John M. Ackerman
Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros,
quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.
La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.
La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma: http://bit.ly/oWhn1y).
La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.
Las noticias que todos los días leemos en los diarios, así como los numerosos informes de la CNDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, demuestran que no nos encontramos ante un simple incremento en la tasa de homicidios dolosos, sino que el pueblo mexicano sufre precisamente un “ataque generalizado y sistemático”. Habría que recordar que todas las víctimas civiles son inocentes, ya que nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia. Asimismo, aunque algunos de los asesinados hubieran tenido antecedentes penales, de ninguna manera merecían ser ultimados, ya que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.
Acreditada la existencia del delito, la pregunta obligada es quiénes serían los responsables. Calderón supone que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especula que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.
El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales. Como ya hemos escrito en estas mismas páginas (www.proceso.com.mx/?p=262673), al justificar la violencia como resultado de un supuesto combate entre cárteles, Calderón promueve activamente una estrategia de “limpieza social”. De manera que el surgimiento de grupos paramilitares como los “matazetas” no es una mera coincidencia, sino el resultado directo de la estrategia actual. Además, la patente inacción e inefectividad de la PGR genera una situación de impunidad generalizada que propicia mayor violencia. Esto desde luego se reproduce en los estados, donde gobernadores como Javier Duarte conducen una estrategia similar.
Los numerosos y sistemáticos ataques directos en contra de la población por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente documentados. WikiLeaks reveló recientemente que en 2007 se creó una unidad especial del Ejército Mexicano bajo el comando directo de Calderón, hecho que, de ser comprobado, elevaría aún más la responsabilidad directa del presidente. Finalmente, sería irresponsable descartar la posibilidad de que Calderón esté aliado con uno u otro cártel de la droga, tal y como han sugerido estudios conducidos por destacados medios de comunicación y expertos internacionales.
Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenes de lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.
Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información “conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.
El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la inminente denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos.
Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros,
quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.
La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.
La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma: http://bit.ly/oWhn1y).
La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.
Las noticias que todos los días leemos en los diarios, así como los numerosos informes de la CNDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, demuestran que no nos encontramos ante un simple incremento en la tasa de homicidios dolosos, sino que el pueblo mexicano sufre precisamente un “ataque generalizado y sistemático”. Habría que recordar que todas las víctimas civiles son inocentes, ya que nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia. Asimismo, aunque algunos de los asesinados hubieran tenido antecedentes penales, de ninguna manera merecían ser ultimados, ya que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.
Acreditada la existencia del delito, la pregunta obligada es quiénes serían los responsables. Calderón supone que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especula que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.
El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales. Como ya hemos escrito en estas mismas páginas (www.proceso.com.mx/?p=262673), al justificar la violencia como resultado de un supuesto combate entre cárteles, Calderón promueve activamente una estrategia de “limpieza social”. De manera que el surgimiento de grupos paramilitares como los “matazetas” no es una mera coincidencia, sino el resultado directo de la estrategia actual. Además, la patente inacción e inefectividad de la PGR genera una situación de impunidad generalizada que propicia mayor violencia. Esto desde luego se reproduce en los estados, donde gobernadores como Javier Duarte conducen una estrategia similar.
Los numerosos y sistemáticos ataques directos en contra de la población por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente documentados. WikiLeaks reveló recientemente que en 2007 se creó una unidad especial del Ejército Mexicano bajo el comando directo de Calderón, hecho que, de ser comprobado, elevaría aún más la responsabilidad directa del presidente. Finalmente, sería irresponsable descartar la posibilidad de que Calderón esté aliado con uno u otro cártel de la droga, tal y como han sugerido estudios conducidos por destacados medios de comunicación y expertos internacionales.
Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenes de lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.
Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información “conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.
El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la inminente denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos.
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