Javier Arcadia Galaviz / Cuestión de Debate
Después de tantas tragedias que a diario suceden en nuestro país por causas de la delincuencia organizada, lo que ahora nos faltaba, la realización de crímenes colectivos, se puede decir masivos, con tintes de naturaleza terrorista por la forma en que se ejecutan, equiparables, quiérase o no, a los perpetrados en otros lugares por los grupos internacionales terroristas de sobra identificados. Sí, México se cimbró al conocer la desgracia ocurrida el jueves pasado en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León. Tragedia que conmocionó y enlutó a todos los mexicanos, y que una vez más nos muestra que los criminales hacen de las suyas, cometen sus barbaridades a sangre fría en el lugar y en el momento que lo desean, sin que para ello encuentren obstáculo, impedimento o límite alguno.
Fueron 53 las personas que perdieron la vida en ese lamentable suceso, número que incrementa la cifra trágica y dolorosa de más de 50 mil que han muerto en lo que va del presente gobierno de Felipe Calderón, decesos motivados por la guerra errónea, absurda, inútil y equivocada que se libra en contra del desenfrenado narcotráfico y de los peligrosos cárteles criminales. Estas personas fallecidas a manos de delincuentes desalmados, eran inocentes, nada tenían que ver con las cuestiones del narcotráfico, pero su única falta, si se le puede llamar así, fue el haber estado en esos fatales momentos fuera de casa, en un sitio de apuestas, dónde concurre la gente a distraerse, como normalmente lo hace en otros lugares.
Este repudiable multihomicidio de nueva cuenta nos muestra que desgraciadamente México en el corto plazo se ha transformado en un país de escasas alternativas por uno de condiciones altamente peligrosas, atado y secuestrado bajo la voluntad férrea del poder absoluto de los cárteles de la droga. País dónde reina la inseguridad y dónde el pánico y la incertidumbre se han extendido entre los mexicanos como si ello fuera una maldición. Esas y otras circunstancias lo frenan irremediablemente en aquellas opciones relativas a lo que habría de ser el progreso y el crecimiento.
No es así, por eso es que mientras que no se tenga una estrategia inteligente, adecuada y eficaz de combate al crimen organizado, lo ocurrido en Monterrey es tan solo un caso más, que seguro se repetirá en otras partes del territorio nacional, dónde los riesgos irrefutablemente acechan a cada paso, como si estuviéramos o transitáramos en un campo minado, en el que caerán más inocentes que con su sangre a México lo volverán a teñir de rojo.
Sí, todo indica que la táctica aplicada hasta el día de hoy no es la apropiada, no es la correcta, y múltiples voces a manera de alarma así lo han expresado, incluso de expertos en el tema, ya que la peor parte, aunque hayan caído muchos grandes capos, siempre se la ha llevado la desprotegida sociedad civil que es ajena a ese despreciable flagelo, convertido evidentemente en una amenaza latente que está en todos los lugares.
¿Se tendrá un atlas de riesgo en materia de seguridad pública a nivel nacional? ¿Se conocerá el diagnóstico específico para cada región del país, para cada municipio o población? ¿Se tendrán los protocolos de seguridad en nuestros aeropuertos, centrales camioneras, en las estaciones de ferrocarril, del metro o en los edificios públicos? Esto por citar algunos sitios que podrían ser blancos de ataque similar al ocurrido en el casino Royale de Monterrey.
Ante este sombrío panorama y de desprestigio en la imagen de México, se antoja interrogarnos, ¿cuánto falta para que termine el gobierno de Felipe Calderón, y a cuántos muertos más equivaldrá su tramo conclusivo? Ahí lo dejamos para la reflexión.
Pálida tinta: Bofetada a los chuchos, porque resulta que los puntos de acuerdo a que llegaron los perredistas en su pasado Consejo Político Nacional, habrán de ser inútiles, como si fueran disparos al agua, ya que carecen de validez, en razón de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió a favor la impugnación que promovió el Senador Carlos Sotelo, en el sentido de invalidar las resoluciones que se habían propuesto en el PRD, consistentes en renovar hasta diciembre del año de 2012 el Congreso Nacional, el Consejo Nacional, los consejos estatales y municipales, al ordenarles esta instancia jurisdiccional que tendrán que renovar tales órganos directivos como máximo plazo el 15 de noviembre del presente año. Este tribunal en materia electoral al emitir su fallo en el sentido mencionado, se fundamentó en el criterio de que no se debe atentar contra los derechos democráticos de los ciudadanos, al estimar que ello ocurría por el simple hecho de postergar deliberadamente tales renovaciones, como lo venían haciendo en este partido político las aplastantes mayorías chuchistas o de Nueva Izquierda en el PRD. Consecuentemente habrá de interpretarse también que con ello es nulo el acuerdo que establece el método de las encuestas para elegir al candidato de la izquierda a la Presidencia de la República, porque lógicamente habrá de ser nulo el voto de los consejeros que así lo aprobaron o al menos debieron pedir una aclaración de sentencia para que a la mera hora no los vayan a agarrar con los dedos en la puerta al eventualmente anularles al mejor posicionado. Por otra parte una vez más el PRD se complica su activismo político, lo cual podría tener sus repercusiones en las elecciones inmediatas del próximo 13 de noviembre en el estado de Michoacán, ya que forzosamente se distraerá en esta elección al atender simultáneamente los procesos de renovación de sus consejos que se le ordena realizar, pero ¿no será que esto pudiera tener doble fin? ¿Justamente distraerlos para que desatiendan el proceso electoral de Michoacán y con ello dar ventajas a Cocoa? Lo veremos.
