Apro
El expresidente Ernesto Zedillo rechazó las acusaciones que le imputan sobre su presunta complicidad en la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, y aseguró que los argumentos de los demandantes “no son sólo falsos, sino calumniosos”.
En un correo electrónico enviado este martes a la cadena estadunidense CNN, Zedillo dijo que tenía “vagas noticias” sobre la demanda en su contra que interpusieron el pasado viernes 16 en el distrito de Connecticut, Estados Unidos, los deudos de las personas asesinadas hace 14 años.
El exmandatario, quien actualmente trabaja en la Universidad de Yale, señaló que aún no había sido notificado por el tribunal, pero anticipó que “responderá ante las autoridades como esto lo amerita”, informó la agencia EFE.
En un comunicado subido a la página web http://acteal97.com, el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess dio a conocer que la demanda, a nombre de 10 familiares de las víctimas, “alega crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad contra Zedillo Ponce de León”, quien fue presidente de México de 1994 a 2000.
De acuerdo con los litigantes, la demanda se centra en los hechos relacionados con la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares –armados, apoyados y entrenados en el marco de un Plan de Contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano– acribilló a tiros y machetazos a 45 hombres, mujeres y niños en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Según los demandantes, la masacre derivó del “Plan de Campaña Chiapas 94”, un documento secreto de las fuerzas armadas del gobierno mexicano para minar la fuerza y “aplastar” la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se alzó en armas en enero de 1994.
Una parte fundamental para echar a andar el plan fue la creación y despliegue de paramilitares y fuerzas de autodefensa civil-militar para ayudar al Ejército en sus operaciones, incluyendo armar a civiles de forma ilegal, con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, señalan los abogados.
Además, refieren que Zedillo conspiró con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar la responsabilidad del mandatario mexicano “antes, durante y después la masacre de Acteal”, y que “como parte de ese encubrimiento alrededor de 128 personas del área cercana a Acteal fueron detenidas y arrestadas”.
Señalan, asimismo, que en octubre de 2007, 34 indígenas civiles fueron declarados culpables por su responsabilidad en la masacre, acusados de los delitos de homicidio y asalto con agravantes, por lo que fueron condenados a 26 años de prisión.
No obstante, añade, en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las condenas de 20 de los sentenciados, “debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones del debido proceso, por lo que se ordenó que los prisioneros fueran liberados después de 11 años recluidos”.
Según los abogados, el encubrimiento hacia el presidente Zedillo continuó incluso cuando éste había dejado el cargo, después del año 2000, ya que los fiscales nunca lo citaron a comparecer.
Enseguida apuntan que pese el reciente descubrimiento de estos hechos y de los planes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes han visto frustrados sus intentos de mantener la responsabilidad que pesa sobre el gobierno mexicano por la masacre de Acteal.
“Afortunadamente en Estados Unidos la ley federal permite que los demandantes puedan buscar la justicia en contra de Zedillo”, añade el texto, y cita dos leyes que permiten a los extranjeros su derecho de ejercer acciones legales en tribunales de Estados Unidos.
“Las víctimas demandantes están llevando a cabo este proceso de forma anónima, para protegerlos de represalias probables si sus identidades fueran reveladas. Por lo tanto, sus abogados no pueden proporcionar información sobre las identidades de las víctimas, aparte de que son cuatro mujeres y seis hombres”, dice el documento.
Hace 14 años, el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tzotziles priistas, equipados con armas de grueso calibre, disparó contra 45 personas de la comunidad Las Abejas –18 mujeres adultas, cinco de ellas embarazadas; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, de entre ocho meses y 17 años, y cuatro niños de entre dos y 15 años de edad– e hirió a 26 más, en su mayoría menores de edad.
La historia, narrada por los familiares de las víctimas, señala que las personas atacadas se habían refugiado en la comunidad de Acteal, debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, además de que robaban sus pertenencias.
“Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares, y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano”, se lee en el blog del grupo civil pacifista.
“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo, el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades de Las Abejas que la acción se mantiene impune”, precisa el comunicado.
En México, el Senado solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Patricia Espinosa, un informe sobre la demanda presentada en el distrito de Connecticut, en contra del expresidente Zedillo y otros funcionarios, por víctimas y familiares de los fallecidos en la matanza de Acteal, Chiapas.
El punto de acuerdo promovido por el coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, pide a la Comisión de Justicia, presidida por el senador Alejandro González Alcocer, dé seguimiento a esta demanda e informe al pleno sobre su desenlace.
Además, en la sesión ordinaria de hoy, el pleno del Senado discutirá el dictamen que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.
