Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Aparece ya el resultado de complicidades rotas, o al menos a punto de quebrarse. El presidente de la República y los integrantes del Poder Judicial de la Federación no aprendieron -ya es tarde para hacerlo- que convertirse en cómplices borra algunas diferencias, pero profundiza otras. Aclaro. Si la reforma de 1995 redefinió la independencia constitucional de los jueces, avenirse a las necesidades de justicia política del panismo los sujetó de nueva cuenta y peor, los regresó a su condición de inferiores.
Lo que hoy sucede entre dos de los tres Poderes de la Unión es grave por lo que muestra: ausencia de autoridad, pues sólo así se entiende que en el afán de eludir el cumplimiento del mandato constitucional que les corresponde, se culpen unos a otros de lo que hacen mal, o de lo que deja de hacerse.
Es curioso que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina imponer los criterios políticos por sobre la ley y la justicia, para atender a sugerencias del Poder Ejecutivo -como lo demuestra el cabildeo de Fernando Gómez Mont en el caso de la guardería ABC, hasta la fecha no desmentido-, sólo la sociedad se queja de los resultados, pero en el momento en que los jueces caracolean porque el freno les lastima los belfos y las espuelas los hijares, el jinete del Ejecutivo salta porque no cumplen sus deseos, y quiere regresar a México 50 años en la historia.
Cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechaza las críticas contra los juzgadores involucrados en el caso de Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, y considera que “cuestionar el trabajo de los jueces sin fundamento, por consigna y más aún sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”, además de escalar en el desasosiego verbal que intranquiliza a la sociedad, se ensancha el aleph que permite observar el pudridero de la administración pública y de justicia en toda su dimensión, pues el consejero Juan Carlos Cruz hace una acusación grave, porque ¿quién puede dar consigna al presidente mexicano? ¿Dios? ¿El de Estados Unidos? ¿Los poderes fácticos? ¿El episcopado mexicano? Lo que se advierta ya, es un enorme vacío de autoridad.
Grave también, porque los jueces, todos, desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el impartidor de justicia recién ascendido a juez, consideran, por la voz del consejero, que el presidente de la República es un desestabilizador. Si Felipe Calderón Hinojosa no recibe consigna ni desestabiliza debiera, al menos, demandar por difamación a quien usaron de vocero del Consejo de la Judicatura Federal.
Sobre el caso de Moreno Díaz, el consejero reiteró que la decisión de la juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales, Taissia Cruz Parcero, estuvo apegada a la ley, pues contaba con una suspensión vigente, además de que el delito que se le imputa no está considerado como grave en el Código Federal de Procedimientos Penales. Por ello, agregó, el ex servidor público no podía permanecer privado de su libertad en tanto estuviese vigente la suspensión o el juez de amparo así lo determinara, y en este sentido dijo que ignorar las suspensiones de los jueces federales constituye un delito, por lo que la juez Cruz Parcero actuó conforme a lo dispuesto en las leyes.
Sin detenerse a evaluar las palabras y el tono del reclamo del Poder Judicial de la Federación, por su significado político y lingüístico, el presidente Felipe Calderón respondió a los jueces con la exigencia de revisar sus criterios legales, y llamó a no hacer un falso debate, pues lo que verdaderamente daña la estabilidad y seguridad, es la impunidad.
La conducta del Ejecutivo, en este caso específico, es para dejar perplejo a cualquiera en su sano juicio, pues elude su propia responsabilidad y hace oídos sordos al real sentido del reclamo de los jueces, quizá porque lo que hoy se exige de mala manera, antes se buscaba como un acuerdo político en el que las complicidades quedaban encubiertas por las buenas maneras; buenas maneras que se perdieron en cuanto Fernando Gómez Monto dejó el cargo a José Francisco Blake Mora, y desde que la posibilidad de que el PRI recupere la presidencia, es real.
El falso debate que hoy se da entre los poderes Ejecutivo y Judicial, como lo refiere Calderón, es más real que los resultados de su gestión presidencial, y muestra el auténtico dilema al que se enfrentarán los votantes en 2012, porque formal y constitucionalmente hablando la institución presidencial allí está, pero permanece vacía de autoridad y está montada en un poder obsoleto y todavía desproporcionado, porque lo tiene, y mucho, porque manda, y mucho, porque impone, obliga, y para ello no se requiere de autoridad, sino de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los jueces, puede evaluarse de qué están hechos, pues consideran que cumplir con su mandato constitucional es conceder amparos a diestra y siniestra, pero olvidan su función primordial, que consiste en asumirse como la conciencia jurídica y judicial de la nación, pues administrar justicia va más allá de dictar sentencias, consiste también en dar la voz de alarma para que no hagan con México lo que hoy hacen quienes gobiernan al país.
