Apro
El próximo 25 de noviembre será presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) la demanda penal contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de más de 50 mil personas, más de 10 mil desaparecidos y más de 230 mil desplazados.
El grupo de abogados, académicos e intelectuales que promueve la demanda contra Calderón, incluyó en ésta al capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Los responsabiliza a ambos de la escalada de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente.
Acompañado de promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, explicó en conferencia de prensa que Calderón sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga son responsables de esos crímenes.
“Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes (…) son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, agregó.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, en el que se fundamenta la existencia de la CPI y al que México se adhirió en 2005, apuntó, el tribunal internacional tiene competencia para intervenir en situaciones que se configuran en México todos los días: desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad en labores de narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales cometidas por solados, la mutilación de enemigos “como una forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de personas, las violaciones sexuales de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, ataques a centros de rehabilitación de enfermos, y el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM)”.
Señaló que el último día para recibir firmas de apoyo será el 20 de noviembre.
El abogado explicó que los juristas que redactan la queja eligieron a la CPI porque es un tribunal que somete a juicio a las personas en lo individual y no como Estado.
Además, resaltó que en mayo de este año ciudadanos y abogados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos en relación a la guerra iniciada por Calderón, pero nunca hubo respuesta.
Sobre la inclusión de Joaquín Guzmán Loera explicó que de acuerdo con investigaciones del consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, sólo 2% de los presuntos capos del narcotráfico pertenecen al cártel de Sinaloa, “lo que hablaría de una guerra sesgada a favor de El Chapo”.
En su oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes, recordó que en lo que va de la administración de Calderón la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 5 mil denuncias en contra de miembros de las fuerzas armadas.
Dijo, además, que existen 75 recomendaciones de la CNDH que están sin atender y que los testimonios de las víctimas podrían ser llevados a La Haya “para fortalecer las acusaciones, además de que estas mismas víctimas podrían exigir una reconsideración del tribunal si decide no actuar en contra de Calderón”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, por su parte, puntualizó que “es hora de que los responsables de las carnicerías” vayan a juicio. Consideró que no es gratuito que el año pasado, Calderón “se desmarcó de la palabra ‘guerra’ para referirse al combate al narcotráfico, porque sabe las implicaciones que eso tiene en el derecho internacional, que puede ser llevado a juicio. Aunque ahora no hable de guerra, los hechos ahí están, hay una guerra contra el narco y contra la sociedad”.
En tanto, el abogado Julio Scherer Ibarra resaltó que la intención de impulsar la demanda es para “exigir un alto al fuero a los delincuentes y a las autoridades, para restituir el Estado de derecho y el juicio a los responsables de esta situación”.
El productor de televisión Epigmenio Ibarra, a su vez, aclaró que los firmantes de la denuncia no pretenden “que se pacte con el crimen organizado”, pues también condenan la saña de los criminales. Sin embargo, consideran que el despliegue de tropas sólo ha incrementado la violencia y que “la violencia ha fortalecido a los cárteles del narcotráfico”.
Destacó que al enviar a las tropas a la calle, se han convertido en blanco fácil de la corrupción, lo que ha dado lugar a la creación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “porque es más fácil matar a criminales que presentarlos ante un juez”.
En la presentación de la denuncia estuvieron también el caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón; el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo; la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eréndira Sandoval, y Fernando Ríos, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Otros personajes que se han adherido a la denuncia son Jesús González Schmal; el periodistas Virgilio Caballero; los defensores Edgar Cortéz y Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; William Weaver, académico de la Universidad de El Paso, Texas; el académico de la Facultad de de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Octavio Rodríguez Araujo; Patricia Galeana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre otros.
El próximo 25 de noviembre será presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) la demanda penal contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de más de 50 mil personas, más de 10 mil desaparecidos y más de 230 mil desplazados.
El grupo de abogados, académicos e intelectuales que promueve la demanda contra Calderón, incluyó en ésta al capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Los responsabiliza a ambos de la escalada de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente.
Acompañado de promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, explicó en conferencia de prensa que Calderón sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga son responsables de esos crímenes.
“Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes (…) son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, agregó.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, en el que se fundamenta la existencia de la CPI y al que México se adhirió en 2005, apuntó, el tribunal internacional tiene competencia para intervenir en situaciones que se configuran en México todos los días: desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad en labores de narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales cometidas por solados, la mutilación de enemigos “como una forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de personas, las violaciones sexuales de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, ataques a centros de rehabilitación de enfermos, y el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM)”.
Señaló que el último día para recibir firmas de apoyo será el 20 de noviembre.
El abogado explicó que los juristas que redactan la queja eligieron a la CPI porque es un tribunal que somete a juicio a las personas en lo individual y no como Estado.
Además, resaltó que en mayo de este año ciudadanos y abogados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos en relación a la guerra iniciada por Calderón, pero nunca hubo respuesta.
Sobre la inclusión de Joaquín Guzmán Loera explicó que de acuerdo con investigaciones del consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, sólo 2% de los presuntos capos del narcotráfico pertenecen al cártel de Sinaloa, “lo que hablaría de una guerra sesgada a favor de El Chapo”.
En su oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes, recordó que en lo que va de la administración de Calderón la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 5 mil denuncias en contra de miembros de las fuerzas armadas.
Dijo, además, que existen 75 recomendaciones de la CNDH que están sin atender y que los testimonios de las víctimas podrían ser llevados a La Haya “para fortalecer las acusaciones, además de que estas mismas víctimas podrían exigir una reconsideración del tribunal si decide no actuar en contra de Calderón”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, por su parte, puntualizó que “es hora de que los responsables de las carnicerías” vayan a juicio. Consideró que no es gratuito que el año pasado, Calderón “se desmarcó de la palabra ‘guerra’ para referirse al combate al narcotráfico, porque sabe las implicaciones que eso tiene en el derecho internacional, que puede ser llevado a juicio. Aunque ahora no hable de guerra, los hechos ahí están, hay una guerra contra el narco y contra la sociedad”.
En tanto, el abogado Julio Scherer Ibarra resaltó que la intención de impulsar la demanda es para “exigir un alto al fuero a los delincuentes y a las autoridades, para restituir el Estado de derecho y el juicio a los responsables de esta situación”.
El productor de televisión Epigmenio Ibarra, a su vez, aclaró que los firmantes de la denuncia no pretenden “que se pacte con el crimen organizado”, pues también condenan la saña de los criminales. Sin embargo, consideran que el despliegue de tropas sólo ha incrementado la violencia y que “la violencia ha fortalecido a los cárteles del narcotráfico”.
Destacó que al enviar a las tropas a la calle, se han convertido en blanco fácil de la corrupción, lo que ha dado lugar a la creación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “porque es más fácil matar a criminales que presentarlos ante un juez”.
En la presentación de la denuncia estuvieron también el caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón; el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo; la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eréndira Sandoval, y Fernando Ríos, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Otros personajes que se han adherido a la denuncia son Jesús González Schmal; el periodistas Virgilio Caballero; los defensores Edgar Cortéz y Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; William Weaver, académico de la Universidad de El Paso, Texas; el académico de la Facultad de de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Octavio Rodríguez Araujo; Patricia Galeana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre otros.
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