediante el respeto a las diferencias regionales y el reconocimiento de las autonomías indígenas con todos los derechos que eso implica.
6) El rescate de los caminos de México que devuelva el seguro y libre tránsito de los ciudadanos por los territorios de la nación.
Llamamos así a los mexicanos y mexicanas a hacer uso de todas las formas pacíficas de resistencia civil contra la violencia. Es el momento, frente al horror y la fractura del Estado, de darnos las formas de organización necesaria y siempre pacíficas para resistir juntos tanto la violencia criminal como la oficial y refundar el Estado. En esta hora de emergencia nacional, debemos articularnos de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y sin el cual esta casa llamada México terminará por derruirse.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Antes de iniciar este segundo diálogo, quiero leer unos versos del peruano César Vallejo:
“Jamás, hombres humanos,/ hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,/ en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!/ Jamás tanto cariño doloroso,/ jamás tan cerca arremetió lo lejos,/ jamás el fuego nunca/ jugó mejor su rol de frío muerto!/ Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal/ y la migraña extrajo tanta frente de la frente!/ Y el mueble tuvo en su cajón dolor,/ el corazón, en su cajón, dolor,/ la lagartija, en su cajón, dolor”.
Al final de mi intervención le entregaré, Sr. Presidente, la fotografía de Pedro Leyva, el primer asesinado del Movimiento, y esperemos que el último, como prenda de la justicia que usted, como representante del Estado, debe a la familia de Pedro, a la comunidad de Ostula y a las víctimas de esta guerra.
Hace más de tres meses, Sr. Presidente, nos reunimos en este mismo lugar donde –volvemos a recordarlo–residió el imperio de quienes se equivocaron creyendo que con las armas extranjeras se resolverían los problemas de México, pero también donde se firmaron los Tratados de Paz de El Salvador. En aquella ocasión le mostramos, con nuestra presencia, lo que su estrategia de guerra había enterrado durante cinco años bajo el desprecio de las abstracciones estadísticas –40 mil muertos, 60 mil desaparecidos, 120 mil desplazados, que en estos últimos tres meses han aumentado de manera terrible– y bajo el insulto de ese absurdo epíteto de guerra nombrado “bajas colaterales”, que esas cifras, esas “bajas colaterales”, esos innombrables, tienen nombre, historia, y sus familias un dolor y una destrucción indecibles; le mostramos también que los muertos culpables son también seres humanos que un Estado corrupto y omiso arroja día con día a la delincuencia, destruyéndoles su esqueleto moral y político, y advertimos con ello que su estrategia de guerra está multiplicando el dolor y no logra construir la paz que requiere la nación.
De aquel primer diálogo surgieron cosas importantes: primero, el reconocimiento del diálogo abierto, de cara a la nación, como un fundamento de la democracia que pocas veces se ejerce en nuestro país; segundo, un lenguaje distinto, frente a la visibilización del dolor, en la vida política de la nación; tercero, el reconocimiento, por parte suya, de la deuda que tiene con las víctimas de esta guerra; cuarto, el apoyo, por parte de algunos funcionarios que honran su condición de servidores públicos, a muchas de las víctimas que hemos visibilizado –se los agradecemos, y si no damos sus nombres, como debería ser con todo agradecimiento, es para protegerlos—y quinto, las 4 mesas de trabajo para dar cauce a las seis demandas que están contenidas en el documento leído el 8 de mayo en el zócalo de la ciudad de México, que competen al poder Ejecutivo, y que para nosotros son fundamentales para crear un piso común que permita hacer la paz en la nación y salvar nuestra incipiente democracia –es insólito el hecho de que más de 10 subsecretarios o equivalentes hayan interactuado durante 3 meses con representantes de la sociedad civil.
A pesar de esos logros, Sr. Presidente, a pesar de los avances que se han dado en esas mesas de trabajo y que acabamos de escuchar y de ver, y sin dejar de tomar en cuenta que el tiempo que duraron es poco para la cantidad de asuntos que surgieron en ellas, las restas, para desgracia del país y vergüenza del Estado, siguen siendo mayores que las sumas.