Aparece ya el resultado de complicidades rotas, o al menos a punto de quebrarse. El presidente de la República y los integrantes del Poder Judicial de la Federación no aprendieron -ya es tarde para hacerlo- que convertirse en cómplices borra algunas diferencias, pero profundiza otras. Aclaro. Si la reforma de 1995 redefinió la independencia constitucional de los jueces, avenirse a las necesidades de justicia política del panismo los sujetó de nueva cuenta y peor, los regresó a su condición de inferiores.
Lo que hoy sucede entre dos de los tres Poderes de la Unión es grave por lo que muestra: ausencia de autoridad, pues sólo así se entiende que en el afán de eludir el cumplimiento del mandato constitucional que les corresponde, se culpen unos a otros de lo que hacen mal, o de lo que deja de hacerse.
Es curioso que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina imponer los criterios políticos por sobre la ley y la justicia, para atender a sugerencias del Poder Ejecutivo -como lo demuestra el cabildeo de Fernando Gómez Mont en el caso de la guardería ABC, hasta la fecha no desmentido-, sólo la sociedad se queja de los resultados, pero en el momento en que los jueces caracolean porque el freno les lastima los belfos y las espuelas los hijares, el jinete del Ejecutivo salta porque no cumplen sus deseos, y quiere regresar a México 50 años en la historia.
Cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechaza las críticas contra los juzgadores involucrados en el caso de Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, y considera que “cuestionar el trabajo de los jueces sin fundamento, por consigna y más aún sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”, además de escalar en el desasosiego verbal que intranquiliza a la sociedad, se ensancha el aleph que permite observar el pudridero de la administración pública y de justicia en toda su dimensión, pues el consejero Juan Carlos Cruz hace una acusación grave, porque ¿quién puede dar consigna al presidente mexicano? ¿Dios? ¿El de Estados Unidos? ¿Los poderes fácticos? ¿El episcopado mexicano? Lo que se advierta ya, es un enorme vacío de autoridad.
Grave también, porque los jueces, todos, desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el impartidor de justicia recién ascendido a juez, consideran, por la voz del consejero, que el presidente de la República es un desestabilizador. Si Felipe Calderón Hinojosa no recibe consigna ni desestabiliza debiera, al menos, demandar por difamación a quien usaron de vocero del Consejo de la Judicatura Federal.
Sobre el caso de Moreno Díaz, el consejero reiteró que la decisión de la juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales, Taissia Cruz Parcero, estuvo apegada a la ley, pues contaba con una suspensión vigente, además de que el delito que se le imputa no está considerado como grave en el Código Federal de Procedimientos Penales. Por ello, agregó, el ex servidor público no podía permanecer privado de su libertad en tanto estuviese vigente la suspensión o el juez de amparo así lo determinara, y en este sentido dijo que ignorar las suspensiones de los jueces federales constituye un delito, por lo que la juez Cruz Parcero actuó conforme a lo dispuesto en las leyes.
Sin detenerse a evaluar las palabras y el tono del reclamo del Poder Judicial de la Federación, por su significado político y lingüístico, el presidente Felipe Calderón respondió a los jueces con la exigencia de revisar sus criterios legales, y llamó a no hacer un falso debate, pues lo que verdaderamente daña la estabilidad y seguridad, es la impunidad.
La conducta del Ejecutivo, en este caso específico, es para dejar perplejo a cualquiera en su sano juicio, pues elude su propia responsabilidad y hace oídos sordos al real sentido del reclamo de los jueces, quizá porque lo que hoy se exige de mala manera, antes se buscaba como un acuerdo político en el que las complicidades quedaban encubiertas por las buenas maneras; buenas maneras que se perdieron en cuanto Fernando Gómez Monto dejó el cargo a José Francisco Blake Mora, y desde que la posibilidad de que el PRI recupere la presidencia, es real.
El falso debate que hoy se da entre los poderes Ejecutivo y Judicial, como lo refiere Calderón, es más real que los resultados de su gestión presidencial, y muestra el auténtico dilema al que se enfrentarán los votantes en 2012, porque formal y constitucionalmente hablando la institución presidencial allí está, pero permanece vacía de autoridad y está montada en un poder obsoleto y todavía desproporcionado, porque lo tiene, y mucho, porque manda, y mucho, porque impone, obliga, y para ello no se requiere de autoridad, sino de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los jueces, puede evaluarse de qué están hechos, pues consideran que cumplir con su mandato constitucional es conceder amparos a diestra y siniestra, pero olvidan su función primordial, que consiste en asumirse como la conciencia jurídica y judicial de la nación, pues administrar justicia va más allá de dictar sentencias, consiste también en dar la voz de alarma para que no hagan con México lo que hoy hacen quienes gobiernan al país.
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