El expresidente Ernesto Zedillo rechazó las acusaciones que le imputan sobre su presunta complicidad en la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, y aseguró que los argumentos de los demandantes “no son sólo falsos, sino calumniosos”.
En un correo electrónico enviado este martes a la cadena estadunidense CNN, Zedillo dijo que tenía “vagas noticias” sobre la demanda en su contra que interpusieron el pasado viernes 16 en el distrito de Connecticut, Estados Unidos, los deudos de las personas asesinadas hace 14 años.
El exmandatario, quien actualmente trabaja en la Universidad de Yale, señaló que aún no había sido notificado por el tribunal, pero anticipó que “responderá ante las autoridades como esto lo amerita”, informó la agencia EFE.
En un comunicado subido a la página web http://acteal97.com, el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess dio a conocer que la demanda, a nombre de 10 familiares de las víctimas, “alega crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad contra Zedillo Ponce de León”, quien fue presidente de México de 1994 a 2000.
De acuerdo con los litigantes, la demanda se centra en los hechos relacionados con la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares –armados, apoyados y entrenados en el marco de un Plan de Contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano– acribilló a tiros y machetazos a 45 hombres, mujeres y niños en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Según los demandantes, la masacre derivó del “Plan de Campaña Chiapas 94”, un documento secreto de las fuerzas armadas del gobierno mexicano para minar la fuerza y “aplastar” la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se alzó en armas en enero de 1994.
Una parte fundamental para echar a andar el plan fue la creación y despliegue de paramilitares y fuerzas de autodefensa civil-militar para ayudar al Ejército en sus operaciones, incluyendo armar a civiles de forma ilegal, con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, señalan los abogados.
Además, refieren que Zedillo conspiró con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar la responsabilidad del mandatario mexicano “antes, durante y después la masacre de Acteal”, y que “como parte de ese encubrimiento alrededor de 128 personas del área cercana a Acteal fueron detenidas y arrestadas”.
Señalan, asimismo, que en octubre de 2007, 34 indígenas civiles fueron declarados culpables por su responsabilidad en la masacre, acusados de los delitos de homicidio y asalto con agravantes, por lo que fueron condenados a 26 años de prisión.
No obstante, añade, en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las condenas de 20 de los sentenciados, “debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones del debido proceso, por lo que se ordenó que los prisioneros fueran liberados después de 11 años recluidos”.
Según los abogados, el encubrimiento hacia el presidente Zedillo continuó incluso cuando éste había dejado el cargo, después del año 2000, ya que los fiscales nunca lo citaron a comparecer.
Enseguida apuntan que pese el reciente descubrimiento de estos hechos y de los planes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes han visto frustrados sus intentos de mantener la responsabilidad que pesa sobre el gobierno mexicano por la masacre de Acteal.
“Afortunadamente en Estados Unidos la ley federal permite que los demandantes puedan buscar la justicia en contra de Zedillo”, añade el texto, y cita dos leyes que permiten a los extranjeros su derecho de ejercer acciones legales en tribunales de Estados Unidos.
“Las víctimas demandantes están llevando a cabo este proceso de forma anónima, para protegerlos de represalias probables si sus identidades fueran reveladas. Por lo tanto, sus abogados no pueden proporcionar información sobre las identidades de las víctimas, aparte de que son cuatro mujeres y seis hombres”, dice el documento.
Hace 14 años, el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tzotziles priistas, equipados con armas de grueso calibre, disparó contra 45 personas de la comunidad Las Abejas –18 mujeres adultas, cinco de ellas embarazadas; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, de entre ocho meses y 17 años, y cuatro niños de entre dos y 15 años de edad– e hirió a 26 más, en su mayoría menores de edad.
La historia, narrada por los familiares de las víctimas, señala que las personas atacadas se habían refugiado en la comunidad de Acteal, debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, además de que robaban sus pertenencias.
“Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares, y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano”, se lee en el blog del grupo civil pacifista.
“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo, el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades de Las Abejas que la acción se mantiene impune”, precisa el comunicado.
En México, el Senado solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Patricia Espinosa, un informe sobre la demanda presentada en el distrito de Connecticut, en contra del expresidente Zedillo y otros funcionarios, por víctimas y familiares de los fallecidos en la matanza de Acteal, Chiapas.
El punto de acuerdo promovido por el coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, pide a la Comisión de Justicia, presidida por el senador Alejandro González Alcocer, dé seguimiento a esta demanda e informe al pleno sobre su desenlace.
Además, en la sesión ordinaria de hoy, el pleno del Senado discutirá el dictamen que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.
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