Apro
El exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César David Mateos Benítez, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) una denuncia penal contra el exgobernador Ulises Ruiz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
De acuerdo con Mateos Benítez, quien llegó a la PGJE acompañado de su abogado, Gilberto López, el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de siete mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, señaló que durante el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz el estado fue “saqueado como nunca”.
Además, dijo que desde 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Se trata de las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el Sistema de Salud del estado en su totalidad, “por posible peculado en el ejercicio indebido y administración fraudulenta”.
El vocero de la APPO denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: poseen terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y Sedna Hospital (con un millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
El exvocero de la APPO refirió que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que registra la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo, donde además la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos, el “tirano” mandó construir en el número 5268 de la avenida Periférico Sur, delegación Coyoacán, el Hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente”, equipado con tecnología médica de vanguardia.
Y comparó que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el Hospital Sedna en mil 500 millones.
Para interponer la denuncia, el también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que se basó en las declaraciones de la contralora Perla Woolrich Fernández, quien informó de un quebranto de más de 3 mil 600 millones de pesos, luego de realizar 16 auditorías al ejercicio fiscal 2010, aunque los desvíos cometidos en la anterior administración gubernamental ascienden al doble de la cantidad mencionada.
César Mateos afirmó que “este delincuente (Ulises Ruiz) no actuó solo, pues para llevar a cabo sus fechorías contó con una red de funcionarios, abogados, periodistas, prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de Oaxaca”.
Añadió:
“Yo no comparto que esta camarilla de políticos sin menor recato y sin vergüenza alguna, ahora estén haciendo escandalosas campañas para volver a ser diputados o senadores. Eso es aberrante y la sociedad no lo debe permitir”.
Precisó que “con el mismo dinero que saquearon, que era para salud, alimentación e infraestructura, con ese mismo dinero están sufragando sus campañas”.
No quiero, dijo, que se vea como un asunto de venganza, sino de justicia, que se le juzgue como lo marca la ley.
Asimismo, pidió al procurador del estado que la dependencia a su cargo cumpla con su obligación de investigar estos delitos patrimoniales y determinar quiénes más participaron, pues “hubiese sido imposible cometerlos sin una amplia red de de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos”, dijo.
En noviembre de 2008, César Mateos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el entonces gobernador Ulises Ruiz y otros funcionarios, acusados de tortura, debido al trato recibido a partir de su detención, en noviembre de 2006. Pese a que la tortura fue certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la demanda aún no ha dado resultados.
Posteriormente, en 2010, inició una demanda de juicio político, también contra Ulises Ruiz, por violaciones graves a la Constitución cometidas contra el pueblo de Oaxaca durante la represión gubernamental al movimiento social de 2006 y 2007.
El Congreso local ocultó la denuncia, lo que derivó en un nuevo proceso federal.
De acuerdo con Mateos Benítez, la demanda penal interpuesta este lunes ante la PGJE por delitos patrimoniales, “de ninguna manera implica una claudicación en la búsqueda de justicia sobre los crímenes políticos cometidos por Ulises Ruiz Ortiz y su corte”, pues “en esta lucha continuamos aún en espera de respuesta en el ámbito federal”, puntualizó.
El exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César David Mateos Benítez, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) una denuncia penal contra el exgobernador Ulises Ruiz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
De acuerdo con Mateos Benítez, quien llegó a la PGJE acompañado de su abogado, Gilberto López, el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de siete mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, señaló que durante el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz el estado fue “saqueado como nunca”.
Además, dijo que desde 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Se trata de las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el Sistema de Salud del estado en su totalidad, “por posible peculado en el ejercicio indebido y administración fraudulenta”.
El vocero de la APPO denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: poseen terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y Sedna Hospital (con un millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
El exvocero de la APPO refirió que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que registra la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo, donde además la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos, el “tirano” mandó construir en el número 5268 de la avenida Periférico Sur, delegación Coyoacán, el Hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente”, equipado con tecnología médica de vanguardia.
Y comparó que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el Hospital Sedna en mil 500 millones.
Para interponer la denuncia, el también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que se basó en las declaraciones de la contralora Perla Woolrich Fernández, quien informó de un quebranto de más de 3 mil 600 millones de pesos, luego de realizar 16 auditorías al ejercicio fiscal 2010, aunque los desvíos cometidos en la anterior administración gubernamental ascienden al doble de la cantidad mencionada.
César Mateos afirmó que “este delincuente (Ulises Ruiz) no actuó solo, pues para llevar a cabo sus fechorías contó con una red de funcionarios, abogados, periodistas, prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de Oaxaca”.
Añadió:
“Yo no comparto que esta camarilla de políticos sin menor recato y sin vergüenza alguna, ahora estén haciendo escandalosas campañas para volver a ser diputados o senadores. Eso es aberrante y la sociedad no lo debe permitir”.
Precisó que “con el mismo dinero que saquearon, que era para salud, alimentación e infraestructura, con ese mismo dinero están sufragando sus campañas”.
No quiero, dijo, que se vea como un asunto de venganza, sino de justicia, que se le juzgue como lo marca la ley.
Asimismo, pidió al procurador del estado que la dependencia a su cargo cumpla con su obligación de investigar estos delitos patrimoniales y determinar quiénes más participaron, pues “hubiese sido imposible cometerlos sin una amplia red de de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos”, dijo.
En noviembre de 2008, César Mateos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el entonces gobernador Ulises Ruiz y otros funcionarios, acusados de tortura, debido al trato recibido a partir de su detención, en noviembre de 2006. Pese a que la tortura fue certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la demanda aún no ha dado resultados.
Posteriormente, en 2010, inició una demanda de juicio político, también contra Ulises Ruiz, por violaciones graves a la Constitución cometidas contra el pueblo de Oaxaca durante la represión gubernamental al movimiento social de 2006 y 2007.
El Congreso local ocultó la denuncia, lo que derivó en un nuevo proceso federal.
De acuerdo con Mateos Benítez, la demanda penal interpuesta este lunes ante la PGJE por delitos patrimoniales, “de ninguna manera implica una claudicación en la búsqueda de justicia sobre los crímenes políticos cometidos por Ulises Ruiz Ortiz y su corte”, pues “en esta lucha continuamos aún en espera de respuesta en el ámbito federal”, puntualizó.
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