Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
De manera sorprendente para muchos, el senador Manlio Fabio Beltrones estrelló en la cara la acusación de frívolo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Públicamente lo criticó por minimizar el que 35 cuerpos hayan sido tirados sobre una de las principales vías del puerto jarocho, lo que para el senador y las formas priístas, fue una ruptura de las formas en un partido que presume oficio político sofisticado, donde ese tipo de choques no se suelen dar en público. Pero Beltrones no hizo sólo una declaración de prensa, sino comenzó a tocar tambores de guerra.
Un día antes que hiciera esa declaración, Duarte dijo en Veracruz que Enrique Peña Nieto era la mejor carta que tenía el PRI para 2012. Beltrones, que se ha mostrado en contra de la cargada, reaccionó, pero no ante el descaro electorero de Duarte ante la prensa, sino a lo que le perdonó durante 10 días: que encabezara un intento de albazo dentro del PRI para que por aclamación cupular se decidiera que Peña Nieto tenía que ser ungido, sin más protocolos y trámites, como candidato presidencial.
El inicio de esta nueva fase de conflicto arrancó formalmente el 11 de septiembre pasado, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a los 19 gobernadores –faltaron sólo dos- a una reunión en la sede en la ciudad de México para analizar el proceso electoral. La reunión buscaba establecer un control de daños para lo que se venía dando días atrás, y que había puesto en riesgo la misma presidencia nacional de Humberto Moreira.
En vísperas de ese encuentro, pero en la secuela de las denuncias como Moreira por el endeudamiento y la utilización de documentación falsa cuando fue gobernador de Coahuila, el secretario de Organización del PRI, Ricardo Aguilar, comenzó a sondear quién ascendería a la Presidencia en caso que Moreira renunciara para enfrentar las acusaciones, por un lado, y evitar un mayor desgaste del partido por los escándalos, como lo acusó directamente en una reunión privada el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
La salida de Moreira se había planteado informalmente entre gobernadores y algunos líderes del partido, cuando parecía que el tema de la falsificación de documentos no iba a tener salida pronta. Sólo el conveniente escándalo -¿cómo se elimina un escándalo? pues creando otro- del alcalde Fernando Larrazabal y su familia con los casinos en Monterrey, quitó la presión y mandó la atención a otro lado. En este contexto, Aguilar, quien había sido presidente del PRI en el estado de México y uno de los cinco contendientes originales por la gubernatura, empezó las consultas.
De salir Moreira, dijeron sobre la base de los estatutos, el relevo sería por prelación. Es decir, quien asumiría en automático sería Cristina Díaz, que es la secretaria general. Sólo que ella también saliera, subiría el secretario de Organización, que en ese caso, es Aguilar. La idea que buscó consenso interno es que saliera no Moreira, sino también Díaz, que fue la fórmula de negociación con la que se eligió esa directiva, lo que provocó reacciones internas negativas.
Lo que se estaba viendo en el PRI eran los prolegómenos de un aceleramiento del proceso de selección de candidato y, sobretodo, el apoderamiento del partido por parte del estado de México. Todavía como gobernador, Enrique Peña Nieto colocó a Aguilar como secretario de Organización, y envió a uno de sus más cercanos asesores, el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a la recién creada Secretaría de Operación Política. Esos dos cargos culminaron el control mexiquense sobre la estructura territorial del PRI en el país, que nunca asumió Moreira como una tarea prioritaria para él.
La presión sobre Moreira amenazaba con romper el muy frágil equilibrio que aún existe en el PRI entre las dos grandes fuerzas en conflicto, encabezadas por Peña Nieto y Beltrones. Ese domingo 11 se expresaron de manera contundente. Un grupo de jóvenes gobernadores, con el veracruzano Duarte a la cabeza, presionó para que en ese mismo momento se decidiera, por aclamación, la candidatura presidencial de Peña Nieto. Los gobernadores pusieron como punta de lanza al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quien urgió a que le dijeran cuándo se pronunciaba por el candidato. Moreira le dijo que las cosas no eran así, y que había una serie de pasos y procedimientos a seguir. Gamboa Pascoe insistió que de todo eso ni sabía, ni le interesaba saber, y que le dijeran cuándo se pronunciaban los obreros.