Aunque usted aceptó, para empezar a resarcir la deuda que el Estado tiene con las víctimas, hacer justicia a aquellas que presentamos en el documento del 8 de mayo y en el diálogo del 23 de junio, la única justicia que hasta el momento se ha hecho ha sido en el caso de mi hijo Juan Francisco y de su amigos asesinados el 27 de marzo –los otros 30 casos permanecen prácticamente en la misma situación–. Aunque usted respondió a una de nuestras demandas –una demanda que ya tenía muchos años de expresarse–con la creación de la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito –debería llevar el nombre de Víctimas de la Violencia y del Abuso del poder–, dicha procuraduría, de la que nos enteramos –nuevamente un desprecio del poder hacia los ciudadanos—por los periódicos, no sólo carece de presupuesto y de condiciones operativas reales, sino que tiene serias deficiencias que es necesario corregir. Si realmente existe una voluntad verdadera –y no como hasta ahora parece, demagógica y mediática–para con las víctimas, revisémosla, junto con quienes ha asumido la responsabilidad de coordinarla, para hacer una Procuraduría que realmente esté a la altura del dolor y de la emergencia que vive la nación y perdure en el tiempo. Aunque sabemos también –y eso sí nos produce satisfacción—que se trabaja en la redacción de una buena Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso de Poder que esperamos que esté, ésta sí, verdaderamente a la altura de la emergencia nacional y que esperamos, esta vez, revisar pronto con ustedes y pronto verla operando, esa Ley, por más ejemplar que sea, servirá de poco sin una sólida Procuraduría Social para Atención a las Víctimas y sin una Comisión de la Verdad –hoy más que nunca necesaria, frente a lodo en el que se está convirtiendo el país-y sin una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana que camine hacia la paz que necesita la nación, y no hacia la exacerbación de la violencia legítima como pretende la actual propuesta de Ley de Seguridad Nacional que se discute en las Cámaras.
Su decisión, Sr. Presidente, de que los militares asuman la seguridad pública del país, lo menos que requiere es un mapa de ruta que defina tiempos y límites de su presencia en las calles, ya que se pone en serios riesgos la endeble democracia mexicana al subordinar el poder civil a la lógica de la seguridad militar. Esa decisión, en la que usted se empeña, argumentando que la corrupción y la debilidad de los cuerpos policiacos son también causa de la presencia de las organizaciones criminales nos parece equivocada, porque el problema del crimen organizado no se reduce a la condición corrupta de los aparatos de seguridad del Estado. Se encuentra también en el hecho de que las organizaciones criminales se han infiltrado en las estructuras económicas, políticas, de seguridad y judiciales de México. Allí no advertimos de parte del Ejecutivo una política ni definida ni contundente –como lo ha denunciado recientemente ante autoridades de los Estados Unidos un empresario mexicano. Todo ello convierte a su estrategia de guerra en una guerra sin fin donde los flujos de dinero y las complicidades políticas continúan intactas y los ciudadanos en México quedamos atrapados entre la lógica del mercado y la del orden militar, llenos cada vez más de muerte y de miedo. Además, y usted lo sabe bien, porque lo ha señalado reiteradas veces, su estrategia de guerra no ha disminuido un ápice el mercado del consumo de drogas en nuestro vecino del norte y los agentes criminales continúan ganando miles de millones de dólares anuales por ese consumo.
