John M. Ackerman
Flaco favor hacen a la democracia los consejeros del IFE al fingir que no pasa nada con la ausencia de tres integrantes del Consejo General. Pero aún más daño provocan los finalistas para ocupar las vacantes al creer que calladitos se ven más bonitos, pues con su silencio avalan un proceso de selección totalmente amañado, ilegal y fallido. Los diputados federales por sí solos difícilmente llegarán mágicamente a un acuerdo sobre los tres nuevos consejeros. Hace falta un contundente llamado de atención para obligarlos a cumplir con su responsabilidad constitucional.
Si los actuales integrantes del Consejo General realmente estuvieran comprometidos con la fortaleza de la democracia mexicana, simplemente se negarían a trabajar en un contexto de anticonstitucionalidad y bajo las infamantes condiciones en que se encuentran. Es absolutamente falso que la actual conformación del Consejo General no es impedimento para resolver asuntos oportunamente y que el IFE esté debidamente preparado para organizar con la mayor eficiencia las elecciones federales, como señala la autoridad electoral en una costosa inserción pagada el pasado viernes.
Algunos asuntos de la mayor importancia se encuentran totalmente detenidos. Por ejemplo, la multa de 289 millones de pesos al Partido Verde por su abierta burla a la ley electoral durante las campañas de 2009 y la emisión del nuevo reglamento para la transmisión de los anuncios partidistas en radio y televisión. Un IFE integrado de manera inconstitucional pone en riesgo la validez de las elecciones federales de 2012.
Habría que recordar que 2012 será la primera elección presidencial en que se aplique la reforma constitucional de 2007, que aumentó significativamente las facultades del instituto. Los consejeros tuvieron su primera experiencia de lo que esto implicaba durante los comicios federales de 2009, cuando se triplicaron las sesiones del Consejo General. No sería exagerado imaginar que durante la campaña de 2012 el consejo tuviera que sesionar literalmente todos los días para resolver procedimientos sancionadores y decidir medidas cautelares.
Cualquier empleado que de la noche a la mañana tenga que cumplir con una explosión de nuevas responsabilidades y además cubrir las ausencias de sus colegas sin ningún apoyo adicional necesariamente emitiría más que un simple exhorto. Una huelga institucional como la que aquí se propone pondría en jaque a la Cámara de Diputados y obligaría a los legisladores a ponerse de acuerdo para nombrar inmediatamente a los nuevos consejeros electorales.
Estrictamente hablando, solamente haría falta que dos de los seis consejeros actuales amenazaran con dejar de asistir a las sesiones del Consejo General, ya que con dos ausencias adicionales se rompería el quórum necesario. Recordemos que hace unos meses el consejero Francisco Guerrero, por un berrinche, se separó de sus responsabilidades en el Comité de Radio y Televisión. Ojalá que ahora él y sus colegas tuvieran la misma dignidad cuando se trata de defender la institucionalidad y la efectividad del IFE en su conjunto.
Por su parte, con su inmovilidad y silencio, los finalistas también son cómplices de la situación actual. Los 15 aspirantes que quedan harían un gran favor a la democracia si públicamente se negaran a prestarse a un proceso que ha sido totalmente manoseado desde el principio. Cada día que pasa sacrifican un pedazo de su prestigio al aceptar ser meras fichas de un macabro juego político. Una acción de esta naturaleza obligaría a los diputados a emitir una nueva convocatoria que necesariamente tendría que incluir mayor participación ciudadana y transparencia en la selección de los nuevos consejeros.
Existe la muy remota posibilidad de que el TEPJF o la Suprema Corte tomen cartas en el asunto a raíz de las denuncias realizadas por diversos ciudadanos por el incumplimiento de la Cámara de Diputados. Pero en lugar de esperar pasivos hasta que estas instituciones decidan voltear la mirada hacia los intereses ciudadanos, sería mucho mejor que los directamente implicados actuaran ahora para rescatar lo que queda de la confianza en nuestras instituciones democráticas.
Si bien el intento de albazo del PRI el jueves 6 de octubre para imponer sus consejeros fue un espectáculo lamentable, la pasividad del PAN y el PRD en los días posteriores ha sido también vergonzosa. En lugar de utilizar su poder parlamentario para inmediatamente armar una mayoría en favor de emitir una nueva convocatoria que esta vez sí dé resultados efectivos y confiables, esos partidos se limitaron a mandar a hacer un estudio jurídico sobre el tema, que supuestamente se daría a conocer hoy mismo.
Pero ningún estudio podrá resolver un problema que es esencialmente político. El IFE, el PAN, el PRD, los candidatos a consejeros y la ciudadanía en su conjunto tienen que hacer todo lo que esté en su poder para evitar que el PRI secuestre de nuevo las instituciones democráticas del país por medio de la imposición de dos soldados más en el Consejo General o, en su caso, dejando un IFE mocho fácilmente sometido por los medios de comunicación y los poderes fácticos que buscan imponer su candidato presidencial.
Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros, pluma imprescindible.