Moreira se fajó en ese encuentro. Les dijo a los gobernadores que encabezaban el albazo que era legalmente imposible –no sólo políticamente imprudente- hacer lo que querían porque ni siquiera se había convocado al Consejo Político, que pudiera modificar el formato para elegir candidato. El Consejo Político estaba programado para este domingo 24, y el plazo legal para cambiar el método de selección se agotó el jueves pasado.
Moreira presentó, en cambio, un cronograma con los tiempos legales del proceso electoral, que incluían el formato de selección de candidato mediante una elección abierta, como se hizo hace seis años. El cronograma presentado incluía una forma de administrar los tiempos políticos del partido que les permitieran, por un lado, minimizar el desgaste y, por el otro, no dejar espacios vacíos que pudieran ser aprovechados por sus opositores.
El albazo se sofocó ese domingo y Moreira ganó tiempo. Pero el PRI no le ha dado la vuelta a este episodio. Duarte le respondió lacónicamente a Beltrones que lo respetaba. El senador Fernando Castro, escudero de Beltrones, emplazó y presionó a sus colegas de cámara a respaldar incondicionalmente a su jefe político, lo que generó inconformidad. Liébano Sáenz, el consultor de comunicación y estratega político que trabaja con Peña Nieto desde hace seis años, criticó en su artículo semanal en Milenio este sábado la campaña negra desarrollada por muchos contendientes en este proceso, donde sólo excluyó, dentro del PRI, al mexiquense.
La lucha política dentro del PRI se encuentra mucho más candente de lo que se ha podido apreciar hacia fuera del partido. De manera informal ya hay reclamaciones y vetos, con amenazas reales de que la homogeneidad del partido durante la campaña presidencial, en este momento, en estas condiciones, no está comprada.
De manera sorprendente para muchos, el senador Manlio Fabio Beltrones estrelló en la cara la acusación de frívolo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Públicamente lo criticó por minimizar el que 35 cuerpos hayan sido tirados sobre una de las principales vías del puerto jarocho, lo que para el senador y las formas priístas, fue una ruptura de las formas en un partido que presume oficio político sofisticado, donde ese tipo de choques no se suelen dar en público. Pero Beltrones no hizo sólo una declaración de prensa, sino comenzó a tocar tambores de guerra.
Un día antes que hiciera esa declaración, Duarte dijo en Veracruz que Enrique Peña Nieto era la mejor carta que tenía el PRI para 2012. Beltrones, que se ha mostrado en contra de la cargada, reaccionó, pero no ante el descaro electorero de Duarte ante la prensa, sino a lo que le perdonó durante 10 días: que encabezara un intento de albazo dentro del PRI para que por aclamación cupular se decidiera que Peña Nieto tenía que ser ungido, sin más protocolos y trámites, como candidato presidencial.
El inicio de esta nueva fase de conflicto arrancó formalmente el 11 de septiembre pasado, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a los 19 gobernadores –faltaron sólo dos- a una reunión en la sede en la ciudad de México para analizar el proceso electoral. La reunión buscaba establecer un control de daños para lo que se venía dando días atrás, y que había puesto en riesgo la misma presidencia nacional de Humberto Moreira.
En vísperas de ese encuentro, pero en la secuela de las denuncias como Moreira por el endeudamiento y la utilización de documentación falsa cuando fue gobernador de Coahuila, el secretario de Organización del PRI, Ricardo Aguilar, comenzó a sondear quién ascendería a la Presidencia en caso que Moreira renunciara para enfrentar las acusaciones, por un lado, y evitar un mayor desgaste del partido por los escándalos, como lo acusó directamente en una reunión privada el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
La salida de Moreira se había planteado informalmente entre gobernadores y algunos líderes del partido, cuando parecía que el tema de la falsificación de documentos no iba a tener salida pronta. Sólo el conveniente escándalo -¿cómo se elimina un escándalo? pues creando otro- del alcalde Fernando Larrazabal y su familia con los casinos en Monterrey, quitó la presión y mandó la atención a otro lado. En este contexto, Aguilar, quien había sido presidente del PRI en el estado de México y uno de los cinco contendientes originales por la gubernatura, empezó las consultas.
