Carlos Ramírez / Indicador Político
Preocupado por resolverle al presidente de la República el problema de la seguridad interior del país y por imponer el Plan Carpizo que coloca la seguridad por encima de la justicia y la democracia, el rector José Narro ha descuidado el frente interno: La UNAM tiene las instalaciones más inseguras y muchas de ellas bajo el control del crimen organizado.
La UNAM estuvo ausente de la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior --ANUIES-- para redactar el Manuel de seguridad para Instituciones de Educación Superior, a pesar de que representaba poco más del 10% del total de la comunidad estudiantil.
En realidad, al rector Narro le interesa más la política nacional que los problemas de la seguridad de los estudiantes: los territorios de la UNAM, sobre todo los del Estado de México, son los que registran más inseguridad y el control del tráfico de drogas está en manos de minoristas que dependen de mayoristas de los cárteles del crimen organizado. Las instalaciones de Acatlán, Aragón, Iztacala y los CCH de Naucalpan y Oriente son los que registran la mayor presencia de distribuidores de droga.
Muy dado a ser enfático en decirle al Gobierno federal cómo resolver el problema nacional de la inseguridad, el rector Narro no ha resuelto los graves problemas de las instalaciones universitarias: La seguridad de los campus ha sido concesionada al Sindicato, CU es un territorio abierto, la UNAM carece de instancias de vigilancia antinarcóticos y no tiene oficinas funcionales de tipo judicial, no existe un sistema de acopio de información y grupos delictivos organizados mantienen amenazados a los estudiantes; no ha cumplido con los protocolos del Manuel de Seguridad para instalaciones superiores. El consumo de drogas se hace en los espacios universitarios sin temores por la inexistencia de una autoridad que evite esas acciones.
La tolerancia de las autoridades universitarias facilita la actividad de las organizaciones delictivas. De acuerdo con una denuncia con fotos de Reforma, las autoridades permiten que la porra del equipo de futbol venda licor en los estacionamientos de entrada a la cancha deportiva. Así, las pequeñas tolerancias conducen a los grandes tráficos. Como un reflejo medio --no micro por el tamaño y la densidad de la comunidad universitaria-- de los problemas nacionales, los territorios de la UNAM son casi libres para las actividades delictivas.
Las propuestas del rector Narro y el (ex) rector Carpizo enfatizan la paja en el ojo del Gobierno federal, sin atender la viga en el propio. Las instituciones de educación superior son corresponsables del cambio en la mentalidad de seguridad de los ciudadanos, como lo revela la “Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado”, realizada en todo el país por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las universidades han reaccionado tarde en sus programas educativos para reforzar valores democráticos en la sociedad. Ahí es donde la UNAM tiene mucho qué hacer, en lugar de jugar al policía carpiciano:
--El 42.5% de los ciudadanos prefiere la seguridad contra el 35.6% que prioriza la libertad.
--El 60.4% señala que la decisión de utilizar al Ejército contra el narco le corresponde al Presidente de la República, contra sólo 16.9% que dice que la decisión es del Senado.
--El 57% opina que el Ejército en la lucha contra el narco debe estar en manos de militares, contra sólo 17.9% que prefiere civiles.
--El 30.3% dice que no se puede combatir la delincuencia sin violar los derechos de la gente.
--El 66.3% de la gente considera que el toque de queda en la lucha contra el narco ayuda a reducir la inseguridad.
--El 33.2% acepta que la tortura a detenidos por pertenecer al narco ayuda a conseguir información, contra el 44.7% que dice que no.
--El 31.7% está de acuerdo en que las fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada antes que presentarlo ante la justicia, contra 48.1 que no lo acepta.
--El 26.4% está de acuerdo con la frase de que la única forma de combatir la violencia es usando medios violentos, contra el 56.3%en desacuerdo.
--El 41.1% está de acuerdo con la pena de muerte, contra un 55% en desacuerdo.
--En escala del 0 al 10, el 4.35 --casi la mitad-- considera que en México no se respetan las leyes.
--La gente cree que el 71.2% de sectores institucionales violan más las leyes: Policías 21.9%, funcionarios 15.1%, jueces 11% y políticos 23.2%, contra sólo 15.5% del ciudadano.
--El 61.3% dice que es más importante una sociedad sin delincuencia, en tanto que sólo el 31.3% pide una sociedad más democrática.
--En escala de 0 a 10, el 7.1 confía en las universidades públicas, el 7.0 en los maestros, el 6.8% en el Ejército, el 6.7 en los medios de comunicación y el 6.7 en la CNDH. En la escala más baja se encuentran los alcaldes 5.7, los diputados federales 5.6, los partidos políticos 5.5, los servidores públicos 5.4 y la Policía 5.4.
--El 57.1% cree que diputados y senadores deben autorizar al presidente de la república el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
--Y el 52.6% dice que los militares acusados de cometer abusos en un retén deben ser juzgados por jueces militares, y sólo un 19.4% considera el caso en jueces civiles.
Así, el rector Narro debió de haberle entregado al presidente de la república la encuesta nacional de cultura constitucional porque sus datos son más valiosos que el hueso sin carnita de las propuestas de seguridad.