En este sentido, como lo ha afirmado usted, Sr. Presidente, México no es un Estado fallido, sino un Estado fracturado. Existe una fractura entre la política de seguridad que se ejerce y las libertades que la Constitución garantiza a los habitantes de este país; una fractura que se profundiza en el entramado político al militarizarse el territorio nacional; una fractura en el ánimo nacional por la sordera de la clase política ante la exigencia de reformas –en particular de la reforma política–que den respuesta a la emergencia que vivimos –los procesos electorales se perciben cada vez más como el gran negocio de los partidos políticos y de los medios de comunicación que pretenden convertir a los ciudadanos en mercancía–; una fractura que muestra a una ciudadanía alejarse cada vez más de un sistema político que ha sido infiltrado por diversas fuerzas del crimen; una fractura que se advierte en la libertad de tránsito cancelada en grandes porciones del territorio de nuestro país a causa del temor cierto a ser secuestrado y desaparecido; una fractura que irrumpe en los hogares de miles de mexicanos, dejando muerte y desamparo, terror e incertidumbre, porque quien violenta, asalta y asesina se presenta con el uniforme de la autoridad y el rostro de la delincuencia –desde nuestro primer encuentro aquí, en este mismo sitio, Sr. Presidente, se han sumado a las ya casi 50 mil muertes 4 mil más; entre ellas la de nuestro compañero Pedro Leyva Domínguez–; una fractura entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad del Estado, entre las fuerzas armadas y los habitantes del país que cimbra, sino es que cancela, la esperanza de una sociedad democrática en ciernes; una fractura entre los mexicanos y nuestros hermanos del sur y centroamérica, a quienes en este país, y gracias a la incopetencia, apatía y complicidad de las autoridades, se les viola y martiriza, extorsiona y asesina –desde esa tragedia su gobierno no ha escuchado la verdad del padre Solalinde, ha preferido defender una institución corrompida, como es el Instituto Nacional de Migración, a garantizar la vida de quienes cruzan nuestro territorio para encontrar, junto con nuestros hermanos mexicanos, una posibilidad de vida mejor en los Estados Unidos, y contribuir con su trabajo al desarrollo de aquella nación.
Los desafíos de esta fractura del Estado mexicano obligan, Sr. Presidente, a reconfigurar el entramado social –las comunidades de los pueblo indios son un ejemplo de lo que significa el tejido social–para encontrar otra vez el amalgama que cohesione a una patria resquebrajada por una emergencia nacional que todos los partidos políticos, incluyendo el suyo, continúan ignorando en aras de sus elecciones –sí, de sus elecciones, porque no son las de la mayoría de los mexicanos que vivimos en un país sin suelo y sin sentido y que miran cómo ustedes ahondan esa horrenda fractura con sus guerras verbales que no son más la expresión de una política siniestra y de unas elecciones ignominiosas que ignoran el dolor, el desencanto, la desesperación de millones de mexicanos y la emergencia nacional.
Esa fractura, que no hemos dejado de constatar y de evidenciar a lo largo de nuestro caminar por el país, y que es consecuencia de décadas de dejar hacer, de complicidades criminales entre sectores importantes de las élites políticas y económicas del país, de la destrucción sistemática del tejido social y sus ámbitos morales en nombre del capital y del dinero, y de la pasividad ciudadana de la que fuimos parte antes de que la violencia y la crueldad nos despertaran para decir, exigir y buscar con todos los mexicanos de buena voluntad la paz para México, se ha hecho más honda con su política de militarización del país, Sr. Presidente. Sus decisiones, además de generar más violencia y terror, están provocando el surgimiento de grupos paramilitares que, en esta atmósfera enrarecida y atroz, se sienten autorizados para ejercer, asesinando impunemente a más mexicanos, lo que estúpidamente llaman justicia.
En este sentido, Sr. Presidente, nos preocupa sobremanera que, después de lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las mismas propuestas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a las que nos hemos sumado, para crear una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que construya la paz, después de nuestro andar uniendo el dolor del país en una respuesta pacífica, usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios, que –cito textualmente sus palabras—“esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten”. Ese tono lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río: “Es muy claro –dijo con la suficiencia de lo inhumano—, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”. “Estamos combatiendo como nunca antes el crimen, Estamos aquí enfrentando ese problema nacional con valor y entereza. Lo estamos la política del haciendo de manera coordinada, vinculante, estrecha y cercana con presidente Felipe Calderón”.
