John M. Ackerman
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado un buen paso en la batalla por hacer valer los principios básicos en materia electoral con su señalamiento de la ilegalidad de la transmisión del debate entre precandidatos en Nayarit durante el proceso electoral de 2010. La cantidad de entrevistas simuladas, “infomerciales” y coberturas compradas o “donadas” que hoy abundan en los principales medios de comunicación electrónicos ya no es sostenible. Ya era hora de que las autoridades tomaran medidas para limitar esta abierta burla a la normatividad que pone en riesgo la autenticidad y la equidad del proceso electoral en curso.
La airada y coordinada respuesta de parte de Televisa, Vicente Fox y Ernesto Cordero revela tanto su profunda ignorancia del derecho electoral como la existencia de un acuerdo entre estos tres actores para reventar la institucionalidad democrática del país. “Yo sé que no debería criticar al IFE ahorita en un proceso electoral”, declaró Fox con total cinismo, “pero seguir poniendo bozales y seguir impidiendo que la gente hable (…) me parece criminal; están destruyendo la democracia”.
Fox se equivoca de blanco. La decisión del TEPJF revoca una decisión anterior del IFE que, de manera sospechosa, había avalado la abierta burla a la legislación cometida por el principal canal de Televisa en Nayarit. Asimismo, llamar “criminal” y “destructor de la democracia” a una de las decisiones más rescatables del TEPJF es una exageración sumamente peligrosa, sobre todo cuando los verdaderos “criminales” andan sueltos precisamente por la negligencia y posible complicidad de Fox durante su mandato presidencial.
A los exabruptos del expresidente habría que sumar las irresponsables y engañosas afirmaciones del precandidato Cordero, quien ha repudiado el “ultraje a la democracia” y el “acto de represión” que implica la supuesta “prohibición de los debates”. El panista se declara en abierta rebeldía en contra de las instituciones: “Con el IFE o sin el IFE, o a pesar del IFE, vamos a poner en evidencia y vamos a mostrar quién tiene mejores ideas y mejor proyecto político”. Cualquier similitud entre sus declaraciones y el famoso “haiga sido como haiga sido” de su padrino político, Felipe Calderón, es desde luego mera coincidencia.
Para Televisa, este escenario constituye una nueva oportunidad para denostar no solamente al IFE y el TEPJF, sino también a todo el marco normativo en materia electoral. Javier Tejado, abogado de la televisora de Chapultepec, ha sido el principal impulsor de la idea de que la resolución del TEPJF “prohíbe la realización de debates” y “es parte de los efectos de una legislación mal pensada”. Queda claro que a algunos actores no les agrada la reforma electoral de 2007-2008 que prohíbe de manera tajante la contratación o “adquisición” de tiempos “en cualquier modalidad de radio y televisión” por los partidos políticos. En respuesta, las televisoras buscan generar una corriente de opinión pública en contra de la legalidad imperante con el fin de animar a la ciudadanía a “mandar al diablo” a las instituciones democráticas.
Es absolutamente falso que el TEPJF y el IFE hayan prohibido la celebración de debates entre precandidatos. Lo único que sancionan en el caso de Nayarit es la adquisición irregular de un espacio en la televisión local por el PAN y el PRD. Si bien no existe un contrato de compraventa formal que ampararía la transacción entre estos partidos y la estación local de Televisa, el TEPJF concluyó que era evidente que se trataba de un tiempo extraordinario “adquirido”, o en su caso “donado” por la televisora, con el fin de dar a conocer las posiciones políticas de los precandidatos de la posible alianza entre estos dos partidos (SUP-RAP-459-2011).
Para tomar esta determinación, la autoridad tomó en cuenta el hecho de que el debate no tuvo lugar dentro de algún noticiero o programa normalmente programado por la televisora, sino que fue incluido como una transmisión extraordinaria previamente pactada. Asimismo, es destacable que el debate únicamente incluía a los precandidatos del PAN y el PRD, excluyendo tanto a los candidatos del PRI como a los del PT y Convergencia.
Sin embargo, esta sentencia no es totalmente confiable porque contradice en aspectos importantes la decisión reciente del mismo TEPJF respecto a los promocionales del quinto informe de Enrique Peña Nieto. En este caso los magistrados determinaron que los “contratantes”, es decir Peña Nieto, no tuvieron responsabilidad alguna por la transmisión ilegal de los spots a nivel nacional. Pero en el caso de Nayarit, el tribunal adjudica la responsabilidad directamente a los que “adquirieron” los tiempos, el PAN y el PRD.
Ello abona las sospechas sobre la posible parcialidad de los magistrados electorales. El extraño silencio que ha guardado el PRI en el contexto de la disputa pública actual entre Televisa y el IFE también llama la atención. Pareciera que el viejo partido del Estado sonríe sabiendo que las reglas del juego se aplican de manera estricta para sus adversarios y con clemencia para “los amigos”.
Habría que recordar que el marco legal en materia electoral no prohíbe en absoluto la expresión de ideas, sino solamente la mercantilización de la competencia política. Hoy, como siempre, los noticieros y los canales de televisión y radio cuentan con total libertad para debatir asuntos políticos, así como para convocar a los candidatos y precandidatos y expresar sus opiniones libremente. En lugar de atacar al “árbitro” y subvertir el estado de derecho, todos estaríamos mejor si tanto Televisa como el PAN deciden de una vez por todas jugar con apego a las reglas en materia electoral que nos hemos dado por las vías democráticas todos los mexicanos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado un buen paso en la batalla por hacer valer los principios básicos en materia electoral con su señalamiento de la ilegalidad de la transmisión del debate entre precandidatos en Nayarit durante el proceso electoral de 2010. La cantidad de entrevistas simuladas, “infomerciales” y coberturas compradas o “donadas” que hoy abundan en los principales medios de comunicación electrónicos ya no es sostenible. Ya era hora de que las autoridades tomaran medidas para limitar esta abierta burla a la normatividad que pone en riesgo la autenticidad y la equidad del proceso electoral en curso.