Después de tantas tragedias que a diario suceden en nuestro país por causas de la delincuencia organizada, lo que ahora nos faltaba, la realización de crímenes colectivos, se puede decir masivos, con tintes de naturaleza terrorista por la forma en que se ejecutan, equiparables, quiérase o no, a los perpetrados en otros lugares por los grupos internacionales terroristas de sobra identificados. Sí, México se cimbró al conocer la desgracia ocurrida el jueves pasado en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León. Tragedia que conmocionó y enlutó a todos los mexicanos, y que una vez más nos muestra que los criminales hacen de las suyas, cometen sus barbaridades a sangre fría en el lugar y en el momento que lo desean, sin que para ello encuentren obstáculo, impedimento o límite alguno.
Fueron 53 las personas que perdieron la vida en ese lamentable suceso, número que incrementa la cifra trágica y dolorosa de más de 50 mil que han muerto en lo que va del presente gobierno de Felipe Calderón, decesos motivados por la guerra errónea, absurda, inútil y equivocada que se libra en contra del desenfrenado narcotráfico y de los peligrosos cárteles criminales. Estas personas fallecidas a manos de delincuentes desalmados, eran inocentes, nada tenían que ver con las cuestiones del narcotráfico, pero su única falta, si se le puede llamar así, fue el haber estado en esos fatales momentos fuera de casa, en un sitio de apuestas, dónde concurre la gente a distraerse, como normalmente lo hace en otros lugares.
Este repudiable multihomicidio de nueva cuenta nos muestra que desgraciadamente México en el corto plazo se ha transformado en un país de escasas alternativas por uno de condiciones altamente peligrosas, atado y secuestrado bajo la voluntad férrea del poder absoluto de los cárteles de la droga. País dónde reina la inseguridad y dónde el pánico y la incertidumbre se han extendido entre los mexicanos como si ello fuera una maldición. Esas y otras circunstancias lo frenan irremediablemente en aquellas opciones relativas a lo que habría de ser el progreso y el crecimiento.
No es así, por eso es que mientras que no se tenga una estrategia inteligente, adecuada y eficaz de combate al crimen organizado, lo ocurrido en Monterrey es tan solo un caso más, que seguro se repetirá en otras partes del territorio nacional, dónde los riesgos irrefutablemente acechan a cada paso, como si estuviéramos o transitáramos en un campo minado, en el que caerán más inocentes que con su sangre a México lo volverán a teñir de rojo.
Sí, todo indica que la táctica aplicada hasta el día de hoy no es la apropiada, no es la correcta, y múltiples voces a manera de alarma así lo han expresado, incluso de expertos en el tema, ya que la peor parte, aunque hayan caído muchos grandes capos, siempre se la ha llevado la desprotegida sociedad civil que es ajena a ese despreciable flagelo, convertido evidentemente en una amenaza latente que está en todos los lugares.
¿Se tendrá un atlas de riesgo en materia de seguridad pública a nivel nacional? ¿Se conocerá el diagnóstico específico para cada región del país, para cada municipio o población? ¿Se tendrán los protocolos de seguridad en nuestros aeropuertos, centrales camioneras, en las estaciones de ferrocarril, del metro o en los edificios públicos? Esto por citar algunos sitios que podrían ser blancos de ataque similar al ocurrido en el casino Royale de Monterrey.
Ante este sombrío panorama y de desprestigio en la imagen de México, se antoja interrogarnos, ¿cuánto falta para que termine el gobierno de Felipe Calderón, y a cuántos muertos más equivaldrá su tramo conclusivo? Ahí lo dejamos para la reflexión.
Pálida tinta: Bofetada a los chuchos, porque resulta que los puntos de acuerdo a que llegaron los perredistas en su pasado Consejo Político Nacional, habrán de ser inútiles, como si fueran disparos al agua, ya que carecen de validez, en razón de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió a favor la impugnación que promovió el Senador Carlos Sotelo, en el sentido de invalidar las resoluciones que se habían propuesto en el PRD, consistentes en renovar hasta diciembre del año de 2012 el Congreso Nacional, el Consejo Nacional, los consejos estatales y municipales, al ordenarles esta instancia jurisdiccional que tendrán que renovar tales órganos directivos como máximo plazo el 15 de noviembre del presente año. Este tribunal en materia electoral al emitir su fallo en el sentido mencionado, se fundamentó en el criterio de que no se debe atentar contra los derechos democráticos de los ciudadanos, al estimar que ello ocurría por el simple hecho de postergar deliberadamente tales renovaciones, como lo venían haciendo en este partido político las aplastantes mayorías chuchistas o de Nueva Izquierda en el PRD. Consecuentemente habrá de interpretarse también que con ello es nulo el acuerdo que establece el método de las encuestas para elegir al candidato de la izquierda a la Presidencia de la República, porque lógicamente habrá de ser nulo el voto de los consejeros que así lo aprobaron o al menos debieron pedir una aclaración de sentencia para que a la mera hora no los vayan a agarrar con los dedos en la puerta al eventualmente anularles al mejor posicionado. Por otra parte una vez más el PRD se complica su activismo político, lo cual podría tener sus repercusiones en las elecciones inmediatas del próximo 13 de noviembre en el estado de Michoacán, ya que forzosamente se distraerá en esta elección al atender simultáneamente los procesos de renovación de sus consejos que se le ordena realizar, pero ¿no será que esto pudiera tener doble fin? ¿Justamente distraerlos para que desatiendan el proceso electoral de Michoacán y con ello dar ventajas a Cocoa? Lo veremos.
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