La atmósfera de violencia y de horror, que día con día crece, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor, que detectamos con reprobación los ciudadanos: la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo: “Es hora –escribió, en este sentido el periodista René Delgado, y nosotros lo suscribimos delante de usted para que responda a las víctimas y a la nación—de exigir definiciones y aclaraciones sobre el rumbo que el país toma antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad [tentación que reverbera en sus palabras, en las del gobernador Duarte y en la irrupción de los paramilitares—arrase con la civilidad”, esa civilidad que los ciudadanos de este país no hemos dejado de demostrar a pesar del horror.
No sabemos si todavía es tiempo de que la clase política se comprometa en verdad con la ciudadanía para enfrentar la emergencia nacional. Pero en este momento, en las condiciones que vive el país, lo único que advertimos es que las próximas elecciones serán, como ya se anuncian y no hemos dejado de señalar, las de la ignominia, una ignominia que sólo redundará en el ahondamiento de esa fractura a la que nos hemos referido.
No sabemos si todavía es tiempo –queremos creer que sí—de que se nos escuche –durante estos tres meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, Sr. Presidente, y a la Ley de Seguridad Nacional que la avala y que quieren imponernos–y se redacte una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana que garantice los derechos y las libertades de los mexicanos, y que precise y acote las responsabilidades de las fuerzas públicas y sus servicios de inteligencia. Es urgente que la seguridad se focalice en la reestructuración real, es decir, con y para la gente, del tejido social, con prioridad en los jóvenes. El presupuesto y las leyes para estos rubros tienen que evidenciar que el Estado mexicano elige la prevención y no la represión como opción fundamental para detener la violencia que vive el país, que siembra vida y no muerte, que da opciones a los jóvenes y no los hacina en el olvido y las cárceles.
No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz –hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismo de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia ahonda día con día, parece que no–. Nosotros, sin embargo, Sr. Presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y denostarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a todos la emergencia nacional: el país arde, los muertos se contabilizan por decenas de miles de asesinados, de desaparecidos, de huérfanos, de viudas y de padres y madres que hemos perdido a nuestros hijos, de tejidos sociales desgarrados por la codicia y de un terror ciudadano. Nosotros, es verdad, no representamos a todos ni nunca lo hemos pretendido, pero representamos el dolor de los más desprotegidos, el de las víctimas negadas y criminalizadas por el propio gobierno y el de muchos ciudadanos de a pie que saben que el rostro de esas víctimas es también el rostro del dolor de todo el país; somos los sobrevivientes de nuestros muertos que hemos mostrado al mundo que cada uno de esos cuerpos sin vida que aparecen en los medios maniatados, destrozados, cubiertos de sangre, tienen un nombre y una historia que tenemos obligación de rescatar; tienen también a alguien que los llora y que muchas, muchísimas de esas vidas sacrificadas con brutalidad extrema son inocentes, ciudadanos como nosotros que fueron levantados, secuestrados, asesinados por criminales, policías, militares o autoridades sin escrúpulos amparadas en la impunidad. Detrás de las fosas comunes de las estadísticas se esconden historias diferentes: víctimas de carne y hueso, pero también victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad y de historia su impunidad está garantizada. Por eso es tan importante que junto con el rescate de sus nombres y de sus historias, junto con un memorial de nuestros muertos, junto con la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas, junto con la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder, junto con una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana, se cree también una Comisión de la Verdad. Sólo así garantizaremos que la paz tanga la justicia y la dignidad que merecemos.
Nosotros no tenemos poder ni lo queremos –a pesar de que algunos se empeñen en buscar intereses en el Movimiento para denostarlo–. No somos –para parafrasear a aquellos que hace 17 años mostraron el dolor de los negados del mundo indígena y nos dijeron que si no cambiaba el rumbo del país iríamos a la perdición—robles ni elefantes; somos simplemente caña, hormiga, los más pobres de los pobres, las víctimas, las bajas colaterales, las viudas, los huérfanos, los que no tenemos nombre porque perdimos a nuestros hijos, los despreciados, los negados que desde hace seis meses nos pusimos a caminar para volvernos un puente que busca unir en el dolor, el amor, el acogimiento y el diálogo, el norte con el sur, el este con el oeste, el centro con los cuatro puntos cardinales, la izquierda con la derecha, el gobierno con los ciudadanos.