Preocupado por resolverle al presidente de la República el problema de la seguridad interior del país y por imponer el Plan Carpizo que coloca la seguridad por encima de la justicia y la democracia, el rector José Narro ha descuidado el frente interno: La UNAM tiene las instalaciones más inseguras y muchas de ellas bajo el control del crimen organizado.
La UNAM estuvo ausente de la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior --ANUIES-- para redactar el Manuel de seguridad para Instituciones de Educación Superior, a pesar de que representaba poco más del 10% del total de la comunidad estudiantil.
En realidad, al rector Narro le interesa más la política nacional que los problemas de la seguridad de los estudiantes: los territorios de la UNAM, sobre todo los del Estado de México, son los que registran más inseguridad y el control del tráfico de drogas está en manos de minoristas que dependen de mayoristas de los cárteles del crimen organizado. Las instalaciones de Acatlán, Aragón, Iztacala y los CCH de Naucalpan y Oriente son los que registran la mayor presencia de distribuidores de droga.
Muy dado a ser enfático en decirle al Gobierno federal cómo resolver el problema nacional de la inseguridad, el rector Narro no ha resuelto los graves problemas de las instalaciones universitarias: La seguridad de los campus ha sido concesionada al Sindicato, CU es un territorio abierto, la UNAM carece de instancias de vigilancia antinarcóticos y no tiene oficinas funcionales de tipo judicial, no existe un sistema de acopio de información y grupos delictivos organizados mantienen amenazados a los estudiantes; no ha cumplido con los protocolos del Manuel de Seguridad para instalaciones superiores. El consumo de drogas se hace en los espacios universitarios sin temores por la inexistencia de una autoridad que evite esas acciones.
La tolerancia de las autoridades universitarias facilita la actividad de las organizaciones delictivas. De acuerdo con una denuncia con fotos de Reforma, las autoridades permiten que la porra del equipo de futbol venda licor en los estacionamientos de entrada a la cancha deportiva. Así, las pequeñas tolerancias conducen a los grandes tráficos. Como un reflejo medio --no micro por el tamaño y la densidad de la comunidad universitaria-- de los problemas nacionales, los territorios de la UNAM son casi libres para las actividades delictivas.
Las propuestas del rector Narro y el (ex) rector Carpizo enfatizan la paja en el ojo del Gobierno federal, sin atender la viga en el propio. Las instituciones de educación superior son corresponsables del cambio en la mentalidad de seguridad de los ciudadanos, como lo revela la “Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado”, realizada en todo el país por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las universidades han reaccionado tarde en sus programas educativos para reforzar valores democráticos en la sociedad. Ahí es donde la UNAM tiene mucho qué hacer, en lugar de jugar al policía carpiciano:
--El 42.5% de los ciudadanos prefiere la seguridad contra el 35.6% que prioriza la libertad.
--El 60.4% señala que la decisión de utilizar al Ejército contra el narco le corresponde al Presidente de la República, contra sólo 16.9% que dice que la decisión es del Senado.
--El 57% opina que el Ejército en la lucha contra el narco debe estar en manos de militares, contra sólo 17.9% que prefiere civiles.
--El 30.3% dice que no se puede combatir la delincuencia sin violar los derechos de la gente.
--El 66.3% de la gente considera que el toque de queda en la lucha contra el narco ayuda a reducir la inseguridad.
--El 33.2% acepta que la tortura a detenidos por pertenecer al narco ayuda a conseguir información, contra el 44.7% que dice que no.
--El 31.7% está de acuerdo en que las fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada antes que presentarlo ante la justicia, contra 48.1 que no lo acepta.
--El 26.4% está de acuerdo con la frase de que la única forma de combatir la violencia es usando medios violentos, contra el 56.3%en desacuerdo.
--El 41.1% está de acuerdo con la pena de muerte, contra un 55% en desacuerdo.
--En escala del 0 al 10, el 4.35 --casi la mitad-- considera que en México no se respetan las leyes.
--La gente cree que el 71.2% de sectores institucionales violan más las leyes: Policías 21.9%, funcionarios 15.1%, jueces 11% y políticos 23.2%, contra sólo 15.5% del ciudadano.
--El 61.3% dice que es más importante una sociedad sin delincuencia, en tanto que sólo el 31.3% pide una sociedad más democrática.
--En escala de 0 a 10, el 7.1 confía en las universidades públicas, el 7.0 en los maestros, el 6.8% en el Ejército, el 6.7 en los medios de comunicación y el 6.7 en la CNDH. En la escala más baja se encuentran los alcaldes 5.7, los diputados federales 5.6, los partidos políticos 5.5, los servidores públicos 5.4 y la Policía 5.4.
--El 57.1% cree que diputados y senadores deben autorizar al presidente de la república el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
--Y el 52.6% dice que los militares acusados de cometer abusos en un retén deben ser juzgados por jueces militares, y sólo un 19.4% considera el caso en jueces civiles.
Así, el rector Narro debió de haberle entregado al presidente de la república la encuesta nacional de cultura constitucional porque sus datos son más valiosos que el hueso sin carnita de las propuestas de seguridad.
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