Flaco favor hacen a la democracia los consejeros del IFE al fingir que no pasa nada con la ausencia de tres integrantes del Consejo General. Pero aún más daño provocan los finalistas para ocupar las vacantes al creer que calladitos se ven más bonitos, pues con su silencio avalan un proceso de selección totalmente amañado, ilegal y fallido. Los diputados federales por sí solos difícilmente llegarán mágicamente a un acuerdo sobre los tres nuevos consejeros. Hace falta un contundente llamado de atención para obligarlos a cumplir con su responsabilidad constitucional.
Si los actuales integrantes del Consejo General realmente estuvieran comprometidos con la fortaleza de la democracia mexicana, simplemente se negarían a trabajar en un contexto de anticonstitucionalidad y bajo las infamantes condiciones en que se encuentran. Es absolutamente falso que la actual conformación del Consejo General no es impedimento para resolver asuntos oportunamente y que el IFE esté debidamente preparado para organizar con la mayor eficiencia las elecciones federales, como señala la autoridad electoral en una costosa inserción pagada el pasado viernes.
Algunos asuntos de la mayor importancia se encuentran totalmente detenidos. Por ejemplo, la multa de 289 millones de pesos al Partido Verde por su abierta burla a la ley electoral durante las campañas de 2009 y la emisión del nuevo reglamento para la transmisión de los anuncios partidistas en radio y televisión. Un IFE integrado de manera inconstitucional pone en riesgo la validez de las elecciones federales de 2012.
Habría que recordar que 2012 será la primera elección presidencial en que se aplique la reforma constitucional de 2007, que aumentó significativamente las facultades del instituto. Los consejeros tuvieron su primera experiencia de lo que esto implicaba durante los comicios federales de 2009, cuando se triplicaron las sesiones del Consejo General. No sería exagerado imaginar que durante la campaña de 2012 el consejo tuviera que sesionar literalmente todos los días para resolver procedimientos sancionadores y decidir medidas cautelares.
Cualquier empleado que de la noche a la mañana tenga que cumplir con una explosión de nuevas responsabilidades y además cubrir las ausencias de sus colegas sin ningún apoyo adicional necesariamente emitiría más que un simple exhorto. Una huelga institucional como la que aquí se propone pondría en jaque a la Cámara de Diputados y obligaría a los legisladores a ponerse de acuerdo para nombrar inmediatamente a los nuevos consejeros electorales.
Estrictamente hablando, solamente haría falta que dos de los seis consejeros actuales amenazaran con dejar de asistir a las sesiones del Consejo General, ya que con dos ausencias adicionales se rompería el quórum necesario. Recordemos que hace unos meses el consejero Francisco Guerrero, por un berrinche, se separó de sus responsabilidades en el Comité de Radio y Televisión. Ojalá que ahora él y sus colegas tuvieran la misma dignidad cuando se trata de defender la institucionalidad y la efectividad del IFE en su conjunto.
Por su parte, con su inmovilidad y silencio, los finalistas también son cómplices de la situación actual. Los 15 aspirantes que quedan harían un gran favor a la democracia si públicamente se negaran a prestarse a un proceso que ha sido totalmente manoseado desde el principio. Cada día que pasa sacrifican un pedazo de su prestigio al aceptar ser meras fichas de un macabro juego político. Una acción de esta naturaleza obligaría a los diputados a emitir una nueva convocatoria que necesariamente tendría que incluir mayor participación ciudadana y transparencia en la selección de los nuevos consejeros.
Existe la muy remota posibilidad de que el TEPJF o la Suprema Corte tomen cartas en el asunto a raíz de las denuncias realizadas por diversos ciudadanos por el incumplimiento de la Cámara de Diputados. Pero en lugar de esperar pasivos hasta que estas instituciones decidan voltear la mirada hacia los intereses ciudadanos, sería mucho mejor que los directamente implicados actuaran ahora para rescatar lo que queda de la confianza en nuestras instituciones democráticas.
Si bien el intento de albazo del PRI el jueves 6 de octubre para imponer sus consejeros fue un espectáculo lamentable, la pasividad del PAN y el PRD en los días posteriores ha sido también vergonzosa. En lugar de utilizar su poder parlamentario para inmediatamente armar una mayoría en favor de emitir una nueva convocatoria que esta vez sí dé resultados efectivos y confiables, esos partidos se limitaron a mandar a hacer un estudio jurídico sobre el tema, que supuestamente se daría a conocer hoy mismo.
Pero ningún estudio podrá resolver un problema que es esencialmente político. El IFE, el PAN, el PRD, los candidatos a consejeros y la ciudadanía en su conjunto tienen que hacer todo lo que esté en su poder para evitar que el PRI secuestre de nuevo las instituciones democráticas del país por medio de la imposición de dos soldados más en el Consejo General o, en su caso, dejando un IFE mocho fácilmente sometido por los medios de comunicación y los poderes fácticos que buscan imponer su candidato presidencial.
Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros, pluma imprescindible.
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