De salir Moreira, dijeron sobre la base de los estatutos, el relevo sería por prelación. Es decir, quien asumiría en automático sería Cristina Díaz, que es la secretaria general. Sólo que ella también saliera, subiría el secretario de Organización, que en ese caso, es Aguilar. La idea que buscó consenso interno es que saliera no Moreira, sino también Díaz, que fue la fórmula de negociación con la que se eligió esa directiva, lo que provocó reacciones internas negativas.
Lo que se estaba viendo en el PRI eran los prolegómenos de un aceleramiento del proceso de selección de candidato y, sobretodo, el apoderamiento del partido por parte del estado de México. Todavía como gobernador, Enrique Peña Nieto colocó a Aguilar como secretario de Organización, y envió a uno de sus más cercanos asesores, el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a la recién creada Secretaría de Operación Política. Esos dos cargos culminaron el control mexiquense sobre la estructura territorial del PRI en el país, que nunca asumió Moreira como una tarea prioritaria para él.
La presión sobre Moreira amenazaba con romper el muy frágil equilibrio que aún existe en el PRI entre las dos grandes fuerzas en conflicto, encabezadas por Peña Nieto y Beltrones. Ese domingo 11 se expresaron de manera contundente. Un grupo de jóvenes gobernadores, con el veracruzano Duarte a la cabeza, presionó para que en ese mismo momento se decidiera, por aclamación, la candidatura presidencial de Peña Nieto. Los gobernadores pusieron como punta de lanza al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quien urgió a que le dijeran cuándo se pronunciaba por el candidato. Moreira le dijo que las cosas no eran así, y que había una serie de pasos y procedimientos a seguir. Gamboa Pascoe insistió que de todo eso ni sabía, ni le interesaba saber, y que le dijeran cuándo se pronunciaban los obreros.
Moreira se fajó en ese encuentro. Les dijo a los gobernadores que encabezaban el albazo que era legalmente imposible –no sólo políticamente imprudente- hacer lo que querían porque ni siquiera se había convocado al Consejo Político, que pudiera modificar el formato para elegir candidato. El Consejo Político estaba programado para este domingo 24, y el plazo legal para cambiar el método de selección se agotó el jueves pasado.
Moreira presentó, en cambio, un cronograma con los tiempos legales del proceso electoral, que incluían el formato de selección de candidato mediante una elección abierta, como se hizo hace seis años. El cronograma presentado incluía una forma de administrar los tiempos políticos del partido que les permitieran, por un lado, minimizar el desgaste y, por el otro, no dejar espacios vacíos que pudieran ser aprovechados por sus opositores.
El albazo se sofocó ese domingo y Moreira ganó tiempo. Pero el PRI no le ha dado la vuelta a este episodio. Duarte le respondió lacónicamente a Beltrones que lo respetaba. El senador Fernando Castro, escudero de Beltrones, emplazó y presionó a sus colegas de cámara a respaldar incondicionalmente a su jefe político, lo que generó inconformidad. Liébano Sáenz, el consultor de comunicación y estratega político que trabaja con Peña Nieto desde hace seis años, criticó en su artículo semanal en Milenio este sábado la campaña negra desarrollada por muchos contendientes en este proceso, donde sólo excluyó, dentro del PRI, al mexiquense.
La lucha política dentro del PRI se encuentra mucho más candente de lo que se ha podido apreciar hacia fuera del partido. De manera informal ya hay reclamaciones y vetos, con amenazas reales de que la homogeneidad del partido durante la campaña presidencial, en este momento, en estas condiciones, no está comprada.
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