Martha Anaya / Crónica de Política
Ya les dio por calificar de terrorismo todo lo que se les ocurre. Podría entenderlo en el caso del incendio del casino en Monterrey –aunque los juristas afirman que el término no aplica por no tratarse de motivos políticos e ideológicos–, ¿pero en el caso de los tuiteros de Veracruz también?
La distancia es enorme entre uno y otro hecho.
En el primero, el del casino Royale, tenemos a unos individuos que se presentan armados, con galones de gasolina para incendiar el lugar. Esparcen por el lugar el combustible, lo encienden y terminan provocando la muerte de 52 personas.
Estos personajes son criminales. No hay duda alguna. Van dispuestos y preparados a cometer un crimen, sea por revancha, por chantaje, porque no les pagaron su cuota, como mensaje de advertencia o por lo que sea.
Tanto el juez español Baltazar Garzón como el jurista de la UNAM, Diego Valadés, afirman –insistimos– que la tragedia vivida en Monterrey se trata de “un hecho criminal” imputable al crimen organizado, propio de actividades mafiosas, más no terrorismo.
¡Un acto de barbarie!, pues.
Ahora bien, si aquel acto de barbarie y sus respectivos perpetradores no pueden o no deben ser señalados como terroristas dentro del ámbito de la justicia, ¿cómo es posible que en Veracruz un juez dicte formal prisión contra un par de tuiteros (uno de ellas es la periodista María de Jesús Bravo Parola), acusándoles de la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo?
¿Qué fue lo que hicieron estos tuiteros, Gilberto Martínez Vera y la citada periodista?
Enviaron mensajes a través de Twitter y Facebook advirtiendo que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familia en centros escolares de la zona Veracruz-Boca del Río. (Valga anotar que ellos a su vez habían recibido mensajes en tal sentido y retwittearon a su vez la información).
Cierto que se desató una ola de pánico en el puerto y en Boca del Río. Cierto que muchos padres de familia corrieron hasta las escuelas en busca de sus hijos, que bien pudo haber accidentes (afortunadamente fue saldo blanco), que se generó una sicosis a tal grado que las escuelas terminaron cerrando sus puertas y se suspendieron las clases por la tarde. (Todo esto ocurrió el mismo día que se incendió el casino en Monterrey).
¿Qué podemos decir de esto? Lo primero, que ambos tuiteros transmitieron información sin corroborarla.
Irresponsables, podría llamárseles.
Si esto hubiera ocurrido en el ámbito periodístico profesional –vía un diario, por ejemplo—los periodistas habrían sido sancionados por no corroborar su información. Incluso podrían haber sido despedidos. Pero hasta ahí.
No se le habría fincado acusación penal y mucho menos se les habría atribuido el delito de “terrorismo”.
Ahora, con toda la información que corre a través de las redes sociales la historia es otra. Se juega tanto con la velocidad de la información a través de este medio, que pocos son en verdad los que se toman la molestia de verificar lo que retwitean.
Recordemos el caso del ex presidente del PAN, Manuel Espino cuando en su cuenta twitter, a unas cuantas horas del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, dio prácticamente por hecho que el “Jefe” había muerto y su cuerpo se encontraba en una zona militaren Querétaro.
¿Fue acusado Espino de terrorista por ello? No.
Y como este caso ha habido muchos otros. Es el problema con las redes sociales.
Que hay que buscar la manera de evitar que por estas vías se creen situaciones como la vivida en Veracruz la semana pasada, sí. Una de ellas podría ser el mismo uso de las redes sociales e incluso la televisión por parte de las autoridades para contrarrestar la ola desinformativa si es el caso.
Pero acusarlo de terroristas es realmente un despropósito, una locura.
Ya les dio por calificar de terrorismo todo lo que se les ocurre. Podría entenderlo en el caso del incendio del casino en Monterrey –aunque los juristas afirman que el término no aplica por no tratarse de motivos políticos e ideológicos–, ¿pero en el caso de los tuiteros de Veracruz también?
La distancia es enorme entre uno y otro hecho.
En el primero, el del casino Royale, tenemos a unos individuos que se presentan armados, con galones de gasolina para incendiar el lugar. Esparcen por el lugar el combustible, lo encienden y terminan provocando la muerte de 52 personas.
Estos personajes son criminales. No hay duda alguna. Van dispuestos y preparados a cometer un crimen, sea por revancha, por chantaje, porque no les pagaron su cuota, como mensaje de advertencia o por lo que sea.
Tanto el juez español Baltazar Garzón como el jurista de la UNAM, Diego Valadés, afirman –insistimos– que la tragedia vivida en Monterrey se trata de “un hecho criminal” imputable al crimen organizado, propio de actividades mafiosas, más no terrorismo.
¡Un acto de barbarie!, pues.
Ahora bien, si aquel acto de barbarie y sus respectivos perpetradores no pueden o no deben ser señalados como terroristas dentro del ámbito de la justicia, ¿cómo es posible que en Veracruz un juez dicte formal prisión contra un par de tuiteros (uno de ellas es la periodista María de Jesús Bravo Parola), acusándoles de la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo?
¿Qué fue lo que hicieron estos tuiteros, Gilberto Martínez Vera y la citada periodista?
Enviaron mensajes a través de Twitter y Facebook advirtiendo que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familia en centros escolares de la zona Veracruz-Boca del Río. (Valga anotar que ellos a su vez habían recibido mensajes en tal sentido y retwittearon a su vez la información).
Cierto que se desató una ola de pánico en el puerto y en Boca del Río. Cierto que muchos padres de familia corrieron hasta las escuelas en busca de sus hijos, que bien pudo haber accidentes (afortunadamente fue saldo blanco), que se generó una sicosis a tal grado que las escuelas terminaron cerrando sus puertas y se suspendieron las clases por la tarde. (Todo esto ocurrió el mismo día que se incendió el casino en Monterrey).
¿Qué podemos decir de esto? Lo primero, que ambos tuiteros transmitieron información sin corroborarla.
Irresponsables, podría llamárseles.
Si esto hubiera ocurrido en el ámbito periodístico profesional –vía un diario, por ejemplo—los periodistas habrían sido sancionados por no corroborar su información. Incluso podrían haber sido despedidos. Pero hasta ahí.
No se le habría fincado acusación penal y mucho menos se les habría atribuido el delito de “terrorismo”.
Ahora, con toda la información que corre a través de las redes sociales la historia es otra. Se juega tanto con la velocidad de la información a través de este medio, que pocos son en verdad los que se toman la molestia de verificar lo que retwitean.
Recordemos el caso del ex presidente del PAN, Manuel Espino cuando en su cuenta twitter, a unas cuantas horas del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, dio prácticamente por hecho que el “Jefe” había muerto y su cuerpo se encontraba en una zona militaren Querétaro.
¿Fue acusado Espino de terrorista por ello? No.
Y como este caso ha habido muchos otros. Es el problema con las redes sociales.
Que hay que buscar la manera de evitar que por estas vías se creen situaciones como la vivida en Veracruz la semana pasada, sí. Una de ellas podría ser el mismo uso de las redes sociales e incluso la televisión por parte de las autoridades para contrarrestar la ola desinformativa si es el caso.
Pero acusarlo de terroristas es realmente un despropósito, una locura.
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