Desde allí, desde esa dignidad que nos ha llevado a lo largo y ancho de todo el país a abrazar, a besar, a consolar, a dialogar y a hablar con firmeza y verdad con todos; desde allí, y frente a la sordera de los criminales y de la clase política que se empeña en ahondar más la fractura del Estado y el dolor de la patria, llamamos a todos los mexicanos de buena voluntad a buscar formas alternativas de organización pacífica y no-violenta. Por ello, desde este recinto lleno de símbolos, de cara al diálogo que tenemos con usted Sr. Presidente como representante del Estado y manteniendo, pese a las decepciones, el diálogo franco y abierto que tenemos y tendremos con los demás Poderes, convocamos a todos los líderes del dolor, a todos los ciudadanos de buena voluntad y a todas las organizaciones civiles que busquen construir la paz en nuestro amado México, más allá de diferencias ideológicas, políticas y sociales, a reunirnos la noche del 31 de octubre, en todas las plazas, zócalos, cementerios, escuelas, panteones, centros ceremoniales, en todo espacio público que nos haya quitado la delincuencia y la incapacidad gubernamental, allí donde los señores de la muerte hayan dejado dolor y hayan pretendido destruir la esperanza, para juntar nuestros dolores, recordar a nuestros muertos y manifestar nuestra voluntad de paz, de amor y de justicia. Salgamos esa noche a nombrar a nuestros muertos. Llevemos junto a sus nombres y fechas de nacimiento y muerte fotografías, prendas, todo aquello que los haga de nuevo presentes entre nosotros, para que todo México sepa que alguna vez habitaron en esta casa que tiene una deuda inmensa con su memoria y la justicia y la paz que les debemos y nos debemos, para que todo México sepa también que ningún ciudadano permitirá más que se construya ningún proyecto político sobre el odio, la corrupción, la impunidad, la guerra y la muerte.
Por eso exigimos a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos políticos que han convertido el proceso electoral en un mercado donde, ignorando el dolor del país, el latido del corazón de la Patria y la emergencia nacional, se compran votos, voluntades y dignidades a:
1) Un drástico y transparente deslinde de todos los partidos políticos del crimen organizado. Lo que significa que no deberán aceptar un solo peso del narcotráfico, de la delincuencia o por fuera de la ley; que no deberán aceptar un solo candidato o candidata que tengan vínculos con la delincuencia organizada; que denunciarán cualquier amenaza o extorsión que amenace el proceso electoral.
2) El mapa de ruta de la desmilitarización del país, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la garantía de seguridad y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. No queremos más muertos ni más desaparecidos.
3) La justicia que se les debe a nuestros muertos y la aparición de todos los desaparecidos de esta guerra. Con independencia de este dialogo, es obligación de Estado garantizar el acceso a la justicia, por lo que la atención a los caso individuales y colectivos de debe prevalecer para mantener los espacios de atención hasta ahora construidos.
4) Un acuerdo nacional de inversión de largo plazo en la educación y empleo que garantice a los jóvenes de México varias opciones de educación así como el rescate de dicha población en las regiones de mayor riesgo donde el crimen organizado ha encontrado en ellos su ejército de reserva.
5) La restauración del tejido social mediante el respeto a las diferencias regionales y el reconocimiento de las autonomías indígenas con todos los derechos que eso implica.
6) El rescate de los caminos de México que devuelva el seguro y libre tránsito de los ciudadanos por los territorios de la nación.
Llamamos así a los mexicanos y mexicanas a hacer uso de todas las formas pacíficas de resistencia civil contra la violencia. Es el momento, frente al horror y la fractura del Estado, de darnos las formas de organización necesaria y siempre pacíficas para resistir juntos tanto la violencia criminal como la oficial y refundar el Estado. En esta hora de emergencia nacional, debemos articularnos de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y sin el cual esta casa llamada México terminará por derruirse.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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