José Gil Olmos
La semana 34 de este año será recordada como una de las más trágicas en el país, no sólo por los más de 80 muertos registrados, sino por los dos eventos que han impactado a la sociedad de manera profunda: el terror en el estadio de futbol en Torreón y el atentado en el casino Royale de Monterrey.
Expertos en atención a víctimas y en seguridad pública han detectado que estos dos eventos, sumados a la tragedia de miles de muertos y desaparecidos en los últimos cinco años, han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva, porque se trata de atentados en lugares públicos de entretenimiento.
Con una diferencia de días, la violencia del crimen organizado se hizo presente en el estadio y el casino, ocasionando una expresión de terror y miedo a nivel masivo, como no se había registrado en los últimos años en todo el país.
A través de esos dos eventos, la violencia ha escalado a niveles peligrosos para la sociedad, ya que muestran nuevamente el fracaso de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón y el creciente poderío de los grupos delincuenciales, que han rebasado por mucho a las fuerzas armadas y policiales.
Pero el peligro para la sociedad no es comprobar los altos índices de inseguridad, sino la fragilidad y la desprotección en la que se encuentra y los efectos que a corto y largo plazos tienen en el ánimo colectivo.
El miedo, la inseguridad, el terror y la sensación de desprotección que ahora se ha extendido en la gente tienen otros efectos más peligrosos, como la inmovilidad y la desesperanza social.
Esta parálisis y pasividad pudieran ser aprovechadas por los mismos grupos criminales para fortalecer su imperio de terror, que ya se ve en varias regiones del país, pero también por los grupos del poder político que están deseosos de establecer un régimen autoritario, de perfil militar y policiaco, para implantar el orden en el territorio nacional.
Muestra de ello es la demanda que hizo Calderón inmediatamente después del atentado en el casino Royal de Monterrey, al pedirle al Congreso de la Unión que apruebe la Ley de Seguridad Nacional, con la que se pretende dar mayores facultades de intervención a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
La tentación del autoritarismo, de la mano dura, de la fuerza, antes que de la inteligencia, es lo que hay detrás de esta iniciativa de ley, con la que pretende dar mayores facultades al presidente de la República para enviar tropas militares cuando él considere que se trata de una situación de emergencia nacional, ya no por cuestiones de desastre natural, sino por razones eminentemente sociales o de seguridad pública.
Lo que más le conviene a estos grupos del poder político o delincuencial es tener una sociedad impávida, entumecida, temerosa o aterrorizada.
Una sociedad en estas condiciones es fácil presa de cualquier grupo violento o autoritario que no razona, sino que ejerce la violencia para obtener lo que quiere: más control social y territorial.
Estos son quizá los efectos más peligrosos de los dos atentados ocurridos la semana pasada, por eso es importante destacar las movilizaciones de protesta que se han registrado en Monterrey, donde la sociedad no es proclive a la protesta pública.
Las movilizaciones y la presencia de las organizaciones sociales son importantes en estos momentos en los que el miedo y la desesperanza avanzan. Son las únicas vías de expresión que tiene la sociedad para tratar de incidir en la disminución de la violencia, que como la humedad se ha ido metiendo en la casas.
Si no hay expresión y movilización social, si el conformismo y la apatía se apoderan del ánimo social, lo que veremos en los próximos meses será el incremento del terror y de la violencia, y las elecciones presidenciales de 2012 de nada servirán, pues dará lo mismo quien llegue al poder, porque en los hechos quien gobernará serán los grupos del crimen organizado.
La semana 34 de este año será recordada como una de las más trágicas en el país, no sólo por los más de 80 muertos registrados, sino por los dos eventos que han impactado a la sociedad de manera profunda: el terror en el estadio de futbol en Torreón y el atentado en el casino Royale de Monterrey.
Expertos en atención a víctimas y en seguridad pública han detectado que estos dos eventos, sumados a la tragedia de miles de muertos y desaparecidos en los últimos cinco años, han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva, porque se trata de atentados en lugares públicos de entretenimiento.
Con una diferencia de días, la violencia del crimen organizado se hizo presente en el estadio y el casino, ocasionando una expresión de terror y miedo a nivel masivo, como no se había registrado en los últimos años en todo el país.
A través de esos dos eventos, la violencia ha escalado a niveles peligrosos para la sociedad, ya que muestran nuevamente el fracaso de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón y el creciente poderío de los grupos delincuenciales, que han rebasado por mucho a las fuerzas armadas y policiales.
Pero el peligro para la sociedad no es comprobar los altos índices de inseguridad, sino la fragilidad y la desprotección en la que se encuentra y los efectos que a corto y largo plazos tienen en el ánimo colectivo.
El miedo, la inseguridad, el terror y la sensación de desprotección que ahora se ha extendido en la gente tienen otros efectos más peligrosos, como la inmovilidad y la desesperanza social.
Esta parálisis y pasividad pudieran ser aprovechadas por los mismos grupos criminales para fortalecer su imperio de terror, que ya se ve en varias regiones del país, pero también por los grupos del poder político que están deseosos de establecer un régimen autoritario, de perfil militar y policiaco, para implantar el orden en el territorio nacional.
Muestra de ello es la demanda que hizo Calderón inmediatamente después del atentado en el casino Royal de Monterrey, al pedirle al Congreso de la Unión que apruebe la Ley de Seguridad Nacional, con la que se pretende dar mayores facultades de intervención a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
La tentación del autoritarismo, de la mano dura, de la fuerza, antes que de la inteligencia, es lo que hay detrás de esta iniciativa de ley, con la que pretende dar mayores facultades al presidente de la República para enviar tropas militares cuando él considere que se trata de una situación de emergencia nacional, ya no por cuestiones de desastre natural, sino por razones eminentemente sociales o de seguridad pública.
Lo que más le conviene a estos grupos del poder político o delincuencial es tener una sociedad impávida, entumecida, temerosa o aterrorizada.
Una sociedad en estas condiciones es fácil presa de cualquier grupo violento o autoritario que no razona, sino que ejerce la violencia para obtener lo que quiere: más control social y territorial.
Estos son quizá los efectos más peligrosos de los dos atentados ocurridos la semana pasada, por eso es importante destacar las movilizaciones de protesta que se han registrado en Monterrey, donde la sociedad no es proclive a la protesta pública.
Las movilizaciones y la presencia de las organizaciones sociales son importantes en estos momentos en los que el miedo y la desesperanza avanzan. Son las únicas vías de expresión que tiene la sociedad para tratar de incidir en la disminución de la violencia, que como la humedad se ha ido metiendo en la casas.
Si no hay expresión y movilización social, si el conformismo y la apatía se apoderan del ánimo social, lo que veremos en los próximos meses será el incremento del terror y de la violencia, y las elecciones presidenciales de 2012 de nada servirán, pues dará lo mismo quien llegue al poder, porque en los hechos quien gobernará serán los grupos del crimen organizado.
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