Miguel Ángel Granados Chapa
Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.
Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.
Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.
Por ejemplo, la Conferencia episcopal mexicana, y la arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, iglesia maronita, Iglesia nacional presbiteriana, la metodista, la Fraternidad de iglesias evangélicas pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.
Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.
El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de abortó. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.
Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: Por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido… por el orden jurídico de una entidad determinada”
La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.
Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.
Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.
Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.
Por ejemplo, la Conferencia episcopal mexicana, y la arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, iglesia maronita, Iglesia nacional presbiteriana, la metodista, la Fraternidad de iglesias evangélicas pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.
Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.
El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de abortó. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.
Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: Por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido… por el orden jurídico de una entidad determinada”
La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.
Comentarios