La airada y coordinada respuesta de parte de Televisa, Vicente Fox y Ernesto Cordero revela tanto su profunda ignorancia del derecho electoral como la existencia de un acuerdo entre estos tres actores para reventar la institucionalidad democrática del país. “Yo sé que no debería criticar al IFE ahorita en un proceso electoral”, declaró Fox con total cinismo, “pero seguir poniendo bozales y seguir impidiendo que la gente hable (…) me parece criminal; están destruyendo la democracia”.
Fox se equivoca de blanco. La decisión del TEPJF revoca una decisión anterior del IFE que, de manera sospechosa, había avalado la abierta burla a la legislación cometida por el principal canal de Televisa en Nayarit. Asimismo, llamar “criminal” y “destructor de la democracia” a una de las decisiones más rescatables del TEPJF es una exageración sumamente peligrosa, sobre todo cuando los verdaderos “criminales” andan sueltos precisamente por la negligencia y posible complicidad de Fox durante su mandato presidencial.
A los exabruptos del expresidente habría que sumar las irresponsables y engañosas afirmaciones del precandidato Cordero, quien ha repudiado el “ultraje a la democracia” y el “acto de represión” que implica la supuesta “prohibición de los debates”. El panista se declara en abierta rebeldía en contra de las instituciones: “Con el IFE o sin el IFE, o a pesar del IFE, vamos a poner en evidencia y vamos a mostrar quién tiene mejores ideas y mejor proyecto político”. Cualquier similitud entre sus declaraciones y el famoso “haiga sido como haiga sido” de su padrino político, Felipe Calderón, es desde luego mera coincidencia.
Para Televisa, este escenario constituye una nueva oportunidad para denostar no solamente al IFE y el TEPJF, sino también a todo el marco normativo en materia electoral. Javier Tejado, abogado de la televisora de Chapultepec, ha sido el principal impulsor de la idea de que la resolución del TEPJF “prohíbe la realización de debates” y “es parte de los efectos de una legislación mal pensada”. Queda claro que a algunos actores no les agrada la reforma electoral de 2007-2008 que prohíbe de manera tajante la contratación o “adquisición” de tiempos “en cualquier modalidad de radio y televisión” por los partidos políticos. En respuesta, las televisoras buscan generar una corriente de opinión pública en contra de la legalidad imperante con el fin de animar a la ciudadanía a “mandar al diablo” a las instituciones democráticas.
Es absolutamente falso que el TEPJF y el IFE hayan prohibido la celebración de debates entre precandidatos. Lo único que sancionan en el caso de Nayarit es la adquisición irregular de un espacio en la televisión local por el PAN y el PRD. Si bien no existe un contrato de compraventa formal que ampararía la transacción entre estos partidos y la estación local de Televisa, el TEPJF concluyó que era evidente que se trataba de un tiempo extraordinario “adquirido”, o en su caso “donado” por la televisora, con el fin de dar a conocer las posiciones políticas de los precandidatos de la posible alianza entre estos dos partidos (SUP-RAP-459-2011).
Para tomar esta determinación, la autoridad tomó en cuenta el hecho de que el debate no tuvo lugar dentro de algún noticiero o programa normalmente programado por la televisora, sino que fue incluido como una transmisión extraordinaria previamente pactada. Asimismo, es destacable que el debate únicamente incluía a los precandidatos del PAN y el PRD, excluyendo tanto a los candidatos del PRI como a los del PT y Convergencia.
Sin embargo, esta sentencia no es totalmente confiable porque contradice en aspectos importantes la decisión reciente del mismo TEPJF respecto a los promocionales del quinto informe de Enrique Peña Nieto. En este caso los magistrados determinaron que los “contratantes”, es decir Peña Nieto, no tuvieron responsabilidad alguna por la transmisión ilegal de los spots a nivel nacional. Pero en el caso de Nayarit, el tribunal adjudica la responsabilidad directamente a los que “adquirieron” los tiempos, el PAN y el PRD.
Ello abona las sospechas sobre la posible parcialidad de los magistrados electorales. El extraño silencio que ha guardado el PRI en el contexto de la disputa pública actual entre Televisa y el IFE también llama la atención. Pareciera que el viejo partido del Estado sonríe sabiendo que las reglas del juego se aplican de manera estricta para sus adversarios y con clemencia para “los amigos”.
Habría que recordar que el marco legal en materia electoral no prohíbe en absoluto la expresión de ideas, sino solamente la mercantilización de la competencia política. Hoy, como siempre, los noticieros y los canales de televisión y radio cuentan con total libertad para debatir asuntos políticos, así como para convocar a los candidatos y precandidatos y expresar sus opiniones libremente. En lugar de atacar al “árbitro” y subvertir el estado de derecho, todos estaríamos mejor si tanto Televisa como el PAN deciden de una vez por todas jugar con apego a las reglas en materia electoral que nos hemos dado por las vías democráticas todos los mexicanos.
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